El caso se relaciona con la presunta falta de atención médica estatal a 49 personas con VIH/SIDA y en situación de pobreza. Se plantea que la muerte de ocho de las presuntas víctimas habría tenido lugar como consecuencia de enfermedades conocidas como “oportunistas”, o bien en un marco temporal en el que no recibieron la atención que requerían por parte del Estado, o bien tras una atención deficiente. Se alega también que el tratamiento implementado a partir de 2007, no cumplió con los estándares mínimos para ser considerado integral y adecuado y, que por tanto, las alegadas deficiencias habrían violado los derechos a la salud, vida e integridad personal en perjuicio de las presuntas víctimas sobrevivientes. Finalmente, el Estado no habría proporcionado una protección judicial efectiva a las presuntas víctimas. Puede conocer más sobre el caso aquí:

Fuente:
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_35_18.pdf
(28/08/2018)