La ceguera moral en nombre de la “tolerancia”1

Sam Harris[2]

De la idea simplista de que cualquier persona es libre de valorar —desde el punto de vista moral—[3] lo que sea, se derivan preocupaciones muy prácticas. La más relevante de ellas es, precisamente, que permite a personas altamente educadas, laicas y, además, bien intencionadas detenerse a pensar, a veces interminablemente, antes de condenar prácticas como el uso obligatorio del velo, la ablación genital, la incineración de la esposa viva con el cadáver de su marido, el matrimonio forzado y los demás productos de la “moralidad” alternativa de otras partes del mundo. Los seguidores de la distinción “ser/deber ser” de Hume nunca parecen comprender lo que está en juego y no se dan cuenta de que los fracasos vergonzosos de la compasión están alentados por esta “tolerancia” intelectual a las diferencias morales. Mientras que mucho del debate sobre estos temas debe darse en términos académicos, dicho debate no lo es. Actualmente hay niñas cuyos rostros son quemados con ácido por haberse atrevido a aprender a leer o por no consentir en casarse con un hombre desconocido o incluso por el “crimen” de haber sido violadas. Lo asombroso es que algunos intelectuales occidentales ni siquiera tendrán un parpadeo si se les pide que defiendan estas prácticas en términos filosóficos. En una ocasión hablé de temas como estos en una reunión académica. Cuando iba a terminar mi conferencia expresé lo que me pareció una afirmación irrebatible: Ya tenemos buenas razones para creer que ciertas culturas están menos adaptadas que otras para maximizar el bienestar humano. Cité la misoginia despiadada y el engaño religioso de los talibanes como ejemplos de una visión del mundo que no parece perfecta para el florecimiento humano.

Resultó que denigrar a los talibanes en una reunión científica es invitar a la controversia. Al final de mi charla entré en debate con una de las oradoras invitadas, quien a primera vista parecía estar muy bien calificada para razonar efectivamente acerca de las implicaciones de la ciencia en nuestra comprensión de la moralidad. De hecho, ella ya ha sido nombrada como miembro de la Comisión Presidencial para el Estudio de Asuntos Bioéticos y es ahora una de las trece personas que asesorarán al Presidente Obama sobre “los problemas que puedan surgir de los avances en biomedicina y las áreas relativas de la ciencia y la tecnología” con el fin de asegurar que “la investigación científica, la atención de la salud publica y la innovación tecnológica se lleven a cabo de manera éticamente responsable.”[4]

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¿Miente la estadística? Datos, pruebas, y “las grandes mentiras”1

Tony Crilly[2]

[George Gallup, pionero en la realización de encuestas, es conocido por comentar que podía probar que Dios existía con las herramientas de la estadística. El escéptico historiador del siglo XIX, Thomas Carlyle, igualmente conocido, despreció la estadística por su habilidad para probar cualquier cosa que uno desee. Éstos fueron los extremos, pero sus afirmaciones llaman la atención. Guste o no, hoy vivimos en un mundo abarrotado de estadísticas, ejércitos de investigadores se dedican a la recolección de datos y sacar conclusiones de ellos. Pero ¿qué significado matemático emplean? Y ¿qué es lo que, en el caso de que haya algo, podemos afirmar con las estadísticas?]

Las estadísticas con frecuencia sufren de mala prensa, siendo vistas con recelo como un medio engañoso de exponer un punto, especialmente en el terreno político, un terreno en el cual surgió el término «estadística». Mark Twain atribuyó la acusación «mentiras, grandes mentiras y estadísticas» a Benjamin Disraeli y, aunque no es seguro si el estadista victoriano realmente dijo la frase, desde entonces ha sido pronunciada muchas veces para expresar desprecio por argumentos discutibles «reforzados» con datos.

Pero ¿está esta reputación justificada? A pesar de ella, no cabe duda de que la sociedad actual y la economía no podrían funcionar sin estadísticas; ellas apuntalan las decisiones de gobiernos, organizaciones nacionales e internacionales y compañías grandes y medianas.

Los estadísticos son, en consecuencia, profesionales muy demandados. Hay algo reconfortante y no abstracto en sus prácticas matemáticas lo que las hace parecer mucho más ligadas a aplicaciones prácticas.

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Humor

Me vi obligado a retar a golpes a un hombre mucho más alto y fuerte que yo.

Él me dijo: —¡Voy a trapear el suelo con tu cara!.

Yo le contesté: —¡Pues te arrepentirás!

Me respondió: —¡¿Ah, sí?, ¿por qué?!

Le dije: —¡Porque no vas a poder limpiar bien los rincones!

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Una niñita le pide a su mamá diez pesos para dárselos a una viejecita que está en el parque. La madre se conmueve por la bondad de su hijita y le da el dinero.

—Aquí tienes, vida mía— dice la madre. —Pero, dime, ¿esa viejita ya no puede trabajar?

—Oh, sí— responde la niña. —Está vendiendo dulces.

Editorial

Las tribulaciones del pueblo venezolano continúan. Las fuerzas de seguridad golpean y disparan —lo mismo que pandillas armadas partidarias del gobierno— a manifestantes inermes, y detienen a muchos. Los detenidos son sometidos a torturas físicas y psíquicas. Los fiscales y jueces solapan a los victimarios. Human Rights Watch da cuenta y pruebas fehacientes de todo ello en un informe con el que “Perseo” inicia su decimosexta brega.

En ‘Pensamiento’, Sam Harris acompaña de nuevo a “Perseo”, ahora con La ceguera moral en nombre de la ‘tolerancia’, donde denuncia el relativismo moral que justifica incluso atrocidades con el pretexto del respeto a las diferencias culturales. En el mismo apartado, el matemático Tony Crilly —¿Miente la  estadística? Datos, pruebas, y “las grandes mentiras”— nos explica la manera adecuada y eficaz de elaborar e interpretar los informes estadísticos, casi indispensables en la mayoría de los estudios sociales.

La organización Washington Office on Latinamerica (WOLA), fundada en 1974 con motivo del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, presta a “Perseo” el informe ejecutivo de su estudio La policía en México: Muchas reformas, pocos avances, en el que ofrece una visión general de las iniciativas de reforma policial de las útimas dos décadas, y en el que señala que: las fuerzas policiales de México todavía están plagadas de corrupción, abuso e inefectividad por la ausencia de controles internos y externos fuertes; la entrega de las funciones de policía a los militares distrae de la urgente necesidad de reformar las fuerzas policiacas, y muchos agentes implicados en violaciones a los derechos humanos en los últimos años siguen en servicio. Termina formulando propuestas entre las que destacan las que se refieren a la certificación de los cuerpos de seguridad, el control externo sobre éstos y el respeto a los derechos de los propios agentes policiales.

El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM en ‘México: fábrica de pobres’ nos revela que desde 1987 el poder adquisitivo del salario mínimo de los mexicanos ha sufrido una pérdida de 77.79 por ciento y que a partir de diciembre de 2012 su caída es de casi cuatro puntos porcentuales por el incremento en el precio de distintos productos de la Canasta Alimentaria Recomendable (CAR) para una familia. Asimismo, que 10 millones 349 mil 177 trabajadores no pueden comprar la totalidad de los 40 alimentos básicos que la integran, al tener un ingreso que no rebasa los dos salarios mínimos diarios —$175— insuficiente para erogar los 184.96 pesos que cuesta la Canasta. El estudio ofrece otros datos que muestran cómo la pobreza aqueja gravemente a la mayoría de los mexicanos.

En el “Índice de percepción de la corrupción 2013” de Transparencia internacional se ubica a México en el lugar 106 entre 177 países. El primer lugar, como países con menor corrupción, lo ocupan Dinamarca y Nueva Zelanda, y el último, como países con mayor corrupción, corresponde a Afganistán, Corea del Norte y Somalia.

