Perseo _{Revista electrónica del PUDH}

Reflexión sobre la eliminación de la violencia contra la mujer

La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres constituye un problema lacerante que necesariamente amerita atención urgente del Estado mexicano. Su prevalencia en prácticamente todos los ámbitos de su vida refleja la desigualdad imperante entre los géneros y la magnitud del deterioro del tejido social, pues no sólo afecta su dignidad personal, sino que debilita las bases de la convivencia pacífica y limita el desarrollo y crecimiento del país.

Las prácticas sexistas y patriarcales que persisten en la sociedad, encuentran su mejor aliado en la indiferencia, la tolerancia y la impunidad de los crímenes que se cometen a diario contra las mujeres, quienes además de hacer frente a las consecuencias de la violencia que han padecido, tienen que lidiar frecuentemente con la que ejercen las autoridades por acción, negligencia u omisión de garantizar niveles mínimos y razonables de protección a su integridad y derechos humanos.

El feminicidio es la manifestación extrema de la violencia contra las mujeres; la lucha por su tipificación expresa en los códigos penales ha tenido su fundamento ideológico en los primeros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de ese grupo poblacional, en particular la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y las resoluciones de organismos internacionales, como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso González y Otras vs México” en 2009, conocido como “Campo algodonero”. 

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Derechos alimentarios de la niñez y la adolescencia

En el marco del Dia Mundial de la Alimentación (16 de octubre), las instancias de gobierno y del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general tenemos la oportunidad de sumarnos a los esfuerzos que en distintos ámbitos se realizan en beneficio de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través del examen de problemáticas específicas en las que se ven inmersos, y convocando a las y los representantes de aquellas autoridades e instancias cuyo mandato constitucional y legal es garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

El derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes está comprendido en los derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo, los cuales resultan indispensables para posibilitar su acceso al goce y disfrute del resto de los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico y cuya realización depende, a su vez, de la satisfacción de sus demás derechos y los de sus familias.

Es prioritario asegurar que niñas, niños y adolescentes tengan cubiertas sus necesidades básicas, pues sin acceso a alimentos, vivienda, servicios de salud, educación, oportunidades de recreación, entre otros, se les coloca en una situación de vulnerabilidad que puede derivar en una cadena de transgresiones sistemáticas a sus derechos.

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Con motivo de la publicación en 2002 del Informe sobre la violencia y la salud por la Organización Panamericana de la Salud¹, Nelson Mandela escribió -en el prólogo correspondiente- que el siglo XX sería recordado por haber estado marcado por una violencia infligida nunca antes vista en la historia de la humanidad, caracterizada por “…el dolor de los niños maltratados por las personas que deberían protegerlos, de las mujeres heridas o humilladas por parejas violentas, de los ancianos maltratados por sus cuidadores, de los jóvenes intimidados por otros jóvenes y de personas de todas las edades que actúan violentamente contra sí mismas”. El siglo XXI parece seguir la suerte de su antecesor, lo que mucho preocupa, pero, sobre todo, debe ocuparnos para transformar la realidad que se vive en muchos lugares del mundo.

La violencia se hace presente en el mundo cuando hay ausencia o un débil Estado democrático y constitucional de derecho, cuando no se respetan los derechos humanos, cuando la indiferencia de las autoridades ante la corrupción, inseguridad e impunidad se vuelve una constante y cuando los valores y principios se encuentran ausentes en las acciones de las instancias de gobierno y del Estado, así como de los seres humanos como integrantes de la sociedad. Hablamos no solo de aquella que deriva de conflictos armados, sino también de la que se manifiesta a través de agresiones físicas y psicológicas, la que se caracteriza por la desigualdad social, exclusión e injusticia para determinados grupos de población; la que se refleja a través de la pobreza y pobreza extrema, así como aquella que se traduce en discriminación y odio, incluidos los discursos que generan polarización en la sociedad. Todas, sin excepción, nos afectan de un modo u otro.

La construcción y permanencia de una cultura de paz debe considerar el reencuentro con los “valores, [principios], actitudes, tradiciones, comportamientos,
[formas de pensar] y estilos de vida”²que favorezcan el rechazo a la violencia en cualquiera de sus modalidades, la prevención de conflictos de diversa índole y la solución de los que se encuentren vigentes a partir de un proceso participativo en el que se promueva el dialogo y la negociación entre las partes involucradas, bien se trate de personas, grupos o naciones, poniendo especial atención en aquellos que se vinculan con la desigualdad y exclusión de diversos sectores poblacionales.

