Imposible hacer más

Argumenté la semana pasada en este espacio que la consignación de 22 mujeres por la muerte de 49 niños y las lesiones por quemaduras de otros muchos en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, era una injusticia gigantesca, pues las inculpadas no tuvieron la posibilidad de evitar la desgracia.

      Es de celebrarse, por tanto, que el juez Tercero de Distrito en Sonora, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, haya negado las órdenes de aprehensión solicitadas por la Procuraduría General de la República (PGR).

      El juez explica en su resolución que esas mujeres llevaron a cabo acciones de evacuación y salvamento de los niños que estaban bajo su custodia, pero no pudieron desalojar a todos por la rápida propagación del fuego, “rapidez ocasionada, según dictámenes periciales, por la falta de medidas preventivas en la construcción del establecimiento habilitado como guardería”.

      Es decir, las incriminadas no sólo no fueron negligentes ni faltaron a su deber de preservar la integridad física de los menores, como asevera el pliego de consignación de la PGR, sino que arriesgaron su vida al hacer lo humanamente posible por salvarlos de la voracidad del fuego.

      “Dada la mecánica de los hechos —advierte el juzgador—, les fue imposible real y físicamente hacer más”. Las mujeres hicieron lo que estuvo a su alcance en las dramáticas circunstancias en que se vieron envueltas.

      Si el juez hubiera concedido las órdenes de aprehensión, aunque al final quedaran exoneradas, se les hubiese pagado su heroísmo con el sometimiento a un proceso que necesariamente supone gastos, molestias y desasosiego.

      Insisto en lo que apunté el pasado jueves: la culpabilidad por omisión sólo es atribuible a quienes, teniendo el deber y la posibilidad de actuar para evitar que los bienes jurídicos de los que son garantes resulten dañados, dejan de cumplir con tal deber dolosamente o por negligencia.

      El techo de polietileno aceleró la velocidad de la propagación de las llamas.

      Ninguna de las acusadas eligió el material de construcción del inmueble habilitado como guardería.

      El fuego no se inició en la estancia infantil, sino en el archivo de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal ubicado en el mismo edificio. Los empleados de ese archivo tampoco pudieron hacer nada por la sencilla razón de que al iniciarse el incendio —alrededor de las 15 horas— todos ellos se habían retirado una vez cumplido su horario laboral.

      No había en esa bodega detectores de humo ni extintores de fuego, pero si los hubiera habido no podían haberse aprovechado porque allí no había nadie… ni nadie tenía por qué estar después de las 14:30 horas.

      El origen del incendio fue un hecho de los que no ocurren cotidiana o frecuentemente, por lo que era difícilmente previsible. Se sobrecalentó un sistema de enfriamiento que fundió el aluminio del motor, lo que provocó que fragmentos en llamas cayeran sobre lo archivado: cinco toneladas de documentos, placas vehiculares y tres vehículos.

      La directora, las educadoras, la mujer del aseo y la madre de una víctima consignadas se encontraron de improviso en una situación límite, de esas que sólo excepcionalmente se viven.

      El instinto de conservación en esos momentos aconseja: “Huye, sálvate tú, nadie tendría nada qué reprocharte; apúrate: cada segundo que pasa disminuye la posibilidad de salvarte; nadie te premiará por arriesgarte; apresúrate, salva tu vida”.

      Pero esas mujeres atendieron a otra voz interna que contradecía a la anterior: “Salva a cuantos puedas sin dejar de salvarte. En ese intento corres un gran riesgo, pero te sentirás orgullosa de ti misma toda tu vida”.

      Esa satisfacción de haber actuado con excelente ética y valor indómito no tiene precio. Esas mujeres llevarán consigo no sobre el pecho sino en el alma una medalla que las honra. La PGR intentó cobrarles tal gloria y el pecado de haber sobrevivido primeramente con esa tortura que conocemos como proceso y después, de lograrse la sentencia condenatoria, con la pérdida de la libertad.

      En muchas ocasiones jueces medrosos o serviles con el Ministerio Público, o de mentalidad inquisitorial, han concedido lo inadmisible. Me alegro de que esta vez una plausible resolución judicial haya impedido una infamia.