Discapacidad y derechos humanos

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), es oportuno recordar que el estatus que guardan los derechos fundamentales en nuestro orden constitucional es consecuencia de un largo proceso, en el que el tiempo ha permitido que, a partir del entendimiento de nuestra verdadera naturaleza como personas con una dignidad común, inherente a nuestra condición humana, se propicie y consolide, en forma gradual, una toma de conciencia sobre los derechos humanos. Conforme a esta noción, todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a una misma protección y garantía ante la misma; toda persona, sin distinción de ningún tipo, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos.

La idea de igualdad nos plantea que todos los miembros de la sociedad tienen iguales derechos humanos, que incluyen derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Ello implica, entre otros aspectos, el derecho a no ser víctima de discriminación por razones de discapacidad, raza, color de piel, sexo, preferencia u orientación sexual, idioma, creencias, o de cualquier otra índole. Los mismos derechos se reconocen para todas las personas y su ejercicio debe verse sujeto a las mismas condiciones.

Con base en esta noción, plasmada en el artículo primero de la Constitución General de la República, podríamos asumir que los derechos humanos son principios o elementos reconocidos por y para todas las personas y que constituyen un piso que nos es común, nos identifica y vincula. No obstante, esta igualdad formalmente reconocida a nivel normativo y teórico aún está en espera de ser una realidad que se materialice en beneficio de miles de personas para quienes el reconocimiento y disfrute de la igualdad de derechos sigue estando fuera de su alcance por diversas causas y razones.

Dentro de las personas que siguen esperando que se haga efectiva la igualdad de derechos se encuentran las personas con discapacidad, las cuales, no obstante los diversos esfuerzos que se han emprendido en el ámbito nacional e internacional para promover la vigencia y efectividad de sus derechos, todavía enfrentan condiciones adversas que las marginan de las oportunidades de desarrollo de los sectores más integrados de la sociedad, lo cual dificulta el progreso tanto de la persona como de su entorno y de su colectividad.

De ahí la gran relevancia que recordemos la importancia que reviste los derechos de las personas con discapacidad, llamando a todas las instancias de gobierno y del Estado, así como a la academia y sociedad en general, a la adopción de medidas eficaces y sostenidas para mejorar la situación de este sector poblacional, buscando llamar la atención sobre la problemática y retos que enfrentan de manera cotidiana las personas con discapacidad, así como movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión plena de las mismas en la sociedad y en el desarrollo.

A partir de la reforma constitucional de junio de 2011, se fortaleció la convicción de que el tema de la atención de los derechos humanos e inclusión de las personas con discapacidad forma parte de una Agenda Nacional en materia de Derechos Humanos, toda vez que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por México el 2 de mayo de 2008, se integra al sistema jurídico mexicano. Por ello, debe ser una alta prioridad el pleno respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano en la materia.

El actor y activista norteamericano Neil Marcus solía decir que “la discapacidad no era una lucha valiente o coraje frente a la adversidad, sino que la discapacidad era un arte, una forma ingeniosa de vivir”. Marcus no se equivocó al afirmar lo anterior, el instrumento internacional más importante en la materia, es decir, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo dejó muy en claro desde que ésta fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 al recordar que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Por ello el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es una oportunidad idónea para reflexionar con ánimo crítico y propositivo, si las instancias del Estado y de gobierno están cumpliendo adecuadamente las necesidades y demandas de la población con discapacidad en México en cuestiones tales como: la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad por factores de exclusión social, como edad, género, pertenencia étnica y ruralidad; la implementación de acciones para prevenir y combatir la discriminación interseccional que enfrentan mujeres y niñas con discapacidad; el desarrollo de programas de toma de conciencia sobre este sector poblacional como titulares de derechos; la implementación de medidas de accesibilidad aplicables al entorno físico, transporte, información y comunicaciones; el establecimiento de acciones que permitan a las personas con discapacidad acceder a la justicia y la adopción de medidas para prevenir y eliminar cualquier forma de violencia contra las niñas y niños con discapacidad, entre otros aspectos que fueron materia de recomendaciones por parte del Comité Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

México fue quien propuso la creación de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, razón por la cual nuestro país debe reforzar su papel como promotor y defensor de las causas de las personas con discapacidad y generar avances concretos en la observancia y vigencia de sus derechos. Sobre todo, frente a un colectivo que sigue siendo uno de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en el país y en el mundo, que ha enfrentado históricamente la invisibilidad, la exclusión y, en diversas ocasiones, la imposición de normas y políticas públicas inadecuadas debido, en gran medida, a la visión históricamente médica o asistencial asumida por la mayoría de los gobiernos hacia este grupo de población. De ahí la importancia de avanzar hacia un nuevo paradigma en el que las personas con discapacidad dejen de ser vistas como objetos de caridad y asistencia para convertirse -verdaderamente- en sujetos de derechos y obligaciones y se respeten sus libertades fundamentales.

