1 de mayo de 2020
Organización de los Estados Americanos

La emergencia derivada del COVID-19 está provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto al interior de los hogares como fuera de ellos, en los hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y también en la política. Esta realidad requiere que la participación igualitaria de las mujeres en las decisiones y el enfoque de género sean elementos centrales de las políticas de mitigación y recuperación de la crisis. Las lecciones que han dejado pandemias recientes (Ébola, Zika, SARS) han demostrado que la incorporación de las necesidades de las mujeres en el abordaje de la emergencia no es una cuestión menor. Al contrario, no considerar un enfoque de género profundizará las desigualdades con efectos que se prolongarán en el largo plazo y serán difíciles de revertir.

Las medidas de confinamiento buscan proteger la salud pública y evitar el colapso de los servicios de salud; sin embargo, su aplicación no es neutra desde el punto de vista de género. Los hogares se han convertido en el espacio donde todo ocurre: el cuidado, la educación de los niños, niñas y adolescentes, la socialización, y el trabajo productivo; lo que ha exacerbado la crisis de los cuidados. Se ha incrementado la carga de trabajo relacionada con el cuidado y la atención a las personas, cuya respuesta debería ser colectiva. Sin embargo, la realidad es que esta no se distribuye equitativamente, sino que recae principalmente en las mujeres, y no está valorada ni social ni económicamente. Fuera de los hogares, las mujeres también constituyen el mayor contingente que está asumiendo los cuidados, en el sector de la sanidad, en el trabajo doméstico remunerado y en centros especializados de cuidado de menores, adultos/as mayores y personas con discapacidad, situación que conlleva impactos diferenciados sobre la salud de las mujeres y las expone a un mayor riesgo de contagio.

Globalmente, las mujeres son más pobres que los hombres y ya están sintiendo los efectos en el ámbito económico y en el mercado de trabajo, también segmentado por género. Las mujeres representan una gran proporción de la economía informal en todos los países y los datos indican  que  los  sectores  de  la  economía  más  perjudicados  por  las  medidas  de  aislamiento  social  afectan  de  modo  importante  a  las  mujeres.  Con  independencia  del  sector,  la  efectiva  participación de las mujeres en el trabajo remunerado que se recupere post COVID-19 será necesario para su empoderamiento económico y para la reactivación económica de los países.

Por otra parte, los indicadores dan cuenta de un aumento de la violencia de género, que se recrudece por el confinamiento y por el limitado acceso de las mujeres a los servicios públicos de atención, prevención y sanción de la violencia, que no son considerados como esenciales, y aunque la mayoría de gobiernos están adecuando las medidas al contexto de  la  emergencia,  se  requieren  medidas  extraordinarias  para  una  situación  que  es  extraordinaria.  Adicionalmente,  las  mujeres  están  encontrando  grandes  limitaciones  para  acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, como los partos hospitalarios, lo cual podría incrementar la mortalidad materna. La intersección del género con otras condiciones de vulnerabilidad agudiza el impacto negativo de la crisis, por ello, es prioritario prestar atención a los grupos de mayor vulnerabilidad como las mujeres migrantes, las trabajadoras domésticas, las mujeres privadas de libertad, las jefas de hogar, las mujeres del colectivo LGTBI, y las mujeres más desfavorecidas de las zonas rurales.

El enfoque de género cobra más importancia en esta crisis, especialmente cuando en el contexto internacional algunos sectores han cuestionado consensos básicos entorno a los derechos de las mujeres acordados hace más de 25 años, como la  Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés, la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Beijing, y la  Convención  Interamericana  para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  contra  la Mujer (Convención de Belem do Pará) en la región. En  este marco, es más necesario que nunca que los organismos internacionales y regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como sus Estados Miembros, fortalezcan el enfoque de género en sus análisis y decisiones, fortalezcan sus espacios de atención y defensa de los derechos de las mujeres como la CIM, los Mecanismos de Adelanto Nacionales, y aseguren la participación igualitaria de las mujeres en los gabinetes de respuesta a la crisis.