La organización internacional World Justice Proyect (WJP) dio a conocer su estudio Índice sobre el Estado de Derecho realizado en 99 países, para el que consideró 47 indicadores concernientes a nueve factores de la acrtividad gubernamental, entre los que se encuentran la ausencia de corrupción, los derechos fundamentales, orden y seguridad y justicia penal. Entre 99 países, México ocupó el lugar 96 en “Orden y seguridad”, a tres lugares del país peor evaluado, y en “Justicia penal”, el lugar 97, a sólo dos del último.

En “Clásicos”, Flannery O’Connor —la soberbia escritora estadounidense, fallecida prematuramente a los 37 años— nos dice que Es difícil encontrar a un hombre bueno mediante un relato breve, fascinante y devastador. Y José Asunción Silva, el poeta colombiano —uno de los grandes precursores del modernismo, muerto también prematuramente, por suicidio— nos regala su estremecedor poema Lázaro, en el que ya anunciaba su recelo por la vida.

En el espacio de la ONU, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos llama a poner fin al terrible conflicto en Sudán del Sur que devasta a la empobrecida y dividida población de ese país.

La Suprema Corte de Justicia nos informa que ha expedido el Protocolo de actuación en casos judiciales sobre derechos de personas con discapacidad y nos da cuenta algunas de sus últimas resoluciones más importantes, entre las que destacan la que resuelve que es constitucional considerar como delito la sustracción de menores cometida por familiares, la que define los alcances del tipo legal de ejercicio indebido de servicio público, la que atrae a la Corte un juicio en el que podría definirse el concepto de “disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, la que determina que es inconstitucional una norma del Código Federal de Procedimientos Penales que faculta al MP a decidir qué pruebas son indispensables para el esclarecimiento de los hechos, y la que resuelve que ser mujer no es razón suficiente para otorgar mayores derechos a la madre sobre el padre, respecto de la guarda y custodia de los hijos, incluso si se trata de una niña.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra la reciente aprobación de reformas al Código de Justicia Militar por parte del Congreso mexicano, mediante las cuales se restringen los alcances de la jurisdicción militar.

La Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos ha resuelto que Turquía debe pagar a Chipre el equivalente a €30 millones —30 millones de euros, unos 524 millones de pesos— por el  perjuicio moral sufrido por los familiares de las personas desaparecidas, y €60 millones —unos 1,24 millones de pesos— por el perjuicio moral sufrido por los residentes grecochipriotas enclavados en la península de Karpas, a consecuencia de las operaciones militares turcas llevadas a cabo en el norte de Chipre en julio y agosto de 1974, la prolongación de la división del territorio de Chipre y las actividades de la “República Turca del Norte de Chipre”.

Finalmente, “Perseo” procura aliviarnos de las durezas de esta jornada con las viandas ligeras de costumbre. Ω

La policía en México: Muchas reformas, pocos avances

WOLA (Washington Office on Latin America)[1]

Resumen Ejecutivo

8 de mayo de 2014

Desde la década de los 80, los presidentes mexicanos han tomado medidas para abordar las múltiples deficiencias de la policía. Se ha creado, disuelto y renombrado agencias; cientos de miles de agentes han sido entrenados y depurados; y se ha mejorado y expandido su equipo. No obstante, hoy día las fuerzas policiales de México todavía están plagadas de corrupción, abuso e inefectividad.

Este informe presenta una visión general de las iniciativas de la reforma policial en las últimas dos décadas y examina por qué, a pesar de múltiples esfuerzos, las fuerzas policiales mexicanas siguen siendo abusivos y corruptos. Examina los cambios estructurales introducidos en el sistema de justicia penal en los últimos años y evalúa las iniciativas federales para apoyar la reforma de las policías estatales y municipales, los intentos de depurar a todos los cuerpos policiales a través de los exámenes de control de confianza y los intentos de fortalecer los mecanismos de supervisión, tales como las unidades de asuntos internos. El informe sostiene que la ausencia de fuertes controles internos y externos sobre la policía ha hecho que los agentes implicados en delitos—que podría ser actos de corrupción hasta violaciones graves a los derechos humanos—tienen pocos incentivos para cambiar sus acciones porque es poco probable que serán investigados y sancionados.

El estudio sostiene además que la reforma policial integral es urgente para revertir la tendencia a militarizar la seguridad pública en el país. El uso de las Fuerzas Armadas en funciones de policía ha crecido de manera constante en México debido a que se ha considerado a las fuerzas policiales como demasiado corruptas y/o mal entrenadas para poder reducir los altos niveles de delincuencia y violencia que se ha visto en los últimos años. Sin embargo, la experiencia de México demuestra que el despliegue de los militares no puede sustituir la construcción de fuerzas policiales que luchan contra el crimen con la confianza y la cooperación de la población. Utilizar soldados para tareas que no corresponden a su formación, y en un contexto en lo cual prevalece la impunidad, también ha dado lugar a violaciones de derechos humanos generalizadas. Por otra parte, el uso de los militares para llevar a cabo funciones que corresponden a las policías conduce a un círculo vicioso: la entrega de las funciones de policía a los militares distrae de la urgente necesidad de reformar las fuerzas policiacas, que a su vez casi garantiza el uso constante de los militares en tareas de seguridad pública.

El presidente actual, Enrique Peña Nieto, ha prometido una nueva estrategia de seguridad con el fin de reducir la violencia y recuperar la confianza de los ciudadanos en sus fuerzas policiales. Sin embargo, como se describe en este informe, su gobierno ha mantenido en gran medida las iniciativas y el modelo policial que fueron puestos en marcha durante el gobierno del presidente anterior, Felipe Calderón. Su gobierno también sigue dependiendo, en gran medida, de los militares para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad pública, como se ha evidenciado en el despliegue de las Fuerzas Armadas en nuevos operativos de seguridad en los estados de Michoacán, Guerrero, Estado de México, y en otros lugares, y no hay planes anunciados para regresar los militares a sus cuarteles.

Analizando los varios esfuerzos realizados para reformar la Policía Federal de México, el informe sostiene que aunque es necesario tener una fuerza civil capaz de reemplazar las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad pública que actualmente tienen, el gobierno mexicano tendrá que revertir la historia de la Policía Federal de violaciones a los derechos humanos y de corrupción para que esta agencia sea eficaz en la lucha contra la delincuencia y gane la confianza de la población. El gobierno mexicano ha presentado la Policía Federal como una fuerza moderna, profesional y bien entrenada, y creció bastante entre 2006 y 2012. La Policía Federal también ha recibido un importante apoyo de Estados Unidos a través de su cooperación con México en materia de seguridad. Pero con la necesidad de mostrar resultados en los esfuerzos del gobierno en el combate al crimen organizado y en un ambiente permisivo de abusos, un aumento en el tamaño de la fuerza también ha resultado en altos y persistentes números de denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Como se describe en el informe, muchos agentes implicados en violaciones a los derechos humanos en los años anteriores siguen en la fuerza, y hay pocos indicios de que los limitados esfuerzos para aumentar la supervisión de la Policía Federal durante el primer año del gobierno de Peña Nieto han dado lugar a un cambio significativo en el comportamiento de esta fuerza. En una encuesta que fue realizada por varias casas del migrante sobre los abusos contra los migrantes en tránsito durante los primeros seis meses de 2013, que se describe en este informe, la Policía Federal fue la agencia implicada en el mayor número de casos de abuso. Del mismo modo, para 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 14 recomendaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de la Policía Federal. En un incidente ocurrido en abril de 2013, agentes de la Policía Federal vestidos de civil dispararon contra dos estudiantes universitarios que se movilizaban en un vehículo en los alrededores de la Ciudad de México, resultando en el fallecimiento de uno de los estudiantes.