En este sentido, son muchos y múltiples los retos y tareas pendientes que debemos emprender para alcanzar estos objetivos. Es necesario, por ejemplo, contar con la información concreta y actualizada sobre el número real de personas con discapacidad en México y las discapacidades que presentan, y se encuentre plenamente disponible bajo mecanismos que hagan posible su fácil acceso y consulta para el público en general, incluyendo, por supuesto, a las propias personas con discapacidad. La disponibilidad de esta información es una cuestión indispensable para el diseño e implementación de políticas públicas adecuadas y la adopción de acciones específicas y diferenciadas para las distintas discapacidades, que tengan una incidencia real en la materia.

De igual modo, textos como el “Documento final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidad sobre la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con discapacidad: el camino a seguir: una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año”, y después la agenda 2030 de desarrollo sostenible, contienen pautas y asignaturas que podrían orientar la integración de una agenda nacional en materia de derechos de las personas con discapacidad, cuya elaboración y cumplimiento también debería ser asumida por las instancias del Estado y la sociedad civil como un asunto que merece nuestra atención prioritaria.

Es necesario, como sociedad, darnos cuenta de que hay un gran número de personas que como consecuencia de una condición de discapacidad se ven excluidos del ejercicio de derechos y de prerrogativas. Personas que día con día enfrentan condiciones adversas para trasportarse, trabajar, recibir una educación de calidad, tener acceso a bienes y servicios y, en general, desarrollar su existencia bajo condiciones de igualdad.

La igualdad no implica asumir que todas las personas sean idénticas. Todos los seres humanos, si bien tenemos una dignidad común, poseemos características particulares que nos distinguen y hacen que tengamos personalidades distintas, que nos identifican y, por ello, nos dan una identidad propia. El reto es construir la igualdad partiendo de la diversidad.

Todos los seres humanos tenemos el mismo valor, la misma dignidad y, en consecuencia, los mismos derechos, oportunidades y obligaciones. La discapacidad no debe ser causa de exclusión ni de discriminación, nuestro desafío es lograr que quienes tienen esta condición participen activamente en la vida de sus comunidades y contribuyan a su desarrollo.

Precisamente la Convención establece una serie de medidas que imponen a los Estados Parte la obligación de cumplir con las condiciones que posibiliten garantizar los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas, la toma de conciencia, la accesibilidad, el acceso a la justicia, la movilidad personal y la cooperación internacional.

Por ello, para atender la temática de la discapacidad desde una perspectiva de derechos el Programa Universitario de Derechos Humanos mantiene abierta una línea de investigación y actividades sobre los derechos de las personas con discapacidad que ha constituido un eje de trabajo durante los últimos años, además de las acciones de incidencia legislativa, representación, acompañamiento y asistencia legal que realiza la Clínica Jurídica del Programa en materias civil, familiar, género y acceso a la información de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial que han tenido éxito en disciplinas diversas que han llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a declarar la inconstitucionalidad de la figura jurídica de la interdicción de las personas con discapacidad, reconociendo su capacidad jurídica e implementándose reglas para la asignación de apoyos y salvaguardias, además de la elaboración y presentación de amicus curiae, como por ejemplo, la relacionada con la acción de inconstitucionalidad de un decreto por el que se reformó y adicionó, en el Código Civil del Estado de Chihuahua, la figura de la adopción de personas mayores de edad con discapacidad, dejándola sin efecto por falta de consulta previa a ese sector poblacional. De igual forma, los Tribunales Colegiados de Circuito han determinado, derivado de la intervención del Programa, que el régimen de visitas de las madres con discapacidad intelectual se debe ceñir a la observancia de los derechos humanos tanto de la madre como de las hijas e hijos.

Ante este panorama, es necesario multiplicar esfuerzos para abatir los obstáculos que todavía inciden de forma negativa en el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad en general como, por ejemplo, la materialización de las sentencias que determinan el régimen de apoyos y salvaguardias a personas con discapacidad, para que tengan mejores oportunidades de desarrollo para afrontar los retos presentes y futuros de una sociedad como la nuestra.

El objetivo de promover las mejores prácticas de inclusión, bajo un esquema de igualdad de oportunidades, accesibilidad y no discriminación, se debe cumplir a cabalidad de manera permanente y que sea un parteaguas en la historia de la inclusión en México.

Los editores

La otra pandemia que se vive en México

Por Ismael Eslava Pérez*

A 33 años de que se estableciera la importante efeméride del Día Mundial del Sida (1° de diciembre), hoy debemos reconocer, como lo destacó la Asamblea General de las Naciones Unidas al anunciar la “Declaración Política sobre el VIH/SIDA: en la vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del SIDA para 2030” en junio de 2016, que el VIH y el SIDA siguen representando una emergencia mundial que requiere una atención prioritaria a través de una respuesta que tenga en cuenta que la pobreza y la desigualdad social con frecuencia son causas de su propagación.

En consecuencia, hoy como nunca, el mundo tiene la esperanza de que los Estados nacionales den una respuesta eficaz a la epidemia, tal como se estableció en “Los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas”. En este sentido, en la referida Declaración Política sobre el VIH/SIDA se ratificó la estrategia de “Respuesta acelerada para dar fin a la epidemia del SIDA en el 2030” conocida como 90-90-90, cuyo objetivo consistió -y hoy se hace vigente- en que el 90% de personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico; que el 90% de las personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico reciban tratamiento y que el 90% de las personas en tratamiento logren la supresión viral, lo que significa la disminución del VIH en el cuerpo humano hasta cargas indetectables, lo cual incluso logra evitar su transmisión.

