Observatorio Nacional Ciudadano
Conclusiones y recomendaciones generales
De acuerdo con los datos oficiales sobre incidencia delictiva sabemos que por lo menos en febrero de 2014 se cometieron: 1 268 homicidios dolosos, 1 400 homicidios culposos, 145 secuestros, 564 extorsiones, 15 549 robos con violencia, 13 744 robos de vehículos, 8 007 robos a casas habitación, 5 847 robos a negocios.
Si comparamos estas cifras con aquellas registradas en enero de 2013, podremos percatarnos que mientras que el secuestro aumentó 9.02%, el resto de los delitos de alto impacto disminuyeron en un rango que va de 1.42% a 12.56%.
Es cierto que esta tasa de variación puede parecernos alentadora, sin embargo, como explicamos en la introducción, el ONC llevó a cabo un análisis del promedio diario de denuncia de cada ilícito para brindar una perspectiva un poco más amplia de la problemática. Este ejercicio nos permitió apreciar en términos generales, que en febrero de 2014 se denunciaron más delitos cada 24 horas en relación con lo ocurrido en enero del mismo año. Aunado a ello, la nueva información sobre víctimas denota que estamos ante un escenario muy complejo debido a la existencia de dinámicas delincuenciales que afectan a más de una víctima. Si antes se podía pensar que el secuestro era un delito predominantemente individual, la nueva evidencia sugiere que en algunas entidades el secuestro múltiple ocurre con frecuencia. La evolución de este tipo de dinámicas deberá supervisarse toda vez que representa un riesgo en materia de seguridad pública. Bajo esta perspectiva, consideramos que destacar los principales hallazgos de nuestro documento es menester si queremos llamar la atención sobre aspectos puntuales que deben ser atendidos por las autoridades correspondientes.
El aumento de 9.02% de denuncias de secuestro de enero a febrero de 2014 es un dato que urge a los resultados en materia de combate y prevención de este fenómeno delictivo. Si esto no es suficiente para que las autoridades comprendan lo apremiante de la situación, hay que recordar que este ilícito que conlleva severas afectaciones psicológicas, sociales y económicas, continúa con su tendencia al alza desde marzo de 2013. Sabemos que el 2013 terminó con un promedio diario de 4.64 secuestros denunciados; mientras que, en febrero de este año se reportaron 5.2 secuestros cada 24 horas. Estos datos son significativos pues reflejan que desde el inicio de la administración federal las autoridades no han podido consolidar una estrategia que más allá de discursos dé resultados. Prueba de ello es que lo único que hemos escuchado a partir de la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro desde finales de enero, ha sido un mera referencia al estatus de algunas unidades antisecuestro en el país, puesto que aún no se ha hecho público un diagnóstico específico en la materia y mucho menos un plan de acción que permita entender qué sucederá una vez que hayan vuelto a equipar las unidades especializadas en la materia.
Entendemos que para erradicar este fenómeno delictivo se requiere de tiempo. Sin embargo, los cientos de víctimas de este grave delito nos llama a la acción inmediata. Por ello urgimos a las autoridades federales y estatales a actuar, tanto las víctimas de este tipo de privación ilegal de la libertad como la sociedad en general, no podemos continuar esperando mientras observamos y padecemos sus efectos.
Para ahondar más sobre el comportamiento de este tipo de criminalidad, a continuación retomamos algunos hallazgos de nuestro reporte:
1) Si tomamos como base el segundo año de gobierno de la administración del ex mandatario Felipe Calderón (2007) y del presidente Peña Nieto (2014) para contrastar los secuestros denunciados en febrero de ambos años, distinguimos que esta privación ilegal de la libertad ha incrementado 417.78%, es decir, 117 casos más.
2) De acuerdo con las estadísticas de víctimas disponibles en la plataforma del SESNSP, podemos apreciar que tan solo en los primeros dos meses del año, 330 personas fueron víctimas de secuestro y ello fue captado en 278 averiguaciones previas.
3) La entidad federativa con la mayor cantidad de víctimas y denuncias de secuestro en febrero de 2014 fue Tamaulipas, tras registrar durante el primer bimestre del año: 62 personas privadas ilegalmente de la libertad y 38 averiguaciones previas. Aunado a ello, es necesario destacar que 46.15% de la diferencia entre las estadísticas de víctimas y averiguaciones previas se explica por lo sucedido en esta entidad federativa.
