Comunicado 196/20
Washington, D.C.- En el marco de las protestas en contra de la discriminación racial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a Estados Unidos a avanzar con reformas estructurales en sus sistemas de seguridad y justicia. La CIDH urge al Estado a que dichas reformas tomen como eje central una transformación hacia la erradicación del racismo institucional presente en la actuación de las fuerzas de seguridad, así como el funcionamiento del sistema de justicia, que tienen un impacto desproporcionado en detrimento de las personas afrodescendientes.
La Comisión observa que los factores de discriminación profundizan las desigualdades en las detenciones y las tasas de encarcelamiento, exponiendo a las personas afrodescendientes a ser más vulnerables a prácticas de perfilamiento racial, brutalidad policial, sobrerrepresentación en establecimientos carcelarios, así como los altos índices de impunidad y ausencia de responsabilidad de agentes policiales en casos de víctimas afrodescendientes. Al respecto, la Comisión recuerda que los obstáculos estructurales en el acceso y pleno goce de los derechos humanos, son un factor interseccional con la discriminación en el accionar policial y en el sistema de justicia penal.
De acuerdo con el Department of Justice’s Bureau of Justice Statistics, en el 2017, mientras las personas afrodescendientes constituían el 12% del total de la población nacional, representaban el 33% de la población penitenciaria condenada. En esa misma línea, según información disponible de la NAACP, en el 2015, las personas afroamericanas representaban el 12.5% de consumidores de drogas ilícitas, pero el 29% de los arrestos por delitos de drogas y el 33% de personas encarceladas en instalaciones estatales por delitos de drogas.
Conforme el US Mapping Police Violence, entre el 2013 y 2019, las personas afrodescendientes han representado el 28% de los asesinatos a manos de la policía a pesar de ser el 13% de la población estadounidense; también registró que 598 personas habrían sido asesinadas por agentes policiales en 2020, hasta el 9 de julio.
Asimismo, la Comisión y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales (REDESCA) toman nota de información pública disponible que destaca que los hogares de personas afroamericanas en Estados Unidos perciben ingresos 60% menores en comparación con los de familias de otro origen étnico-racial.
Estos factores, aunado con el hecho de que más del 20% de las personas afroamericanas a nivel nacional se encontraban en situación de pobreza en el año 2018 según cifras del US Census Bureau, contribuyen a que el acceso a recursos judiciales efectivos, defensa legal, entre otras garantías del debido proceso, se vean obstaculizadas si la persona no cuenta con los medios y apoyos suficientes; profundizando así la desigualdad y discriminación existente a un nivel sistémico que puede incluso tener efectos intergeneracionales.
La CIDH observa con preocupación que las actuales políticas de seguridad ciudadana, que incluyen el uso de fuerzas armadas y militarización, en relación con el endurecimiento de políticas de drogas, utilizando figuras y técnicas de contextos de conflictos armados, han impactado desproporcionadamente en las personas afroamericanas. Tales políticas encargadas de la vigilancia, control y sanción, vienen afectando los derechos humanos y las libertades fundamentales de integrantes de grupos étnico-raciales históricamente marginados, así como a personas habitantes de territorios urbanos con composición demográfica más elevada de estos grupos poblacionales.
Para leer el comunicado completo:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/196.asp
(26/08/2020)