El acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC permitirá poner fin a una guerra de más de medio siglo que ha destruido o arruinado la vida a cientos de miles de colombianos que han sido asesinados, secuestrados, extorsionados, torturados o violados.

       Lo malo es que los terribles crímenes cometidos durante ese conflicto quedarán prácticamente en la impunidad, y eso ofende y lastima profundamente a las víctimas y a sus allegados.

       Es verdad, como apunta Héctor Abad Faciolince (El País, 3 de septiembre) —cuyo padre fue asesinado por paramilitares y cuyo cuñado fue secuestrado dos veces por las FARC—, que, por alto que parezca, hay que pagar ese precio para que, después de más de 50 años, se alcance la paz.

       Sin ese acuerdo, dice Abad Faciolince, la guerra continuará por tiempo indefinido, ensangrentando al país, pues está claro que el gobierno no puede derrotar a los insurgentes y llevarlos a los tribunales y a prisión.

No es posible negar la razón al autor de El olvido que seremos. El acuerdo de paz probablemente logre el objetivo superior de la paz, pero tampoco se puede soslayar que la justicia será cruelmente burlada.

       Los guerrilleros de las FARC han cometido los delitos más execrables, aquellos para los cuales ninguna pena resultaría justamente retributiva. Su sevicia no ha conocido límites. Han secuestrado a cientos de personas, a algunas de ellas por años, sometiéndolas a condiciones de vida infrahumanas. Han hecho de la extorsión una actividad cotidiana. Se han beneficiado del narcotráfico obteniendo de ese modo cantidades estratosféricas. Han violado a prisioneras. Han obligado a niños a formar parte del grupo y a matar. Y han cometido innumerables asesinatos.

       También perpetraron delitos atroces los paramilitares, entre los cuales figuran los asesinatos de alrededor de tres mil jóvenes inocentes, sin vínculo alguno con las FARC —los falsos positivos—, a los que mendazmente atribuyeron estar en la guerrilla.

       No sólo a las víctimas directas e indirectas, sino a cualquiera que crea en los valores de la justicia, no puede sino escandalizarle que crímenes de esa índole no sean castigados.

       El acuerdo en La Habana, que prevé la instauración de la jurisdicción especial para la paz, con un tribunal especial, supone claras y escandalosas violaciones al derecho internacional humanitario, como lo ha advertido Human Rights Watch.

       Las penas deben guardar proporción con la gravedad de los delitos. Los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad deben castigarse con severas penas de prisión. Pues bien: los criminales podrán evadir la reclusión y cualquier medida de aseguramiento equivalente tan sólo confesando sus atrocidades. En lugar de la reclusión se restringirá su libre tránsito a áreas limitadas de confinamiento, y serán controlados y supervisados. Pero esa restricción tendrá fisuras: se les permitirá que realicen desplazamientos autorizados por los funcionarios de la jurisdicción especial para la paz. Sus “sanciones” —de algún modo hay que llamarlas— serán restaurativas y reparadoras, no punitivas: consistirán en llevar a cabo proyectos para asistir a las víctimas del conflicto.

       El acuerdo señala que el gobierno y las FARC establecerán de mutuo acuerdo mecanismos y criterios de selección de los miembros de la jurisdicción especial para la paz, incluidos los del tribunal especial, lo que evidentemente revela que no existirá ninguna garantía de independencia en los juzgadores. La mitad de éstos será nombrada por el gobierno, la otra mitad por los terroristas. El tribunal tendrá la facultad de determinar las condiciones, el contenido y los efectos de las “sanciones”, así como el lugar donde se cumplirán. Y no es todo: los narcoterroristas tendrán su recompensa. Además de la impunidad, se les obsequiarán escaños parlamentarios incluso mientras estén cumpliendo sus “sanciones”.

       Sí, el acuerdo es un mal menor, pero no deja de ser un mal, y un mal lacerante, uno de esos males que claman al cielo. Sin duda era peor la prolongación ad infinitum de la guerra, pero nadie podrá negar que el precio por la paz será más que alto: desmesurado y humillante.