Si queremos conseguir resultados pronto en materia de secuestro, es fundamental que comprendamos a la perfección su comportamiento y la posible relación existente con otros delitos, como el homicidio doloso. El pasado 30 de octubre de 2013 en nuestra mesa de discusión sobre el secuestro en México, señalamos que a partir de 1997 hasta principios de 2012, se observa que las series de denuncias de secuestros y homicidios dolosos presentan una tendencia determinística similar, es decir, que su comportamiento histórico ha sido muy parecido. Además expusimos que ello comenzó a cambiar a partir de finales de 2011 y principios de 2012, cuando comienza a registrarse la disminución de las averiguaciones previas de homicidios dolosos. Justamente la actual administración federal ha optado por utilizar lo ocurrido con este delito como indicador de la eficiencia del combate en materia de seguridad. Respecto al comportamiento que han mantenido los homicidios dolosos desde 2011, podemos destacar como muestra que se logra apreciar una disminución de 10.94% de las carpetas de investigación iniciadas por esta conducta al contrastar el primer bimestre de 2013 con el mismo periodo de 2014.
A pesar de estos datos y a la luz de diversos acontecimientos en el plano local así como de las estadísticas disponibles de víctimas, es indudable que los homicidios dolosos continúan siendo uno de los ilícitos que apremian ser atendidos. A través del análisis de las cifras oficiales sabemos que de los 1 268 homicidios dolosos que fueron denunciados en febrero de 2014, la mayor parte de ellos fueron cometidos con armas de fuego, al grado que podemos señalar que por lo menos 731 personas perdieron la vida a causa de estas. Este tipo de datos denotan serias problemáticas de seguridad en nuestro país: el continuo tráfico ilícito de armas a través de nuestras fronteras, la facilidad para tener acceso a ellas en el territorio nacional y cierta cultura que privilegia su uso. Adicionalmente sobre este tipo de delito encontramos lo siguiente:
1) Pese la disminución de 7.38% de enero a febrero de 2014 de los homicidios intencionales registrados, en promedio, cada 32 minutos se denunció 1 homicidio de este tipo en febrero del presente año.
2) Durante los primeros dos meses de 2014 se tuvo conocimiento de 2 920 víctimas de homicidios dolosos que fueron registradas a través de 2 637 averiguaciones previas, ello significa, que por los menos 283 víctimas de este tipo de criminalidad murieron como resultado de hechos violentos con saldos mayores a una víctima. Al respecto, es preciso señalar que el 52% de la diferencia entre las estadísticas de víctimas y averiguaciones previas se explica por lo sucedido o reportado en Chihuahua, el Estado de México y Tamaulipas.
3) El Estado de México fue la entidad federativa que registró el mayor número de víctimas de enero a febrero de 2014 pues reportó 440 personas asesinadas intencionalmente, es decir, el 15.06%. Si consideramos simultáneamente que se tuvo conocimiento de 374 averiguaciones previas por este ilícito durante el mismo periodo, es notorio que existe una diferencia de 66 casos. Esto implica que en el Estado de México se cometieron con mayor frecuencia homicidios dolosos múltiples.
Tras el análisis de las cifras oficiales de homicidios culposos encontramos que no se tiene certeza sobre cómo ocurrieron los hechos en 96.36% de los 1 400 homicidios no intencionales, ya sea porque estén clasificados bajo la categoría “otros” o “sin datos”. Este tipo de información pone en evidencia la necesidad de trabajar tanto en la mejora como en la homologación de la capacitación de los funcionarios públicos, de los procedimientos y de los sistemas de información que operan en las instituciones de procuración de justicia de cada una de las entidades federativas.
Bajo la perspectiva anterior consideramos pertinente retomar la publicación de las estadísticas de víctimas de homicidio (doloso y culposo), secuestro y extorsión en la plataforma del SESNSP como resultado del acuerdo 05-XXXV-13 del CNSP. En el ONC aplaudimos el esfuerzo llevado a cabo por las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia al dar a conocer por primera vez en la historia de nuestro país el número de víctimas de estos delitos que tanto nos afectan. Sin embargo, tras un análisis detallado de esta base de datos no podemos dejar de lado que aún falta mucho por hacer para que los ciudadanos podamos contar con sistemas de registro de información confiables y transparentes que faciliten la rendición de cuentas de las autoridades correspondientes. Estos números no son simples estadísticas sino que representan personas que cumplieron con su deber como ciudadanos de denunciar un delito y exigir su derecho de acceso a la justicia a los ministerios públicos. Algunas pruebas de que esto debe ser asumido como una prioridad de los tres órdenes de gobierno, son las inconsistencias que encontramos y que requieren de una puntual respuesta.