En México, el trabajo del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA), desde la Secretaría de Salud, los programas equivalentes de las entidades federativas, las organizaciones civiles y la suma de esfuerzos de diversas instituciones protectoras de los derechos humanos, han incidido en que la violación de derechos humanos de las personas con VIH sean denunciadas con mayor frecuencia, contribuyendo a disminuir el estigma, la discriminación y otras violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, aún hay trabajo pendiente. Al mes de marzo de 2018, 75,481 personas en el país se encontraban registradas como seropositivas a VIH (0.06% de la población nacional); tres de cada cuatro personas son hombres lo que representó el 77% (Censida 2018). Entre quienes viven con VIH, poco más de un quinto (21%) tenían entre 20 y 24 años; otro quinto (22%) tenía entre 25 y 29 años, siendo el caso que las entidades donde más residía la población que vive con VIH eran la Ciudad de México (18% del total), Veracruz (12%) y el Estado de México (8%), de acuerdo con datos de CENSIDA de 2018.^[1]

De acuerdo con datos del INEGI, en México murieron 4,573 personas durante 2020 a causa del VIH; 3,815 eran hombres y 758 mujeres. En atención al grupo de edad, las personas de 30 a 44 años registraron la mayor tasa de mortalidad. Las entidades federativas con las tasas más altas de decesos por cada cien mil habitantes se dieron en Quintana Roo, con un 10.25, Colima 9.40 y Campeche con 7.52. Las entidades con las tasas más bajas son Tlaxcala 1.04, Zacatecas 1.17 y Guanajuato con 1.41.^[2]

En 2020, aproximadamente 28% de la población fallecida no contaba con afiliación a una institución de salud. De 2010 a julio de 2021 se diagnosticaron 50,051 nuevos casos de VIH, siendo 2018 el año con mayor registro con 17,429 casos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó al VIH como una de las pandemias más destructivas de la historia con más de 35 millones de personas muertas en 40 años.^[3]

De acuerdo con datos de ONUSIDA, 37,7 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo en 2020; 1,5 millones de personas contrajeron la infección por el VIH en 2020; 680,000 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida en 2020; 27,5 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral en 2020; 79,3 millones de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia y 36,3 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia.^[4]

La erradicación del estigma y discriminación es fundamental; no lograremos terminar con la epidemia si no eliminamos la misoginia, la homofobia, la transfobia, el racismo, el clasismo y la xenofobia. No se puede soslayar que los últimos reportes epidemiológicos de la Secretaría de Salud muestran, además, un incremento de casos nuevos en la población en general. Se han diagnosticado y notificado en México 328,791 casos de SIDA hasta el 15 de noviembre de 2021, de los cuales 267,736 son hombres y 61,055 mujeres. Por grupo de edad, de 25-29 años existen 55,252 casos; de 30-34 años hay 50,770 casos; de 35 a 39 años hay 39,140 casos; de 20-2r años existen 37,113 casos y de 40 a 44 años hay 28,069 casos. Por entidad federativa la Ciudad de México reporta 30,847, México 18,916, Veracruz 17,954, Jalisco 13,125 y Baja California 8,314. El número de personas con VIH que se encuentran vivas asciende a 261,439 lo que equivale al 61.27%; las personas que fallecieron ascienden a 111, 229 lo que representa el 33.83% y en situación desconocida 16,123 lo que equivale al 4.90%.^[5]

En cuanto a las categorías de transmisión, la vía sexual representó 264,079 casos; sanguínea 2,865 casos; UDI (usuarios de drogas intravenosas) 3,315 casos, perinatal 4,145 casos y no especificados 54,367 casos. Las entidades donde la pandemia está creciendo con mayor velocidad, son las del sur-sureste de nuestro país.

En este sentido, es necesario emprender campañas de información sobre el VIH, medidas de prevención, vías de transmisión y derechos humanos relacionados con el acceso a la prueba de detección, tratamiento y confidencialidad del diagnóstico, así como la no discriminación. Garantizar la entrega completa y oportuna al usuario final de los medicamentos antirretrovirales, incluyendo a la niñez, así como avanzar en las Profilaxis Pre y Post Exposición a las poblaciones más vulnerables al VIH. Asimismo, se requiere garantizar la continuidad de los tratamientos, ya que la mayoría de las quejas de la población con VIH, se deben a la falta de abasto oportuno de medicamentos.

Es importante destacar que se requiere extender la cobertura de atención médica para quienes no tiene completo su expediente, a fin de beneficiar a las mujeres embarazadas con VIH y migrantes sin documentos, ya que suelen requerir más tiempo para los trámites respectivos, por lo que muchas de estas personas se quedan sin medicamento antes de contar con asilo o residencia legal.