 Igualmente, es crítico el liderazgo de los países de la región más comprometidos con la igualdad de género, que han incorporado los estándares de los tratados internacionales en materia de igualdad, que cuentan con una alta participación política y económica de las mujeres, con medidas de soporte al cuidado, que atienden la violencia contra las mujeres,  que  evolucionan  con  políticas  feministas  hasta  en  las  relaciones  exteriores,  que  incorporan nuevos paradigmas para medir y combatir la pobreza. Todo ello les hace ser menos desiguales y más competitivos.

El reto de los Gobiernos y de los organismos internacionales para encaminar políticas que busquen la igualdad en la mitigación y de recuperación de esta crisis, podrá abrir una oportunidad para que estas sean apropiadas y efectivas, en la medida en que respondan a las necesidades del conjunto de la población, incluyendo a las mujeres. La región tiene la oportunidad de nuevos pactos, nuevas alianzas y nuevas miradas que compensen las certidumbres que se caen avanzando con el paradigma de la igualdad.

En esta dirección, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, con el objetivo de apoyar a los Estados Miembros, presenta este documento con información y argumentos sobre los impactos, retos y acciones para desarrollar políticas que respondan a las necesidades diferenciadas de la población, enfocándose en los impactos de género y en las necesidades de las mujeres. Este trabajo está basado en el conocimiento generado en  emergencias sanitarias anteriores; en la evidencia y análisis disponibles sobre los im-pactos de género en la emergencia actual; así como también en la información recabada sobre la realidad de la región en las reuniones impulsadas por la CIM en las últimas semanas con las Ministras de la Mujer y Altas Autoridades de los Mecanismos Nacionales de la Mujer, con el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará (MESECVI), y con organizaciones de la sociedad civil.

El documento se centra en los ámbitos de la toma de decisiones, la seguridad y la violencia contra las mujeres, los cuidados y los derechos económicos de las mujeres, y la salud de las mujeres, con especial énfasis en la salud sexual y reproductiva. También se refiere a los grupos que antes de la emergencia se encontraban en situación de vulnerabilidad y que ahora pueden ver incrementados los riesgos, así como a otras actuaciones que son indispensables para abordar la crisis adecuadamente, como la disponibilidad de datos desagregados por género. En suma, se ofrece información que avala la incorporación de las necesidades de las mujeres en las decisiones como una prioridad en los tiempos excepcionales que estamos viviendo.

Para leer el documento completo:
http://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf

15 de abril de 2020
ACNUD

¿Cuál es el impacto de Covid-19 en la violencia basada en género?

Las restricciones de quedarse en casa y otras medidas que limitan el movimiento de personas contribuyen al aumento de la violencia basada en género, situación confirmada por la información de los medios de comunicación, las declaraciones oficiales y  la  información  recibida  de  las  oficinas  de  terreno  de  la  OACNUDH  y  defensoras  y  defensores  de  derechos humanos en muchos países.

Las mujeres y niñas que se encuentran ya en situaciones de abuso están más expuestas a un mayor control y restricciones por parte de sus abusadores, con pocos o ningún recurso para buscar apoyo. Las líneas directas de emergencia reciben informes de mujeres amenazadas con ser expulsadas de sus hogares, expuestas a la infección o con recursos financieros y asistencia médica suspendidos.

Acceder a la ayuda también puede ser más difícil debido al confinamiento con el abusador. Algunas líneas  directas de emergencia reportan una disminución en la cantidad de atenciones, lo que atribuyen a las dificultades para hacer llamadas privadas, mientras que los mensajes de texto y correos electrónicos aumentan.

Los servicios que necesitan las víctimas pueden dejar de ser prioritarios, incluidos los refugios, los servicios de atención médica,  servicios  de  policía  y  del  sector  judicial.  Hay  informes  de  albergues  para  sobrevivientes  de  violencia  de  género cerrados o transformados en refugios para personas sin hogar, así como informes de líneas directas de emergencia que operan con servicio reducido y clínicas móviles y servicios de asesoramiento para mujeres, que se cancelan.