En la página del SESNSP se explica que el número de víctimas se determinó a partir de los datos que ofrece cada averiguación previa, sin embargo, no se expone la metodología o procedimientos que se les instruyó a las procuradurías estatales para contabilizar a las víctimas. La falta de transparencia sobre los procesos de integración de esta información lo vemos con seria preocupación pues ello no nos permite tener certeza de la unidad de análisis que estamos estudiando. De acuerdo con reuniones que hemos mantenido con distintos funcionarios públicos sabemos que les fueron impartidos ciertos talleres a funcionarios públicos en materia de seguridad y procuración de justicia, además de que les fue instruido implementar ciertos lineamientos. No obstante, es necesario preguntarse sobre la eficiencia de estas medidas sobre todo si sabemos que partimos de sistema de registro y recopilación disímiles, de que quienes se encargan de integrar la información cuentan con distintos niveles de capacitación y cargas de trabajo, entre otros elementos. Esto resulta notorio si consideramos lo siguiente:
1) Sinaloa reportó 291 averiguaciones previas de homicidios culposos y dolosos; mientras que, solo registró 290 víctimas de este tipo de criminalidad. Ello denota que aparentemente tienen una averiguación previa sin víctima alguna.
2) Guerrero reporta la misma cantidad de víctimas y averiguaciones previas de homicidios dolosos. Esto levanta serias suspicacias si contrastamos esta información con una nota informativa difundida el 11 de febrero de 2014 que refiere el hallazgo de 21 cuerpos en fosas clandestinas localizadas en Taxco de Alarcón, Guerrero. Lo mismo sucede si recordamos la publicación del 15 de febrero que nos dio a conocer que se registró un enfrentamiento en Zumpango que tuvo como saldo cuatro muertos.
3) Otros datos que llaman la atención son los de Veracruz y Quintana Roo pues reportan más averiguaciones previas que víctimas de extorsión: 16 y 2 respectivamente. En el caso de Veracruz, funcionarios del Centro Nacional de Información (CNI) nos indicaron mediante una entrevista telefónica, que esto se debe a que el código penal de la entidad contempla que para iniciar una averiguación solo basta que se presente la tentativa, como lo señala el artículo 220 bis. del Código Penal de Veracruz. Esto nos permite cuestionarnos porque no sucede lo mismo en las otras entidades federativas que de igual manera refieren penas por tentativas de extorsión en su marco jurídico. En el caso específico de Quintana Roo, tras la revisión del código penal estatal, se puede apreciar que no se especifica la acción tentativa, situación por la cual puede surgir la siguiente duda: ¿Cómo puede iniciarse una averiguación previa por extorsión sin tener conocimiento de víctima alguna.
4) Las modificaciones de varias cifras correspondientes a las averiguaciones previas abiertas en distintas procuradurías de justicia estatal, de tal manera que coinciden dichas estadísticas con aquellas correspondientes al número de víctimas. Cabe destacar que pese a que hay un acuerdo para dar a conocer los cambios registrados de esta información así como su justificación, esto no fue publicado en la plataforma del SESNSP.
Para que este esfuerzo sea realmente significativo y útil para mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país, no solo mediante diagnósticos más completos que vayan más allá de las averiguaciones o carpetas de investigación sino en el fortalecimiento de las instituciones vinculadas a la cadena de justicia, necesariamente debe haber transparencia sobre el método y procedimientos utilizados para integrar estas estadísticas. Además en el ONC consideramos que solo de esta manera podremos avanzar conjunta y corresponsablemente, sociedad y gobierno, en la construcción de paz que anhelamos. No olvidemos que estos números son más que un simple dígito pues cada uno de ellos denota las obligaciones de las autoridades de cara a las víctimas, es decir, estamos hablando de garantizarle a cada una de ellas el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño. Ω
Fuente (23/04/14): http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2014/04/Reporte-Mensual-Febrero-ONC-WEB-14-abr-2014.pdf