- Una paz sostenible requiere una genuina rendición de cuentas
(Washington, DC) – El Presidente de Estados Unidos Barack Obama debería exhortar al Presidente de Colombia Juan Manuel Santos a abordar los graves problemas del acuerdo sobre víctimas recientemente anunciado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), señaló hoy Human Rights Watch. Está previsto que Obama reciba a Santos en la Casa Blanca el 4 de febrero de 2016.
Human Rights Watch ha concluido que el Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto contiene numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que permitirían que los máximos responsables de las atrocidades cometidas por ambas partes del conflicto eviten cualquier forma de castigo genuino.
“Sin rendición de cuentas y un castigo genuino se debilitan los esfuerzos para alcanzar una paz duradera en Colombia, pues se perpetúan los ciclos de impunidad en el país”, observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si Obama tiene un compromiso serio con la paz en Colombia, debe instar a Santos a garantizar una rendición de cuentas genuina por las atrocidades cometidas durante el conflicto armado”.
Una de las mayores preocupaciones es que el acuerdo permita que eludan la justicia los responsables de la ejecución sistemática de más de 3.000 civiles —casos conocidos como “falsos positivos”—, perpetrada por brigadas del Ejército en Colombia entre 2002 y 2008. Soldados y oficiales, presionados por sus superiores para mostrar resultados “positivos” exageraron el número de bajas en el combate a las guerrillas. Se llevaban por la fuerza a víctimas o las engañaban con promesas falsas de trabajo. Posteriormente las asesinaban, colocaban armas junto a los cuerpos e informaban que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos.
El gobierno de Obama ha prestado un apoyo clave a las negociaciones de paz que Colombia mantiene con las FARC sobre su larga insurgencia, y aporta al país cientos de millones de dólares de asistencia cada año, en su mayoría para capacitación militar y policial.
El acuerdo prevé que los responsables de crímenes de lesa humanidad y graves crímenes de guerra que cooperen con el nuevo sistema judicial y confiesen sus delitos cumplirán una pena máxima de ocho años en “condiciones especiales”, que no supondrían penas de prisión ni “medidas de aseguramiento equivalentes”.
Entre otros aspectos del acuerdo que generan preocupación se incluye una definición de “responsabilidad del mando” que podría ser interpretada indebidamente para permitir que los altos mandos de la Fuerza Pública colombiana y las FARC eludan cualquier tipo de rendición de cuentas por los crímenes cometidos por sus subordinados. El acuerdo tampoco establece garantías para asegurar la independencia del nuevo Tribunal para la Paz y las salas que juzgarían los abusos.
El gobierno colombiano espera lograr un acuerdo de paz definitivo con las FARC para el 23 de marzo.
Fuente:
(26/02/2016)