Suprema Corte de Justicia de la Nación

Comunicado de Prensa No. 003/2022
Ciudad de México, a 10 de enero de 2022

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, invalidó las porciones normativas “por delitos dolosos que ameriten pena privativa de la libertad o” y “otro”, del artículo 85, fracción IV, de la Ley de Ganadería para el Estado de Coahuila de Zaragoza, expedida mediante Decreto 555, publicado el 28 de febrero de 2020, que formaban parte de los requisitos para ocupar el cargo de inspector de ganadería.

Conforme a sus precedentes, el Pleno determinó que tal requisito vulneraba el derecho de igualdad y no discriminación, previsto en el artículo 1º de la Constitución General. Ello, ya que excluía genéricamente a cualquier persona condenada por la comisión de un delito doloso, aun cuando no guardara relación alguna con las funciones a desempeñar.

Comunicado de Prensa No. 006/2022
Ciudad de México, a 11 de enero de 2022

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, invalidó la porción normativa “por nacimiento” prevista en el artículo 15, fracción I, de la Ley que crea el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo del Estado de Nuevo León, que establecía el requisito de contar con la nacionalidad mexicana obtenida por nacimiento para acceder al cargo de Director General de dicho instituto.

Al respecto, el Pleno reiteró el criterio establecido en múltiples precedentes, en el sentido de que las legislaturas locales carecen de competencia para regular, en sus legislaciones internas, supuestos en los que se limite el acceso a los cargos públicos a las personas ciudadanas mexicanas por nacimiento.

Comunicado de Prensa No. 009/2022
Ciudad de México, a 12 de enero de 2022

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la regularidad constitucional del artículo 68, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE), que contiene las reglas que debe seguir el Instituto cuando fallezca una persona que goza de una pensión por incapacidad permanente total.

En la norma reclamada, perteneciente a la regulación del riesgo de trabajo, se establece qué debe hacer el Instituto ante la muerte de un pensionado por incapacidad permanente total, con el objetivo de proteger a sus familiares cuando ocurra su deceso. En los supuestos previstos, se otorga una pensión a los beneficiarios cuando la causa de muerte está relacionada con la incapacidad y se entrega una compensación cuando la muerte se debe a una causa ajena a la que motivó la incapacidad.

Comunicado de Prensa No. 013/2022
Ciudad de México, a 18 de enero de 2022

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, invalidó el artículo 68, último párrafo, de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, publicado el 9 de enero de 2020, el cual dispone que la información y orientación en materia de planificación familiar que se otorgue en comunidades indígenas deberá proporcionarse en español y lengua maya.

Lo anterior, al considerar que la falta de inclusión de otras lenguas indígenas en el párrafo impugnado vulnera los derechos de acceso a la información relevante y/o esencial en materia de salud reproductiva de otras minorías de lengua indígena que no contempla la norma, contrario al parámetro de regularidad constitucional.

Comunicado de Prensa No. 016/2022
Ciudad de México, a 19 de enero de 2022

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las víctimas u ofendidos de un delito que hayan celebrado un acuerdo reparatorio para dar por terminado un proceso penal, pueden demandar después a la persona imputada el pago del daño moral por la vía civil. Lo anterior, con el fin de garantizar su derecho a la reparación integral y justa indemnización.

Esta decisión emana de un juicio de responsabilidad civil en el que una mujer, en nombre propio y de sus hijos, reclamó el pago del daño material y moral a la persona que ocasionó el accidente vehicular en el que su cónyuge perdió la vida. Asimismo, reclamó a la aseguradora del responsable el cumplimiento del contrato de seguro de responsabilidad civil. Esto, luego de haber celebrado un acuerdo reparatorio con el inculpado, mediante el cual se dio por concluido el proceso penal llevado en su contra.