Otro obstáculo para acceder a los servicios es el miedo a la propagación del virus. De acuerdo con reportes de medios, algunos  refugios  han  pedido  a  las  mujeres  que  proporcionen  pruebas  negativas  de  COVID-19  para  ser  aceptadas,  sin embargo, las pruebas no son ampliamente accesibles. ¿Cuáles son algunas prácticas prometedoras?

¿Cuáles son algunas de las acciones clave que los Estados y actores interesados pueden tomar?

1. Asegurar  que  las  mujeres  trabajadoras  del  sector  salud  tengan  acceso  adecuado  a  equipos  de  protección personal, productos de higiene menstrual y apoyo psicosocial.
2. El  acceso  seguro  a  servicios  y  tratamiento  médico  debe  estar  disponible  y  accesible  para  todas  las  mujeres, hombres,  niñas,  niños  y  personas  LGBTI  sin  discriminación.  Las  mujeres  en  situaciones  de  vulnerabilidad,  las mujeres  migrantes,  las  trabajadoras  domésticas,  las  mujeres  mayores,  las  mujeres  con  discapacidad  y  las mujeres embarazadas y lactantes deben recibir atención específica.
3. Garantizar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a todas las personas a   la   atención   materna  y   neonatal;   servicios   de   aborto   seguro   y   atención   postaborto;   anticoncepción; antirretrovirales para el VIH / SIDA; y antibióticos para tratar las ITS.
4. Los servicios de salud pública deben tratar de minimizar los retrasos en la búsqueda de la salud materna, incluso a través de mensajes consistentes que ayuden a la toma de decisiones oportuna por parte de mujeres y niñas, particularmente aquellas que están en áreas de cuarentena, autoaislamiento o con posibilidades reducidas de traslado.
5. Promover públicamente la importancia crítica de todo el personal de la salud, la mayoría mujeres, y la necesidad de solidaridad y apoyo.
6. Asegurar el abastecimiento y disponibilidad de los productos de higiene menstrual, los productos obstétricos, reproductivos y otros de atención primaria de salud.
7. Tener en cuenta los impactos específicos de género que conlleva la inseguridad alimentaria en las mujeres y las niñas, y la exacerbación de esos efectos durante la respuesta al COVID-19 que coloca a las mujeres y las niñas en mayor riesgo.
8. Prestar  especial  atención  a  la  salud  de  las  mujeres  en  el  marco  de  la  investigación  sobre  COVID-19  (efectos, síntomas,  tratamiento,  vacunas)  ya  que  esto  a  menudo  no  ocurre  en  los  ensayos  clínicos;  así  como  a  la generación y recopilación de datos relacionados con la contingencia desglosados como mínimo por sexo, edad, raza y estado de embarazo.

Para leer el documento completo:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights_ES.pdf
(28/05/2020)

3 de abril de 2020
Naciones Unidas-Cepal

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas afirmó que la región no tiene otra opción estratégica que avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible a través de una mayor integración para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 en la región, en un nuevo documento divulgado hoy en su sede central en Santiago de Chile.

El informe titulado América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales, fue dado a conocer en una conferencia de prensa virtual (vía video) por la Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena. El reporte aborda la coyuntura, los escenarios y las proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis pandémica global, junto con recomendar acciones de política en diversos ámbitos para contrarrestar sus negativas consecuencias.

En el estudio la CEPAL señala que solo con un nuevo modelo de desarrollo la región evitará volver a transitar por los caminos que condujeron a una situación en la que los efectos de la pandemia del COVID-19 pueden no solo ser devastadores en el corto plazo, sino también deteriorar las condiciones de la recuperación y el desarrollo.

El informe expresa la urgencia de implementar en la región acciones inmediatas que permitan aplanar la curva de contagio por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), sin aplanar la curva de la economía.

Asimismo, insta a los gobiernos de la región a tomar medidas urgentes para abordar la emergencia sanitaria, la emergencia social y la emergencia económica. En el largo plazo, llama también a los países a repensar sus estrategias de desarrollo, fortaleciendo la coordinación e integración subregional y regional para asegurar las cadenas de suministro de bienes críticos, promover una migración voluntaria, no forzada, aliviar la pobreza y fomentar la reducción de la desigualdad, y fortalecer el comercio intrarregional y las cadenas de producción, entre otras medidas.