El informe también emite una advertencia para el futuro de la asistencia de Estados Unidos. para México en materia de seguridad. Desde 2008 a 2013 (años fiscales), el gobierno de Estados Unidos otorgó más de $2,1 mil millones de dólares en asistencia en materia de seguridad para México a través de la Iniciativa Mérida. En febrero de 2014, más de $ 1,2 mil millones de dólares de estos fondos habían sido entregados al gobierno de México en equipo, capacitación y asistencia técnica, principalmente para combatir el crimen organizado, y para programas de apoyo a la prevención de la violencia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. A partir de mayo de 2013, Estados Unidos había impartido cursos de capacitación para más de 19.000 agentes mexicanas de seguridad pública, incluyendo la capacitación de más de 4.500 agentes de la Policía Federal. Estados Unidos también ha otorgado US$8 millones de dólares en capacitación y equipo para apoyar el sistema de control de confianza para depurar a las fuerzas policiales.

Debido a la importante cantidad de los fondos de la Iniciativa Mérida que han sido asignados para entrenar y equipar a la Policía Federal, Estados Unidos tiene un interés particular en trabajar con el gobierno mexicano para asegurar que esta fuerza no sea socavada por la corrupción y su deficiente desempeño en materia de derechos humanos. El equipo puede ayudar a las fuerzas policiales lograr más victorias tácticas, pero es de poca ayuda para combatir la debilidad de las instituciones mexicanas, que es lo que ha permitido que el crimen organizado florezca y también es la causa de las violaciones a los derechos humanos. Proporcionar más capacitación en derechos humanos para las fuerzas policiales mexicanas también será de poca utilidad si los agentes no creen que serán investigados y sancionados por mala conducta.

Durante su sexenio, el presidente Peña Nieto tiene la oportunidad de cambiar el patrón de violaciones de derechos humanos por parte de la policía mexicana y centrarse en medidas para asegurar que las fuerzas de seguridad de México rinden cuentas para sus acciones. De no hacerlo, perpetuará un círculo vicioso de abusos policiales y un clima de desconfianza entre la policía y la población. Si puede crear una policía fuerte y respetuosa de los derechos humanos que sea capaz de prevenir y combatir el crimen con la confianza de la ciudadanía, el gobierno de Peña Nieto también podría ayudar a revertir la tendencia perniciosa de la militarización de la seguridad pública en el país. Recomendaciones para el fortalecimiento de la reforma policial en México, en particular en el ámbito de la rendición de cuentas, que se describe en el informe incluyen:

1. Certificar las fuerzas policiales, no sólo los agentes de policía, ya que las prácticas corruptas y abusivas a menudo se fomentan dentro de la propia fuerza policial.

2. Continuar con las reformas al actual sistema y evaluación de control de confianza y garantizar que esta evaluación complemente otros controles internos.

3. Establecer y/o fortalecer las Unidades de Asuntos Internos y de Comisiones de Honor y Justicia al nivel estatal y municipal.

4. Acelerar y mejorar los esfuerzos para que el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública esté funcionando y los resultados de las evaluaciones y las investigaciones a la policía sean registrados y puestos a disposición de todas las fuerzas policiales.

5. Utilizar como ejemplos iniciativas de reforma policial importantes e innovadoras a nivel estatal y municipal en México y buscar formas de adaptar estas experiencias a otras fuerzas policiales en el país.

6. Crear mecanismos sólidos de control externo para complementar las Unidades de Asuntos Internos y otros mecanismos de disciplina interna de la policía.

7. Fortalecer el papel de supervisión de los consejos ciudadanos y los observatorios de las fuerzas policiales.

8. Aplicar plenamente las reformas judiciales de 2008 como una forma de garantizar que la investigación y la recolección de evidencia se lleven a cabo en una manera adecuada y eficaz y sin violar las garantías del debido proceso.

9. Establecer plenamente el Registro Administrativo de Detenciones, ya que muchos abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía ocurren durante el proceso de detención.

10. Proporcionar una mayor transparencia y supervisión de los subsidios federales otorgados a los gobiernos municipales y estatales para apoyar los esfuerzos de reforma policial.

11. Respetar los derechos de los agentes de policía; tal como los agentes policiacos deben ser sancionados por mala conducta, también deben ser reconocidos por hacer un buen trabajo.

Para el gobierno de Estados Unidos, el informe recomienda que en sus discusiones con el gobierno mexicano para determinar la forma de asignar los restantes 900 millones de dólares que han sido asignados como asistencia a través de la Iniciativa Mérida hasta 2013, se debe priorizar apoyo para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de la policía de México en todos los niveles. Esto podría incluir apoyo suplementario para las unidades de asuntos internos, y las reformas al sistema de control de confianza, apoyo adicional para el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y apoyo para garantizar que el Registro Administrativo de Detenidos esté en pleno funcionamiento. El informe también llama al Departamento de Estado hacer uso de los requisitos en materia de derechos humanos de la Iniciativa Mérida y dejar claro que combatir las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas policiales mexicanas es una prioridad para el gobierno de Estados Unidos. Ω

Fuente (12/05/14):

http://www.wola.org/sites/default/files/La%20Policia%20en%20Mexico%20Resumen%20Ejecutivo.pdf

 

[1] La WOLA (Washington Office on Latinoamerica = Oficina de Washington sobre Latinoamérica) es una organización estadounidense no gubernamental con sede en Washinton D.C., E.U., cuyo objetivo es promover los derechos humanos, la democracia y la justicia social y económica en Latinoamérica y el Caribe. Se fundó en 1974 con motivo del derrocamiento en 1973 del gobierno de Salvador Allende, el presidente socialista chileno qwue había sido elegido democráticamente. (Nota del editor.)

Sentencia de compensación justa en el caso de Chipre contra Turquía

12/05/2014

La Corte Europea de Derechos Humanos a través de la Gran Sala ha dictado sentencia en el caso de Chipre contra Turquía consistente en una justa indemnización. La Corte declaró que Turquía deberá pagar a Chipre el equivalente a €30.000.000 bajo el concepto de perjuicio moral sufrido por los familiares de las personas desaparecidas, y €60 millones en concepto de perjuicio moral sufrido por los residentes grecochipriotas enclavados en la península de Karpas. Estas cantidades se distribuirán por el Gobierno chipriota a las víctimas individuales, bajo la supervisión del Comité de Ministros.

En la sentencia dictada el 10 de mayo de 2001, la Corte encontró numerosas violaciones de la Convención por parte de Turquía, que se derivaron, entre otras, por las operaciones militares llevadas a cabo en el norte de Chipre en julio y agosto de 1974, la prolongación de la división del territorio de Chipre y las actividades de la “República Turca del Norte de Chipre”. Ω

Nota: Para leer completo el comunicado de prensa (16/05/14):

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4754196-5782800#{“itemid”:[“003-4754196-5782800”

Ω

Ser mujer no es razón suficiente para otorgar mayores derechos a la madre sobre el padre, respecto de la guarda y custodia de los hijos, incluso si se trata de una niña

Por unanimidad de votos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el hecho de ser mujer no es razón suficiente para otorgar mayores derechos a la madre sobre el padre para la guarda y custodia de un menor de edad, aun cuando se trate de una niña.

La Sala del máximo tribunal en el país señaló, a partir de la propuesta del ministro Arturo Zaldívar, que es un estereotipo pensar que la mujer, por el solo hecho de serlo, es más apta e idónea que el padre para cuidar a los hijos.

