Muy buenas tardes:

Dra. Carina Xóchil Gómez Fröde, Presidenta del Honorable Tribunal Universitario de la UNAM
Dr. Miguel Armando López Leyva, Coordinador de Humanidades de la UNAM

Distinguidas personas invitadas de honor:

Vocales permanentes y especializadas en género de este H. Tribunal Universitario
Mtra. Araceli Romo Cabrera, directora de la FES Aragón
Mtra. Nora del Consuelo Goris Mayans, directora de la FES Acatlán
Distinguidas y distinguidos representantes de las Direcciones Generales de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de ciencias y Humanidades
Lic. Héctor Lecuona Gutiérrez, Secretario de Asuntos Estudiantiles de la DGENP.
Estimadas Directoras y Directores de la Escuela Nacional Preparatoria
Lic. Axayácatl Guzmán Roque, Director ENP 1.
Mtra. María del Carmen Crispín Martínez, Directora ENP 2.
Dr. Alejandro Roberto Alba Meraz, Director ENP 3.
Mtro. Jaime Cortés Vite, Director ENP 5.
Mtro. Isauro Figueroa Rodríguez, Director ENP 6.
Mtro. Víctor Manuel Coffe Ramírez, Director ENP 7.
Dr. Raúl Rodríguez Díaz, Director ENP 9.
Estimadas directoras y directores del Colegio de Ciencias y Humanidades
Lic. Maricela González Delgado, Directora CCH Vallejo.
Mtra. María Patricia García Pavón, Directora CCH Oriente.
Mtra. Martha Patricia López Abundio, Directora CCH Azcapotzalco.
Mtra. Verónica Berenice Ruiz Melgarejo, Directora CCH Naucalpan.

Personal de este Tribunal Universitario
Estimadas y estimados integrantes de la comunidad académica, estudiantil y funcionariado universitario
Amigas y amigos que nos acompañan en esta Sala de Audiencias y a quienes nos siguen en línea
Muchas gracias por darse cita

En la antigua república romana, entre los siglos II y I antes de Cristo, existió una norma que regulaba las agresiones leves contra el honor o la dignidad de un ciudadano, por la que se castigaba a quien la infringía con el pago de veinticinco ases, una moneda de bronce de bajo valor.

Al respecto, cuenta AULO GELIO, quien cita a su vez a FAVORINO, filósofo sofista, la siguiente historia:

“Lucio Veracio era un hombre desalmado y de una brutalidad inmensa. Para divertirse tenía por costumbre golpear el rostro de los hombres libres con la palma de la mano. Solía llevar tras él un esclavo con una bolsa llena de ases [moneda de poco valor] y, cuando abofeteaba a alguien, ordenaba …”

Como podemos apreciar, la persona agresora, Lucio Veracio, no valoraba la dignidad de un ciudadano, ni entendía que su conducta era inadecuada para no cometerla por ese simple hecho. No le daba importancia a la sanción y se burlaba de la misma. Es así como el aparato de justicia romano se vio en la necesidad de evaluar caso por caso la injuria para imponer multas proporcionales y disuasorias. La anterior historia sirva como un ejemplo de la necesidad histórica que ha existido de repensar lo que se entiende por impartir justicia.

En ese sentido, con el propósito de consolidar esfuerzos para fortalecer y promover una mejor convivencia entre quienes integran nuestra comunidad universitaria, a finales de 2025 se realizaron acercamientos entre el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) y la presidenta del Tribunal Universitario (TU), la Dra. Carina Xóchil Gómez Fröde, quien me expresó su interés en imprimir un nuevo rumbo a la justicia universitaria desde enfoques adaptados, restaurativos y terapéuticos, con una base sólida en los derechos humanos, alejándose de modelos punitivos. Igualmente, la Dra. Gómez Fröde consideraba que las normas y los procedimientos disciplinarios universitarios, gracias también a las orientaciones del Poder Judicial de la Federación, deben contar con un enfoque o perspectiva de género, considerar el interés superior de las infancias y las adolescencias, así como la necesidad de contar con una justicia universitaria adaptada, terapéutica, restaurativa y trasformadora.

