2 de junio de 2020
Comunicado 124/20

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a Crisis para la Pandemia de COVID-19 (SACROI COVID-19), manifiestan su alta preocupación por el incremento sustantivo de la pobreza y de la pobreza extrema en la región debido a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, así como por los graves impactos negativos que las personas en esta situación deben enfrentar para alcanzar niveles mínimos de protección sobre sus derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). La Comisión y su Relatoría Especial lamentan profundamente el incremento de las condiciones extremas que estas personas tienen que verse forzadas a enfrentar en estos momentos para alcanzar niveles mínimos de subsistencia, llamando la atención que esta crítica situación tenderá a agravarse exponencialmente si los Estados no asumen desde ya políticas y decisiones claras que les permita garantizar sus DESCA.

Las Américas es la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas sociales en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal a todos los Estados de la región. En tal sentido, la CIDH y su Relatoría Especial sobre DESCA observan con suma preocupación que en América Latina y el Caribe, la CEPAL ha proyectado que durante el 2020 el número de personas viviendo en pobreza se incrementaría en casi 30 millones de personas y otras 16 millones ingresarían a condiciones de pobreza extrema como consecuencia de la pandemia, pudiendo afectar especialmente a las mujeres. Asimismo, la tasa de desempleo se incrementaría significativamente con una estimación de 37,7 millones de personas desempleadas, en una subregión donde el trabajo informal es una de las principales fuentes de ingreso económico, los programas sociales son deficitarios y la corrupción un flagelo endémico. La FAO también ha alertado de los serios riesgos que el contexto de la pandemia pone sobre el derecho a la alimentación y a la lucha contra el hambre en dicha subregión.

Al respecto, la Comisión y su REDESCA observan que la propagación del virus en la región no sólo ha provocado una grave emergencia sanitaria en la que han perdido la vida miles de personas y más de un millón ha sufrido afectaciones a la salud; sino que también ha generado efectos económicos y sociales graves en la población, particularmente por los impactos negativos que tiene sobre el acceso al empleo en condiciones dignas, la reducción de la desigualdad y el combate a la pobreza y el hambre. Para la Comisión y su REDESCA, estos impactos vienen siendo asumidos de manera totalmente desproporcional y dramática por los grupos en mayor situación de vulnerabilidad y pobreza, como pueden ser las personas migrantes, trabajadoras con empleos precarios, en situación de calle y los pueblos indígenas, entre otros, quienes de manera desesperada vienen tratando de buscar medios para subsistir ante la falta de políticas y medidas estatales que las protejan adecuadamente.

Dentro de este contexto, resaltan las asimetrías existentes en el acceso a los sistemas de salud en la región, con claros impactos negativos sobre las personas en situación de pobreza. Ante la marcada ausencia de inversión en salud pública, la pandemia hace aún más evidente las debilidades existentes de los sistemas de salud para atender a la población en situación de pobreza y asegurar sus derechos a la vida y a la salud, mediante la disponibilidad de instalaciones, bienes y servicios sanitarios de manera adecuada.

En ese sentido, resulta impostergable que los Estados de la región pongan el contenido del derecho humano a la salud como eje articulador y central de los sistemas de salud, otorgándole la priorización necesaria para su efectiva protección, con una específica consideración hacia las personas que viven en pobreza o en condiciones de precariedad. Para la Comisión y su REDESCA las persistentes brechas y costos elevados en la cobertura y calidad de los servicios de salud, como la fragmentación cada vez más acentuada de dichos sistemas en la región refuerzan la urgencia del efectivo cumplimiento de las obligaciones de los Estados en la materia. En ese sentido, subrayan la importancia de que los Estados aseguren fondos suficientes de emergencia para la salud, incluyendo sus determinantes básicos y sociales; den prioridad a la financiación de la salud pública en sus presupuestos generales; y avancen con firmeza hacia la garantía del acceso universal a este derecho, incluyendo la salud mental. La REDESCA recuerda que los Estados también deben velar porque se garanticen los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad cultural y calidad del derecho a la salud.

Para continuar leyendo el comunicado:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/124.asp
(26/06/2020)