La Relatoría Especial condena los asesinatos de los periodistas José Luis Gamboa Arenas y Alfonso Margarito Martínez Esquivel en México

Washington D.C.
Comunicado R16/22
21 de enero de 2022

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los asesinatos de los periodistas José Luis Gamboa Arenas, en la ciudad de Veracruz, y Alfonso Margarito Martínez Esquivel, en la ciudad de Tijuana. Esta Oficina urge al Estado a investigar los hechos con la máxima diligencia, sancionar a los responsables, y redoblar sus esfuerzos para hacer efectivo el respeto y la garantía de derechos humanos de las personas periodistas.

Según la información disponible, el periodista José Luis Gamboa Arenas habría muerto el 10 de enero de 2022 tras haber sido víctima de un ataque en el puerto de Veracruz. José Luis Gamboa se desempeñaba como director general del diario digital El Regional del Norte – Inforegio, donde reportaba sobre temas de interés público local. Asimismo, era conocido por compartir información y análisis sobre temas políticos en sus redes sociales. Según informó públicamente el gobernador del Estado de Veracruz, la principal línea de investigación en curso sería la labor periodística como posible móvil de asesinato.

Según los reportes recibidos, el fotoperiodista Alfonso Margarito Martínez Esquivel habría sido asesinado en medio de un ataque armado por parte de un sujeto desconocido en las afueras de su residencia, el 17 de enero. El reportero gráfico era conocido por su amplia trayectoria en la cobertura de temas policiales y de seguridad para distintos portales locales, además de medios nacionales e internacionales. Según pudo conocer la Relatoría, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana indicó que los primeros datos arrojados por la investigación señalan que los hechos podrían haberse originado por “problemas personales entre vecinos”, pero que sería “la Fiscalía General del Estado la encargada de realizar la investigación correspondiente”. Adicionalmente, la Fiscalía General del Estado habría confirmado la muerte del reportero a través de un comunicado, en el que advirtió que “la libertad de expresión, en todas sus formas, es un derecho fundamental de los ciudadanos” y que la entidad “trabaja siempre en su poder de acción legal, por la seguridad de los representantes de medios de comunicación en Baja California”. Según la información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil, el 13 de diciembre pasado el reportero habría solicitado medidas de protección en la instancia estatal de Baja California pero hasta el momento de los hechos no se conocen respuestas por parte de las autoridades a cargo.

Esta Oficina considera que estos asesinatos reportados deben ser tomados en cuenta por el Estado para profundizar las medidas de prevención y poner en marcha diseños institucionales de protección de forma urgente y efectiva; y para promover el conocimiento y apropiación de la prensa sobre los mecanismos de protección disponibles.

La Relatoría tomó conocimiento de que en el 2022 las autoridades impulsarían un “Sistema Nacional de Prevención y Protección para defensores y periodistas”. Dicho Sistema Nacional tendría fundamento en una ley –que será presentada este año al Congreso de la Unión–, la cual además contemplaría la creación de un “Modelo Nacional de Prevención”, un “Registro Nacional de Agresiones” y un “Protocolo Nacional de Protección”. De acuerdo a la información recibida, en el marco de la elaboración de dicho proyecto de ley se prevé convocar a diálogos en diferentes regiones del país con actores relevantes, el primero de los cuales tuvo lugar el pasado 17 y 18 de enero de 2022 y contó con la participación de personas beneficiarias del Mecanismo de Protección, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de organizaciones internacionales, académicos y servidores públicos del gobierno de México.

Conforme señala el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La Relatoría ve con extrema preocupación que, en el transcurso de una semana y a pocos días del inicio de año, se hayan registrado dos asesinatos de periodistas en México. En 2021, a esta Oficina se reportó el asesinato de al menos ocho periodistas, entre otros casos graves de violencias contra la prensa. Por lo tanto, la Relatoría reitera su llamado a que el Estado mexicano fortalezca los mecanismos de protección a periodistas, redoble sus esfuerzos para garantizar el acceso a una justicia efectiva y expedita, y sancione a los autores materiales e intelectuales de los delitos contra la prensa. Asimismo, la Relatoría insiste en el deber de las autoridades estatales de rechazar enfáticamente la violencia contra personas comunicadoras en tanto que, como ya ha sido señalado previamente, no hay nada más permisivo a la repetición de las violencias contra la prensa que la ausencia de una reacción institucional contundente.

Finalmente, esta Oficina saluda el inicio del “Primer Diálogo Regional para generar una Iniciativa de Ley General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, promovido por la Secretaría de Gobernación. Marcos legislativos adecuados y cada vez más robustos son pasos importantes para la defensa del ejercicio de la libertad de expresión en México. El sistema interamericano de derechos humanos ha desarrollado distintas recomendaciones  en la temática, y esta Relatoría está a disposición del Estado mexicano para sumar a estos esfuerzos a través de la cooperación técnica en caso de ser solicitado por el Estado. No obstante, la Relatoría también adhiere al llamado de la Oficina e México del ACNUDH y recuerda que la ley en cuestión debe observar los estándares de derecho internacional de los derechos humanos, y que debe necesariamente estar acompañada de esfuerzos institucionales para su efectiva implementación, a fin de que promueva los cambios que propondría.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Fuente:
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1224
(01/02/22)