Hace 42 años, el grupo paramilitar denominado Los Halcones agredió con saña criminal una marcha estudiantil. El ataque ocasionó varios muertos. Los homicidios quedaron impunes. Ningún halcón fue detenido.

En la concentración convocada para conmemorar aquel episodio funesto, un grupo de jóvenes, varios de ellos encapuchados, atacó a los policías comisionados para resguardar el orden durante el acto. Las escenas son estremecedoras. Los manifestantes ponen su mejor esfuerzo por causar el mayor daño posible a los agentes.

Una imagen resulta particularmente espeluznante: un enmascarado dispara con un spray una llama al rostro de un policía. ¿Qué corazón hay que tener para realizar una conducta como esa?

Los policías que vigilan la manifestación tienen instrucciones precisas de no tocar ni con el pétalo de una rosa a los reunidos, no obstante que éstos se empeñan en lesionarlos severamente. Son hombres de origen humilde, que perciben un salario modesto y que no hacen más que cumplir con su tarea.

¿Qué veneno hay que tener en la mente y en el alma para embestirlos de esa manera? ¿Qué satisfacción podría dar a los agresores partirle la cabeza o quemarle la cara a un policía?

Si la agresión de Los Halcones contra una marcha pacífica es inolvidable, se debe a que el halconazo fue brutal: un contingente adiestrado para agredir, organizado y remunerado, disolvió una manifestación con extrema brutalidad.

El ataque contra los policías me recuerda el halconazo, con la diferencia de que ahora fueron los manifestantes los que perpetraron actos de violencia desmedida.

Es verdad: los halcones eran mercenarios. ¿Y qué son quienes acuden a todas las agresiones colectivas de índole política? Muchos de ellos hicieron de las suyas durante la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, y en las tomas del edificio de la Rectoraico delito es estar cumpliendo con su deber. a quienes protestaban. Los vron actos de violencia desmedida.

que no hacen msibleía de la UNAM y de la Dirección General del CCH. Varios están inscritos en alguna universidad o en algún bachillerato, pero se han fosilizado en sus escuelas y ya no están en edad de que los mantengan sus padres. ¿Siguen dependiendo de sus progenitores, tienen algún empleo, reciben recompensa por hacerse presentes cada que se les llama?

Es cierto: los halcones apalearon y balearon a quienes protestaban. Y los vándalos de ahora agreden bárbaramente a policías que no les hacen daño y cuyo único delito es estar cumpliendo con su deber.

La similitud entre unos y otros atacantes es la inaudita ira que ponen en sus arremetidas, el desprecio por la integridad y la vida de los agredidos, el rencor social que se lee en sus talantes y sus acciones, la prepotencia de quien sabe que puede delinquir impunemente.

Es una paradoja sumamente extraña: una manifestación organizada para repudiar el halconazo de hace más de cuatro décadas culmina con un asalto digno de Los Halcones. Varios policías y dos funcionarios del GDF resultaron heridos. ¿Habrá presión social exigiendo castigo para sus verdugos? Seguramente no, pues no es políticamente correcto demandar castigo para quien lastima a un agente policiaco. Eso sería “criminalizar la protesta social”. Ω

Los televidentes ven, azorados, a una ministra de la Suprema Corte de Justicia, en la discusión del Pleno, decir que cómo van a liberar a un homicida por un tecnicismo de leguleyos. Cómo lo van a absolver ––reclama–– por el solo hecho de que un abogado defensor no haya estado asistiéndolo en todas las diligencias. ¿Es que ––reprocha–– las víctimas no cuentan?

Muchos, muchísimos de quienes ven el noticiero se quedan entonces con la indignada creencia de que basta una mínima falla en el procedimiento ––un prietito en el arroz–– para que sanguinarios criminales sean liberados por nuestro máximo tribunal a pesar de que esté plenamente demostrada su culpabilidad.

Es verdad que al final de la discusión el propio presidente de la Corte aclara que el amparo concedido en apretada votación ––seis contra cinco–– no implica que el quejoso (el presunto homicida) vaya a ser absuelto y liberado, sino que su efecto es que se dicte una nueva sentencia en la que no se tomen en cuenta las   diligencias en las que se haya violado el derecho a la adecuada defensa, pero si las demás pruebas son suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado, éste no sería absuelto. (Se trata de un caso muy distinto al de Florence Cassez, absuelta y liberada porque la totalidad del material probatorio resultaba no fiable).

Pero los televidentes ya no escuchan con atención. Se han quedado atónitos e irritados con las palabras de la ministra y las comentan con sus acompañantes asegurando que resulta increíble que la justicia proteja delincuentes por formalismos legalistas. Los conductores de los noticiarios no ayudan mucho a la correcta comprensión de los alcances del amparo, pues anuncian la noticia diciendo que “la Suprema Corte ampara a más delincuentes”.

La resolución de la Corte fue correcta: las pruebas obtenidas ilícitamente no pueden tener valor, lo que no significa que se vaya a absolver a todos aquellos acusados en cuyos procesos hubo vicios si existen otra pruebas no viciadas que demuestren su culpabilidad. Pero esto no ha quedado claro para el público, que ha escuchado a toda una señora ministra echar en cara a sus compañeros que absolverían a un delincuente sin importarles las víctimas. Tal vez la ministra sobreactuó su parlamento, pues ninguno de sus colegas ministros propuso absolver al acusado. Pero sus palabras quedaron grabadas en la mente, en el corazón y en el estómago de quienes vieron ese fragmento del debate.

Las resoluciones de los jueces, los magistrados y los ministros no tienen que ser necesariamente populares sino, invariablemente, estar sólidamente argumentadas y apegadas a la ley. Pero una cosa es que los juzgadores no busquen el aplauso del respetable público y otra muy distinta que los abucheos obedezcan a una comprensión equívoca de sus fallos.

No es conveniente que la opinión pública se forme una falsa idea de que el poder judicial se pone al lado de los delincuentes ignorando los derechos y el dolor de las víctimas. Creo que a la Suprema Corte de Justicia ––y en general al poder judicial–– no le haría nada mal una más eficaz estrategia de comunicación social que evite malentendidos en una sociedad que muchas veces, en lugar de esclarecimiento de los hechos y justicia con base en pruebas impecables, exige guillotina contra todo acusado. Ω