Resumen
Introducción
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución pública comprometida con los desafíos nacionales, constituye no sólo el espacio más importante de investigación y docencia del país, sino también de construcción de alternativas y propuestas a estos retos. Con esta capacidad y potencial, y a la luz de los cambios sociales y políticos que vive nuestro país, un grupo de 35 investigadores nos hemos dado a la tarea de poner a disposición de los aspirantes a la presidencia de la nación y de los candidatos a las gubernaturas de los trece estados que renovaran su administración en 2018, una síntesis del conocimiento en materia ambiental en los temas y problemas más acuciante, con base en ello en este documento se presentan propuestas para abordarlos.
La iniciativa nace en el seno de la Secretaría de Desarrollo Institucional, a través del Seminario Universitario en Sustentabilidad, Ambiente y Sociedad (SUSMAI, http://susmai.unam.mx), cuya meta central es constituir un espacio de análisis, balance y difusión académica de los retos ambientales que enfrenta el país.
El documento que presentamos es el resultado de un intenso trabajo colegiado en el que, además de académicos de distintas facultades e institutos de la UNAM, han participado investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo, el Colegio de México y la Universidad de California Riverside. También se sumaron al esfuerzo analistas de diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Conservación y Biodiversidad, la Fundación Semillas de Vida, Fundar y la Iniciativa Climática de México. A todos ellos nuestro profundo reconocimiento por su compromiso e intenso trabajo.
Esta iniciativa presenta propuestas concretas, desde una perspectiva interdisciplinaria e intersectorial, para el tratamiento de las problemáticas socio-ambientales más apremiantes. Su fundamento se traza en una apretado diagnóstico de las condiciones de acceso, uso y gestión del agua, la biodiversidad, los bosques, las ciudades, las costas y los mares, la energía, la minería y los suelos ligados a la problemática de la agricultura y la seguridad alimentaria. Y conjunta también la riqueza de las diversas formaciones, perspectivas y experiencias de sus distintos autores.
México, a pesar de contar con un legado natural y cultural que se ubica entre los más sobresalientes en el mundo, carece de una política ambiental propia que se base en las bondades del patrimonio que alberga.
La política ambiental en general dio un salto cuántico a partir de los años 1990, cuando por primera vez contó con una secretaría de Estado (Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca) y la creación y consolidación de diversas entidades portadoras de grandes compromisos como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional del Agua (CCA) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
Desde entonces han tenido lugar retrocesos de la política pública en tres grandes líneas. La primera es la insistente sectorización del tema ambiental, que por su esencia es multirrelacional e indivisible. La segunda línea de regresión evidente es la constante disminución del presupuesto federal en la materia, lo que expresa el tratamiento oficial de los temas ambientales como accesorios o secundarios entre las prioridades nacionales. La tercera línea de repliegue se refiere a la separación de las políticas públicas que atienden la salud del ambiente y la salud de la sociedad, cuando estos temas son dimensiones distintas de los mismos procesos.
En países de vanguardia en el tratamiento de los temas ambientales, como la región Escandinava, se ha probado que cualquier atención al medio ambiente tiene repercusiones significativamente positivas en la salud de la sociedad, con incrementos sustanciales en la calidad de vida de los ciudadanos. Hoy en México la atención política a estos asuntos es secundaria frente al crecimiento macroeconómico, la seguridad nacional y la transición de gobierno, que ocupan las agendas cotidianas y menosprecian los temas de salud, de energía y de patrimonio natural y cultural. Evidencia de ello es la situación actual de la SEMARNAT, institución prácticamente inutilizada en cuanto a sus funciones y que en la actual administración ha sufrido recortes de personal y de jurisdicción continuos y sin precedentes.
Los distintos problemas ambientales del país –como se muestra en este documento– han llegado a un nivel tal que ponen en riesgo, a corto y mediano plazos, la calidad de vida de grandes grupos sociales, así como muchos de los procesos productivos de los que depende la economía y el acceso a servicios ecosistémicos básicos.
La falta de acceso al agua de calidad, la acelerada pérdida de ecosistemas y de la biodiversidad que albergan; la creciente ilegalidad de los aprovechamientos forestales; los problemas de acceso al agua, vialidad, contaminación y vulnerabilidad de las ciudades; el agotamiento de las pesquería y la destrucción de manglares; el rápido agotamiento de los hidrocarburos convencionales y la falta de inversión en energías renovables; la erosión de los suelos y la creciente pérdida de seguridad alimentaria, son problemas que distan de ser secundarios, cosméticos y postergables. Frente a ello, este documento plantea la necesidad de asumir los problemas ambientales como prioridades nacionales que requieren atención urgente.