La controversia se originó en el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Estado de México, en el que padre y madre divorciados entablaron juicio por la custodia de su menor hija. El juez que conoció del caso resolvió a favor de la madre argumentando que ella era más apta para cuidar de la niña porque compartían el mismo género.

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Pillay: urge poner fin al conflicto de Sudán del Sur tras las atrocidades cometidas

09 de mayo, 2014 — La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, afirmó este viernes que el nuevo informe sobre violaciones de derechos humanos en Sudán del Sur subraya la urgencia de acabar con este conflicto.

La evaluación de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) indica que se han vulnerado de forma masiva las garantías fundamentales de la población civil.

Durante una conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de la Alta Comisionada de la ONU, Rupert Colville, señaló que posiblemente se han cometido crímenes de guerra y contra la humanidad.

“El informe incluye relatos detallados sobre asesinatos masivos de odio por motivos étnicos y venganzas, incluyendo el asesinato deliberado de civiles, atrocidades como ejecuciones sumarias, violaciones y otras formas de violencia sexual, entre ellas la esclavitud”, señaló Colville.

La Alta Comisionada alertó ya de la grave situación en una reciente visita a ese país, adonde viajó con el asesor especial del Secretario General sobre la prevención de genocidio.

Para elaborar su informe, la UNMISS ha entrevistado a más de 900 víctimas y testigos de esas atrocidades.

Por otra parte, la Misión de la ONU expresó hoy su esperanza de que las conversaciones entre el presidente Salva Kiir y el líder opositor Riek Machar, previstas para este viernes en la capital etiope, Addis Ababa, logren reactivar el proceso de paz, lleven a una solución política y pongan fin a la violencia en el país.

La UNMISS ha constatado movimientos de tropas gubernamentales y de la oposición en los alrededores de Bentiu y cerca de su base, y el jueves se registraron tiroteos esporádicos. Más de 23.000 civiles están allí bajo la protección de los cascos azules.

Esa Misión ha pedido una vez más a las partes implicadas en esta crisis que no acantonen tropas o combatan cerca de su base o de las áreas donde se acoge a civiles que huyen de la violencia y les solicita que respeten las instalaciones de las Naciones Unidas. Ω

Fuente (13/05/2014):

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=29411&Kw1=rupert+colville#.U3KizK15Ogk

Es difícil encontrar un hombre bueno1

Flannery O’Connor[2]

La abuela no quería ir a Florida. Quería visitar a unos parientes en el este de Tennessee, y estaba aprovechando todas las oportunidades para hacer cambiar de opinión a Bailey. Bailey era su único hijo, con el que ella vivía. Él estaba sentado a la mesa en el filo de la silla, inclinado sobre la sección de deportes, de color naranja, del periódico. “Ahora mira aquí, Bailey”, dijo ella, “ve aquí, lee esto”, y ella se levantó, con una mano en la angosta cadera y la otra agitando el periódico sobre la cabeza calva de él.  “Aquí, este tipo que se llama a sí mismo ‘El Inadaptado’ es un prófugo de la Penitenciaría Federal y se dirige hacia Florida, y lee aquí lo que se dice que le hizo a estas personas. Sólo léelo. Yo no llevaría a mis hijos a ningún lado en el que hubiera un criminal prófugo como ese. No podría responder a mi consciencia si lo hiciera.”

Bailey no levantó la mirada de su lectura, por lo que ella dio vueltas y encaró a la madre de los niños, una mujer joven en pantalones deportivos cuyo rostro era tan amplio e inocente como una col y que estaba rodeado por una pañoleta verde con dos puntas arriba como orejas de conejo. Estaba sentada en el sofa dándole de comer chabacanos de un frasco al  bebé. “Los niños ya han estado antes en Florida”, dijo la anciana. “Ustedes deben llevarlos a otro lugar distinto de manera que ellos vean diferentes partes del mundo y ensanchen su mente. Ellos nunca han estado en Tennessee oriente. ”

La madre de los niños no pareció haberla escuchado, pero el niño de ocho años, John Wesley, bajito y de lentes, dijo: “Si no quieres ir a Florida, ¿por qué no te quedas en casa?” Él y la niña pequeña, June Star, estaban leyendo las caricaturas sobre el suelo.

“Ella no se quedaría en casa ni a ser reina por un día”, dijo June Star sin levantar su cabeza amarilla.

“Sí, y ¿qué harías si te atrapara este tipo, ‘El Inadaptado’?,” preguntó la abuela.

“Yo le besaría la cara”, dijo John Wesley.

“Ella no se quedaría en casa ni por un millón de dólares,” dijo June Star. “Temería perderse de algo. Ella tiene que ir a todos los lugares a los que vamos.”

“Muy bien, señorita”, dijo la abuela. “Sólo acuérdate de esto la próxima vez que quieras que te ondule el cabelllo.”

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Índice de Percepción de la Corrupción 2013

El Índice de Percepción de la Corrupción 2013 de Transparency International advierte que el abuso de poder, los acuerdos clandestinos y el soborno continúan devastando a sociedades en todo el mundo.

Más de dos tercios de los 177 países incluidos en el índice de 2013 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción).

“El Índice de Percepción de la Corrupción demuestra que todos los países se enfrentan todavía a la amenaza de corrupción en todos los niveles de gobierno, desde el otorgamiento de permisos locales hasta la implementación de normas y reglamentaciones”, indicó Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International.

Índice de Percepción de la Corrupción 2013: Resultados

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2013, Dinamarca y Nueva Zelandia comparten el primer lugar, con una puntuación de 91. En las últimas posiciones se ubican este año Afganistán, Corea del Norte y Somalia, con tan solo 8 puntos cada uno.

“Los países en el extremo superior del índice muestran claramente que la transparencia contribuye a la rendición de cuentas y puede frenar la corrupción”, observó Labelle. “No obstante, estos países de mejor desempeño enfrentan desafíos en aspectos como captura del estado, financiamiento de campañas y la supervisión de grandes contratos públicos, que continúan representando importantes riesgos de corrupción”.

El Índice de Percepción de la Corrupción se basa en la opinión de expertos sobre la corrupción en el sector público. Las puntuaciones de los países pueden ser positivas cuando existe un amplio acceso a sistemas de información y normas que regulan el desempeño de quienes ocupan cargos públicos, mientras que la falta de rendición de cuentas en el sector público, sumada a instituciones públicas poco eficaces, son factores que deterioran estas percepciones.

La corrupción en el sector público amenaza con frustrar iniciativas globales

La corrupción en el sector público sigue siendo uno de los mayores desafíos a nivel mundial, indicó Transparency International, especialmente en áreas como los partidos políticos, la policía y los sistemas judiciales. Las instituciones públicas deben tener mayor apertura con respecto al trabajo que desarrollan, y los funcionarios deben ser más transparentes sobre sus decisiones. Investigar y juzgar la corrupción sigue siendo una tarea manifiestamente difícil.

Los esfuerzos que en el futuro apunten a responder al cambio climático, la crisis económica y la extrema pobreza enfrentarán un obstáculo gigantesco, que no será otro que el de la corrupción, advirtió Transparency International. Los organismos internacionales como el G20 deben tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero, asegurar una mayor transparencia de las empresas e impulsar la restitución de activos robados.

“Es hora de detener a quienes cometen actos de corrupción impunemente. Los vacíos legales y la falta de voluntad política de los gobiernos facilitan la corrupción tanto interna como transnacional, y exigen redoblar nuestros esfuerzos para combatir la impunidad de los corruptos”, observó Labelle.

