La legalidad y el futuro

El hilado fino en el tema de los derechos humanos es una de las características de este tiempo en el que convergen avances notables, pero en el que hay acechanzas permanentes por la dinámica que genera la violencia.

Cuando la CNDH fue fundada, en 1992, la tarea más apremiante era controlar violaciones sistemáticas a las garantías individuales.

Fue justo la frecuencia de casos de alto impacto lo que propició la creación de una institución que atendiera lo que era una emergencia y un desafío enorme. La tortura era una práctica tristemente común, porque las confesiones, "espontáneas" ante la policía tenían carácter de prueba.

La investigación de los delitos era sustituida por el maltrato que conducía a los responsables, pero que estaba plagada de injusticias y corroía el alma misma de las instituciones.

Todo esto se fue corrigiendo y, si bien persisten diversos problemas, hoy contamos con uno de los sistemas protectores más importantes y sofisticados del mundo.

A partir de la reforma constitucional de 2011 los derechos humanos se convirtieron en el centro de la acción de la autoridad y la obligación de protegerlos es de todas las autoridades, sin importar nivel ni competencia.

Dentro de los trabajos para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el ombudsman Raúl Plascencia presentó la Agenda Nacional de los Derechos Humanos, que tiene como propósito el establecer cambios que permitan contar con políticas públicas de carácter preventivo en esa materia, esto es, pasar de la búsqueda de responsables de violaciones a evitar que estas ocurran.

La prevención es, sin duda, el horizonte que puede significar un cambio sustancial, porque implica la construcción de un entramado que reduzca la posibilidad de que se cometan violaciones a los derechos fundamentales y sobre todo atendiendo a quienes son víctimas de la violencia y a los que son vulnerables por cuestiones relacionadas con el desarrollo del país.

Después de todo, se señala en la Agenda, "la falta de respeto a los derechos humanos pone en riesgo la gobernabilidad, contribuyendo a la generación de graves problemas como la exclusión social y política, la solución de controversias al margen de la ley y la justicia por propia mano".

Un asunto clave es el de la legalidad: La cultura que necesitamos apuntalar para que el respeto a la ley sea un asunto cotidiano.

Hay que recordar "que uno de los pilares más importantes para consolidar nuestra democracia es el respeto al orden jurídico".

Es probable que pocos temas sean tan urgentes, como el fortalecimiento institucional y la cultura ciudadana que permita la acción eficiente de la autoridad.

Hoy vemos en Guerrero, en particular en los profesores agrupados en la CNTE, cómo la ausencia de referentes legales claros y precisos pueden conducir a situaciones que nadie quiere.

Cambiar la lógica que premia la violación a la ley, para establecer una mentalidad distinta es, por donde se le vea, una empresa de grandes proporciones, pero que al mismo tiempo es impostergable.

 

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Artículo publicado en el periódico La Razón 10 de abril de 2013.