José Pablo Hernández Ramírez^*

En los años recientes, la transición tecnológica ha dado un salto resaltable, que se refleja en la Inteligencia Artificial Generativa (IAGen), una herramienta que, en contraste con la IA tradicional, mediante prompts o comandos, es capaz de generar texto, código e imágenes, en vez de solamente clasificar o analizar los datos existentes, redefiniendo la manera en que se organiza el trabajo. Ello tiene impactos distintos en cada industria, y la “industria legal” no es la excepción. Se estima que hasta el 44% de las tareas legales actuales pueden ser automatizadas.^[1]

Esta oportunidad puede permitir que pequeñas y medianas clínicas de derechos humanos, como la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH-UNAM), nivelen la balanza frente a grandes despachos, al poder incrementar drásticamente la productividad de cada abogado que se desempeña en estas clínicas.

José Luis Belmont*

I. Enfocarse en los sectores más desfavorecidos

El ejercicio de una economía social y solidaria significa una vía para atender los retos y problemáticas que impone la actualidad del trabajo en el mundo y que enfrentan, sobre todo, los sectores más desfavorecidos de la sociedad, en la economía y el trabajo, como son: las trabajadoras, las personas con capacidades diferentes, las personas con edades prejubilatorias en busca de empleo, personas trabajadoras del sector informal, personas que viven en pobreza y marginación, y personas sin empleo.

Mairyn Pérez Pérez

Resumen

El Estado dominicano presenta en su exposición que ha mantenido el trabajo en favor de sus ciudadanos para mantener el respeto a los derechos humanos en su territorio, entre estos la ley que prohíbe el matrimonio entre menores de edad. 

Indica entre sus logros, en cuanto al derecho a la salud que los centros del servicio Nacional de Salud prestan atención médica sin considerar la situación migratoria del paciente, su religión, etnia, condición social o sexo. Señala, también en el ámbito de la salud, la mejoría en acceso a anticonceptivos, lo cual significó una reducción del embarazo adolescente del 24.4 al 19.37 por ciento.

Enrique Guadarrama López*

En los días previos al cierre de año, tuvimos conocimiento del conflicto que se presentó entre el gobierno del Estado de Morelos y los concesionarios del transporte público, quienes amenazaron con realizar un paro de servicios de no autorizarse aumento de tarifas del 50%. Se hicieron diversos señalamientos por parte de la autoridad sobre el incumplimiento a diversas obligaciones en la prestación del servicio. Sólo me referiré a una de ellas: la falta de verificación ambiental a los camiones.

Sobre ese punto, alguno de los lideres del gremio declaró, desfachatada e irresponsablemente, que los transportistas y dueños de las unidades no son culpables de la cauda de humo contaminante que van dejando a su paso, a lo largo de las calles por las que circulan. Agregó que la responsabilidad recae en las empresas armadoras o fabricantes de los camiones. Su pretendida justificación, además de ser reprobable, requiere refutarse con argumentos.