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En el caso de México, este se ubicó en el 2013 en el lugar 106 de un total de 177 países evaluados, alcanzando únicamente 34 de los 100 puntos máximos de calificación. Con este resultado, México mantuvo su nivel de corrupción en relación al Índice 2012. La mejor posición entre los países de América Latina fue para Uruguay (lugar 19 con 73 puntos) y el peor lo ocupó Haití (lugar 163 con 19 puntos). Otros países latinoamericanos que se ubicaron en mejor posición que México fueron Chile, Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, Brasil, El Salvador, Jamaica, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Ω

Nota: Para ver el documento completo (21/05/14):

http://www.transparency.org/cpi2013

CIDH celebra reformas sobre justicia militar en México

Comunicado de prensa 53/14
9 de mayo de 2014

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra la reciente aprobación de reformas al Código de Justicia Militar por parte del Congreso mexicano, mediante las cuales se restringen los alcances de la jurisdicción militar.

De conformidad con estas reformas, los casos de violaciones a derechos humanos de personas civiles cometidas por militares serán juzgados exclusivamente por el sistema de justicia civil y no por tribunales castrenses. La CIDH valora esta reforma como un paso importante en la protección de los derechos fundamentales en México y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, principalmente en lo referente a las garantías del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para las víctimas y sus familiares.

Asimismo, la Comisión valora positivamente que la reciente aprobación de reformas al Código de Justicia Militar se da en el marco del cumplimiento por parte del Estado mexicano de las recomendaciones emitidas por esta Comisión en su informe de país de 1998 y en el caso de las Hermanas Gonzalez Pérez, entre otros. Asimismo, estas reformas dan cumplimiento a las reparaciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuatro sentencias: Rosendo Radilla (2009), Rosendo Cantú y otra (2010), Fernández Ortega y otros (2010), Cabrera García y Montiel Flores (2010).

En estas decisiones la Corte Interamericana dispuso, en lo fundamental, que el Estado mexicano debía realizar las reformas legislativas pertinentes al Código de Justicia Miliar para compatibilizarlo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En estas sentencias, la Corte Interamericana señaló que “[e]n un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares”. De igual manera, la CIDH recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió el 12 de julio de 2011 adoptar como criterio orientador la restricción del fuero militar en los casos en que elementos de las fuerzas armadas cometan violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, la Comisión Interamericana insta al Estado a que en su legislación se indique claramente que la naturaleza del derecho que ha sido afectado debe ser el factor determinante para establecer jurisdicción.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Fuente (12/05/14:

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/053.asp

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Jurisprudencia interamericana, vinculante para los jueces mexicanos

Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.

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Es inconstitucional la norma que faculta al MP a decidir qué pruebas son indispensables para el esclarecimiento de los hechos

Comunicado 082/2014
21 de mayo de 2014

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 99/2014, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, relacionado con el segundo párrafo del artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Penales. Esta disposición establece que los gastos de las diligencias solicitadas por el inculpado o la defensa serán cubiertos, en principio, por quienes las promuevan; sólo en el caso de que estén imposibilitados para ello, y de que el Ministerio Público (MP) estime que son indispensables para el esclarecimiento de los hechos, entonces serán admitidas y cubiertas por el erario público.

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Destellos

Robar las ideas de una persona es plagio; robar las de muchos es investigación.

Anónimo

El amor eterno dura aproximadamente tres meses.

Woody Allen

Todo tiempo pasado fue anterior.

Groucho Marx

Tener la consciencia limpia es síntoma de mala memoria.

George Carlin

El que quiera azul celeste, que mezcle azul oscuro y blanco.

Anónimo

No soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo.

Mactá (cómico yucateco)

La mujer que no tiene suerte con los hombres no sabe la suerte que tiene.

Nani Namú

La esclavitud no se abolió, se cambió a ocho horas diarias.

Anónimo

Atrae la Corte un juicio en el que podría definirse el concepto de “disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”

Comunicado 079/2014
México D.F., a 14 de mayo de 2014

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró procedente atraer un recurso de revisión en el que posiblemente sea relevante e importante definir el contenido y alcance jurídico del concepto “disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, contenido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Lo anterior, debido a que no existe precedente al respecto y sería oportuno determinar si los parámetros que la norma convencional delimita en la definición al derecho citado son acordes con el desarrollo jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Algunas curiosidades asociadas al número 16

16       Número de la inmortalidad en el budismo.

16       Área y perímetro de un cuadrado de 4 x 4.

16       Cromosomas de una abeja.

16       Reglas gramaticales del esperanto.

16       10 000 en el sistema numérico binario.

16       Onzas en una libra.

16       Número atómico del azufre.

16       Copas que en promedio salen de una botella de licor de 750 ml.

16       Delegaciones en el Distrito Federal.

16       Número de la camiseta de Joe Montana durante los cuatro Super Tazones que ganó con los Cuarenta y Nueves de San Francisco.

16       Ediciones de la Enciclopedia Británica de 1768 a 1985 cuando dejó de imprimirse.

16       Horas que dormía cada día Dolores del Río para conservar su belleza.

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[1] A esta edición de la revista le corresponde el número 16.

Se definen los alcances del tipo legal de ejercicio indebido de servicio público

Comunicado 074/2014
07 de mayo de 2014

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la contradicción de tesis 326/2013, a propuesta de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Determinó que el delito de ejercicio indebido de servicio público es aplicable para cualquier servidor público que por razones de su empleo, cargo o comisión tenga obligación de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos y que en incumplimiento de tal deber, les propicie daño o la pérdida o sustracción de objetos.

La contradicción de criterios se dio entre dos tribunales colegiados en relación a si el delito en cuestión, contenido en el artículo 214, fracción VI (antes V) del Código Penal Federal, es aplicable sólo para los custodios, guardias o vigilantes que por razón de su función estén obligados a custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a objetos, lugares o instalaciones o, también aplica, en general, para todos los servidores públicos que por razón de su empleo, cargo o comisión tengan bajo su cuidado objetos que deban custodiar, vigilar o proteger.

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Es constitucional considerar como delito la sustracción de menores cometida por familiares

Comunicado  072/2014
7 de mayo de 2014

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un asunto, bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el que se determinó que el delito de sustracción de menores cometido por familiares (padre o madre) que no tengan el consentimiento de quien ejerce la patria potestad o la custodia del menor, es acorde con el principio de interés superior del menor y al derecho fundamental a la unidad y convivencia familiar.

Razón por la cual, se le negó el amparo a la aquí quejosa, madre de los menores, ya que el artículo 366 Quáter del Código Penal Federal que prevé el delito impugnado, contrario a lo argumentado por ella, es una medida necesaria y proporcional dirigida a resguardar a los menores involucrados en una controversia familiar.

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Proyecto Mundial de Justicia

Recientemente la organización internacional World Justice Proyect (WJP) dio a conocer su estudio llamado Índice sobre el Estado de Derecho, que se realizó a partir de consultas y encuestas a población abierta en las que se consideraron 47 indicadores de 9 grandes factores conceptuales:

  • Poderes limitados del gobierno
  • Ausencia de corrupción
  • Transparencia en el gobierno
  • Derechos fundamentales
  • Orden y seguridad
  • Reglamentación de la ley
  • Justicia Civil y
  •  Justicia penal

El Índice incluyó a 99 países. México, en términos generales, ocupó el lugar 79 a nivel global. El número 1 corresponde al país mejor evaluado y el 99 al peor.

Así, en el factor “Poderes limitados del gobierno” México se ubicó en el lugar 48 conforme a los siguientes indicadores: Limites del Congreso, Límites del Poder Judicial, Independencia auditora, Sanciones a la conducta antiética de la autoridad, Participación de Organizaciones No Gubernamentales y Transición Legítima del Poder.

