Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CIDH y REDESCA publican Resolución sobre Emergencia climática y derechos humanos en las Américas

Comunicado No. 045/22
4 de marzo de 2022

Washington D.C.- En el marco del Día Mundial de la vida silvestre y del Día Mundial de la eficiencia energética, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) publican la resolución 3/21 “Emergencia climática: alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos”.

La resolución reconoce que el cambio climático es una emergencia de derechos humanos, constituyendo una de las mayores amenazas para el pleno disfrute de los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, para la salud de los ecosistemas y de todas las especies que habitan el hemisferio. Su adopción responde a la iniciativa de la REDESCA en el marco del mandato recibido dentro del plan estratégico 2017-2021 de la CIDH, así como a la prioridad del tema en la agenda estratégica 2021-2023 de la Relatoría Especial.

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Los Estados de las Américas deben actuar para combatir la impunidad de la violencia sexual en contextos de conflicto o dictadura

Comunicado No. 049/22
8 de marzo de 2022

Washington, D.C. – En el Día Internacional de la Mujer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge a los Estados a garantizar el acceso a la justicia de las sobrevivientes de violencia sexual y reproductiva cometida en periodos de conflicto interno armado o dictaduras. Ello observando el enfoque de género y la debida diligencia estricta, con el objetivo de reducir la impunidad, prevenir la repetición de la violencia y avanzar en la consolidación de sociedades más democráticas e igualitarias.

La violencia sexual y reproductiva, en estos contextos, no ocurre de manera aislada o extraordinaria; es el resultado del agravamiento de un continuo de violencia que deriva de la discriminación histórica y estructural, enraizada en la cultura patriarcal y machista, que las subordina bajo nociones estereotipadas de inferioridad. La misma se potencializa cuando están presentes otros factores interseccionales de vulnerabilidad, y se manifiesta de diversas formas, como en hechos de violación, tortura sexual, prostitución forzada, embarazos o abortos forzados, esterilizaciones forzadas, uniones forzadas y esclavitud sexual y/o doméstica.

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Los Estados de la región deben desarrollar políticas públicas de memoria con la participación de las víctimas y sociedad civil

Comunicado No. 061/22
24 de marzo de 2022

Washington, D.C. – Con ocasión del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición recuerdan a los Estados de las Américas su obligación de conmemorar, preservar y transmitir la verdad histórica sobre las graves violaciones. En ese sentido, llaman al desarrollo de políticas públicas de memoria sustentadas en evidencia documental y testimonial, y forjadas con la participación de las víctimas y sociedad civil.

La CIDH y el Relator Especial de la ONU han observado un conjunto de desafíos en los procesos de memorialización llevados a cabo en diferentes países de la región tras contextos de conflicto armado interno o dictadura. Al respecto, se recibió información sobre la adopción de iniciativas de memoria que no se consultaron previamente con las víctimas y la sociedad civil; así como la difusión de discursos que revictimizan, niegan o relativizan las graves violaciones cometidas en dichos períodos, o que invalidan los procesos de consolidación de la paz y democracia. Preocupan también retrocesos, como la censura a documentos de valor histórico o iniciativas de carácter cultural, bien como la destrucción o dificultad de acceso a archivos y otras evidencias relevantes al establecimiento y preservación de la verdad histórica.

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La Relatoría alerta sobre la normalización y agudización de la violencia contra periodistas en México y urge a las autoridades a que activen medidas complementarias

Comunicado No. R62/22
24 de marzo de 2022

Washington D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alerta sobre la normalización y profundización de la violencia contra periodistas en México. En este contexto, la Oficina llama a las autoridades a dimensionar las causas y los efectos de este fenómeno, y les urge a tomar medidas complementarias a las que están en curso en materia de prevención a la violencia, protección de periodistas y lucha contra la impunidad de los crímenes contra la prensa.

En las primeras diez semanas del año 2022, la Relatoría Especial ha recibido al menos ocho reportes de asesinatos de periodistas por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la función periodística. Entre enero y marzo, la Oficina ha sido informada sobre el asesinato de Roberto Toledo, en el estado de Michoacán; Heber López Vásquez, en el estado de Oaxaca; Jorge Luis Camero Zazueta, en el estado de Sonora; y Juan Carlos Muñiz, en el estado de Zacatecas. En 2021, la Relatoría registró al menos diez crímenes contra periodistas en México. Anteriormente, esta Oficina se había pronunciado sobre el asesinato del reportero José Luis Gamboa Arenas, en el estado de Veracruz y de Alfonso Margarito Martínez Esquivel en el estado de Baja California; y, junto con la CIDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, en el estado de Baja California. Durante este período, la Relatoría también documentó al menos dos atentados contra reporteros, uno de los cuales se encontraba acompañado de escoltas asignados por el Mecanismo Federal de Protección al momento de los hechos. Por otro lado, la Relatoría ha recibido información sobre recurrentes señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de funcionarios públicos federales y locales.

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