Por Norma Olivia González Guerrero*
La reforma de 2011 al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho a la práctica del deporte, representa un paso decisivo en la consolidación de los derechos humanos en México. Este reconocimiento ha sido respaldado por diversos criterios judiciales, en los que jueces y tribunales han incorporado expresamente al deporte como un derecho humano, lo que ha permitido brindar protección efectiva a los deportistas que acuden a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos en el ámbito deportivo.
Este reconocimiento constitucional no solo implica el acceso al deporte, sino que también impone al Estado la obligación de fomentar, promover y garantizar su ejercicio bajo un enfoque de inclusión, igualdad y respeto a la dignidad humana. Implica también que su ejercicio debe estar asegurado bajo los principios de universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad.
Partiendo de esta idea, vale la pena preguntarse si en México los deportistas realmente pueden ejercer y defender su derecho al deporte, o si solo están incluidos en los planes del gobierno y de las federaciones y asociaciones deportivas sin poder exigir que ese derecho se cumpla. Esto nos lleva a revisar las leyes actuales y la normativa privada aplicable, lo que se reconoce como derechos y deberes de los deportistas, y también los problemas que existen en la forma en que el gobierno organiza y promueve el deporte en el país.
Durante el desarrollo de la legislación deportiva en México, se han considerado que son derechos de los deportistas: practicar libremente el deporte de su elección, asociarse para su defensa, acceder en igualdad de condiciones a los niveles de competencia, utilizar instalaciones deportivas, recibir atención médica adecuada, y ser tratados con dignidad, entre otros.
Uno de esos derechos con los que cuenta un deportista en México es la posibilidad de acudir a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), un órgano que ofrece una opción de justicia deportiva. Esta Comisión, establecida en la Ley General de Cultura Física y Deporte, permite que los deportistas presenten sus casos cuando consideran que sus derechos deportivos han sido vulnerados.
Desafortunadamente, la legislación deportiva vigente en México no incorpora de manera expresa los derechos y obligaciones fundamentales de los deportistas. Esta omisión ha propiciado que autoridades como la CAAD apliquen una interpretación estricta y restrictiva de los preceptos contenidos en los estatutos de las federaciones deportivas nacionales y de las asociaciones estatales, en detrimento de los propios deportistas.
Tal enfoque ha llevado, en más de una ocasión, a desestimar recursos promovidos por deportistas que impugnan actos ilegales en los procesos electivos de sus asociaciones estatales o federaciones deportivas nacionales, bajo el argumento de que carecen de legitimación para controvertir dichos actos. Esta postura resulta sumamente preocupante, ya que desconocen que la base misma del sistema deportivo nacional es, precisamente, el deportista. Sin su participación, ni las federaciones, ni las asociaciones, ni las propias autoridades deportivas tendrían razón de ser.
Si bien es cierto que se han logrado avances importantes en materia de reconocimiento normativo del deporte, también lo es que México sigue sin otorgar al deportista el valor y la protección que merece. En muchos casos, continúa siendo visto como un medio para la obtención de beneficios económicos y políticos por parte de dirigentes deportivos, antes que como el sujeto central de derechos en el ámbito deportivo.
Por ello, es urgente e indispensable contar con una Ley del Deporte en México que parta del reconocimiento del deportista como el eslabón más vulnerable del sistema deportivo, y que garantice, en consecuencia, la protección efectiva de sus derechos humanos.
En México, muchos deportistas entregan su vida entera al deporte, pero al terminar su carrera deportiva quedan desprotegidos, sin apoyos ni opciones claras para continuar con su vida laboral. A diferencia de otros países, como Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Reino Unido, donde existen bolsas de trabajo y programas de acompañamiento para que los deportistas se inserten en el mercado laboral, en nuestro país aún no existen este tipo de programas en ese sentido.
Además, no se puede ignorar otra problemática cada vez más visible: los casos de abuso y acoso dentro del ámbito deportivo. Es responsabilidad de las autoridades y legisladores mexicanos tomar medidas serias y urgentes para prevenir estas situaciones. Las federaciones deportivas deben estar obligadas por ley a contar con protocolos claros y eficaces para prevenir y atender casos de abuso y acoso, protegiendo así la integridad física y emocional de los deportistas.
Una verdadera Ley del Deporte debe centrarse en el ser humano detrás del rendimiento, y reconocer que el respeto, la seguridad y el futuro del deportista deben ser prioridad en toda política deportiva nacional.
Mucho de lo señalado anteriormente, en nuestra opinión, es debido a que el deporte gubernamental en México ha estado marcado por una falta de continuidad y por programas sexenales que se interrumpen con el cambio de administración. Esta inestabilidad compromete la efectividad de las políticas públicas y afecta negativamente el desarrollo de deportistas de alto rendimiento y la masificación del deporte.
Una verdadera política de Estado en materia deportiva requiere definir objetivos medibles, sostenibles y con visión de largo plazo. Asimismo, debe contar con presupuesto suficiente, una administración profesionalizada y un sistema de evaluación independiente que garantice su eficacia.
El deporte debe operar bajo estándares de calidad, transparencia y rendición de cuentas, principios que hoy se engloban en el concepto de buena gobernanza. Sin embargo, en la actualidad, muchas federaciones deportivas en México, como las de ciclismo, taekwondo, esgrima, karate, tiro con arco, escalada deportiva y natación, enfrentan serios conflictos internos. Estos problemas, en gran medida, se deben a la falta de buena gobernanza, de rendición de cuentas, falta de profesionalismo y a la injerencia de autoridades deportivas en asuntos que no les competen, lo que ha generado disputas prolongadas y ha afectado el desarrollo del deporte y de los propios deportistas.
Si cada organismo e institución deportiva cumpliera únicamente con lo que la ley y su propia normativa le permite y le ordena, no habría mayores problemas en el deporte. El conflicto comienza cuando todos quieren intervenir en las federaciones deportivas, olvidando que son ellas las responsables de operar y ejecutar el alto rendimiento. La participación de los sectores público, privado y social es muy importante para construir una política deportiva completa y efectiva, pero esa participación debe respetar la autonomía del movimiento deportivo y enfocarse en coordinar esfuerzos, no en invadir funciones que no les corresponden.
Podemos concluir que reconocer el acceso a la práctica
del deporte como un derecho humano y que el respeto a este derecho humano que
cotidianamente ejercen los deportistas, solo tendrá verdadero impacto si existe
voluntad, tanto del sector público como del privado, si se fortalecen y
profesionalizan los organismos deportivos, y si las instituciones encargadas
del deporte asumen al Derecho del Deporte como una parte fundamental del
sistema jurídico en México, debiendo servir este derecho, como parteaguas para
transitar hacia un modelo más justo, igualitario y accesible, en el que el
deportista deje de ser objeto pasivo de políticas públicas y se convierta en
sujeto activo de derechos plenamente garantizados.
* Especialista en Derecho Deportivo.