En el factor “Ausencia de Corrupción”, México ocupó el lugar 78. Se tomaron en cuenta los indicadores de Ausencia de corrupción en el Poder Ejecutivo, Ausencia de corrupción en el Poder Judicial, Ausencia de corrupción en las áreas policiales y militares y Ausencia de corrupción en el Congreso.

En “Transparencia en el gobierno”, rubro en el que obtuvo su mejor evaluación, el estado mexicano ocupó el lugar 32 (de 99 países). Aquí se tomaron en cuenta los indicadores de Accesibilidad a la ley, Leyes estables, Derecho de petición y participación y Derecho a la información.

En el tema de “Derechos fundamentales”, México quedó en el lugar 60. Se tomaron en cuenta Trato igualitario y no discriminación, Derecho a la vida y a la seguridad, Respeto al debido proceso, Libertad de expresión, Libertad de religión, Derecho a la privacidad, Libertad de asociación y Derechos laborales.

En “Orden y seguridad” se consideraron los siguientes indicadores: Ausencia de delitos, Ausencia de conflictos civiles y Ausencia de indemnización por la violencia. En este punto, México alcanzó una posición pésima al ocupar el lugar 96, apenas 3 lugares por encima del país peor evaluado.

En cuanto a “Reglamentación de la ley”, México quedó en el lugar 51. Se tomó en cuenta la Efectividad en la reglamentación de la Ley, Ausencia de Influencias inapropiadas, Ausencia de dilaciones injustificadas, Respeto al debido proceso y No expropiación con o sin la debida compensación.

En “Justicia Civil”, México calificó en el lugar 88, es decir, 10 lugares por arriba del peor calificado. Se consideró Accesibilidad y asequibilidad, No discriminación, No corrupción, Ausencia de Influencias inapropiadas y Ausencia de dilaciones injustificadas, entre otros.

Finalmente,  en cuanto a “Justicia penal”, México quedó en el lugar 97 de 99 países. Esta fue su peor evaluación, apenas por encima de Bolivia y Venezuela. Se tomaron en cuenta para este factor los siguientes indicadores: Investigaciones efectivas, Efectividad y tiempo en la adjudicación, Efectivo sistema correccional, No discriminación, No corrupción, Ausencia de Influencias inapropiadas en el gobierno y Debido proceso en la ley.

El ‘Proyecto Mundial de Justicia’ (World Justice Proyect) es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja en las mejoras de las leyes alrededor del mundo y es apoyada, entre otras personalidades, por Bill Gates.

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Fuentes (26/05/14):

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/country_profiles.pdf
http://data.worldjusticeproject.org/#/index/MEX

México: Fábrica de pobres

Más de 10 millones de trabajadores no pueden
comprar la canasta alimenticia recomendable

Boletín UNAM-DGCS-252
Ciudad Universitaria

  • En enero de 1987 un trabajador tenía que laborar cuatro horas tres minutos por día para adquirir una CAR. Hoy requiere 22 horas, incremento superior al 400 por ciento; el poder adquisitivo registra una caída del 77 por ciento desde ese año, informaron integrantes del CAM de la UNAM.
  • En 1982 se podían comprar 50.9 kilogramos de tortilla con un salario mínimo. En abril pasado el ingreso sólo cubría el precio de cinco kilos 800 gramos, informan en el reporte de investigación México: fábrica de pobres.

Desde 1987 el poder adquisitivo del salario mínimo de los mexicanos registra una pérdida del 77.79 por ciento y a partir de diciembre del 2012 la caída alcanza casi cuatro puntos porcentuales, por el incremento en el precio de distintos productos de la Canasta Alimentaria Recomendable (CAR), advierten especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM.

Asimismo, 10 millones 349 mil 177 trabajadores no pueden comprar la totalidad de los 40 alimentos básicos que la integran, al tener un ingreso que no rebasa los dos salarios mínimos diarios, insuficiente para erogar 184.96 pesos, costo por día de la CAR, establece el reporte de investigación México: fábrica de pobres, elaborado con datos del cuestionario de precios de productos básicos levantado por el CAM.

Además, el salario mínimo nominal de más de un millón de empleados se redujo, lo que merma aún más su nivel de vida por la pérdida del poder de compra, causada por un incremento de los precios de los alimentos, mayor que el aumentos a las percepciones.

Hoy, el minisalario diario general es de 67.29 pesos. Para adquirir sólo los alimentos nutricionalmente recomendados que constituyen la CAR, una familia requiere 184.96 pesos por día.

Merma del poder adquisitivo

En enero de 1987 un trabajador tenía que laborar cuatro horas tres minutos por día para comprar una canasta alimentaria. Actualmente requiere 22 horas para adquirirla, un incremento superior al 400 por ciento. Por estas necesidades, hasta tres integrantes de una familia contribuyen al ingreso, explica el reporte.

Con la premisa de mantener sin aumento los precios de los 40 productos que la componen y con un incremento salarial del cuatro por ciento, se requerirían 47 años para recuperar el poder adquisitivo. Con los supuestos referidos, en el año 2061 el mínimo sería de 184.79 pesos diarios, suficiente sólo para cubrir una CAR completa.

Los resultados del cuestionario sobre precios de productos básicos en distintos establecimientos demuestran que los supermercados son el lugar de compra más caro para adquirir los comestibles.

Carestía acumulada

Actualmente, cuatro millones 435 mil 896 personas perciben un minisalario y dos millones 127 mil 249 ganan de tres a cinco salarios mínimos.

El estudio advierte que el incremento salarial anual es insuficiente en comparación con el de los precios de los alimentos que las familias requieren para un desarrollo saludable, lo que explica la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo.

Desde 1987 el precio por día de la CAR registra un incremento de cuatro mil 582 por ciento. En ese año se requerían 3.95 pesos diarios para comprarla, en abril pasado era necesario desembolsar 184.96 pesos para adquirirla.

Hace 27 años, con un salario mínimo de 6.47 pesos al día se podía comprar una canasta y media. A la fecha, las familias sólo pueden poner en sus mesas una tercera parte de los productos que la integran.

A partir de diciembre de 2012, el poder adquisitivo registra una pérdida acumulada de 3.45 por ciento.  Del primero de enero de 2013 al pasado 12 de abril, la CAR aumentó 7.62 por ciento y el salario nominal diario tuvo un incremento de 3.90 por ciento.

Desde 1982, por la instrumentación de distintas políticas económicas, el consumo de otros productos básicos como leche, tortilla, pan, frijol y huevo ha disminuido. En enero del año referido, podían comprarse 18 litros del lácteo con un mínimo, y hoy la percepción alcanza para cuatro litros.

La tortilla representa por excelencia uno de los alimentos de la cultura mexicana y por generaciones ha estado en nuestra dieta. Hace 32 años se compraban 50.9 kilogramos con un minisalario; en abril pasado el ingreso cubría el precio de 5.8 kilogramos.

En el mismo periodo, la merma en el consumo de pan blanco fue la siguiente: en 2014 sólo pueden adquirirse 38 de las 280 piezas que se compraban en 1982. Asimismo, las familias limitaron el consumo de frijol; con un mínimo hoy se compran 3.3 kilogramos de los 11 que se adquirían hace tres décadas, detallan.

De acuerdo con los resultados del cuestionario de precios, en abril pasado el costo promedio de la CAR fue de 184.96 pesos. En mercados y locales aledaños se erogaban 186.35 pesos, un peso 39 más que la media. En tianguis y establecimientos el desembolso era de 172.44 pesos, 12.52 pesos más barato que el promedio, y en supermercados se requerían 195.30 pesos. Ω

Para ver el documento completo (13/05/14):

http://cam.economia.unam.mx/mexico-fabrica-de-pobres-cae-77-79-el-poder-adquisitivo-reporte-de-investigacion-116/

Protocolo de actuación en casos judiciales sobre derechos de personas con discapacidad

Comunicado 048/2014
México D.F., a 31 de marzo de 2014

El ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aseguró que es un imperativo de equidad alcanzar el reconocimiento efectivo de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, a quienes tradicionalmente se les han desconocido sus derechos.