No se puede soslayar el derecho de todas las personas a conocer su estado serológico para vincularlas a tratamiento, el cual es tan eficaz que permite alcanzar la indetectabilidad e impedir la transmisión del VIH, como se destacó en la Conferencia Mundial de la Sociedad Internacional de Sida, según el estudio Partner 2, propiciando con ello la desestigmatización del VIH.

En este sentido, gracias a los tratamientos antirretrovirales se incrementa la esperanza de vida de quienes tienen acceso a ellos, sin embargo, aún hay personas que viven con VIH y no lo saben. Las pruebas rápidas que permiten tener resultados en cuestión de minutos no han llegado a las regiones más apartados de nuestro país.

Un aspecto adicional se relaciona con la desigualdad en el acceso a medicamentos y tratamiento del VIH. Precisamente el lema de este año es “Poner fin a las desigualdades. Poner fin al sida. Poner fin a las pandemias”, lo cual hace evidente la necesidad de terminar con las desigualdades que impulsan el sida y otras pandemias en todo el mundo.

De no terminar con las desigualdades se corre el riesgo de no alcanzar con el objetivo de acabar con el sida para el año 2030, así como de continuar con una prolongada pandemia, a cuatro décadas desde que se dieron a conocer los primeros casos de sida. Lo anterior debido a las desigualades estructurales de naturaleza económica, social y cultural que obstaculizan las soluciones de prevención y el tratamiento del VIH.

Acabar con las desigualdades es un compromiso global que en el año 2015 todos los países se comprometieron a reducir dentro de sus fronteras como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Precisamente la Estrategia Mundial contra el Sida 2021-2026: Poner fin a las desigualdades, poner fin al sida, y la Declaración política sobre el sida adoptada en la Reunión de alto nivel sobre el sida de las Naciones Unidas de 2021 tienen como objetivo acabar con las desigualdades.

Hacer frente a las desigualdades constituye un factor determinante para acabar con el sida, promover los derechos humanos las personas que viven con el VIH, prepara a las sociedades frente a la COVID-19 y otras pandemias, y constituye un elemento de apoyo para la recuperación económica y el desarrollo social.

Corresponde a los Estados nacionales renovar las acciones y esfuerzos para lograr la meta de terminar con esta otra pandemia, así como realizar una capacitación permanente de personas servidoras públicas sobre la normatividad que rige la prevención y atención de quienes viven con VIH y sida, a fin de sensibilizarlas del trato digno y humanitario que se debe brindar en todos los casos.

Para ello se requiere de una estrategia de respuesta rápida que incluya inversiones oportunas y suficientes; focalizarse en los lugares y poblaciones de mayor vulnerabilidad; evitar el desabasto de antirretrovirales; involucrar a líderes locales en respuestas específicas, sostenibles y responsables; crear nuevas alianzas; mantenerse firme en cuanto a los derechos humanos y lograr resultados sin dejar a nadie atrás, mediante el fortalecimiento de acciones que busquen: i) mejorar la atención con las organizaciones civiles promotoras de los derechos humanos en materia de VIH y SIDA y con los organismos públicos encargados de la materia; ii) participar en la difusión de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y SIDA mediante cartillas, carteles y otros materiales; c) realizar actividades de análisis y debate en torno al tema, a través de conferencias y foros académicos, de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil; d) realizar estudios en materia de salud y derechos humanos a fin de generar propuestas para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con VIH y SIDA, y e) desarrollar programas de educación y capacitación para la prevención, entre otros. El derecho a la protección de la salud consagrado en el artículo 4° de la Constitución General d la República, obliga al Estado mexicano y a las autoridades en la materia a proveer de los insumos necesarios para prevenir la transmisión del VIH. Por ello, hacer llegar los materiales de prevención, junto con la información respectiva, sigue siendo un reto en materia de derechos humanos. Acabar con la discriminación contra los grupos más afectados por la pandemia, como son los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las poblaciones de travestis, transexuales y transgénero y las y los trabajadores del sexo, así como los usuarios de drogas inyectables, o los migrantes, sigue siendo un desafío, no sólo de recursos materiales y humanos, sino de actitud hacia dichas poblaciones.

* Secretario Académico del Programa Universitario de Derechos Humanos

^[1] Noticieros Televisa, Despierta. Programa completo. 1 de diciembre de 2021. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=wDpXWvRkou0&t=4581s (última consulta: 01/12/21).

^[2] Cit. pos. Noticieros Televisa, ídem.

^[3] Idem

^[4] ONUSIDA, “Hoja informativa 2021. Estadísticas mundiales sobre el VIH”. Disponible en: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_es.pdf

^[5] Cfr. Sistema de vigilancia epidemiológica de VIH. Informe histórico día mundial VIH 2021, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/685220/VIH-Sida__D_a_Mundial_2021.pdf

Conmemoraciones Internacionales

Por Mario Alberto Naranjo Ricoy

Como cada mes, diciembre trae marcada una serie de efemérides que nos permiten tratar diversas problemáticas de derechos humanos a las que la comunidad internacional ha decidido poner especial énfasis dada la urgencia de darles una solución viable. En ese sentido, estas conmemoraciones son un recordatorio constante de aquellos pendientes que tenemos como sociedad global, si es que el propósito de que cada persona viva plenamente, gozando de sus derechos y libertades fundamentales, es un proyecto común a todos.

