Es una vergüenza que Nicolás Maduro haya sido invitado a México a la ceremonia de investidura presidencial. La invitación opera a contracorriente de la postura de los países democráticos de Europa y América.
La Unión Europea ha manifestado reiteradamente su consternación por el deterioro de la situación en Venezuela, a cuyo gobierno aplicó un embargo de armas, además de imponer sanciones a varios de sus funcionarios.
La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo un llamado a los Estados miembros y observadores a tomar las medidas que estimen convenientes para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en ese país.
La OEA ha declarado que:
a) Las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional.
A pesar de la posterior revisión de algunos elementos de dichas decisiones, no está garantizada la separación e independencia de los poderes constitucionales, por lo cual urge al gobierno venezolano a restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional.
b) La elección presidencial de 20 de mayo de este año —en virtud de la cual Maduro ha sido reelegido— carece de legitimidad porque no cumplió con los estándares internacionales, no contó con la participación de todos los actores políticos venezolanos y se desarrolló sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático.
La declaración de ilegitimidad de la reelección de Maduro tuvo 19 votos a favor, 11 abstenciones y solamente 4 votos en contra. Esas cifras muestran que el régimen ha perdido casi la totalidad del apoyo con el que contaba hace no mucho. Apenas tres países —Bolivia, Dominica y San Vicente y las Granadinas— se sumaron al voto venezolano para oponerse a la resolución.
Lo más importante es el llamado a los países miembros y observadores de la OEA a adoptar medidas para el restablecimiento del orden democrático en Venezuela, las cuales podrían aumentar la presión internacional para que el gobierno entienda que es necesario buscar una solución razonable, por ejemplo, la convocatoria a un proceso electoral que cumpla con las garantías necesarias, la restauración de la autoridad de la Asamblea Nacional, la aceptación de ayuda humanitaria —que Maduro ha rechazado— y la adopción de medidas de vigilancia epidemiológica para evitar el agravamiento de la crisis de salud pública.
El régimen venezolano se ha colocado en una situación de aislamiento internacional y de plena incapacidad de resolver los graves problemas que afectan a sus gobernados, a los que su ineptitud y su autoritarismo han privado de medicinas, insumos médicos, alimentos y libertades democráticas. Dos millones y medio de venezolanos han salido de su país. Más de 300 opositores están en las cárceles.
El concejal Fernando Albán, que estaba detenido en la sede de la oficina de inteligencia política, murió tras caer de una ventana desde el décimo piso. Nadie cree la versión oficial de que se trató de un suicidio.
La brutal represión contra las manifestaciones de protesta ha ocasionado más de 100 muertos, miles de heridos, y miles de detenidos y torturados, muchos de los cuales fueron sometidos a la justicia militar.
Con la invitación a Maduro, el Estado mexicano se sitúa en una posición contraria a las resoluciones de la OEA, de la que forma parte: no contribuye a aumentar el aislamiento del régimen venezolano y soslaya su ilegitimidad.
No es válido alegar cortesía diplomática para justificar el convite a un dictadorzuelo que ha ocasionado tantas desgracias a sus gobernados, ha perpetrado tantos crímenes, ha eliminado la democracia y pisotea cotidianamente los derechos humanos.
Nuestra mejor tradición diplomática es la de solidaridad con los perseguidos por regímenes tiránicos y distanciamiento de los dictadores de todo signo. La invitación a Nicolás Maduro es un acto contrario a esa noble tradición y un agravio a los venezolanos que han sufrido sus atropellos y a todos los que estamos convencidos de que la presencia oficial en nuestro país de un tirano de esa calaña es éticamente inaceptable. Ω