Durante la presentación del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, el Ministro Presidente señaló que el documento parte del principio de que es indispensable poner este tema en el centro de la discusión pública.

“La Suprema Corte confía en que este Protocolo coadyuve a modificar una cultura jurídica que tradicionalmente ha desconocido a las personas con discapacidad y les ha negado el ejercicio de derechos por ellas mismas, entre los que se encuentran, destacadamente, los derechos a participar en la toma de decisiones que les afectan”, afirmó el ministro Silva Meza.

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Lázaro

—Ven, ¡Lázaro!— gritóle
El Salvador, y del sepulcro negro
el cadáver alzóse entre el sudario,
ensayó caminar, a pasos trémulos,
olió, palpó, miró, sintió, dio un grito
y lloró de contento.

Cuatro lunas más tarde, entre las sombras
del crepúsculo oscuro en el silencio
del lugar y la hora, entre las tumbas
de antiguo cementerio,
Lázaro estaba sollozando a solas
y envidiando a los muertos.

José Asunción Silva

Castigados por protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela

Las fuerzas de seguridad golpean y disparan contra manifestantes que no estaban armados. Complicidad de fiscales y jueces en violaciones de derechos humanos

Informe

5 de mayo de 2014

(Washington, D.C) —Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido a un uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a manifestaciones contra el gobierno, y han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa a manifestantes que no estaban armados, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Numerosos detenidos también fueron sometidos a graves abusos físicos y psicológicos por integrantes de fuerzas de seguridad, incluidas en algunos casos torturas, y funcionarios judiciales no velaron porque se garantizaran los derechos al debido proceso de los detenidos.

El informe de 103 páginas, titulado “Castigados por protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema judicial de Venezuela”, documenta 45 casos ocurridos en Caracas y tres estados que afectan a más de 150 víctimas, en los cuales miembros de fuerzas de seguridad han vulnerado derechos de manifestantes y otras personas en las proximidades de lugares donde se desarrollaban protestas. Integrantes de las fuerzas de seguridad también permitieron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con ellas.

“La magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados”,manifestó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años”.

Human Rights Watch llevó a cabo una investigación en Venezuela en marzo de 2014, que incluyó visitas a Caracas y a los estados de Carabobo, Lara y Miranda, y realizó decenas de entrevistas a víctimas de abusos y sus familiares, testigos, profesionales médicos, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. Human Rights Watch también reunió numerosas evidencias, incluidas fotografías, grabaciones de video, informes médicos y resoluciones judiciales, y examinó informes gubernamentales y declaraciones oficiales con respecto a actividades de protesta y la respuesta ofrecida por las fuerzas de seguridad.

El gobierno venezolano ha caracterizado a las protestas que se desarrollan en todo el país como violentas. Sin duda, algunos manifestantes han apelado a métodos violentos, como arrojar piedras y cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad. No obstante, la investigación de Human Rights Watch muestra que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra personas que no estaban armadas ni eran violentas. Algunos de los abusos más graves documentados en el informe fueron cometidos contra personas que ni siquiera participaban en manifestaciones, o que ya se encontraban detenidas y estaban completamente bajo el control de miembros de las fuerzas de seguridad.

La naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de los abusos —acompañados frecuentemente de descalificaciones políticas por parte de los responsables— sugieren que el propósito no fue restablecer el orden público ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus opiniones políticas reales o presuntas, señaló Human Rights Watch.

En muchos casos, el objetivo de los abusos parece haber sido impedir que personas documentaran las tácticas aplicadas por miembros de las fuerzas de seguridad, o castigar a quienes intentaran hacerlo. Los incidentes involucraron tanto a periodistas profesionales como a personas comunes que habían estado tomando fotografías o filmando la represión de miembros de las fuerzas de seguridad contra manifestantes.

“Es fundamental que los líderes de la oposición continúen repudiando cualquier tipo de actos de violencia por parte de manifestantes, de la manera más firme y categórica posible”, aseveró Vivanco. “Sin embargo, debemos dejar en claro que nada justifica las tácticas brutales aplicadas por agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas”.

En la mayoría de los casos documentados por Human Rights Watch, las víctimas de abusos fueron arrestadas arbitrariamente y retenidas hasta 48 horas o por períodos mayores, muchas veces en establecimientos militares. Allí sufrieron nuevos abusos, como violentas golpizas y, en varios casos, descargas eléctricas o quemaduras.

A numerosos detenidos con lesiones graves —como heridas de perdigones y fracturas provocadas por golpizas— se les negó el acceso a atención médica, o bien esto fue demorado, lo cual exacerbó su sufrimiento, a pesar de sus reiterados reclamos solicitando tratamiento médico. En varios casos, guardias nacionales y policías también sometieron a detenidos a severos abusos psicológicos, que incluyeron amenazas de muerte y violación sexual.

En al menos 10 casos documentados, Human Rights Watch considera que la combinación de tácticas abusivas empleadas por miembros de las fuerzas de seguridad constituyó tortura.

El hecho de que estos abusos hayan sido cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares en los tres estados y la capital (incluso en entornos controlados como establecimientos militares y otras instituciones estatales), y durante el período de seis semanas analizado por Human Rights Watch, avala la conclusión de que los abusos formaron parte de una práctica sistemática de las autoridades de seguridad, señaló Human Rights Watch.

Prácticamente todas las 150 víctimas cuyos casos documentamos en este informe sufrieron la negación de garantías básicas de debido proceso. Muchas permanecieron incomunicadas y se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de las audiencias judiciales, que a menudo se programaron en medio de la noche sin ofrecer ninguna justificación plausible. Jueces y fiscales en reiteradas ocasiones hicieron caso omiso de evidencias que sugerían que los detenidos habían sufrido abusos mientras permanecieron a disposición de las autoridades, incluidos signos evidentes de abuso físico.

La magnitud de estas y otras violaciones de debido proceso que ocurrieron en varias jurisdicciones en distintos estados demuestra que el poder judicial ha dejado de ejercer su rol como garante frente a abusos de poder del gobierno, manifestó Human Rights Watch.

Venezuela debería garantizar que cesen de inmediato todas las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de fuerzas de seguridad en el contexto de protestas, y asegurar que se investiguen de manera oportuna, exhaustiva e imparcial todos los abusos ocurridos y se juzgue a los responsables, indicó Human Rights Watch. También se deben investigar y juzgar de manera exhaustiva e imparcial todos los actos de violencia perpetrados por otros actores en el contexto de protestas, con independencia de la afiliación política de los presuntos responsables o las víctimas.

Según el gobierno, al 25 de abril, el Ministerio Público estaba impulsando 145 investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos, y se había detenido a 17 agentes de seguridad por su supuesta participación en estos casos.

“Debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en Venezuela, y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos que documentamos, es difícil esperar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia”, observó Vivanco. “Para que estos esfuerzos sean creíbles, el gobierno venezolano debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de derechos humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para asegurar la independencia del poder judicial”.

El gobierno venezolano debería aceptar los pedidos de visita pendientes presentados por el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas y la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, y coordinar estas visitas en el plazo más breve posible. El gobierno debería además cursar una invitación permanente al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.