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La educación en tiempos de pandemia

La llegada de la pandemia global del Covid-19 nos sorprendió y nos orilló al confinamiento sin estar preparados para afrontar diversos temas de la vida pública, económica y social que han tenido efectos negativos en el ejercicio pleno de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Lo anterior sin desconocer, desde luego, las grandes brechas de desigualdad social que caracterizan a los países de la región (América Latina y el Caribe) y que inciden en los ámbitos familiar, personal, escolar y socioeconómico como “factores determinantes de los resultados educativos” que afectan el desarrollo y bienestar integral de las personas.

Para poner en contexto la afectación -en mayor o menor medida- que sufrieron millones de estudiantes en el mundo, vale la pena referir que, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a mediados de mayo de 2020 más de 1,200 millones estudiantes de todos los niveles de enseñanza, dejaron de tener clases presenciales en la escuela. De ese total, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe...

Reflexiones sobre los derechos humanos
de las personas con Covid-19

Han transcurrido poco más de ocho meses desde que se presentó el primer caso de coronavirus en el mundo y más de 5 meses de su manifestación en nuestro país. Los estragos del Covid-19 siguen manifestándose globalmente y, particularmente en la región de América Latina y el Caribe a través del incremento del desempleo y la falta de prestaciones sociales; bajos salarios, ingresos y consumo de bienes y servicios;  expansión de la pobreza y pobreza extrema, así como mayores costos en los sistemas de salud —débiles y fragmentados— y desigualdades en su acceso, además de vislumbrarse el cierre de más empresas, reducción de la inversión privada y bajo crecimiento económico.  
En este entorno y a fin de orientar a los estados nacionales sobre la adopción de medidas de atención y contención de la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó, el pasado 10 de abril, la Resolución No. 1/2020 a través de la cual estableció, en un contexto de emergencia sanitaria global, estándares y recomendaciones a partir de una premisa fundamental: el pleno respeto a los derechos humanos.

Los derechos humanos, la seguridad pública, el acceso a la justicia, el fortalecimiento de las instituciones y el respeto al Estado de derecho son, sin duda alguna, temáticas de suma importancia frente a los acontecimientos cotidianos de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que se viven en distintas regiones del país. 

En diversas ocasiones se ha insistido en que los derechos humanos enfrentan en México una de sus etapas más críticas y desafiantes, a lo que se suma el contexto de emergencia sanitaria que se vive y la necesidad de hacer efectivos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) por estar directamente vinculados  con la dignidad y el desarrollo humano, la igualdad de oportunidades, el crecimiento económico y social de los países, y con otros derechos humanos como la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, la igualdad de género, la seguridad social y el acceso a la información, entre otros.

La emergencia sanitaria derivada del COVID-19 ha tenido, tiene y, desafortunadamente, seguirá teniendo fuertes impactos en la salud, el crecimiento económico y el desarrollo social en un contexto regional caracterizado por una profunda desigualdad y vulnerabilidad que vislumbra el incremento de la pobreza y pobreza extrema en varios países de las Américas.
Las medidas de aislamiento social, así como la paralización parcial de las economías y el cierre de fronteras para evitar la expansión del coronavirus, sin duda alguna, harán retroceder el proceso de mejoramiento alcanzado -hasta antes de su aparición- en la calidad de vida de la población, es decir, se afectará el desarrollo social y sus principales componentes: salud, educación, alimentación, vivienda, empleo y seguridad social, entre otros, considerados como derechos sociales. Veamos el por qué.

El Covid-19 representa no solo una amenaza sanitaria mundial, sino también económica, social y de derechos humanos que ha generado miles de decesos y enfermos, miedo y sufrimiento, desempleo y preocupación, estrés y daño psicológico, confinamiento y violencia en los hogares.
            La Organización Mundial de la Salud ha destacado que la pandemia mundial se ha caracterizado por su rápida propagación que ha rebasado los sistemas sanitarios más resilientes; por su gravedad toda vez que, en términos generales, el 20% de los casos son graves o críticos, con una tasa de mortalidad de los casos hospitalarios que supera el 3%, lo que es mayor tratándose de personas en edad avanzada y aquellas con ciertas patologías prexistentes, y por la perturbación social y económica traducida en las afectaciones a los sistemas sanitarios y las acciones adoptadas para contener su transmisión, lo que ha representado profundas consecuencias socioeconómicas.
            Los pronósticos sobre la pandemia en países donde la práctica de pruebas de detección representa un porcentaje mínimo, nos lleva a la incertidumbre y el temor de los efectos y consecuencias que la enfermedad puede representar, por lo que es necesario replantear la estrategia e incrementar los recursos para pruebas de detección del virus y su tratamiento. 
            El respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos y sociales, resulta el eje fundamental de respuesta de salud pública. En efecto, el progreso y bienestar económico, social, político, así como la democracia, la solidaridad y la paz, no serán realizables si no garantizamos primero que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas y existan las condiciones institucionales, económicas, financieras y de seguridad idóneas que les permitan desarrollar sus proyectos de vida conforme a sus aspiraciones y convicciones personales, lo que implica que mientras existan transgresiones a la dignidad humana, será difícil que nuestro país acorte las ingentes brechas de desigualdad e inequidad que limitan el potencial humano de sus habitantes.