Derivado de nuestras conversaciones, se consideró necesario colaborar conjuntamente y formalizar esta sinergia mediante la suscripción de unas bases de colaboración. El objetivo central de ese instrumento es la realización conjunta de cursos, talleres, proyectos de investigación, conferencias y otras actividades que contribuyan de manera relevante a la promoción de una cultura universitaria de convivencia basada en los derechos humanos y en la Legislación Universitaria.

Entre los primeros pasos para concretar esta colaboración institucional que busca atender a las problemáticas urgentes y los retos que enfrentan las instituciones de justicia en la Universidad en relación con la población estudiantil, se encuentra la impartición de un “Taller sobre convivencia y bienestar universitarias.” El Taller tendrá una duración de 10 horas y se integrará por 5 sesiones y contará con la colaboración de las y los integrantes del Programa y de su Clínica Jurídica, quienes desde su expertise psicológica y jurídica contribuirán en la consolidación de una comunidad más resiliente. Posteriormente, el PUDH desarrollará diversos cursos o talleres con temáticas como “Noviazgo y amistad sanos”, “Justicia adaptada y derechos humanos”, entre otros.

Para el PUDH resulta muy significativa la colaboración con el TU, puesto que permitirá incidir directamente en favor de un sector muy específico de la comunidad universitaria integrado por las personas que han recibido alguna sanción emitida por ese órgano universitario, a efecto de que puedan encontrar una vía adecuada para buscar resarcir el tejido universitario, tomar conciencia de las consecuencias de las acciones que llevaron a esas personas a cometer actos contrarios a la Legislación Universitaria y evidenciar el impacto social y universitario de las afectaciones que tuvieron en diferentes ámbitos de su vida, personal, familiar y académica.

Entre las inspiraciones de este taller destaca el enfoque de la justicia desde las ópticas restaurativa, terapéutica y transformadora.

Justicia restaurativa porque busca reparar el daño causado por una falta, infracción o delito, restableciendo relaciones rotas entre víctima, ofensor y comunidad, en lugar de centrarse sólo en el castigo. Se busca, a través de la justicia restaurativa, reparar el daño no sólo material, también emocional y social y, en la medida de lo posible, alcanzar la reconciliación entre las partes en conflicto.

En el caso de la víctima se puede buscar (si accede) que participe en el proceso, para expresar su sentir, para escuchar, para recibir explicaciones y, en su caso, acordar posibles formas de reparación. Respecto de la persona ofensora, se pretende que reconozca el daño causado, que contribuya a la reparación, más allá de la sanción impuesta, y, en su caso, se disculpe.

Justicia terapéutica porque se apoya en la idea de que la ley o sus procedimientos pueden tener efectos o impactos positivos o negativos en el bienestar psico-emocional de las personas involucradas, a fin de proveer el bienestar psicológico, las capacidades y los elementos para resarcir a las personas en sus afectaciones. Esta justicia procura, en general, la salud mental y emocional de las personas.

La justicia terapéutica busca cómo minimizar los efectos negativos de los procesos legales (estrés, traumas o estigmatización), priorizar y promover los efectos positivos en las personas, como la rehabilitación, bienestar y motivación al cambio; esta justicia tiene el propósito de evaluar y, en su caso, mejor las normatividades sustantiva y procesal.

Pretende, además, el reconocimiento de la responsabilidad del ofensor, su posible rehabilitación y, en general, una toma de conciencia acerca de la conducta realizada. En el caso de la persona en situación de víctima, se procura evitar su revictimización y, al mismo tiempo, favorecer su empoderamiento.

Por su parte, la justicia transformadora, al centrarse en los orígenes o causas del daño, pretende ir más allá de su reparación, a fin de transformar o cambiar los orígenes que normalizaron la producción de un daño, esto es, las estructuras opresivas sistémicas generadoras de conductas inadecuadas: patriarcado, racismo, clasismo, entre otros.

En pocas palabras, ese es el espíritu de los cursos o talleres a cargo del PUDH que tienen como propósito un fin eminentemente terapéutico, porque pretende humanizar un proceso legal para promover el bienestar emocional de las personas y la comunidad; un fin restaurativo para reparar el daño a las personas afectadas y un sentido trasformador que busca, si no cambiar, al menos sí evidenciar aquellas estructuras opresivas que generan comportamientos contrarios a una sana convivencia universitaria. Todo lo anterior, en un marco de respeto a la Legislación Universitaria, a la dignidad de todas las personas y de sus derechos humanos.

Muchas gracias.