Del conjunto de efemérides, podemos agrupar algunas por la relación que guardan. Tres de ellas apuntan a diferentes aspectos de un derecho imprescindible en los tiempos que corren: el derecho humano a la salud. El 1° de diciembre está dedicado a los esfuerzos realizados para erradicar una de las enfermedades virales más graves, que sigue esperando su cura definitiva: el VIH/SIDA. El 12 de diciembre es la jornada consagrada a la cobertura sanitaria universal, propósito monumental cuyo logro implica un alto grado de cooperación internacional, así como la coordinación de muchos esfuerzos y la multiplicación de los recursos asignados a los sistemas nacionales de salud. Finalmente, el 27 de diciembre es el Día Internacional de Preparación ante las Epidemias, tarea de notable relevancia en la actualidad dada la terrible crisis causada por la pandemia del COVID-19 y las medidas de confinamiento para evitar su propagación.

Otro conjunto de efemérides puede ser agrupado dado que las tres se refieren a cuestiones que revisten una importancia trascendental para lograr el respeto a la dignidad humana. La primera de ellas es el 2 de diciembre, fecha en que se conmemora uno de los objetivos que se encuentra en la raíz misma de la lucha por los derechos y libertades fundamentales: la abolición de la esclavitud. Otra de estas conmemoraciones es el 9 de diciembre, dedicado a las víctimas de uno de los crímenes más atroces: el genocidio. El 10 de diciembre forma parte de este grupo en tanto que está destinado a los derechos humanos, doctrina filosófica, política y jurídica que constituye, sin duda alguna, uno de los factores de progreso más importantes de nuestra civilización.

Un último conjunto lo podemos formar con un par de efemérides que buscan llamar la atención en torno a dos grupos en situación de vulnerabilidad. El 3 de diciembre nos plantea el deber de ser una sociedad sensible a las necesidades de las personas que viven con algún tipo de discapacidad, desarrollando los medios para brindarles el mayor nivel de accesibilidad a toda clase de bienes y servicios, en tanto que el 18 de diciembre está dedicado a las personas migrantes, quienes enfrentan innumerables riesgos y padecen toda clase de abusos al dejar su país por diversos motivos.

1 de diciembre. Día Mundial de la lucha contra el SIDA

Según las últimas estadísticas sobre la epidemia de SIDA, proporcionadas por el programa de las Naciones Unidas destinado a la lucha contra esta enfermedad (ONUSIDA), un total de 37,7 millones de personas vivían con VIH en todo el mundo en 2020. De estas, 28,8 millones tenían acceso a la terapia antirretroviral a mediados de 2021, lo que significa que casi 9 millones seguían sin recibir este tratamiento vital.^[1] En México, según datos de la Secretaría de Salud, un total de 322,987 personas habían sido diagnosticadas con VIH/SIDA desde 1983 hasta el segundo trimestre de 2021.^[2]

40 años después de que se dieran a conocer los primeros casos de este grave padecimiento, en 1981, uno de los grandes pendientes que se tienen es lograr el acceso universal a los antirretrovirales. Sin embargo, también se debe reconocer que el desarrollo de estos medicamentos ha constituido un avance importante, al grado de que las personas que viven con VIH/SIDA en la actualidad sólo necesitan de una píldora al día que les garantiza mantener una buena calidad de vida, prácticamente igual a que si no tuvieran la enfermedad. Esta situación contrasta con la experimentada por quienes se infectaron en la década de los 80 del siglo pasado, cuando ser diagnosticado como “seropositivo” era prácticamente una sentencia de muerte al no existir ningún tipo de tratamiento.

Pero el reto mayor sigue siendo contar con una vacuna que sirva de cura y como medida de prevención, lo que hasta ahora no se ha conseguido. Los gobiernos, las autoridades sanitarias del mundo, la comunidad médico-científica y la iniciativa privada de la industria farmacéutica deben continuar sus esfuerzos y conjuntar sus recursos para que pronto se logre este objetivo.

2 de diciembre. Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

La esclavitud es reducir a un ser humano a la condición de cosa o instrumento que es propiedad de alguien más, negando con ello su calidad de persona y obteniendo un beneficio a su costa. El filósofo alemán Friedrich Hegel teorizó sobre esta forma de dominación absoluta en la antigüedad clásica y en su célebre pasaje acerca de “la dialéctica del amo y el esclavo” consideró que esta relación afectaba a ambos términos, no sólo al esclavo, pues el amo también quedaba con su conciencia alienada y su ser degradado. Justamente, el pensamiento político moderno se rebeló contra esta situación normalizada durante cientos de años y, predicando la igualdad y la libertad de todos, dio comienzo a un proceso histórico de emancipación que perdura hasta nuestros días.

No obstante, actualmente se considera que 40 millones de personas en el mundo son víctimas de la llamada “esclavitud moderna”, noción que abarca una serie de prácticas y situaciones de explotación como la trata de personas, la prostitución forzada, el reclutamiento de niños con fines bélicos, el trabajo doméstico en condiciones de servidumbre y el matrimonio forzado.

