Luis de la Barreda Solórzano
Desde luego que la libertad de expresión, como todas las libertades, debe tener límites, pero sólo los que impone la convivencia civilizada. No debe permitirse la calumnia (la falsa imputación de una conducta delictiva) ni la inducción a cometer un delito o la apología de éste. Salvo esas limitaciones, las autoridades deben tolerar cualquier opinión sobre cualquier tema. Eso no significa, por supuesto, que toda opinión sea respetable. Una cosa es que las opiniones no se prohíban, y otra, muy distinta, que todas ellas merezcan respeto. Las opiniones, advierte Savater, son “todo lo que se quiera menos respetables: al ser formuladas, saltan a la palestra de la disputa, la irrisión, el escepticismo y la controversia. Afrontan el descrédito y se arriesgan a lo único peor que el descrédito, la ciega credulidad”.
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La acusación era terrible: en ocasión del desalojo de profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que intentaban tomar el aeropuerto de Acapulco y boicotear el Abierto Mexicano de Tenis, y que habían arrollado con un autobús a agentes policiales lesionando a siete, la Policía Federal —acusó la propia CETEG— capturó a la joven profesora Nancy Carolina Ayala, quien, estando detenida, según la acusación, fue violada y asesinada.
Hay abusos de poder que ameritarían que Dios volviera a hacer llover fuego sobre la tierra, una lluvia que alcanzara a todos los abusivos. Si las fuerzas de seguridad federales habían violado y privado de la vida a una maestra, ese crimen era una monstruosidad que resultaba imperativo castigar con rigor a la brevedad posible y una mancha que marcaría indeleblemente a la institución de la que son miembros los policías que se habían atrevido a cometer tal salvajada.
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El líder opositor venezolano Leopoldo López ha cumplido más de un año en prisión. Un poder judicial absolutamente sometido al presidente Nicolás Maduro lo mantiene privado de su libertad, acusado de conspiración contra el gobierno, sin más pruebas que la palabra del presidente, quien lo amenazó con cárcel en innumerables ocasiones en cadena nacional de televisión y radio. Se le imputa haber instigado los disturbios ocurridos de febrero a mayo de 2014, en ocasión de los cuales murieron 43 personas, 800 fueron heridas y tres mil detenidas. La acusación es absurda. Por una parte, no hay indicio alguno de que López indujera a actos de violencia; por otra, las víctimas fueron los manifestantes y los victimarios los elementos de las fuerzas de seguridad y de los grupos de choque auspiciados por el gobierno.
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En Uruguay hay mujeres presas no por haber cometido algún delito sino debido a los delitos de sus hijos menores de edad. El fundamento legal es una figura denominada omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, que data de 1972 y fue aplicada en 2013 tras el asesinato de un hombre por parte de tres menores. El juez de la causa, Homero da Costa, condenó a las respectivas madres argumentando que “no ejercieron debidamente el control de las conductas de sus hijos, comprometiendo seriamente la salud moral y el desarrollo de ellos”.
Desde entonces se ha procesado a decenas de mujeres bajo los mismos cargos. La punibilidad es de tres meses a cuatro años de prisión. No se ha procesado, en cambio, a ningún padre; solamente a las madres. El fiscal Ariel Canela y algunos magistrados han calificado la medida de ejemplarizante. Un juez penal declaró a los medios de comunicación que la elección de las mujeres era acertada porque “hay que tener en cuenta que los menores son muy madreros: si ven que les empiezan a encerrar a la madre puede cambiar algo”.
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