El análisis de los ocho temas ambientales considerados aquí manifiesta problemas y fallas transversales de gestión pública, cuyo tratamiento tiene importancia estratégica para revertir las problemáticas y avanzar en trayectorias orientadas al logro de la sustentabilidad. Entre estas fallas institucionales destacan:
1. La concentración extrema de capacidades y recursos en algunas instituciones del gobierno federal.
2. La ausencia o insuficiente participación ciudadana, que cuando se presenta es limitada y carece de capacidades vinculantes.
3. La insuficiencia, incluso la ausencia de información pertinente sobre las condiciones de los sistemas naturales y los impactos de las actividades productivas que los afectan en mayor medida (minería, extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica, crecimiento inmobiliario y turístico desmedido, expansión agro-industrial) y la opacidad de la información existente.
4. La sectorialización, falta de transversalidad, y carácter secundario y postergable de los problemas ambientales en la política pública, así como su subordinación y sacrificio frente a la política económica con visión de corto plazo.
5. La marcada desigualdad en el acceso a los beneficios y la carga de los costos ambientales que imperan en el tratamiento de los problemas ambientales analizados, y que se han convertido en fuente de conflictos cada vez más numerosos.
Si bien los recursos como los bosques, el agua, la pequeña ganadería, la agricultura familiar y la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad no definen tasas de manejo financiero de los mercados internacionales, contribuyen a la construcción de resiliencia de los territorios y comunidades rurales y urbanas mexicanas ante los embates derivados de las corrientes macroeconómicas globalizadas y del cambio ambiental global.
Los llamados megaproyectos turísticos, que destruyen ecosistemas y generan grandes presiones sobre los recursos naturales; los extractivos que agotan y contaminan seriamente aguas y suelos y los agroindustriales, basados en el uso intensivo de agroquímicos, la explotación desmedida del agua y los disputados usos de transgénicos y hormonas, condenan el ambiente a la insostenibilidad y a la sociedad a la conflictividad, la vulnerabilidad y la dependencia económica externa. Las elevadas ganancias financieras, repartidas en muy pocas manos y con pérdida de un bagaje cultural y natural invaluable e irremplazable, se llevan a cabo a expensas del bien común.
De manera opuesta, el manejo ambiental que combine formas de uso y manejo sustentable de la energía, el agua, el suelo y la biodiversidad, sumado a la participación ciudadana en esquemas de cogestión, resultan muy eficientes para cubrir necesidades básicas y derechos humanos como el acceso a un medio ambiente sano, a agua suficiente y de calidad, a la seguridad alimentaria, al empleo digno, reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas como Metas del Desarrollo Sustentable. En este modelo los territorios y las propias comunidades humanas adquieren valores intangibles, como el patrimonio que repercute en la pertenencia, identidad y usufructo equitativo y sostenible, que nuestra sociedad requiere de manera urgente. Es así que hoy resulta fundamental repensar la forma en que se atienden los temas ambientales desde las esferas políticas. En sentido estricto, su manejo adecuado conlleva a la coparticipación y a la corresponsabilidad de todas las esferas de la sociedad.
Concebir al gobierno federal como el único responsable del diseño e implementación de políticas públicas de corte ambiental es destinar cualquier iniciativa a un fracaso rotundo. En primer término, porque la enorme diversidad de condiciones (físicas, ecológicas, culturales y geográficas) del territorio mexicano dificulta que una política única pueda ser igualmente efectiva y adecuada para el conjunto del país.
Adicionalmente, cabe reconocer que el principal potencial para el buen manejo ambiental es la participación ciudadana, origen de los aciertos y de muchos de los disturbios que atienden las políticas públicas, y fuente de soluciones y fuerza para su implementación.
Por último, una creciente evidencia empírica, nacional e internacional, demuestra la conveniencia de la cercanía de la toma de decisiones a las problemáticas sociales para generar soluciones adecuadas y legítimas.
Este documento es un trabajo propositivo. Compromete y corresponsabiliza al sector académico y a la sociedad civil organizada a ser proactivos en la construcción de las políticas públicas ambientales en sus etapas de diseño, implementación, seguimiento y ajuste.
Ante los inminentes cambios en los gobiernos federal, estatal y municipal durante el presente año, es necesario como nunca poner sobre la mesa una gama de opiniones calificadas sobre temas ambientales prioritarios.
Buscamos, en última instancia, motivar a los actores políticos y a la sociedad a la construcción conjunta de políticas socio-ambientales que reconozcan la heterogeneidad del país y que se les otorgue la debida relevancia a los temas de salud, igualdad de acceso a los recursos y la atención a los derechos sociales bajo un esquema que adopte como eje el avance en la equidad y la sostenibilidad.
Para leer el documento completo:
Fuente:
http://agendaambiental2018.susmai.unam.mx/index.php/diagnostico/
(20/08/2018)