La comunidad internacional ha levantado la voz y tomado diversas medidas para acabar con la esclavitud moderna y el trabajo forzoso. En 1949, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. Más recientemente, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, instrumento que es legalmente vinculante y que, hasta ahora, sólo ha sido ratificado por 50 países. Es preciso que los gobiernos del mundo actúen en ese sentido con éste y otros instrumentos jurídicos internacionales con el fin de fortalecer el combate en contra de este flagelo.

3 de diciembre. Día Internacional de las Personas con Discapacidad

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país. Sin embargo, la cifra aumenta a 20,838,108 (16.5% de la población mexicana) si se considera a las personas que declararon vivir con algún tipo de limitación para realizar actividades de la vida diaria.^[3]

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay más de 1,000 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa aproximadamente el 15% de la población mundial. Además, la OMS señala que el número de personas con discapacidad está aumentando drasticamente debido a las tendencias demográficas y al aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas, por lo que es probable que casi todas las personas enfrenten algún tipo de discapacidad –temporal o permanente– a lo largo de su vida.^[4]

Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, la discapacidad puede entenderse como “un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.^[5] De esta definición se deriva que la discapacidad es un fenómeno complejo producto de la interacción entre las características del organismo del individuo y las de la sociedad en la que vive y se desenvuelve. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el factor social es el que debe ser modificado y adecuado a las necesidades de las personas con discapacidad, mediante ajustes razonables, con el fin de que puedan gozar plenamente de sus derechos y libertades fundamentales.

Algunos de los principales derechos de las personas con discapacidad son: a la vida; igualdad ante la ley y no discriminación; accesibilidad al transporte, la comunicación y la información; reconocimiento de su personalidad jurídica; acceso a la justicia en igualdad de condiciones; libertad y seguridad de la persona; protección contra la tortura y otros tratos degradantes; protección contra la explotación, la violencia y el abuso; respeto a su integridad personal; libertad de desplazamiento y nacionalidad; inclusión y participación en la comunidad; movilidad personal con el máximo de independencia; libertad de expresión y acceso a la información; acceso a una educación inclusiva en todos los niveles; acceso al más alto nivel posible de salud, así como a la habilitación y rehabilitación; trabajo y empleo en igualdad de condiciones; nivel de vida adecuado y protección social; particupación en la vida política y pública; acceso a los servicios de cultura, recreación y deporte, entre otros.^[6]

9 de diciembre. Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen

Dentro de los crímenes más graves y de mayor trascencendia para la comunidad internacional se encuentra el genocidio. Tanto la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 (artículo 2) como el Estatuto de Roma de 1998 (artículo 6) –instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que sanciona éste y otros delitos-, lo definen como “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.^[7]

En la historia abundan ejemplos de genocidio. Las acciones de las autoridades del Imperio Turco Otomano durante la Primera Guerra Mundial (1914–1918), que fueron parte de una política de limpieza étnica de la población bajo su control, cometidas en contra de minorías cristianas de origen griego, asirio y armenio, y que incluyeron masacres, deportaciones masivas y marchas forzadas que dejaron como saldo cientos de miles de muertos de estos pueblos, fueron constitutivas del delito de genocidio. Y se podría continuar a través del tiempo y las latitudes citando muchos casos más que clasificarían dentro de este crimen atroz: Camboya de 1975 a 1979, Ruanda en 1994, Boznia y Herzegovina en 1995, Sudán del Sur desde 2003 a la actualidad, etcétera.

Los gobiernos y Estados del mundo tienen el deber de llevar a cabo medidas de prevención del genocidio, con el fin de mantener a las poblaciones a salvo de esta amenaza y evitar que los ejemplos sigan multiplicándose. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar a los Estados para que puedan ejercer su responsabilidad y crear las capacidades para proteger a las poblaciones en riesgo, antes de que estallen las crisis y los conflictos. En ese sentido, el Secretario General de las Naciones Unidas cuenta con Asesores Especiales para la Prevención del Genocidio y para la Responsabilidad de Proteger, quienes trabajan para impulsar y coordinar esfuerzos nacionales e internacionales de protección de las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, así como la incitación a su comisión. La acción de estos asesores es cautelosa, dada la naturaleza del problema que enfrentan, pero por el bien de todos es de desearse que esté dando frutos.

10 de diciembre. Día de los Derechos Humanos

Cuando hablamos de derechos humanos nos referimos al “…conjunto de prerrogativas [libertades, facultades, instituciones y reivindicaciones éticas] inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado”.^[8]

Esta definición sintetiza una doctrina que tiene su corazón en el reconocimiento de la “dignidad de la persona” y que hunde sus raíces en el pensamiento político de la Ilustración que inspiró las Revoluciones burguesas del siglo XVIII, e incluso (llegando aún más lejos en el tiempo) en la reivindicación de los “derechos naturales” de la población indígena de América en el siglo XVI, por parte de teólogos como Francisco de Vitoria, Bartolomé de Las Casas y Alonso de la Vera Cruz, a su vez inspirados por la filosofía medieval de Tomás de Aquino, según las consideraciones de Mauricio Beuchot.^[9]

Ya en la época contemporánea, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos,^[10] que junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos^[11] y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,^[12] ambos de 1966, son considerados la “carta internacional de derechos fundamentales”.^[13] Estos acontecimientos son un parteaguas en la historia global y del derecho internacional, pues marcaron el inicio de un nuevo desarrollo y ampliación del marco jurídico de los derechos humanos, que paulatinamente se han ido difundiendo e incorporando al orden constitucional de los Estados nacionales particulares.

