Ciudad de México, a 25 de enero de 2017
Comunicado DGC/033/17
(Resumen)
Al presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el Informe de Actividades 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, enfatizó que ante los inminentes cambios en las políticas migratoria, económica y social de los Estados Unidos de América se requiere, con sustento en el marco jurídico internacional, formar un frente común para denunciar y oponerse a toda expresión de discriminación, exclusión, racismo, xenofobia o que atente contra la dignidad de las personas, antes de que la irracionalidad se enquiste y genere imitadores.
Señaló que las personas defensoras de derechos humanos, los organismos nacionales y las instancias internacionales deben evidenciar la ilegitimidad de dichas conductas, mediante su condena y la construcción de espacios de defensa. “No permitir que la indiferencia haga que asumamos, como parte de nuestra normalidad, un discurso que promueve el menoscabo a los derechos de las personas y deje de lado la dignidad humana”, aseguró.
González Pérez habló en acto efectuado en el Salón Legisladores de la República, del Palacio Legislativo de San Lázaro, el cual fue encabezado por el diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández y senador Aarón Irízar López, vicepresidenta y vicepresidente; senadora Laura Rojas Hernández, diputada Gloria Himelda Félix Niebla, y senadores Luis Humberto Fernández Fuentes y Gerardo Flores Ramírez, secretarias y secretarios, así como ante legisladoras y legisladores, consejeras y consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
Destacó que la defensa y protección de los derechos humanos no puede esperar ni estar sujeta a coyunturas, tiempos o intereses políticos o de cualquier naturaleza, así como tampoco regirse por parámetros diversos a la búsqueda de la verdad y la efectiva vigencia y aplicación de la ley, ya que actualmente la sociedad percibe un divorcio entre lo que dicen las normas y lo que ocurre en la realidad, y hay desconfianza en las instituciones e incertidumbre sobre la aplicación de la ley ante la impunidad, corrupción, indiferencia e ineficacia administrativa que las personas advierten y padecen de manera cotidiana.
Nuestro país demanda aplicar todos sus recursos y capacidades, y por ello es preciso recuperar la justicia, respeto, cumplimiento de la ley, solidaridad, educación, trabajo, inclusión y desarrollo, porque “tenemos derecho a vivir en un entorno de paz, en el que contemos con condiciones razonables de seguridad que posibiliten el ejercicio y vigencia de nuestros derechos”.
Puso de manifiesto que la formación y capacitación de policías; la inteligencia financiera y la investigación patrimonial; el fortalecimiento de la prevención; así como una revisión y replanteamiento de nuestro sistema penitenciario, son algunos de los factores que se deben atender de manera adicional a una ley sobre seguridad nacional o interior, misma que en todo caso deberá formularse bajo una perspectiva de derechos humanos y ser acorde al régimen competencial previsto por la Constitución.
Ante los señalamientos en favor de la austeridad y el control del gasto público, como consecuencia de la situación económica que atraviesa el país, González Pérez se pronunció porque el Legislativo Federal, en ejercicio de su facultad en materia presupuestaria, formule una ley general y obligatoria que imponga parámetros, alcance y medidas concretas de austeridad en el gasto, así como en el destino que se dé a los recursos que se afecten.
Tras recordar que hace un año ante esa Soberanía hizo notar la necesidad de concluir los procesos legislativos y la expedición de leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales, y la armonización normativa para que los organismos de derechos humanos locales gocen de recursos y capacidades, expresó que esos pendientes deben resolverse, por la vigencia de los derechos humanos y la necesidad de que la verdad y la justicia lleguen a las víctimas.
Luis Raúl González Pérez enfatizó que, durante sus 26 años de existencia, la CNDH ha hecho diversos llamados, excitativas y recomendaciones para el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, no obstante lo cual persisten prácticas y conductas que tendrían que haberse superado, tales como la tortura, ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada o detenciones arbitrarias, lo cual cuestiona que los derechos humanos efectivamente se hayan puesto como eje de todo acto de autoridad y si la totalidad de los servidores públicos realmente están capacitados y han asumido el respeto a la dignidad humana como parámetro para el ejercicio de sus atribuciones.
El texto íntegro del Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos 2016 puede consultarse en la página www.cndh.org.mx
Fuente:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_033.pdf
(26/01/2017