La Asamblea Nacional debería asimismo restablecer la credibilidad e independencia del poder judicial seleccionando nuevos magistrados permanentes para cubrir 11 vacantes en el Tribunal Supremo (del total de 32) mediante el voto de dos tercios de sus miembros, conforme se estipula en la Constitución, y a través de un proceso de selección abierto, transparente y que asegure el mayor grado posible de consenso político.

Los gobiernos latinoamericanos que pertenezcan a organismos regionales en los cuales sea parte Venezuela —como la UNASUR, el MERCOSUR y la OEA— deberían reivindicar su compromiso colectivo de proteger y promover los derechos fundamentales y respetar las instituciones democráticas, interpelando al gobierno venezolano e insistiendo en que se aborden estos graves problemas en materia de derechos humanos, observó Human Rights Watch.

“La comunidad internacional —y en particular los miembros de la UNASUR que interactúan habitualmente con el gobierno venezolano— deberían condenar enérgicamente los flagrantes abusos documentados por Human Rights Watch”, señaló Vivanco. “En concreto, deberían exigir que el gobierno de Maduro ponga fin a estos graves abusos, libere a personas que fueron detenidas arbitrariamente y procese a los agentes de seguridad y a los miembros de las pandillas armadas que sean responsables de ataques a manifestantes”.

Selección de casos documentados en “Castigados por protestar”:

El 19 de febrero, un guardia nacional disparó perdigones a quemarropa al rostro de Gengis Pinto, de 36 años, a pesar de que ya había sido detenido y no ofrecía resistencia. Pinto había estado participando en una manifestación contra el gobierno en San Antonio de los Altos, donde cientos de manifestantes habían bloqueado parte de una autopista. Pinto levantó el brazo para protegerse del disparo, y recibió el impacto en la mano, debido a lo cual se lesionó gravemente varios de sus dedos y varios perdigones se incrustaron en su antebrazo. A pesar del dolor severo que padecía, de que había perdido sangre y de sus reiterados pedidos, los guardias nacionales se negaron a llevar a Pinto a un lugar donde fuera atendido por un médico. En vez de ello, lo golpearon, amenazaron con matarlo y lo llevaron a una base militar para interrogarlo. Aproximadamente seis horas después de haber recibido los disparos, Pinto fue trasladado por guardias nacionales a un hospital, donde no permitieron que el médico lo examinara en privado. Si bien el médico dijo a los guardias nacionales que Pinto necesitaba recibir atención especializada inmediatamente que no podía brindarle allí, los oficiales hicieron caso omiso de su consejo y llevaron a Pinto de regreso a la base militar. Allí, fue esposado a otro detenido y obligado a permanecer sentado al sol durante aproximadamente 10 horas más, hasta que fue trasladado a una clínica privada, donde fue sometido a cirugía.

Juan Sánchez (seudónimo), de 22 años, fue detenido por guardias nacionales mientras se dirigía a pie a un banco en las afueras de Caracas el 5 de marzo. Anteriormente ese mismo día, Sánchez  había participado en una protesta en la zona. Sin ningún tipo de advertencia, fue interceptado por guardias nacionales que le propinaron puntapiés, lo golpearon y dispararon un perdigón desde muy corta distancia en su muslo derecho. Uno de los guardias nacionales dijo “Coño, por fin agarramos uno y va a ser nuestro trofeo así estos carajitos dejan de joder”. Sánchez fue conducido a un establecimiento militar, donde una decena de guardias nacionales lo obligaron a desvestirse. Un guardia nacional, al ver la sangre que brotaba de su pierna, le preguntó: “¿Te duele la herida?”, y le introdujo el dedo en la herida abierta, lo quitó y luego volvió a meterlo. La segunda vez sacó algo de su pierna, pero Sánchez no pudo ver si era tejido muscular o un perdigón. Luego tres guardias nacionales lo esposaron a una barra de metal, le aplicaron descargas eléctricas en dos oportunidades y le exigieron que les dijera quiénes eran sus cómplices. A continuación, los guardias llevaron a Sánchez a un patio, donde fue obligado a luchar con uno de ellos, mientras los demás miraban y se reían. Sánchez fue trasladado a un hospital, donde guardias nacionales se inmiscuyeron mientras un médico intentó atenderlo, y posteriormente fue llevado de regreso al establecimiento militar, donde varios oficiales lo llamaron “fascista” y siguieron asestándole patadas, además de amenazar con que lo enviarían a una de las cárceles más violentas de Venezuela.

Dayana Méndez Andrade, una periodista de 24 años, se encontraba cubriendo una manifestación en Valencia el 20 de marzo, a la cual había asistido vistiendo un chaleco que tenía en el frente la leyenda “Prensa” en letras grandes, cuando miembros de la Guardia Nacional comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y perdigones a los manifestantes. Si bien Méndez intentó escapar, fue rodeada junto con otro fotógrafo —Luis Rodríguez Malpica, de 26 años— por varios guardias nacionales. Cuando ella y Rodríguez alzaron las manos y gritaron que eran periodistas, un guardia nacional respondió “¡Me están tomando fotos! Ustedes son los que mandan la foto que dicen ‘SOS Venezuela’. Son los que causan los problemas, dejando mal la Guardia Nacional”. Luego, desde una distancia de unos pocos metros, los guardias nacionales les dispararon perdigones, que impactaron a Méndez en la pierna y cadera izquierdas.

Guardias nacionales y policías nacionales dispararon gases lacrimógenos y perdigones contra estudiantes que se manifestaban en el campus de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto o en las proximidades el 11 de marzo. Wladimir Díaz, de 20 años, quien participó en la protesta, indicó que miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales actuaron en forma coordinada con más de 50 civiles, muchos de los cuales llevaban armas cortas que disparaban en dirección a los estudiantes. Díaz recibió un disparo en el abdomen cuando un grupo mixto integrado por miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales y civiles armados con el rostro cubierto abrieron fuego contra el edificio de la universidad donde había intentado resguardarse.

Cuando el restorán donde trabajaba en un centro comercial en El Carrizal cerró el 5 de marzo debido a las protestas en la zona, Moisés Guánchez, de 19 años, decidió regresar a su casa. Pero, junto con otras 40 personas, se vio atrapado en una playa de estacionamiento cerrada, ubicada al lado del centro comercial, mientras miembros de la Guardia Nacional disparaban cartuchos de gases lacrimógenos y perdigones en dirección a donde estaban. Cuando Guánchez intentó escapar, un guardia nacional le impidió el paso y le disparó en dirección a su cabeza con perdigones. Guánchez recibió el impacto en el brazo, que había levantado para protegerse el rostro, y cayó al suelo. Si bien Guánchez no ofreció resistencia, dos guardias nacionales lo levantaron y se turnaron para golpearlo, hasta que un tercero se acercó y le disparó a quemarropa en la entrepierna con perdigones. Tuvo que recibir tres transfusiones de sangre y someterse a operaciones en el brazo, la pierna y uno de sus testículos.

José Alfredo Martín Ostermann, de 41 años, y Carlos Spinetti, de 39, fueron detenidos el 12 de marzo por civiles armados mientras circulaban a pie por una zona cercana a donde se estaba desarrollando un acto a favor del gobierno en Caracas. Las víctimas fueron llevadas a plena vista de tres guardias nacionales, que no intervinieron. Los hombres armados golpearon a Ostermann y a Spinetti, les profirieron insultos de tono político (por ejemplo, los acusaron de “traidores a la patria”), amenazaron con matarlos y fotografiaron a Spinetti con un arma en la mano que ellos mismos le obligaron a tomar, antes de entregarlos a la policía. En vez de interrogar a los civiles armados, la policía detuvo a las dos víctimas.

Nota: Para leer el informe completo (13/05/14):

http://www.hrw.org/es/reports/2014/05/05/castigados-por-protestar

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