En la actualidad, existen numerosos instrumentos jurídicos internacionales que dan cuenta de y buscan garantizar los derechos humanos de las mujeres, la niñez y la adolescencia, las personas de edad, las personas con discapacidad, las poblaciones LGBTI, las personas que viven con VIH o SIDA, las personas privadas de la libertad, las personas en situación de calle, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las personas desplazadas, migrantes y refugiadas, las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, entre otros grupos de atención prioritaria dadas sus condiciones de vulnerabilidad.

Lo anterior constituye un gran avance, de manera que en la actualidad se cuenta con un corpus legislativo robusto en todas las materias mencionadas. Sin embargo, aún quedan grandes pendientes por resolver; algunas problemáticas se han agudizado y es preciso atenderlas en un mundo que aún no termina de salir de la pandemia de COVID-19. La comunidad internacional no debe cejar en su empeño de hacer efectivas, ahora y siempre, las máximas prerrogativas de la especie humana, base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

12 de diciembre. Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal

La salud es un derecho humano universal y esencial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que “la cobertura sanitaria universal (CSU) implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Abarca todo el espectro de servicios de salud esenciales de calidad, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos”.^[14]

La Cobertura Sanitaria Universal es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Sin embargo, según la misma OMS, cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios de salud básicos. Además, cerca de 100 millones de personas se ven abocadas a la pobreza extrema (lo que implica vivir con US$ 1,90 al mes o menos) por tener que pagar los servicios de salud de su propio bolsillo. Igualmente, más de 930 millones de personas (alrededor del 12% de la población mundial) gastan al menos un 10% de su presupuesto familiar para pagar los servicios de salud. Otro obstáculo más es el hecho de que, actualmente, se padece de un déficit de 18 millones de trabajadores de la salud, entre trabajadores sanitarios y asistenciales (especialistas en medicina, cirugía, enfermería y cuidados), para garantizar la cobertura sanitaria universal.^[15]

Garantizar la CSU requiere de estrategias adecuadas y de sistemas de salud pública sólidos que sólo son posibles mediante un aumento consistente de la inversión pública y privada, así como con sistemas de financiación bien diseñados. Además, es fundamental adoptar el enfoque de la atención primaria de salud y enfoques que abarquen la totalidad del ciclo vital, entre otras medidas. Aquí, la comunidad internacional y los Estados tienen una gran labor por delante pues las deficiencias son muchas, tal y como lo ha dejado claro la pandemia por COVID-19.

18 de diciembre. Día Internacional del Migrante

El mundo enfrenta una gran crisis migratoria derivada de las desigualdades económicas, la violencia regional y las transformaciones estructurales derivadas del proceso de globalización, entre otros factores. Nunca se habían alcanzado los niveles actuales de personas desplazadas, migrantes y en condiciones de movilidad. Tampoco se conocían todas las modalidades que ahora se conocen. En ese sentido, la migración se ha intensificado y extensificado, “diversificándose en sus orígenes, destinos, modalidades migratorias y perfiles de los sujetos involucrados”.^[16]

La complejidad del fenómeno migratorio contemporáneo requiere de la renovación de los enfoques de estudio y análisis, de las teorías y de los conceptos. También requiere de políticas públicas y sobre todo de acuerdos internacionales que sean sensibles a la realidad que enfrentan las personas migrantes. Ser migrante o persona en situación de movilidad es una de las condiciones de mayor vulnerabilidad pues significa quedar desarraigado y desprotegido, aislado de las garantías que debe proveer el propio país.

En un mundo en constante integración, es inconcebible que se sigan afirmando en el discurso público posiciones a favor del cierre de fronteras, la construcción de muros y las deportaciones masivas. México es un país atravesado por uno de los flujos migratorios más grandes a nivel mundial. En su toma de decisiones y en los acuerdos que alcancen con Estados Unidos, principal destino de este flujo, las autoridades deben privilegiar un enfoque de derechos humanos que salvaguarde la integridad y la dignidad de todas y cada una de las personas en situación de movilidad, independientemente de la nacionalidad que tengan.