“El mundo se encuentra ante una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en el último siglo en un contexto económico ya adverso. A diferencia de 2008, esta no es una crisis financiera sino de personas, producción y bienestar. Una situación de economía de guerra es demasiado importante para dejarla al mercado. Los Estados están asumiendo un papel central para suprimir el virus y los riesgos que afectarán a la economía y la cohesión social”, afirmó Alicia Bárcena.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL agregó que en esta coyuntura la cooperación internacional juega un rol fundamental. “La salida de la crisis dependerá de la fortaleza económica de cada país, por lo tanto, dadas las asimetrías entre los países desarrollados y en desarrollo, el papel de la ONU, el FMI y el Banco Mundial será esencial para garantizar el acceso al financiamiento y sostener el gasto social y la actividad económica con medidas innovadoras”, indicó.

Precisó que, para apoyar el seguimiento y monitoreo de avances a mediano y largo plazo, la CEPAL ha puesto en marcha el Observatorio COVID-19, un esfuerzo coordinado por la CEPAL con el apoyo de los coordinadores residentes de las Naciones Unidas, que presentará información actualizada sobre los anuncios de política de cada país y otros materiales de interés. El Observatorio contiene información sobre movimientos dentro y entre los países, salud, trabajo, economía y escolaridad.

El estudio indica que América Latina y el Caribe enfrenta la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo. Antes de la llegada del COVID-19, la CEPAL preveía que la región crecería un máximo del 1,3% en 2020. Sin embargo, los efectos de la crisis han llevado a cambiar esa previsión y pronosticar una caída del PIB de al menos -1,8%, aunque no se puede descartar que se llegue a contracciones de entre -3% y -4%, o incluso más. El impacto económico final dependerá de las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y global, advierte la Comisión.

Según el informe, la crisis del COVID-19 tendrá efectos económicos directos en los sistemas de salud y las tasas de mortalidad, y efectos indirectos, que se materializarán por el lado de la oferta y la demanda en la economía.

Entre los efectos directos se cuenta el impacto en los sistemas de salud de la región, cuya infraestructura es insuficiente para enfrentar los problemas generados por la pandemia. La mayoría de los países de la región se caracteriza por tener sistemas de salud débiles y fragmentados, que no garantizan el acceso universal necesario para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Por ello, fortalecer los sistemas de salud requiere mayor y mejor gasto público: los países de la región gastan en promedio el 2,2% del PIB en salud; por lo tanto, es necesario encontrar espacio fiscal para fortalecerlos.

Los efectos indirectos de la crisis desatada por la pandemia se están sintiendo en la región a través de seis canales externos de transmisión: 1) La disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales y sus efectos; 2) La caída de los precios de los productos primarios; 3) La interrupción de las cadenas globales de valor; 4) La menor demanda de servicios de turismo; 5) La reducción de las remesas y 6) La intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.

De acuerdo con el estudio de la CEPAL, se prevé que el valor de las exportaciones de la región caerá por lo menos en 10,7% en 2020, debido a la disminución de los precios y a la contracción en la demanda agregada global. Además, dado que la propagación del virus ha acelerado el uso de internet y de las tecnologías digitales, este aumento puede exacerbar las desigualdades derivadas del distinto acceso a las mismas entre los países y entre los grupos de ingresos.

La integración regional es crucial para enfrentar la crisis, enfatiza el organismo de las Naciones Unidas. Los países de la región tienen capacidades productivas poco sofisticadas y fragmentadas a nivel regional, por lo que se requiere escalar las capacidades nacionales y regionales, principalmente en la producción y provisión de bienes de primera necesidad. Para ello es imperativo impulsar el comercio intrarregional, señala el informe.

