Amnistía Internacional considera positiva la presentación en la Cámara de Diputados mexicana de un proyecto de reforma constitucional que, de aprobarse, permitirá avanzar en el cumplimiento de las obligaciones de México en relación con la Corte Penal Internacional. México es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde 2006.
En 2005 México reformó el Artículo 21 de su Constitución con la intención de adaptarla a las exigencias del Estatuto de Roma. Sin embargo, dicha reforma no cumple con las obligaciones que se derivan del Estatuto. El artículo 21 establece que “El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”, condicionando la cooperación con la Corte a la decisión en cada caso por el gobierno federal. Sin embargo, cuando México decidió, libre y voluntariamente, convertirse en parte del Estatuto de Roma reconoció la competencia plena de la Corte Penal Internacional y esta no necesita de una autorización adicional de las autoridades mexicanas para ejercitar su jurisdicción sobre las personas que pudieran ser responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos en territorio mexicano o por sus nacionales en cualquier otro estado.
Amnistía Internacional considera, sin embargo, que esta reforma debe ser sólo un primer paso, pues México todavía tiene que realizar otras reformas legales. En particular, es necesario aprobar una Ley que establezca los procedimientos de cooperación con la Corte Penal Internacional y también se debe tipificar en las normas mexicanas los delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional.
La Corte Penal Internacional tiene competencia en los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, actualmente México sólo ha tipificado el delito de genocidio en su Código Penal Federal, estando pendiente la tipificación del resto de crímenes.
Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de la sociedad civil mexicana, ha pedido en repetidas ocasiones a las autoridades federales avanzar en el cumplimiento de las obligaciones que México asumió al unirse a la Corte Penal Internacional, sin que hasta el momento se hayan logrado avances en relación a estas obligaciones. Esta situación contrasta con el hecho de que México es uno de los mayores contribuyentes al sostenimiento económico de la Corte Penal Internacional.