Diez años sin Jorge Carpizo: Reflexiones sobre su obra

El Programa Universitario de Derechos Humanos conmemoró, el pasado 30 de marzo, 10 años de la prematura partida del doctor Jorge Carpizo Mac Gregor, universitario, jurista, servidor público y mexicano ejemplar, acaecida en 2012, con el Foro “Diez años sin Jorge Carpizo: Reflexiones sobre su obra”, en el cual participaron destacadas personalidades entre amigos, ex colaboradores y universitarios de gran valía, entre ellos el Rector de nuestra máxima Casa de Estudio, doctor Enrique Graue y el doctor José Narro Robles, ex rector de la Universidad Nacional.

Estamos seguros que para quienes tuvieron la oportunidad de gozar del privilegio de su amistad e, inclusive, colaborar con él, pareciera que no ha pasado tanto tiempo desde aquella reunión en el auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el homenaje al que para despedirlo convocó la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México y que, de más de un modo, constituye un recuerdo imborrable para muchas y muchos de quienes lo conocimos.

En el momento de su partida, muchos sentimos la ausencia del amigo, del maestro, del ser humano que nos abandonaba, y con el paso del tiempo, durante estos 10 años, en múltiples ocasiones hemos extrañado y extrañamos su inteligencia, capacidad y compromiso con la democracia y la legalidad, ante muchas de las circunstancias que en este periodo ha atravesado nuestro país.

Decir que Jorge Carpizo le hace falta a México, a la UNAM y a su sociedad, no constituye una expresión retórica. En 2012, en el México que presenció su partida, parecía que el Estado mexicano había emprendido una ruta, obviamente perfectible, llena de retos, obstáculos y dificultades, pero claramente encaminada, entre otras cosas, hacia el reconocimiento y respeto a los derechos humanos; se buscaba lograr una efectiva división y equilibrio entre poderes; por la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información; por la existencia y consolidación de procesos e instituciones democráticas; así como por el respeto de las autonomías constitucionales, en particular, la de la Universidad Nacional.

A diez años de distancia, esos elementos que se asumían como logros irreversibles, conquistas sociales y ciudadanas reconocidas en la Constitución, reciben múltiples cuestionamientos, e inclusive ataques, por parte de diversas autoridades e instancias de poder que, pareciera, quisieran dejar de lado los ideales y luchas de muchas mexicanas y mexicanos por la pluralidad, la inclusión, la democracia, la justicia y la vigencia de los derechos humanos de las personas, por la imposición de intereses ideológicos y políticos de grupo, que excluyen el pensamiento crítico y la posibilidad de disenso. ¿Qué haría Jorge Carpizo ante esto? ¿Qué diría el constructor de instituciones para la consolidación democrática y la vigencia de los derechos fundamentales, como el entonces Instituto Federal Electoral o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de estas tentativas? ¿Qué pensaría el defensor de la autonomía universitaria, de la libertad de cátedra e investigación y de que la atención de los grandes problemas nacionales se emprenda desde el conocimiento y la verdad; que expresaría de que desde el poder se cuestione el papel de las universidades e instituciones de educación superior y se pretenda debilitar su autonomía?

Dicho Foro tuvo como finalidad reflexionar sobre las ideas de Jorge Carpizo, sobre su obra, su contenido, su vigencia en el México de estos últimos diez años. Un acto que, si bien es testimonio y reconocimiento al universitario y jurista, también ratifica y actualiza el compromiso que en todo momento ha tenido la Universidad Nacional por ser un espacio plural, de reflexión crítica e informada, en favor de México, su sociedad y sus mejores causas.

No se podría entender la evolución democrática de nuestro país, ni el reconocimiento que han tenido en el mismo los derechos de las personas y a su dignidad, sin esta Universidad Nacional y el trabajo de muchas universitarias y universitarios que, como Jorge Carpizo, han puesto el conocimiento y la inteligencia al servicio de la nación, para el beneficio de su sociedad y la solución de sus problemas.

En las Mesas de este Foro estuvieron presentes mexicanas y mexicanos de excepción; académicas, académicos, activistas, servidores públicos, personas que han sido y son protagonistas de los cambios democráticos y de la constante lucha por la vigencia de los derechos de todas y todos en nuestro país. Gracias a todos ellos y en particular al doctor Graue por su compromiso en preservar lo mejor de esta Universidad, recordar y reconocer la obra y legado de las y los universitarios, y propiciar estos espacios donde la Universidad se vincula con México, su sociedad y la reflexión crítica, plural, objetiva e informada de sus retos y oportunidades.

Los editores

Para volver a mirar el foro visita:
http://www.pudh.unam.mx/coloquio_foro_diez_anios_sin_jorge_carpizo.html

Atención especial de Niñas, Niños y Adolescentes en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19

Por Ismael Eslava Pérez*

Sumario. I. Consideración previa. II. Importancia que representa la Convención sobre los Derechos el Niño. III. Contextualización de las distintas problemáticas que enfrentan niñas, niños y adolescentes. IV. Situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes derivada de la emergencia sanitaria global del Covid-19. V. Marco conceptual del Programa “Intervención psicoeducativa para la recuperación psicosocial de niñas, niños y adolescentes afectados por covid-19, -conocido como “Colección de Apapachos-”.

I. Consideración previa.

El presente artículo es resultado de lo expuesto en el Foro Virtual “Los derechos de niñas, niños y adolescentes. Retos para su protección en el contexto actual”, organizado en noviembre de 2021 por ChildFund México y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del Décimo Aniversario de dicho Programa que contribuye a fortalecer la cultura de los derechos humanos en la comunidad universitaria y en el conjunto de la sociedad, y a 32 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que tuvo como objetivo, entre otros, analizar el impacto que ha tenido la emergencia sanitaria global en el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por tanto, los datos referidos se circunscriben a la fecha en que se presentó esta conferencia o a datos expuestos con anterioridad.

Este artículo se divide en cuatro apartados: el primero, relativo a la importancia que ha representado a 32 años de la Convención sobre los Derechos el Niño; el segundo, la contextualización de las distintas problemáticas que enfrentan niñas, niños y adolescentes; el tercero, la situación derivada de la emergencia sanitaria global del Covid-19, y el cuarto, el marco conceptual del Programa “Intervención psicoeducativa para la recuperación psicosocial de niñas, niños y adolescentes afectados por covdid-19, -conocido como “Colección de Apapachos-”

II. Importancia que representa la Convención sobre los Derechos el Niño.

El 20 de noviembre de 2021 se conmemoraron 32 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la Organización de las Naciones Unidas, un instrumento internacional que marcó el inicio de un cambio radical sobre las nociones que, históricamente, habían prevalecido en torno a las personas menores de edad, para dar paso a un nuevo paradigma basado en su condición de titulares de derechos.

La Convención refleja el compromiso de los Estados nacionales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, atendiendo a las características específicas de la etapa vital en que se encuentran, las necesidades particulares de los distintos grupos de ellas y ellos, y reconociéndolos como agentes sociales de cambio, lo cual propició el derrumbe de la visión adulto-céntrica que los consideraba receptores pasivos de asistencia, sin capacidad de ejercicio, y supeditados a la voluntad de sus cuidadoras o cuidadores.

