Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comunicado R157/22
12 de julio de 2022

Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la incesante violencia contra la prensa en México, que recientemente condujo al asesinato del periodista Antonio de la Cruz y su hija, quien se encontraba con él al momento de los hechos. Al respecto, esta Oficina reitera su llamado al Estado a investigar y sancionar los hechos con debida diligencia, imparcialidad y considerando la posible vinculación del crimen con la labor informativa, a fin de evitar la repetición de estos sucesos y el efecto inhibitorio que la impunidad causa en las personas comunicadoras. Asimismo, insiste en la necesidad apremiante de que, de forma complementaria a las medidas en curso, las autoridades federales activen acciones urgentes para la prevención de la violencia contra periodistas.

Según información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), el 29 de junio, el periodista del periódico Expreso Antonio de la Cruz, habría sido víctima de un ataque armado mientras se encontraba a bordo de su automóvil en Ciudad Victoria, Tamaulipas, junto a su hija Cinthya de la Cruz Martínez. De acuerdo a la información reportada, ambos habrían fallecido a causa de disparos con arma de fuego. La investigación del caso habría sido atraída por la FGR a través de su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Comunicado No. 165/22
25 de julio de 2022

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a México del 11 al 15 de julio de 2022, con el objetivo de supervisar la implementación de las medidas cautelares otorgadas en 2017 y 2018 a favor de familias indígenas tsotsiles de 22 comunidades, por hechos de violencia, en los municipios de Chalchihuitan, Chenalhó y Aldama, estado de Chiapas, en México. La delegación de la visita estuvo liderada por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México y sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, junto a la Secretaría Ejecutiva, Tania Reneaum, y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva.

Durante el primer día de actividades, la delegación de la CIDH fue recibida por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, la Secretaria General de Gobierno de Chiapas, Victoria Cecilia Flores Pérez, y altas autoridades de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, quienes aportaron importante información preliminar de los avances en la implementación de las medidas cautelares

Comunicado No. 167/22
25 de julio de 2022

Washington, D.C. – En el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca la precarización laboral y discriminación que enfrentan miles de mujeres afrodescendientes del hemisferio que desempeñan labores de trabajo doméstico remunerado. En este escenario, la CIDH insta a los Estados de la región a implementar medidas con perspectiva de género y enfoque étnico-racial para garantizar el goce efectivo de sus derechos a la seguridad social y protección laboral.

Datos oficiales señalan que en la región hay alrededor de 14.8 millones de personas trabajadoras remuneradas del hogar, de las cuales el 91% son mujeres, la mayoría afrodescendientes e indígenas. La CIDH subraya que, como resultado de procesos históricos hegemónicos y coloniales en las Américas, las mujeres afrodescendientes han estado sobre representadas en las tareas de cuidado y labores domésticas, y debido a los riesgos específicos que enfrentan pueden estar más expuestas a situaciones de vulnerabilidad y discriminación en este contexto. Estos patrones de discriminación estructural heredados de la esclavitud, como la racialización, la precarización y desigualdad de género en el trabajo doméstico, obstaculizan el ejercicio pleno de los derechos laborales de las mujeres afrodescendientes, particularmente a un trabajo en condiciones dignas y equitativas, y a la seguridad social integral.