Sabemos que México atraviesa por momentos difíciles y complicados. La crisis en materia de derechos humanos en distintas regiones del país y la violencia de género, la crisis económica derivada de la caída del precio del petróleo, la emergencia sanitaria derivada del Coronavirus, que la Organización Mundial de la Salud ha renombrado como Covid 19 y su respectivo impacto en la economía nacional, son solo algunos ejemplos de lo que hoy en día enfrentamos como sociedad.

            Es el momento de permanecer unidos frente a los desafíos que como país estamos enfrentando; solidarios con aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de mayor desigualdad social; respetuosos de las reglas derivadas de las normas y buenas practicas ante situaciones de emergencia sanitaria y receptivos a la información objetiva proporcionada a través de los medios de comunicación, así como generar las estrategias que permitan el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Reflexionemos sobre algunos puntos en específicos...

México es un país de grandes retos; cada día enfrentamos situaciones que obligan a implementar nuevos y mejores mecanismos para garantizar los derechos humanos y fortalecer la paz, la democracia y la pluralidad. Por ello, a partir de este número se dará cuenta de los principales temas y efemérides relacionadas con los derechos humanos en el ámbito universitario y en el contexto nacional.

Violencia de género.

Frente a las grandes asignaturas pendientes en materia de defensa y protección de los derechos humanos, como la erradicación de la violencia contra la mujer,  se requiere de una fuerte voluntad y compromiso social para sumar esfuerzos y trabajar con una visión renovada y fortalecida en la que la dignidad de las personas y la realización plena de sus derechos sean la máxima prioridad.
            Conocemos de evidencias de investigaciones y estudios que revelan la alta incidencia de violencia de genero y estamos conscientes que se trata de una problemática compleja, en las que están inmersas prácticas, costumbres, estereotipos, discriminación, desconocimiento, falta de oportunidades, legislación no congruente con el nuevo paradigma de protección a la no violencia contra la mujer, y otros elementos que derivan en acciones u omisiones que atentan contra su dignidad humana.
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La violencia de género en la UNAM es asunto prioritario para las autoridades y la comunidad universitaria. En el documento Derechos humanos, derechos universitarios y perspectiva de género en la construcción de la No Violencia, presentado por el Mtro. Luis Raúl González Pérez, Coordinador del PUDH-UNAM, en el conversatorio del mismo título, celebrado el 30 de enero en la Escuela Nacional de Trabajo Social, se resumen los esfuerzos, los logros y los retos en el combate a ese intolerable problema.

            La concentración de la riqueza persiste y crece en el mundo como una de las violaciones a los derechos humanos más antiguas, más extendidas, más ofensivas, señala Oxfam en su informe Los 22 hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que todas las mujeres de África, que concluye con algunas propuestas de solución.

            El académico y analista Sergio Aguayo enfrenta una acción judicial improcedente, injusta y desmesurada con motivo de su valiosa labor periodística. Es alentador que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apreste a atraer el amparo que él ha promovido, lo que puede determinar que él y la libertad de expresión no sufran menoscabo irreparable.

Perseo, en nombre de los trabajadores del Programa Universitario de Derechos Humanos, con profundo cariño, gratitud y admiración, saluda y le expresa un hasta siempre al Dr. Luis de la Barreda Solórzano, quien ha terminado su magnífica gestión como Coordinador fundador del Programa; y, asimismo, recibe con gran gusto y le da la más cordial bienvenida al Maestro Luis Raúl González Pérez como nuevo Coordinador, después de su ejemplar desempeño como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
            En su nueva sección, El pensamiento de Jorge Carpizo, dedicada al recuerdo y homenaje al padre de la doctrina moderna de los derechos humanos en México, Perseo incluye uno de los Veinte Consejos del inolvidable maestro a jóvenes universitarios.
            Amnistía Internacional, la organización humanitaria internacional, señala la falta de avances en materia de derechos humanos en México en el nuevo gobierno.