Ello ha obligado a los gobiernos y sobre todo a la sociedad, a repensar la niñez y adolescencia desde una nueva óptica que, además de ocuparse de su bienestar, protección y las responsabilidades a cargo de las familias, las autoridades y las comunidades, reconoce la capacidad de las personas menores de edad para participar activamente e incidir en los entornos en que se desenvuelven e interactúan,^[1] lo cual nos coloca frente al gran reto de equilibrar el ejercicio del poder en las relaciones que se establecen entre ellas y las personas adultas, a efecto de consolidar una sociedad más democrática e igualitaria.

En consecuencia, para México la ratificación de la Convención en 1990 marcó el punto de partida para la evolución -muy paulatina- del andamiaje jurídico nacional integrado por la Constitución General de la República, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las leyes estatales en la materia, y las normas reglamentarias que de ellas derivan. También propició la observación permanente de la actuación estatal por parte del Comité de los Derechos del Niño, cuyos criterios interpretativos sobre el contenido y alcance de las disposiciones de la Convención, así como las recomendaciones puntuales dirigidas a nuestro país, son la ruta para materializar la protección más amplia a ese grupo poblacional.

III. Contextualización de las distintas problemáticas que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

Existe una diferencia significativa entre las normas jurídicas que reconocen y protegen los derechos de la niñez y adolescencia, y las realidades a las que se enfrentan. Por ejemplo, fuentes estadísticas señalan que en México hay cerca de 40 millones de niños, niñas y adolescentes (35% de la población total del país), de los cuales 21 millones viven en pobreza; 4 millones no asisten a la escuela; cada día mueren 3 de ellos víctimas de la violencia; 1 de cada 5 personas desaparecidas tienen menos de 18 años, y cada 30 minutos, una persona menor de edad llega al hospital por lesiones causadas de manera intencional.^[2]

La situación se torna más grave para los grupos en condiciones de vulnerabilidad como las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, indígenas, en contexto de movilidad, afrodescendientes, en centros de asistencia social, entre otros.

Adicionalmente la violencia contra niñas, niños y adolescentes, en sus diferentes manifestaciones, es una de las transgresiones a sus derechos humanos cuya incidencia y frecuencia la convierten en un problema social. En la sociedad mexicana aún persiste una amplia aceptación cultural y la tendencia a justificar el uso de la violencia como forma de trato cotidiano, lo cual contribuye a la invisibilidad de los actos u omisiones que atentan contra su vida y lesionan gravemente su integridad física, psicológica, emocional, sexual, espiritual y moral, impidiendo u obstaculizando su desarrollo integral.

A pesar de que el marco jurídico de protección a los derechos de la niñez y adolescencia representa un cambio de paradigma en la atención y tratamiento de los eventos de violencia, las garantías para hacerlos efectivos presentan importantes deficiencias presupuestarias, materiales y técnicas, así como una carencia de recursos humanos especializados en la atención de las y los titulares de los derechos, lo cual desalienta la denuncia de casos incrementando la “cifra negra” de la violencia, revictimiza a las personas menores de edad que la padecen y genera impunidad.

En ese sentido, a la labor de las instituciones públicas especializadas en materia protección de la niñez y adolescencia, deben incorporarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a efecto de impulsar acciones de cooperación que se sumen al logro de las metas que en ellos se plantean, con especial énfasis en el empoderamiento de niñas, niños y adolescentes para tener una participación activa como agentes naturales de cambio, incluyendo su participación en mecanismos de rendición de cuentas de las políticas públicas.

Las metas incluidas en la Agenda 2030 se dirigen a hacer efectivos derechos elementales como el derecho a la protección de la salud, la educación, la igualdad sustantiva, a una vida libre de violencia, y priorizan la atención de graves problemas sociales como la eliminación de la pobreza, la inequidad y la desigualdad. De ahí que los ODS integren también las perspectivas de género, ciclo de vida y transversalidad de políticas públicas. Todos estos derechos cuya observancia se hace necesaria e indeclinable en un contexto de emergencia sanitaria.

Las acciones para la implementación de los ODS deben tomar en cuenta especialmente a los grupos poblacionales que, por sus características específicas, enfrentan mayores barreras para acceder a las ventajas derivadas del desarrollo, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes quienes conforman un colectivo susceptible a las consecuencias positivas, pero también negativas derivadas de los cambios demográficos, políticos, económicos y culturales de la sociedad; razón que justifica un tratamiento diferenciado y focalizado para asegurar una cobertura pertinente de servicios de atención.

El Estado tiene la obligación constitucional de adecuar la estructura y procesos internos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de que cuenten con los recursos financieros, materiales y humanos idóneos para traducir las ideas, inquietudes y necesidades de las personas menores de edad, en políticas públicas, planes, programas y acciones integrales cuyo diseño e implementación deberá necesariamente considerar su autonomía progresiva y la etapa de desarrollo en que se encuentren. Actuar únicamente como receptores pasivos de las voces de niñas, niños y adolescentes es insuficiente, debe hacerse efectivo su derecho de participación.

Es indudable que se requiere de una inversión económica considerable; las investigaciones y estudios de organismos internacionales confirman que el gasto que los Estados-nación realizan en la infancia, será significativamente redituable en el presente y mayormente en el largo plazo, tanto en términos económicos como sociales, lo cual contribuirá al avance del desarrollo de nuestro país y al cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Observación General número 5 del Comité de los Derechos del Niño señala que garantizar el interés superior de la niñez y adolescencia, debe ser la consideración primordial al promulgar disposiciones legislativas, “se requiere un proceso continuo de valoración de los efectos sobre niñas, niños y adolescentes, previendo las consecuencias de cualquier proyecto de ley o propuesta de política o asignación presupuestaria, y de evaluación de los efectos sobre niñas, niños y adolescentes juzgando las consecuencias reales de aplicación”.

Cualquier medida que se adopte deberá considerar las características y circunstancias específicas de los distintos grupos de niñas, niños y adolescentes; incluir el estudio de las causas de fondo que generan el incumplimiento por parte de las y los deudores alimentarios; incorporar la perspectiva de género para determinar cómo la desigualdad de trato y la carga social hacía niñas, adolescentes y mujeres propicia un mayor abandono de las responsabilidades parentales por parte de los varones, y buscar el fortalecimiento de las capacidades de las o los acreedores alimentarios para exigir la satisfacción de su derecho.

Será igualmente necesario contemplar el fortalecimiento de la facultad de las juzgadoras y juzgadores para allegarse de medios de prueba sobre la capacidad económica de deudoras y deudores; establecer nuevos parámetros para determinar el monto de las pensiones alimenticias cuando no sea posible comprobar los ingresos de los obligados; cuidar que las reformas legislativas no deriven en procedimientos o trámites administrativos que puedan revictimizar a las y los acreedores alimentarios que, por lo general, se encuentran en desventaja frente al deudor o deudora, y transversalizar la perspectiva de derechos de la niñez y adolescencia en toda la administración pública, a fin de trabajar coordinadamente para facilitar y agilizar el cobro de pensiones alimenticias.

Además de la armonización legislativa, las medidas encaminadas a prevenir las transgresiones a los derechos de niñas, niños y adolescentes se vuelven determinantes. Enfatizar a las instancias públicas y la sociedad en general, la exigencia de llevar a la práctica el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos; promover el cuidado de su salud sexual y reproductiva para prevenir matrimonios y embarazos a temprana edad; evitar la discriminación de niñas y adolescentes embarazadas en el sistema escolar; asegurar la permanencia de niñas, niños y adolescentes en la escuela; erradicar los estereotipos de género respecto al ejercicio de las distintas masculinidades y el papel de los jóvenes y los hombres en el cuidado y crianza de sus hijas e hijos; promover la resolución de conflictos a través de métodos alternativos y crear oportunidades de empleo para las y los jóvenes y sus familias.

Tales son las áreas de atención en donde estamos obligados a invertir para que, a mediano y largo plazo, se redunde en una disminución considerable de los problemas derivados del ejercicio materno o paterno-filial, entre ellas, la satisfacción de los derechos alimentarios y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Autoridades, instancias de gobierno y del Estado, así como sociedad civil deben trabajar articuladamente para lograr esos objetivos, pues como lo señala la Organización de las Naciones Unidas: “Solo a través de una justicia efectiva, instituciones fidedignas y un sistema jurídico orientado hacia el derecho humano a la alimentación, los titulares de derechos podrán hacer responder a los obligados a garantizar su seguridad alimentaria”.

IV. Situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes derivada de la emergencia sanitaria global del Covid-19.

Han transcurrido más de dos años desde que se presentó el primer caso de coronavirus en el mundo^[3] y poco más de dos años de su manifestación en nuestro país.^[4] Sin duda alguna los estragos del Covid-19 se han manifestado globalmente y, particularmente en la región de América Latina y el Caribe a través del incremento del desempleo y la falta de prestaciones sociales; bajos salarios, ingresos y consumo de bienes y servicios; expansión de la pobreza y pobreza extrema, así como mayores costos en los sistemas de salud —débiles y fragmentados—^[5] y desigualdades en su acceso, además del cierre de empresas, reducción de la inversión privada y bajo crecimiento económico.^[6]

En este entorno y a fin de orientar a los estados nacionales sobre la adopción de medidas de atención y contención de la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó, el 10 de abril de 2020, la Resolución No. 1/2020 a través de la cual estableció, en un contexto de emergencia sanitaria global, estándares y recomendaciones a partir de una premisa fundamental: el pleno respeto a los derechos humanos.

El 27 de julio de 2020 la CIDH con el apoyo de su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y aportes especializados de su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, resolvió adoptar una nueva Resolución, la No. 4/2020 relativa a las “Directrices Interamericanas sobre los Derechos Humanos de las personas con COVID-19”, a fin de coadyuvar en mitigar los efectos de la pandemia a partir de una directriz general y once específicas. La directriz general consistente en que los Estados deben dar cumplimiento a sus obligaciones de respeto y garantía para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las personas con COVID-19; y las directrices específicas sobre la protección de los derechos a la salud; al consentimiento previo, libre e informado de las personas con Covid-19; a la igualdad y no discriminación; a la prioridad de la vida en las políticas públicas, recursos y cooperación; a los que deriven de la intervención de actores privados o empresas en el ámbito de la salud; al acceso a la información; a la confidencialidad, privacidad y uso de datos personales; de otros derechos económicos sociales, culturales y ambientales (DESCA); al acceso a la justicia, al duelo y los derechos de familiares de las víctimas fallecidas por COVID-19.

En dicha resolución se destaca el estigma y la discriminación estructural como obstáculos para el acceso a la protección de la salud de los grupos de atención prioritaria,^[7] particularmente los que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad como las personas en condición de pobreza, las privadas de la libertad, personas LGBTI, personas mayores, migrantes, pueblos indígenas, y personas con discapacidad, entre otras, sin pasar por alto la preocupación por los obstáculos, amenazas y agresiones, de que han sido objeto los profesionales de la salud en el desempeño de su labor médica y de cuidado.

En materia de otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que tienen como finalidad garantizan un nivel de vida adecuado para las personas, la resolución destaca las obligaciones de las autoridades de proteger a las personas con Covid-19 contra el despido injustificado y garantizar la estabilidad laboral, además de asegurar el suministro de agua y alimentos en cantidades adecuadas a las personas en situación de pobreza o pobreza extrema con COVID-19.

Si bien es cierto que se ha destacado que niñas y niños no forman parte de un grupo vulnerable frente a la pandemia, si lo es frente a las consecuencias derivadas del confinamiento y la falta de convivencia comunitaria. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño emitió un pronunciamiento en abril de 2020, a través del cual expuso la necesidad de considerar los impactos sanitarios, sociales, educativos, económicos y recreativos de la pandemia en los derechos de las personas menores de edad, que continua vigente a la fecha dada la prolongación de la emergencia sanitaria.

Durante los primeros meses de la pandemia la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) realizó la Consulta Infancias encerradas -del 27 de mayo al 15 de junio de 2020-, con la finalidad de conocer opiniones, sentimientos y pensamientos de la niñez y adolescencia en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. Para tal efecto, a nivel nacional 40,247 cuestionarios fueron respondidos por niñas y niños entre los 6 y 17 años, en tanto que 648 niñas y niños de 1 a 6 años enviaron dibujos. En la Ciudad de México participaron 19,625 personas y se enviaron 116 dibujos.

Entre los datos más importantes, destacan los siguientes: 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes dijeron sentir que su mamá, papá o la persona cuidadora estaban con ellos el tiempo que necesitaban; también 7 de cada 10 consideraron que pudieron hablar con ellos y ellas si lo necesitaban.

A nivel nacional tres cuartas partes refirió que discuten poco en su casa: 40% casi nunca y 34% de vez en cuando. En la Ciudad de México los resultados fueron similares: casi tres cuartas partes refirió que discuten poco en su casa, y de ese porcentaje 34% casi nunca y 39% de vez en cuando; 6% afirmó que las discusiones se presentan diariamente.

En este contexto, se resaltó que la Consulta no brindó ningún elemento para pensar que se hubiera incrementado la violencia familiar hacia niñas, niños y adolescentes.

Las mayores preocupaciones de niñas, niños y adolescentes tanto a nivel nacional (9 de cada 10) como en la Ciudad de México (85%) fueron:

Que algún miembro de su familia se enferme o muera por COVID-19.

Que falte mucho tiempo para regresar a la escuela.

La pérdida del trabajo de las personas adultas que les rodean.

A las anteriores se pueden sumar las siguientes:

Sufrir o presenciar violencia sexual, maltrato físico o abuso con motivo el confinamiento;

Consumo de drogas y otras conductas de riesgo, y

Mayor tiempo interactuando a través de pantallas.

Entre las conclusiones de la referida encuesta se destacó que el cuidado de la salud mental de niñas, niños y adolescentes es fundamental para evitar que estados de ánimo como tristeza y estrés se consoliden como ansiedad y depresión. También que en muchos hogares están padeciendo o padecerán las consecuencias de la precariedad material, por lo que la prevención del hambre y el desalojo de las viviendas que rentan (en el caso de la Ciudad de México) son aspectos importantes de atender.

Estos datos de los primeros meses de 2020, desde luego, discrepan de los dados a conocer en 2021. Precisamente derivado del Informe del gobierno federal “Impacto de la pandemia en Niñas y Niños”, dado a conocer el 3 de agosto de 2021 por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, se desprenden diversas afectaciones a niñas, niños y adolescentes como consecuencia del confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión de clases y otros factores, entre las que destacan tres fundamentalmente:

Afectaciones en su desarrollo personal y salud mental por falta de convivencia comunitaria;

Afectaciones en su proyecto de vida derivado de la deserción escolar y el incremento de la desigualdad, y

Vulnerabilidad ante la violencia familiar y los embarazos en menores de edad.

Algunos datos específicos preocupantes son los siguientes:

En cuanto a la deserción escolar, se calcula que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por razones relacionadas con la Covid-19 o por falta de recursos económicos. De esta cifra, 3 millones son niñas y niños.

Durante el primer semestre de 2021, se registraron 129,029 carpetas de investigación por violencia familiar, lo que representó un aumento del 24% respecto del año anterior. En este sentido, 75.78% de las lesiones por violencia ocurrieron en el hogar, por ejemplo, el 73.29% de los casos, la persona responsable tenía una relación de parentesco con la víctima y en el 81.6% de los casos las víctimas fueron niñas y niños.

En materia de embarazos tempranos, en 2020 hubo 373, 661, de los cuales 8,876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años. Además, niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por un amigo, un familiar, un desconocido o un exnovio, por violación o matrimonios arreglados.

Respecto del derecho a la protección a la salud, el estado mental y emocional de niñas, niños y adolescentes se ha visto afectado con motivo del confinamiento derivado de la falta de convivencia y uso de espacios públicos. La efectos de la COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID19) abril 2020-marzo 2021, evidenció que el 33.8% de las personas en hogares con población de 0 a 17 años presentaron síntomas severos de ansiedad en julio, cifra inferior a la observada en mayo que fue de 35.8%; en tales hogares de las personas mayores de 18 años reportaron los mayores niveles en junio con 24.6%, siendo el caso que en los hogares de menor ingreso presentaron los mayores niveles de depresión al alcanzar el 30.3 %.

Lo anterior sin desconocer que el 39.7% de los hogares reportaron haber dejado de vacunar a niñas y niños durante la emergencia sanitaria o solo haberles aplicado algunas de las que les correspondían.

También la niñez y adolescencia con discapacidad son un grupo que ha permanecido invisibilizado cuyas necesidades, requerimientos y tratamientos y/o terapias han recaído en las familias y cuidadores con los consecuentes gastos que representa.

En cuanto al derecho a la alimentación, UNICEF considera que uno de los impactos más graves de la pandemia de COVID-19 se presenta en el derecho a una alimentación de calidad, ya que las crisis económicas obligan a las familias, en particular a aquellas que viven en situación de pobreza, a tomar decisiones como reducir o eliminar el consumo de alimentos nutritivos y sustituirlos por productos de menor precio que no ofrecen beneficios nutricionales (UNICEF Méxicob, 2020)

En materia de educación el cierre de escuelas y la enseñanza -aprendizaje se caracterizaron por la inequidad al transferir a las familias la responsabilidad de proporcionar a las sus hijas e hijos los medios para acceder a los contenidos educativos transmitidos por internet o televisión.

En cuanto al derecho a una vida libre de violencia, de conformidad con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de febrero a marzo 2020 se incrementaron las carpetas de investigación por el delito de violencia familiar al reportarse 20 mil 232 carpetas de investigación en el país, mientras que en febrero sólo 17 mil 794 y para el mes de agosto el número ascendió a 19,843.

V. Marco conceptual del Programa “Intervención psicoeducativa para la recuperación psicosocial de niñas, niños y adolescentes afectados por covdid-19, -conocido como “Colección de Apapachos-”.

A fin de contar con elementos que permitan atender de la mejor manera posible las afectaciones que, en su caso, presentan niñas, niños y adolescentes con motivo del confinamiento derivado de la emergencia sanitaria, en el mes marzo de 2021, ChildFund México -una organización internacional especializada en temas de niñez- y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) unieron esfuerzos para la implementación -en el mayor número de entidades federativas- de un programa denominado “Intervención psicoeducativa para la recuperación psicosocial de niñas, niños y adolescentes afectados por covdid-19, -conocido como “Colección de Apapachos-”, al momento en que regresaran a las aulas escolares, es decir, un programa de reconexión a su entorno escolar que se basa en la empatía, sensibilidad y trato que se debe generar con niñas, niños y adolescentes, a fin de realizar una intervención sin daño y sin revictimizar. Ese momento llegó el pasado 30 de agosto cuando, 17 meses después de la suspensión de clases presenciales, niñas, niños y adolescentes regresaron a las aulas, algunos de manera presencial y otros virtualmente.

El objetivo general del programa es desarrollar actividades que contribuyan en la recuperación psicosocial de la niñez y adolescencia a nivel emocional y social derivado del confinamiento por la emergencia sanitaria por COVID19, es decir, ayudar a que niñas, niños y adolescentes comprendan de la mejor manera posible su conducta y la de las personas transformando aquellos aspectos nocivos de su entorno, con la finalidad de mejorar su calidad de vida .No se trata de un programa de atención terapéutica -y esto debe quedar muy claro-, sino de una intervención psicoeducativa para la recuperación psicosocial, entre cuyos objetivos específicos se encuentran: i) brindar herramientas y recursos a las y los educadores para que puedan acompañar y ayudar a niñas, niños y adolescentes a reconocer, comprender y saber gestionar sus emociones de la mejor manera; ii) ofrecer oportunidades a niñas, niños y adolescentes para que expresen sus emociones, así como las sensaciones corporales, pensamientos y acciones que siempre acompañan estas emociones, es decir, generar espacios de reflexión donde expresen sus emociones; iii) disminuir los niveles de estrés negativo que pudieran haber experimentado o estar experimentando debido a la ruptura de su principal entorno de socialización como lo es la escuela; iv) prevenir alteraciones de salud mental, como la ansiedad, adicciones a la tecnología y problemas de sociabilidad en niñas, niños y adolescentes, y v) proporcionar herramientas psicoeducativas para contener una crisis emocional y ayudar a niñas, niños y adolescentes en la recuperación psicosocial.

Entre los ejes fundamentales del programa Colección de Apapachos -desarrollado por ChildFund México- podemos mencionar los siguientes: i) la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en particular la observancia del principio del interés superior de la niñez que debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez; ii) el enfoque de derechos humanos, como columna vertebral que debe soportar toda política pública o acción gubernamental basada en valores, principios y normas universales inherentes a la dignidad de la niñez y adolescencia iii) la perspectiva de género, es decir, la igualdad de niñas, niños y adolescentes para evitar situaciones de marginación; iv) el enfoque diferencial y especializado, que implica tener presente la existencia de grupos de población con características particulares o por rango de edad; v) la aportación del capital humano de una instancia especializada en niñez y adolescencia como ChildFund México y de una instancia universitaria dedicada a la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos como lo es el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM; vi) la participación de estudiantes de diversas entidades académicas de la UNAM, como derecho, psicología y pedagogía en la implementación del Programa Colección de Apapachos mediante la transmisión de habilidades a las y los educadores, y vii) la participación de las familias de niñas, niños y adolescentes en la consecución del objetivo general del programa: la recuperación, en su caso, psicosocial de estos últimos a nivel emocional y social derivado del confinamiento por la emergencia sanitaria por COVID19 en México.

Entre las características que deben valorarse en las personas que intervienen en la capacitación a las y los educadores que tienen contacto directo con la niñez y adolescencia destacan las siguientes: i) la empatía, sensibilidad y trato con este sector poblacional a fin de realizar una intervención sin daño y no revictimizar; ii) la sensibilidad en el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes para reconocer, comprender y saber gestionar sus emociones de la mejor manera, y iii) tener un proceso propio de autocuidado para evitar afectación emocional alguna.

La capacitación y transferencia de capacidades actualmente continua en 15 entidades federativas del país (además de la capacitación brindada a Veracruz e Hidalgo) e incorpora al estudiantado de diversas disciplinas y entidades académicas de la UNAM el cual se encuentra realizando estancias en el Programa Universitario de Derechos Humanos, lo que, de igual manera, contribuirá en su fortalecimiento profesional teórico y práctico.

Con la articulación de estas acciones destinadas a la capacitación de maestras, maestros, personas servidoras públicas y facilitadores, se fortalece el trabajo sobre los derechos de la niñez y adolescencia, a fin de beneficiar a este sector poblacional y a sus familias, en el contexto de la emergencia sanitaria y a partir de su recuperación psicosocial. Estoy seguro que el trabajo transversal entre las autoridades, las familias, las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil, permitirá generar un México más justo, incluyente e igualitario, en donde la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes y su participación en todos los asuntos que les afecten, sea una realidad palpable.

*Secretario Académico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.

^[1] CNDH, UNAM, Estudios sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH (2001-2017) Tomo I. Niñas, niños y adolescentes, México, CNDH, 2018, p. 44, http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/NNA-PUDH-CNDH.pdf

^[2] CNDH, Comunicado de prensa DGC/305/18, 13 de octubre 2018, http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_305.pdf

^[3] Se ha señalado que una investigación permitió establecer el 17 de noviembre de 2019 es la fecha de la primera persona infectada en la en la ciudad de Wuhan en China. https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/13/una-investigacion-dio-con-la-fecha-exacta-del-primer-caso-de-coronavirus-en-el-mundo/, última consulta: 29 de julio de 2020.

^[4] En https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/30/coronavirus-en-mexico-estas-son-las-fechas-a-tomar-en-cuenta/, última consulta: 29 de julio de 2020.

^[5] En otras contribuciones académicas, hemos destacado la necesidad de que México cuente con un sistema de salud equitativo, eficiente, sustentable, de alta calidad, unificado y universal, y donde el acceso esté determinado por la necesidad y no por la situación laboral, toda vez que son múltiples las diferencias en la accesibilidad y calidad de los servicios de salud entre los sectores público y privado, entre las instituciones públicas, en el interior de una misma institución y entre las diferentes entidades federativas, particularmente en momentos de emergencia sanitaria. Ver Eslava Pérez, Ismael, “Derecho de Protección a la Salud y Emergencia Sanitaria”, en Revista Perseo, Numero 87, mayo de 2020, editada por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

^[6] Informe Especial N°. 1 Covid-19, América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales, pág. 2, file://C:\Users\EPI\Desktop\Publicaciones\efectos económicos y sociales del Covid-19.pdf, última consulta: 27 de junio de 2020.

^[7] El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México los define como aquellos que, debido a la desigualdad estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.

Conmemoraciones Internacionales

Por Mario Alberto Naranjo Ricoy

En el mes de abril, el calendario global instaurado por la ONU presenta un conjunto de efemérides propicias para hablar de tres cuestiones de gran actualidad en un mundo marcado por la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania: la salud, el desarrollo y la paz.

El 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que requiere de mayor investigación y atención pública para su detección temprana y conocimiento preciso de la proporción en la que están presentes en las poblaciones, con el fin de dar una atención oportuna a quienes los presentan.

El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, un derecho esencial para la vida reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Más de medio siglo después de la adopción de aquel pacto, cabe preguntarse ¿cuál es la situación que guarda la atención y protección al derecho humano a la salud a nivel mundial y en nuestro país?

A su vez, el 28 de abril está dedicado a la seguridad y salud en el trabajo, derecho que fue reconocido en el artículo 9 del pacto arriba mencionado, cuyas implicaciones deben ser actualizadas en virtud de las nuevas condiciones laborales y las medidas de higiene necesarias para enfrentar la pandemia por COVID-19. En conjunto, estas tres efemérides nos recuerdan que la salud es un bien jurídico de máximo valor que debe ser protegido por las leyes y garantizado por el Estado.

Respecto a las otras dos cuestiones, una conmemoración a destacar es la del 6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, conceptos cuya asociación resulta necesaria y prometedora para un futuro sostenible y seguro.

Finalmente, el 24 de abril es el Día Mundial del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, dos herramientas indispensables para lograr que cesen los conflictos y se reduzcan las tensiones, sobre todo ahora que la guerra en Ucrania ha acentuado la beligerancia en las posiciones y declaraciones de algunos actores internacionales, incluidas las grandes potencias que, además, comienzan a destinar mayores recursos a sus presupuestos de Defensa.

2 de abril. Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo

Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones que se caracterizan por diferentes grados de dificultad en la comunicación y en la interacción social, así como por patrones atípicos de la actividad y el comportamiento de las personas que presentan alguna de estas condiciones. También es frecuente la aparición de otras afecciones asociadas al TEA, como epilepsia, ansiedad, depresión, hiperactividad y trastorno de déficit de atención.

En México, se estima que uno de cada 115 niños padece algún tipo de TEA.^[1] Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que, a nivel global, aproximadamente uno de cada 160 niños tiene algún TEA.^[2] Sin embargo, la cifra no es precisa, pues aún se desconoce la prevalencia de los autismos en muchos países de renta media y baja. Esto se debe, en parte, a que el diagnóstico resulta difícil pues, en muchas ocasiones, los signos son tan sutiles que pasan desapercibidos. Al respecto, la doctora Diana Patricia Guízar Sánchez, psiquiatra infantil y académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, afirmó en entrevista que una detección temprana, durante los primeros 18 meses de vida, es crucial para estimular el lenguaje, el desarrollo psicomotor y las habilidades de la vida diaria.^[3]

Las capacidades y necesidades de las personas con autismo son diversas y variables en el tiempo. El nivel intelectual varía mucho de un caso a otro, teniendo casos con deterioros profundos y otros con aptitudes cognitivas altas. Hay casos que, dada la gravedad de la discapacidad, necesitan atención constante y apoyo permanente. De cualquier modo, es imprescindible que cuenten con una amplia gama de intervenciones psicosociales y servicios integrales que les permitan optimizar su salud, desarrollo, bienestar y calidad de vida. Con los cuidados, atenciones y apoyos adecuados, las personas con autismo pueden lograr vivir con independencia.

Con ayuda de la OMS y otros organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas, los gobiernos y Estados deben aumentar las capacidades de sus sistemas sanitarios para promover la salud física y mental de las personas con autismo. También es importante que se tomen medidas para terminar con la estigmatización y discriminación que sufren, tales como campañas de concientización entre sectores clave de la población. Finalmente, es preciso procurar mayor igualdad de oportunidades, accesibilidad e inclusión en las áreas de educación, empleo y participación en su comunidad, entre otras, para que las personas con autismo puedan ejercer plenamente sus derechos.

6 de abril. Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz

En la tradición griega, la ekecheiria era el período de tiempo en el que se abría una tregua y las guerras eran suspendidas temporalmente en toda la Hélade^[4], con el fin de que los atletas pudieran competir en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. En el mundo contemporáneo, las Olimpiadas siguen siendo un evento deportivo que contribuye a la paz y al desarrollo armónico y sostenible de las sociedades, promoviendo valores como el respeto, la fraternidad, la cooperación, la solidaridad, la tolerancia y la justicia.

El deporte es un derecho fundamental y un medio poderoso para transformar realidades. Además de mejorar la salud física y mental, la práctica de alguna actividad deportiva fomenta una interacción benéfica y de cuidado del medio ambiente, así como relaciones personales basadas en el respeto, la competencia sana y la ayuda mutua. Desde esta perspectiva, el deporte tiene el potencial de ser una práctica modelo que ayuda a pensar formas de superar los obstáculos y desafíos de nuestro tiempo, que exigen un esfuerzo concertado de todos a pesar de las diferencias, como son la pobreza y la desigualdad, la pandemia, el cambio climático y la guerra.

A su vez, los espectáculos deportivos son extraordinarios foros que organismos internacionales, gobiernos y sociedad civil pueden utilizar para hacer llegar a amplias audiencias mensajes sobre la necesidad de reducir nuestra huella de carbono, revertir los efectos del cambio climático, promover una cultura de paz, demandar el fin de los conflictos armados, atender medidas de higiene pública, entre otros temas de concientización.

7 de abril. Día Mundial de la Salud (OMS)

El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 señala que los Estados “reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.^[5] Para hacer efectivo este derecho, los Estados están obligados a tomar las medidas necesarias para: reducir la mortalidad infantil; posibilitar el desarrollo sano de niñas, niños y adolescentes; mejorar la higiene en los centros de trabajo; evitar el deterioro del medio ambiente; prevenir, tratar y luchar en contra de enfermedades epidémicas, endémicas, de origen laboral y de toda índole; y, finalmente, crear las condiciones que aseguren a todos la atención y los servicios médicos en caso de enfermedad.

Este último punto ha quedado incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en la que todos los Estados Miembros de la ONU han asumido el compromiso, expresado en la meta 3.8, de lograr la Cobertura Sanitaria Universal (CSU), cuyo día internacional es el 12 de diciembre.

Según la Organización Mundial de la Salud, la CSU “implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Abarca todo el espectro de servicios de salud esenciales de calidad, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos”.^[6]

A nivel global, los retos y obstáculos para lograr la CSU son enormes: cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios básicos de salud; casi cien millones de personas son empujadas a la pobreza extrema por tener que pagar estos servicios; hay un déficit de 18 millones de personal de la salud, entre otros.^[7] Entre las medidas indispensables para hacerles frente, los Estados deben destinar un mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB) al sector, con el fin de aumentar las capacidades de sus sistemas sanitarios.

En México, desde el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM se han identificado un conjunto de cinco retos para una mejora sustancial del Sistema Nacional de Salud Pública (SNSP). De manera sucinta, dichos retos consisten en:

Construir “un sistema de salud equitativo, eficiente, sustentable, de alta calidad, unificado y universal”, mediante un nuevo modelo de atención que garantice la CSU de la población del país, basado en la atención primaria con enfoque preventivo, el uso óptimo de los recursos económicos y sanitarios disponibles, así como la planeación integral que contemple la construcción de infraestructura hospitalaria, la capacitación permanente del personal de la salud, la promoción del autocuidado y el acceso a la información por parte de las y los titulares de este derecho.
Garantizar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de la atención de salud en todas las regiones, en particular en las zonas rurales y remotas, a partir de la premisa de que los servicios de atención deben ser cultural y geográficamente accesibles y disponibles.
Dotar al SNSP de infraestructura, insumos y recursos humanos suficientes para brindar atención de calidad, garantizando el cumplimiento de obligaciones básicas en el ámbito de la prestación de los servicios de salud, entre ellas, asegurar que las unidades cuenten con el número suficiente de personal médico, especialistas y personal de enfermería para cubrir la demanda, así como con los recursos materiales y medicamentos, sobre todo en zonas rurales.
Lograr el acceso a servicios de salud y trato digno y respetuoso para grupos de atención prioritaria o que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad, a partir de considerar en toda política pública y programa de salud: el uso de enfoques diferenciados en la toma de decisiones; la eliminación de estigmas y estereotipos negativos sobre ciertos grupos de personas; y el acceso a pruebas de detección, tratamiento oportuno, acceso a medicamentos y cuidados paliativos necesarios.
Diseñar un programa progresivo de formación en derechos humanos y de formación médica clínica desde las Instituciones de Educación Superior, públicas y privadas, así como la capacitación y sensibilización al personal de salud, lo que les permitirá ejercer de manera efectiva su derecho de acción en el ámbito clínico.^[8]

24 de abril. Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz

Desde su fundación en 1945 y a lo largo de más de siete décadas, la Organización de las Naciones Unidas ha sido la máxima expresión del multilateralismo y la diplomacia, mecanismos indispensables para lograr propósitos fundamentales: el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, y los derechos humanos.

El multilateralismo no es opcional, pues ningún gobierno puede enfrentar por sí solo los problemas ni gestionar los riesgos globales. Es necesario que los Estados y demás actores internacionales cooperen entre sí y realicen esfuerzos concertados. Por su parte, el papel de la diplomacia es el de relajar las tensiones y prevenir los conflictos. Si el conflicto estalla, los diplomáticos deben actuar rápidamente para contenerlo y resolver sus causas. En este sentido, la diplomacia preventiva es esencial para ayudar a la resolución pacífica de las controversias.^[9]

Los Estados, las alianzas estatales y el Consejo de Seguridad de la ONU (máximo organismo internacional en materia de seguridad y que agrupa a las principales potencias) deben reconocer el principio del multilateralismo y dejar atrás cualquier pretensión hegemónica, evitar toda acción militar unilateral (como la ejecutada recientemente por Rusia en contra de Ucrania) y volver al diálogo diplomático.

Esas y otras son condiciones indispensables para poder sentarse a negociar y diseñar una fórmula que permita superar los dilemas de seguridad, restaure el balance de poder en el sistema de estados y reoriente las relaciones internacionales por la vía del respeto a las instituciones, los acuerdos y el derecho internacional. Sólo así será posible que la pesadilla de una guerra mundial, que pueda derivar en una conflagración nuclear de consecuencias catastróficas, sea alejada del horizonte definitivamente y que el sueño de una paz mundial estable y duradera vuelva a ser acariciado.

28 de abril. Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Las transformaciones laborales así como las medidas de higiene necesarias para evitar el contagio y propagación del COVID-19 en los centros de trabajo han hecho impostergable la revisión de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Recientemente el Consejo de Administración de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) acordó discutir en su próxima conferencia de junio de 2022 una enmienda que pretende incluir la SST en su Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.^[10]

La SST hace referencia a la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. La conmemoración de este día tiene como fin tomar conciencia de la magnitud del problema, así como la promoción de una cultura de la seguridad y la salud que ayude a reducir el número de muertes, lesiones y accidentes laborales. Para lograr este último objetivo es preciso un plan de acción tripartita, que contemple las responsabilidades que competen a gobiernos, empresas y trabajadores. Los gobiernos deben proporcionar leyes y servicios que garanticen la SST mediante un sistema de inspección adecuado, sin dejar de armonizar los derechos de trabajadores con la prosperidad de las empresas. Las empresas deben proporcionar un entorno laboral digno y adecuado, además de ofrecer relaciones laborales respetuosas de los derechos humanos de sus trabajadores. Éstos, por su parte, son responsables de protegerse y proteger a sus compañeros, cualificar su desempeño y profesionalizarse. Sólo mediante la concurrencia de esfuerzos de las tres partes será posible que el derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo sea una realidad cotidiana en cada unidad laboral.

^[1] Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, Boletín UNAM-DGCS-291, 2 de abril de 2020, disponible en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_291.html (última consulta: 22/03/22).

^[2] Organización Mundial de la Salud (OMS), “Trastornos del Espectro Autista (TEA)”, disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders#:~:text=Se%20calcula%20que%2C%20en%20todo,han%20registrado%20cifras%20notablemente%20mayores. (última consulta: 22/03/22).

^[3] Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, loc. cit.

^[4] Endónimo o nombre que utilizaban los griegos antiguos para identificar a su propia región.

^[5] Asamblea General de la ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, Organización de las Naciones Unidas, Serie de Tratados, vol. 993, p. 3, disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights (última consulta: 25/03/22).

^[6] Organización Mundial de la Salud, “Cobertura sanitaria universal”. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc) (última consulta: 26/03/22).

^[7] Ibídem.

^[8] Ismael Eslava Pérez, “Cinco retos para el Sistema Nacional de Salud Pública en México”, PERSEO, Revista electrónica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, núm. 98, abril de 2021. Disponible en: http://www.pudh.unam.mx/perseo/cinco-retos-para-el-sistema-nacional-de-salud-publica-en-mexico/ (última consulta: 26/03/22).

^[9] Organización de la Naciones Unidas, “Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. 24 de abril”, disponible en

^[10] Organización Internacional del Trabajo, “El Consejo de Administración de la OIT acuerda una discusión clave sobre seguridad y salud en el trabajo en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2022”, disponible en: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_839994/lang–es/index.htm (última consulta: 26/03/22). Las categorías que actualmente incluye la declaración referida son: la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

El ser y el deber ser de la Universidad Nacional Autónoma de México^[1]
(fragmento)

VI. Personal académico

La calidad de la Universidad se encuentra en relación directa con la de su personal académico.

Desde su fundación, la Universidad Nacional ha sido un centro de primordial importancia en la cultura mexicana. Relevancia y prestigio le ha otorgado su profesorado. La galería de nuestros maestros e investigadores coincide, en buena parte, con la de los hombres que han hecho la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes del México contemporáneo. Creadores de cosas nuevas y factores esenciales del porvenir, forjadores de hombres, nuestros profesores e investigadores han convertido a la Universidad en polo de cultura que ejerce su influencia creadora sin limitarse a su propio ámbito, sino antes bien, irradiándola sobre la nación entera.

Los universitarios, mediante su actividad cotidiana, han contribuido a definir el perfil contemporáneo de la cultura mexicana, a desentrañar las características del ser nacional, y así han creado un valladar a las importaciones culturales que hacen abstracción de nuestra historia, de nuestras raíces. La labor de profesores e investigadores da testimonio de que la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades son quehacer, a la vez que patrimonio de los mexicanos.

Los autores de nuestra Ley Orgánica acertaron al definir al profesor al mismo tiempo como investigador, pues el trabajo académico es a la vez búsqueda y comunicación, o bien, diálogo que tiene como sustento la investigación. Así pues, en rigor, todo profesor debe investigar y todo investigador debe ejercer la docencia: ésta es la concepción que subyace a nuestra legislación y su principio inherente al trabajo académico.

Al ejercer la docencia se trasmite y recrea el conocimiento desde una posición personal determinada, en el marco de los planes y programas de estudio y bajo el principio de la libertad de cátedra.

La recreación del conocimiento no sólo es el fruto de un intento de adecuación didáctica, sino también del diálogo con los estudiantes. De aquí que la docencia exija, ante todo, una actitud de probidad intelectual y de aprecio y respeto a los alumnos. El académico en funciones de docencia, ha de transmitir conocimientos al igual que valores e ideales.

Por su parte, el ejercicio de la investigación supone no una simple recepción del conocimiento sino una actividad de búsqueda, eminentemente creativa, independencia de juicio y, en especial, capacidad para cuestionar las supuestas evidencias.

La investigación se hace en la Universidad precisamente para beneficio de nuestra comunidad y de la sociedad que nos sostiene, con el fin de ampliar el conocimiento en general, de ahí que no puede pensarse en un investigador universitario que guarde para sí sus descubrimientos o conclusiones.

Este debe procurar hacer aportaciones al conocimiento, ya sea puro o aplicado, y si es el caso, proponer soluciones a los problemas nacionales.

Cualquiera que sea la modalidad de la investigación, han de propiciarse su difusión y crítica con objeto de elevar el nivel de los conocimientos de la comunidad universitaria y del país en general.

Los problemas nacionales e internacionales demandan de las Instituciones educativas, la formación de personal académico que se adapte mejor a las actuales exigencias y necesidades sociales y al cambio constante en el orden del conocimiento.

El primer imperativo de la formación del docente es el dominio y la profundización en el área donde se desempeña.

En la medida en que la Universidad ha de atender requerimientos nuevos y crecientes de la sociedad y del conocimiento, ha puesto énfasis en la definición y el desarrollo de un programa de formación, actualización y superación de su personal docente. El propósito es contar con académicos sólidamente formados y al día en cuanto a los avances del área de su dedicación. Sólo así la Institución podrá cumplir cabalmente los fines para los cuales fue creada.

Si, como queda dicho, la excelencia de una Institución se halla en relación directa con la calidad de su personal académico, el proceso de selección del mismo de capital importancia. La Universidad no debe contratar sino a aquél demuestre la idoneidad de sus conocimientos y la solidez de su vocación, pues la vida académica se sustenta en los valores el saber, en la generosidad y la probidad intelectuales.

