José Luis Belmont*

I. Enfocarse en los sectores más desfavorecidos

El ejercicio de una economía social y solidaria significa una vía para atender los retos y problemáticas que impone la actualidad del trabajo en el mundo y que enfrentan, sobre todo, los sectores más desfavorecidos de la sociedad, en la economía y el trabajo, como son: las trabajadoras, las personas con capacidades diferentes, las personas con edades prejubilatorias en busca de empleo, personas trabajadoras del sector informal, personas que viven en pobreza y marginación, y personas sin empleo.

II. Retos a la representatividad

1. Los retos de la representatividad son mayúsculos, pues no permiten que las trabajadoras, las personas con discapacidad, personas con edades prejubilatorias en busca de empleo y personas trabajadoras del sector informal, participen en la discusión de las temáticas aún por la vía remota.
2. Cada vez se hace más necesario establecer mecanismos para involucrar a esas personas en la implementación de las políticas que materialicen la economía social y solidaria, a nivel de los Estados, a nivel subestatal (local) y municipal; así como en las empresas, públicas y privadas, y en todo tipo de actividades productivas, incluido el sector informal.
3. La representatividad en el mundo laboral tiene como presupuesto que hay un grupo al cual representar. Por lo cual, para favorecer la inclusión, la igualdad y la no discriminación como elementos básicos de la justicia social, se precisa promover mediante políticas o reformas legales, el establecimiento de cuotas de contratación  en las empresas o mínimos que incluyan la contratación obligatoria de trabajadoras (cuotas de género), personas con capacidades diferentes (cuotas de discapacidad), personas con edades prejubilatorias en busca de empleo (cuotas de retiro); así como, urgentemente, atraer e incluir a la formalidad a personas trabajadoras del sector informal.

III. Solidarizar los beneficios económicos

1. El carácter social y solidario de la economía debe sustentarse en acciones concretas que partan de una equitativa distribución de los beneficios económicos o utilidades de las empresas, el aumento de los salarios y el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el empleo, busquen la mayor armonía con el medioambiente y reduzcan los impactos sobre los recursos naturales.
2. La economía social y solidaria puede ser un mecanismo efectivo de justicia social. El concepto de economía social y solidaria debe involucrar a todas aquellas personas que participan en los procesos productivos.
3. Una economía social y solidaría debe apoyarse en el convencimiento de los entes económicos y financieros en general, en las empresas, los sindicatos y los gobiernos y autoridades, de que promover mayores beneficios a las trabajadoras y los trabajadores se transformará en un beneficio para las empresas y las sociedades, lo que creará efectos inmediatos en favor de la justicia social y el trabajo digno y decente.

IV. “Socializar” la economía social y solidaria

1. La persistente desconexión entre las discusiones y los acuerdos que se presentan en lo internacional con respecto a la vida de los trabajadores y de sus entidades productivas en su actividad cotidiana, precisa de potenciar la capacidad comunicativa de quienes poseen la información del “saber cómo”, el know how de la economía social y solidaria.
2. De la misma manera, deben buscarse canales más directos entre la OIT-ILO (Organización Internacional del Trabajo – International Labour Organization) y las preocupaciones de las personas trabajadoras, ya que muchos centros de trabajo carecen de sindicatos que les alleguen información.
3. Las oficinas públicas que dan registro y dan permisos para la apertura de actividades comerciales deben aprovecharse y utilizarse como centros de difusión de información para empleadores que deseen implementar acciones por la economía social y solidaria.

V. Tecnologías de la Información para la justicia social a través de la economía social y solidaria

1. Las tecnologías de la información deben aprovecharse al máximo para transmitir los conceptos y estrategias en favor de la igualdad y la justicia social que se están generando desde los foros internacionales.
2. La OIT-ILO debe fomentar el uso de aplicaciones (apps) telefónicas con información básica, asequible y con accesibilidad sobre derechos humanos laborales, trabajo decente, salud y seguridad en el trabajo y en general, sobre legislación laboral, además de utilizarse para la difusión de sus eventos.

