26 de marzo de 2026
Foto: Gaceta, UNAM
La trata de personas debe entenderse no sólo como un delito, sino como una violación sistemática de derechos humanos que refleja profundas desigualdades sociales, coincidieron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México durante el Conversatorio Permanente “Proyectar caminos para los derechos humanos. Una visión multidisciplinaria”, organizado por el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) y la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas y Violencias Interconectadas.
En el encuentro, Alfredo Sánchez Castañeda, coordinador del PUDH, subrayó que este fenómeno vulnera de manera sistemática derechos fundamentales como la libertad, la dignidad y la integridad física y emocional. Destacó que su análisis desde el enfoque de derechos humanos se sustenta en instrumentos internacionales como el Protocolo de Palermo y en criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan a los Estados a prevenir, proteger y erradicar estas violencias.
Asimismo, recordó que en 2025 el PUDH estableció bases de colaboración con la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas y Violencias Interconectadas” para fortalecer la atención a personas en situación de vulnerabilidad a través de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos del PUDH así como desarrollar investigación y formación académica conjunta.
Durante la sesión “Trata de personas desde el enfoque de derechos humanos”, el académico y titular de la Cátedra, Mario Luis Fuentes señaló que el siglo XXI enfrenta nuevas amenazas globales, como el crimen organizado y diversas formas de violencia, que han complejizado este fenómeno.
Indicó que la trata de personas permite observar múltiples violencias interrelacionadas, ya que las víctimas suelen haber enfrentado previamente violencia psicológica, física o económica, lo que limita su capacidad de ejercer con plenitud sus derechos.
El especialista advirtió sobre una paradoja contemporánea: aunque existen marcos jurídicos más robustos en derechos humanos, persiste una limitada capacidad estatal para garantizarlos, lo que organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han denominado una crisis de estatalidad.
En el caso de México, recordó que la reforma constitucional de 2011 en derechos humanos representó un avance significativo, aunque aún enfrenta retos de implementación. Añadió que la desigualdad actúa como un factor estructural que potencia las violencias y limita el acceso efectivo a derechos.
Finalmente, Fuentes destacó la responsabilidad de las universidades en la generación de conocimiento y en la formación de nuevas generaciones comprometidas con la dignidad humana, al tiempo que subrayó la necesidad de transformar las prácticas culturales que normalizan la violencia.
“Cambiar la cultura es el primer paso para cambiar la historia de la violencia y de la no garantía de los derechos humanos”, concluyó el académico.
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Fuente:
https://www.gaceta.unam.mx/violencias-desigualdad-y-crisis-institucional-retos-de-los-derechos-humanos-en-el-siglo-xxi/
(26/03/2026)
