La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró, en diciembre de 2010, el 30 de agosto “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”. Esta efeméride en el calendario del sistema internacional de los derechos humanos pretende visibilizar la problemática existente en materia de desapariciones en diversos Estados nacionales, entre ellos, lamentablemente el Estado mexicano, al mismo tiempo de fomentar la solidaridad y la acción concertada de la sociedad civil y las instituciones del Estado y de gobierno en el reconocimiento de la dimensión de esta problemática y en la implementación de las acciones de investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas, sanción a los responsables e identificación forense de restos óseos encontrados en fosas clandestinas.^[1]

Este día es, por una parte, un momento para recordar solemnemente y solidarizarnos con quienes han sido víctimas de esta práctica ignominiosa, contraria a la dignidad humana y que implica la negación absoluta de todos los derechos humanos. Pero también, es una fecha que confronta y que cuestiona.

Confronta, pues ha pasado tiempo y todavía no se han generado las condiciones adecuadas para dar la debida atención a esta problemática, lo cual refleja, en los hechos, falta de voluntad de las autoridades de gobierno para atender los legítimos reclamos de las víctimas y de la sociedad para que la verdad, la justicia y la reparación lleguen a todos los casos y con base en ello podamos recuperar la convivencia pacífica, la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho.