Por Jeannette Rosentreter Z.*

La Declaración Universal de Derechos Humanos señala en su artículo 5 que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”^[1] y el Comité contra la Tortura señala que la prevención efectiva de su práctica implica educación, así como diversas medidas legislativas, administrativas y judiciales^[2]. La tortura en Chile debe mirarse desde un contexto histórico amplio, que excede a las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 sobre todo teniendo en cuenta el proceso del estallido social iniciado en octubre de 2019 y las graves y masivas vulneraciones ocurridas durante este período, ya que conocemos los efectos en las personas que la padecen como también en sus familias y en las futuras generaciones y por lo mismo, no se debe normalizar estos hechos en un sistema democrático.

Los autores Lira y Loveman^[3] refieren respecto a Chile que “la dictadura militar, que se instaló entre 1973-1990 hizo de la tortura una política pública, aplicándola de manera sistemática y masiva, en una medida que no tenía precedentes en Chile” y que ha existido legitimidad cultural y política de la aplicación de torturas a los enemigos del Estado en Chile desde el periodo colonial y señalan que fue una práctica aceptada desde la Colonia hasta la República. El Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que funcionó durante 2004^[4] entrega elementos del contexto en que se desarrolla la prisión política y tortura en Chile durante la dictadura, los métodos de tortura que fueron utilizados, los recintos de detención, el perfil de las víctimas, las consecuencias de la prisión política y la tortura tanto para las víctimas como para sus familias y propuestas para llevar a cabo el proceso de reparación a las víctimas y sobrevivientes. Los principales diagnósticos son los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados, trastornos relacionados con traumas y factores de estrés como trastorno por estrés postraumático, trastornos de adaptación y trastorno de estrés agudo.

Un estudio publicado en 2016^[5] que analiza los efectos a largo plazo de la tortura en víctimas de la represión durante la dictadura militar de Chile durante los años 1973-1990 aplicó el Protocolo de Estambul para la documentación de casos de tortura que incluía los cuestionarios Harvard y Hopkins que evalúan ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático (TEPT), entre otras patologías frecuentemente asociadas a víctimas de hechos traumáticos. Las evaluaciones se realizaron en el contexto de un proceso de valoración psicológica forense derivados de investigación judicial por delito de tortura y los resultados mostraron que 40 años después de las torturas aún las personas sobrevivientes presentaban síntomas de ansiedad en un 54.5%, síntomas de depresión en un 45.5%, trastorno de estrés postraumático en un 16.7% y pensamientos y recuerdos recurrentes de los hechos en un 66.6%.

Las secuelas de carácter transgeneracional son un tema abordado desde hace muchos años en Chile respecto a las personas que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar y Madariaga^[6] se refiere a las repercusiones del trauma en la segunda y tercera generación de las víctimas primarias del terrorismo de Estado dando cuenta de una herencia traumática de la que no siempre se está plenamente consciente por lo que señala que la trans-generacionalidad hace del trauma psicosocial un problema del presente y del futuro de la sociedad chilena. Por otra parte, el Instituto Latinoamericano de Salud Mental^[7] ILAS respecto a la pregunta de cómo se transmiten las situaciones de violencia de una generación a otra señala que existe un anudamiento traumático entre la violencia institucionalizada, la situación traumática y la construcción de la memoria social que incidirán en la transmisión generacional del daño. La Norma Técnica 88 del Ministerio de Salud de Chile^[8] refiere que en relación a los efectos transgeneracionales de las vulneraciones a los derechos humanos en dictadura los daños producto de la represión política y la tortura siempre involucran al grupo familiar.

Los efectos sociales de la tortura y de las violaciones a los derechos humanos en Chile durante la dictadura militar son mencionados en la Norma Técnica 88 del Ministerio de Salud de 2006^[9] en que habla de un trauma psicosocial que se refiere a un proceso en donde se puede identificar un medio traumatizante implementado desde el orden político que ha permeado y se ha instalado en las relaciones Madariaga en 2003^[10] señala que el trauma adquiere su máximo significado en tanto trauma psicosocial ya que es ahí donde alcanza una dimensión plena como acontecimiento histórico.

Un trabajo de López^[11] en 2018 aborda la relación establecida entre los regímenes dictatoriales y la sociedad civil, donde el terror y el atemorizamiento hacia la población están siempre presentes como parte del recuerdo de la vida en dictadura y agrega que de acuerdo a Lira y Castillo el miedo se refiere a vivencias desencadenadas por la percepción de un peligro cierto o impreciso, actual o probable en el futuro, que proviene del mundo interno del sujeto o de su mundo circundante agregando que se trata de una amenaza de muerte y exterminio de aquellos definidos por el régimen como enemigos, pero que tuvo un efecto de amedrentamiento sobre el conjunto de la sociedad llamándola violencia invisible y que produjo un temor generalizado a perder la vida, la libertad y el modo de vida, a padecer torturas y este miedo se manifiesta en la reducción del ámbito vital, en el temor a expresarse y a opinar, entre otros.

El estallido social de 2019 en Chile y sus consecuencias de masivas violaciones a los derechos humanos probablemente profundizará las dimensiones del trauma sociopolítico y no cabe duda de que agregará aún más secuelas por violencia política a la salud mental de las personas en general y por cierto creó una nueva generación de sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos y de tortura.

Conclusiones

El mandato estatal de construir una cultura de respeto a los derechos humanos no sólo tiene que ver con enseñar teoría y conceptos relativos al derecho internacional de los derechos humanos sino tiene que ver con la práctica diaria y las acciones de respeto y garantías directas por parte del Estado a las personas víctimas y sobrevivientes de las vulneraciones junto con un reconocimiento efectivo de lo sufrido.

El Estado aún está en deuda con los procesos de reparación a las víctimas y sobrevivientes de la dictadura militar de 1973 a 1990 lo que hace inevitable preguntarse qué ocurrirá con las nuevas víctimas y sobrevivientes del estallido social de 2019 cuando ya existe un importante acopio de conocimiento y experiencias respecto a las profundas secuelas de los traumas producto de las experiencias de violaciones a los derechos humanos y de la tortura, como también respecto a lo desafiante de llevar a cabo procesos de reparación que se encuentren a la altura de las necesidades del profundo daño causado considerando además su transmisión transgeneracional, así como de la vivencia crónica de un trauma acumulativo todo como consecuencia de violencia estatal lo que además se ha asociado a la vivencia de un trauma psicosocial que deja fracturas difíciles de curar aún transcurrido el paso de las décadas.

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