En el área interna, las medidas de contención tendrán costos en la producción (hasta 67% del PIB regional) y el empleo (hasta el 64% del empleo formal). Asimismo, las medidas de prevención y contención profundizan la crisis de los cuidados en la región: en el período previo a la crisis sanitaria, las mujeres destinaban entre 22 y 42 horas semanales a actividades de trabajo doméstico y de cuidados. La presión sobre los sistemas de salud impactará significativamente a las mujeres, pues son el 72,8% del total de personas ocupadas en este sector.

“El mundo y la región enfrentan una recesión que va a tener efectos de corto y largo plazo. La pregunta es cómo minimizar sus costos y retomar el crecimiento. La magnitud dependerá, entre otros factores, de la contundencia de la respuesta económica, en la que la política fiscal tiene un papel fundamental”, enfatizó Alicia Bárcena.

De acuerdo con la CEPAL, para abordar la emergencia sanitaria es imperativo aplicar inmediatamente y de manera eficiente las medidas de contención sugeridas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fortalecer los sistemas de salud y garantizar acceso universal a pruebas, medicamentos y curas. Para abordar la emergencia social son necesarias medidas de protección de los ingresos para los grupos más vulnerables, medidas de protección del empleo, como los subsidios de desempleo e ingreso básico de emergencia, y medidas de apoyo a las pequeñas y medias empresas (PYMES) y los trabajadores por cuenta propia.

En tanto, para abordar la emergencia económica se requieren acciones de política fiscal, de política monetaria y de cooperación internacional, explica el estudio. En materia fiscal, se deben reorganizar presupuestos para implementar paquetes de estímulo fiscal a fin fortalecer los sistemas de salud, proteger los ingresos y minimizar la contracción de la economía. En el área monetaria hay que procurar la estabilización de los tipos de cambio y preservar la solvencia y el funcionamiento del mercado bancario. Y para incentivar la cooperación internacional es necesario reconsiderar las políticas de préstamos concesionales y de graduación de los organismos internacionales. También facilitar los préstamos a bajo interés y postergar el servicio de deuda a los países en vías de desarrollo, incluidos los de renta media.

En particular, el organismo de las Naciones Unidas llama a levantar las sanciones impuestas a Cuba y a Venezuela para permitir su acceso a alimentos, suministros médicos y pruebas de la COVID-19 y asistencia médica. “Es tiempo de solidaridad, no de exclusión”, indica el documento.

A largo plazo, la región deberá repensar sus estrategias de desarrollo para prevenir la severidad de futuros choques, enfatiza el informe. En este sentido, la CEPAL propone la creación de un fondo regional dedicado a las necesidades particulares de los países de ingresos medios para apoyar la recuperación social, económica y productiva. Asimismo, enfatiza la importancia de contar con un apoyo flexible de las organizaciones financieras multilaterales. Los países en desarrollo deben negociar colectivamente préstamos en condiciones favorables y servicios de la deuda y revisar las políticas de graduación para los países de ingresos medios, explica.

“La CEPAL ofrece un espacio intergubernamental para convocar a las partes interesadas de los sectores público y privado, la sociedad civil y la academia para desarrollar soluciones políticas a los impactos a largo plazo de la crisis y monitorear sus impactos”, declaró Alicia Bárcena.

El reporte también advierte que la crisis del COVID-19 pone en riesgo la integralidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos (ODS). En su análisis presenta ejercicios de simulación para 72 series estadísticas de los indicadores de los ODS. Según la Comisión, el 73% de los indicadores analizados muestra que hay problemas para lograr los ODS hacia el año 2030. En este sentido, la CEPAL enfatiza que evaluar los impactos de las políticas utilizadas para implementar la Agenda 2030 en los países de la región es crucial. De allí que, para apoyar el seguimiento y monitoreo de avances a mediano y largo plazo, el organismo ha desarrollado dos instrumentos concretos: el Portal de los ODS (SDG Gateway) y el Observatorio COVID-19, que estarán próximamente a disposición de la comunidad.

Para ver el informe completo:
http://www.pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/covid/CEPAL.pdf

Fuente:
https://www.cepal.org/es/comunicados/la-unica-opcion-estrategica-mediano-plazo-mitigar-efectos-covid-19-la-region-es-avanzar
(25/05/2020)