VI. Enfoque educativo de la economía social y solidaria para la justicia social

1. Los conceptos de la economía social y solidaria, el trabajo decente y la justicia social, deben traspasar las fronteras del mundo laboral para llegar a los ámbitos educativos donde tienen que fomentarse ampliamente.
2. Una manera de fomentarse se puede lograr mediante la inclusión de materias con enfoque de derechos humanos que incluyan en los programas de estudio los conceptos de la economía social y solidaria, el trabajo decente y la justicia social.
3. Acercar los contenidos de derechos humanos, economía social y solidaria, trabajo decente y justicia social a lo largo del proceso educativo, favorecerá y facilitará su adopción cuando las personas que reciben educación se integren a algún sector, ya sea gubernamental, patronal o laboral.
4. Los contenidos de derechos humanos, economía social y solidaria, trabajo decente y justicia social deben estar presentes de manera general en los programas de estudio de todas las áreas en que se imparta educación y, sobre todo, con un grado mayor de especialización en los programas de los estudios económicos, de trabajo social, jurídicos, psicológicos, administración y contabilidad, entre otros.

Atentamente,
José Luis Belmont Lugo

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ENGLISH VERSION

Amicus brief to the 110th International Labour Conference on the social and solidarity economy^[2]

José Luis Belmont

I. Focusing on the Most Disadvantaged Sectors

A social and solidarity economy offers a way to address the challenges posed by the current state of work worldwide, particularly for the most disadvantaged sectors of society, both economically and in the workplace. This group includes women workers, people with disabilities, pre-retirement age individuals seeking employment, informal sector workers, people living in poverty, and the unemployed.

II. Challenges to Representation

1. Significant challenges to representation prevent women workers, people with disabilities, people of pre-retirement age seeking employment, and informal sector workers from participating in discussions on these issues, even remotely.

2. It is increasingly necessary to establish mechanisms that involve these individuals in implementing policies that materialize the social and solidarity economy at the state, sub-state, municipal, public, and private levels, as well as in all types of productive activities, including the informal sector.

3. Representation in the world of work presupposes the existence of a group to represent. Therefore, to promote inclusion, equality, and non-discrimination as fundamental elements of social justice, it is necessary to promote policies or legal reforms that establish hiring quotas for companies. These quotas should include mandatory hiring of female workers (gender quotas), people with disabilities (disability quotas), and people of pre-retirement age seeking employment (retirement quotas). It is also urgent to attract and incorporate informal sector workers into the formal economy.

III. Sharing Economic Benefits

1. The social and solidarity-based nature of the economy must be supported by concrete actions, beginning with the equitable distribution of companies’ economic benefits or profits, increased wages, and improved occupational conditions.

2. The social and solidarity economy can be an effective mechanism for achieving social justice. This concept must involve everyone participating in production processes.

3. The social and solidarity economy must be based on the conviction of economic and financial entities, businesses, unions, governments, and authorities that promoting greater benefits for workers will create immediate effects in favor of social justice and decent work, translating into benefits for businesses and societies.

IV. “Socializing” the Social and Solidarity Economy

1. The persistent disconnect between international discussions and agreements regarding the daily activities of workers and their productive entities requires strengthening the communication skills of those who possess information, know-how, and expertise regarding the social and solidarity economy.

2. Similarly, the ILO should establish more direct channels with workers, since many workplaces lack unions to provide them with information.

3. Public offices that register businesses and issue permits should be used as information centers for employers who wish to implement social and solidarity economy initiatives.

V. Information Technologies for Social Justice through the Social and Solidarity Economy

1. Information technologies should be used to fully disseminate the concepts and strategies that promote equality and social justice, which are being developed in international forums.

2. The ILO should promote mobile applications that provide basic, affordable, and accessible information on labor rights, decent work, occupational health and safety, and labor legislation in general. These applications should also be used to disseminate information about ILO events.

VI. Educational Approach to the Social and Solidarity Economy for Social Justice

1. The concepts of the social and solidarity economy, decent work, and social justice must transcend the boundaries of the world of work and reach educational settings, where they must be widely promoted.

2. One way to achieve this is by incorporating subjects with a human rights approach into curricula that address the concepts of the social and solidarity economy, decent work, and social justice.

3. Integrating these concepts throughout the educational process will foster their adoption when individuals enter any sector, whether governmental, employer-owned, or labor-related.

4. Human rights, social and solidarity economy, decent work, and social justice should be present in all educational curricula, especially in specialized programs in economics, social work, law, psychology, administration, accounting, and other fields.

Regards
José Luis Belmont

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* Secretario Técnico del Programa Universitario de Derechos Humanos. Contacto: joseluis.belmont@pudh.unam.mx y joseluis.belmont@hotmail.com