27 de diciembre. Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias

La pandemia causada por el COVID-19 ha dejado una huella indeleble en la situación mundial pues sus repercusiones han afectado todos los planos de la vida y han detenido el desarrollo económico y social. En ese sentido, ha constituido una experiencia colectiva de la que debemos sacar todas las lecciones posibles. Sobre todo considerando que, como señalan algunos expertos, no será la última pandemia que debamos enfrentar de manera conjunta. Una de las principales lecciones es la profunda necesidad de intensificar la cooperación internacional en el terreno de la investigación científica, los servicios sanitarios y la distribución equitativa de los insumos farmacéuticos, entre éstos las vacunas. Entre otras medidas, es preciso generar acuerdos para que las patentes médicas se liberen lo antes posible, cuando así se requiera, anteponiendo el interés colectivo de la humanidad al interés privado. También, se deben generar mecanismos de distribución verdaderamente eficientes –ante los escasos resultados de la iniciativa COVAX de Naciones Unidas– que permitan que los países más desfavorecidos y de menor renta accedan a las vacunas en igualdad de condiciones. De lo contrario se corre el riesgo de que la desprotección sanitaria en estas poblaciones genere nuevas variantes más resistentes y letales, como es el caso de la variante ómicron del coronavirus (SARS-CoV2), descubierta en Sudáfrica recientemente.

^[1] ONUSIDA, “Hoja informativa. Últimas estadísticas sobre el estado de la epidemia de sida”. Disponible en: https://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet (última consulta: 01/12/21).

^[2] Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud, Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH. Informe Histórico de VIH 2do. Trimestre 2021, p.6. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/667817/VIH-Sida_2doTrim_2021.pdf (última consulta: 01/12/21).

^[3] Discapacidad, “Censo 2020: 16.5% de la población en México son personas con discapacidad”, disponible en: https://dis-capacidad.com/2021/01/30/censo-2020-16-5-de-la-poblacion-en-mexico-son-personas-con-discapacidad/ (última consulta: 6/12/21); cfr. INEGI, “Discapacidad. Tabulados”, disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/discapacidad/#Tabulados (última consulta: 6/12/21).

^[4] Organización Mundial de la Salud, “Discapacidad y salud”. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health (última consulta: 3/12/21)

^[5] ONU, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006. Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf (última consulta: 6/12/21)

^[6] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Los principales derechos de las personas con discapacidad. México, CNDH, 2014. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/33-dh-princi-discapacidad.pdf (última consulta: 6/12/21)

^[7] Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, disponible en: http://www.preventgenocide.org/es/derecho/convencion/textos.htm (última consulta: 6/12/21); cfr. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, disponible en: https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf (última consulta: 6/12/21).

^[8] Comisión Nacional de Derechos Humanos, Curso Básico de Derechos Humanos, p. 11 (versión electrónica).

^[9] Mauricio Beuchot, Filosofía y derechos humanos. México, Siglo XXI editores, pp. 13–19.

^[10] Disponible en: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ (última consulta: 6/12/21).

^[11] Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx (última consulta: 6/12/21).

^[12] Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx (última consulta: 6/12/21).

^[13] Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Derechos Humanos, ABC: La enseñanza de los derechos humanos. Actividades prácticas para escuelas primarias y secundarias, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2004, p. 5.

^[14] Organización Mundial de la Salud, “Cobertura sanitaria universal”. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc) (última consulta: 6/12/21).

^[15] Ibídem.

^[16] Alejandro I. Canales, “Debates contemporáneos sobre migración internacional”, en Alejando I. Canales (coord.), Debates contemporáneos sobre migración internacional. Una mirada desde América Latina. México, Universidad de Guadalajara, Editorial Porrúa, 2006, pp. 5–20.

El ser y el deber ser de la Universidad Nacional Autónoma de México_[1]
(fragmento)

I. Introducción

Este ensayo no constituye un diagnóstico sobre la situación general de la Universidad Nacional Autónoma de México; ese diagnóstico lo hice ya en abril de 1986, con el trabajo “Fortaleza y Debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México”, en el cual expuse los principales problemas de la Casa de Estudios.

En la presente ocasión no formulo proposiciones, porque mi finalidad consiste en volver a mostrar las ideas y los principios sobre los cuales se han construido las que anteriormente he formulado y las que en lo sucesivo formularé.

Reitero ahora pensamientos que he expuesto durante más de tres años. En ese sentido, no es original lo que diré; muchos de esos pensamientos los han exteriorizado, en diversos tiempos y ocasiones, los universitarios que han fortalecido a la Universidad de nuestros días.

Este ensayo se ha enriquecido con el esfuerzo y las opiniones de un número de distinguidos universitarios, con quienes discutí el primer borrador. La coordinación de las labores a él conducentes, la realizaron el Secretario General Académico y su grupo de trabajo. A [ellos] expondré mi profundo agradecimiento. Sin embargo, soy el único responsable de la actual manifestación de todas y cada una de ellas.

Llevo más de tres años empeñado en impulsar la superación académica y en resolver los problemas de nuestra Universidad. Del primer conjunto de medidas que presenté, orientadas a la superación académica, tres reglamentos tienen suspendida su aplicación; muchas de las otras medidas en él propuestas, son ya parte del actuar cotidiano de la Institución.

Con todo, es imposible desconocer que el ritmo de esa reforma se ha tornado lento y en ocasiones se ha visto desvirtuado por conflictos y problemas políticos. Empero, la Universidad continúa trabajando académicamente y muy bien en numerosas dependencias.

En este momento en que la Universidad va a comenzar una etapa de reflexión sobre sí misma, deseo colaborar expresando en voz alta cuál es, a mi juicio, el ser y el deber ser de la Universidad Nacional Autónoma de México.