Los esfuerzos por lograr la superación académica de la Institución, es decir la preparación de mejores alumnos, la realización de investigaciones productivas y la amplia difusión, por las más diversas vías, de los logros de la Universidad, han de sustentarse, en primer término, en la consolidación de un personal académico de excelencia, en cada uno de nuestros Institutos y Centros, Escuelas y Facultades. Ese ha de ser el eje de cualquier reforma universitaria, pues en manos de los académicos se encuentra la vida toda de la Institución.

La Universidad no debe abatir los requisitos para la contratación del personal académico, como ha ocurrido algunas veces. La selección de profesores debe hacerse siempre de manera escrupulosa, conforme a criterios académicos y siguiendo un plan de desarrollo institucional.

En los procesos de ingreso, definitividad y promoción, se debe expresar el criterio de la Universidad de propiciar la evaluación permanente del personal académico para impedir la apatía, el estancamiento, y distinguir a aquellos de sus miembros que han hechos mayor esfuerzo.

Puesto que la Universidad reconoce que su personal académico la sustenta y vigoriza, no puede dejar de interesarse por ofrecerle las mejores condiciones para el cumplimiento de sus labores. Sabemos que no es congruente exigir dedicación y esfuerzos continuados por consolidar una Institución de calidad, si ésta, en reciprocidad, no ofrece mejores salarios, bibliotecas, laboratorios y espacios de trabajo.

La situación económica del país impone limitaciones a todos. Sin embargo, la Universidad ha defendido siempre la tesis de que descuidar la educación en general y la superior en particular, es ahondar las causas del subdesarrollo; que el progreso del país no puede darse al margen de la cantidad y calidad de la educación y de la investigación; de aquí que la sociedad debe apoyarse en todo momento, aun especialmente en una etapa de crisis.

A los esfuerzos del pueblo por dedicar a la educación y a la investigación un presupuesto suficiente, han de corresponder los esfuerzos de las instituciones académicas por obtener mejores resultados.

La Universidad ha luchado y seguirá haciéndolo, con toda firmeza y convicción, por el logro de mejores condiciones de trabajo para su personal, a fin de continuar, así, enseñando, investigando y difundiendo la cultura en cumplimiento del compromiso que tiene consigo misma y con México.

Fuente: Carpizo, Jorge, “El ser y el deber ser de la Universidad Nacional Autónoma de México”, en Los derechos humanos en la obra de Jorge Carpizo. México, Defensoría de los Derechos Universitarios – UNAM, 2015, pp.153-196. Versión electrónica disponible en: https://www.defensoria.unam.mx/publicaciones/DHCarpizo.pdf (última consulta: 12/11/21).

^{^[1]} Carpizo, Jorge, El ser y el deber ser de la UNAM, México, UNAM, Serie Ensayo, no. 5, 1988, 40 p.

30 lecciones de democracia, por Giovanni Sartori

Lección 13
La libertad política

¿El hombre es verdaderamente un ser libre? Es decir, ¿está verdaderamente dotado de libre albedrío? Ésta es la pregunta que recorre toda la teología y la ética cristianas. Y además: ¿cuál es la naturaleza última, la esencia de la libertad?

Para Spinoza, la libertad era una perfecta racionalidad. Para Leibniz, espontaneidad de la inteligencia; para Hegel, aceptación de la necesidad. Pero todas estas definiciones se refieren a una libertad última ubicada in interiore hominis, dentro del hombre. Ninguna de ellas tiene en cuenta la libertad externa, la condición de ser libre o no libre en relación con los demás. Y la libertad política es eso: una coexistencia en libertad con la libertad ajena y una resistencia a la falta de libertad.

Existe, por tanto, una enorme diferencia entre libertad interior y libertad de querer, por un lado, y libertad exterior y libertad de hacer, por otro. Con la filosofía nos ocupamos de la primera, y con la política, de la segunda. La libertad política es, precisamente, una libertad empírica y “práctica”. John Locke fue uno de los pocos filósofos que captaron bien esa diferencia. Pero el que mejor acertó con la noción de libertad política fue Thomas Hobbes con la celebérrima definición que da de ella en el Leviatán: “Libertad significa propiamente ausencia […] de impedimentos externos”. Hobbes da en el blanco con el problema porque aplica la libertad política a la relación ciudadanos–Estado, considerada desde el punto de vista de los ciudadanos. Si por el contrario consideramos la relación Estado–ciudadanos desde el punto de vista del Estado, decir que el Estado es “libre para” introduce un discurso sobre la arbitrariedad del poder, sobre un Estado tiránico que es libre, precisamente, de mandar a su gusto.

La sustancia es, por tanto, que la libertad política sirve para proteger al ciudadano de la opresión. ¿Pero cómo? Lo decía ya, con espléndida concisión, hace más de dos mil años, Cicerón: “Somos siervos de la ley con el fin de poder ser libres” (Oratio pro Cluentio); y volvía a decirlo, de forma aún más concisa, Locke en el siglo XVII: “Donde no hay ley no hay libertad”. No obstante, quien más remachó la tesis de que la libertad está fundada por la ley y sobre la ley fue Jean-Jacques Rousseau: “Cuando la ley está sometida a los hombres”, escribe, “no quedan más que esclavos y amos; es la certidumbre de la que estoy más seguro: la libertad siempre sigue la misma suerte que las leyes, reina y perece con ellas”.

¿Por qué la libertad necesita de la ley? Porque si gobiernan las leyes -que son reglas generales e impersonales- no gobiernan los hombres, y a través de ellos, la voluntad arbitraria, despótica o simplemente estúpida de otro hombre. Es verdad que la ley es también coerción (puesto que prohíbe y condena), pero al mismo tiempo nos tutela porque está constituida por normas que se aplican a todos sin distinción, incluso a quienes las hacen. Lo que es un formidable freno.

También se dice que la libertad política es a priori una libertad defensiva, una libertad de. Está claro que en la estela de la “libertad de” se consolidan posteriormente las libertades para, las libertades afirmativas. Pero si previamente no existe una protección de la ley, después no hay libertad para hacer nada. Las “libertades para” no pueden pasar por encima de la “libertad de”.

Fuente:
Sartori, Giovanni. La democracia en 30 lecciones. México, Taurus, 2009, pp. 67-69.

Organización de las Naciones Unidas

Las soluciones a las actuales crisis deben estar enraizadas en los derechos humanos

28 de febrero de 2022

El titular de la ONU ha asistido a la reunión anual sobre derechos humanos de la ONU, donde ha mostrado su desconsuelo ante el quebrantamiento de los derechos de los seres humanos en muy diversos ámbitos, como la desigualdad en la distribución de las vacunas contra el coronavirus, la indefensión de las personas en el ciberespacio, la necesidad de un nuevo pacto de la comunidad internacional para afrontar la crisis económica mundial y la crisis climática que afecta especialmente a los más vulnerables.

Las respuestas a algunos de los problemas más acuciantes del mundo tienen su origen en el quebrantamiento de los derechos humanos, afirmó el lunes el Secretario General de la ONU, António Guterres.