Washington D.C., 11 de noviembre de 2020

Honorable Magistrado Antonio José Lizarazo
Corte Constitucional de ColombiaPalacio de Justicia
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

Proceso: D13596 (con copia al proceso D0013856)
Asunto: Intervención ciudadana de Human Rights Watch

José Miguel Vivanco y Ximena Casas, en representación de Human Rights Watch, con sede en 350 Fifth Avenue, piso 34, Nueva York, Estados Unidos, presentan este memorial de intervención ciudadana a la Honorable Corte Constitucional de Colombia en el proceso D13596 con copia al proceso D0013856 a propósito de la acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 122 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal). Para tal fin, manifestamos respetuosamente lo siguiente:

I. Objeto y resumen del memorial 

Human Rights Watch tiene el honor de presentar este escrito amicus curiae a la Corte Constitucional de la República de Colombia en relación con el proceso D13596, que analiza la despenalización del aborto. Human Rights Watch solicita respetuosamente a la Corte a tener en consideración los estándares de derecho internacional de los derechos humanos en materia de aborto.

En 2006, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en los supuestos de riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, cuando el embarazo sea el resultado de violación o incesto, y en caso de malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina. En 2018, el Tribunal reiteró su jurisprudencia sobre el aborto.

En el proceso D13596, el movimiento Causa Justa, conformado por más de 90 organizaciones y 134 activistas de todo el país, le solicita a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad contra el artículo 122 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) por ser injusto con las mujeres más vulnerables, ineficiente para proteger el derecho a la vida y violatorio de los derechos de las mujeres y niñas, así como del personal de salud. Causa Justa propone regular el aborto mediante políticas de salud amplias que contribuyan a prevenir el embarazo no deseado y las muertes y complicaciones causadas por abortos inseguros y, a través de programas que garanticen la educación sexual integral, el acceso a la información y la disponibilidad de métodos anticonceptivos.

Con este escrito de amicus curiae, Human Rights Watch desea demostrar que la criminalización del aborto es incompatible con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos, así como brindar un análisis del impacto de la criminalización y persecución penal del aborto en las mujeres y niñas.

Durante los últimos 15 años, Human Rights Watch ha publicado nueve informes sobre el impacto de la penalización del aborto, ocho de ellos sobre países en América Latina y el Caribe. En todos los casos, hemos llegado a la conclusión de que los marcos jurídicos que penalizan el aborto generan un entorno en el cual las mujeres y niñas recurren a procedimientos inseguros que ponen en peligro su salud y sus vidas.

En los últimos años, muchos países del mundo han flexibilizado las restricciones al aborto. El Instituto Guttmacher informó que, entre los años 2000 y 2017, 27 países de todo el mundo reformaron su legislación sobre el aborto para ampliar el acceso legal a este servicio esencial y urgente de salud. Esta honorable Corte hizo lo propio con su sentencia C-355/2006, que generó un precedente importante en América Latina y se convirtió en un referente jurisprudencial a nivel global. La Corte Constitucional ahora tiene una oportunidad histórica de lograr la despenalización del aborto y con ello proteger la salud, los derechos humanos, la dignidad y la vida de las mujeres y niñas en Colombia. La criminalización del aborto no afecta a todas las mujeres y niñas por igual.

De la experiencia de las diversas investigaciones de Human Rights Watch, podemos concluir que perjudica principalmente a las mujeres y las niñas que están en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza. Según la información compartida con Human Rights Watch, la Fiscalía General de la Nación informó que en el período 2010-2017, el 97% de las mujeres denunciadas por aborto vivía en zonas rurales. Solo el 3% pertenecía a una zona urbana.

Para leer el texto completo visite:
https://www.hrw.org/es/news/2020/11/12/amicus-curiae-sobre-despenalizacion-del-aborto-en-colombia
(25/11/20)