Los hechos se remontan a la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando un nutrido grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa viajaba en cinco autobuses que habían tomado para asistir a una manifestación en la Ciudad de México y la policía municipal los atacó en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero.

            Un total de 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, seis personas (entre ellas tres estudiantes) fueron asesinadas y al menos otras 40 resultaron heridas.

            Posteriormente, el 27 de enero de 2015, el entonces Procurador General, anunció que el caso estaba resuelto: los estudiantes desaparecidos habían sido entregados por policías municipales de Iguala y Cocula a miembros de un grupo criminal, quienes posteriormente los mataron, incineraron sus cuerpos en un basurero y tiraron sus restos al cercano río San Juan. El papel de diversas fuerzas de seguridad en estos hechos está bajo investigación.

            En el marco de la protección de los derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado ha examinado como se condujo la investigación del caso y ha encontrado “sólidos motivos” que indican que una parte de las personas detenidas en la fase inicial de las pesquisas fue arrestada de manera arbitraria y torturada.

            “Estas graves violaciones fueron objeto de investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento”, indica el informe de la Oficina del Alto Comisionado publicado este jueves.

            El documento estudia los casos de sesenta y tres de los ciento veintinueve imputados en la desaparición de los estudiantes y señala que la Oficina del Alto Comisionado “cuenta con fuertes elementos de convicción para concluir” que al menos treinta y cuatro “habrían sufrido torturas”, tras un análisis de los expedientes judiciales, pruebas médicas y una serie de entrevistas con autoridades, detenidos y testigos.

            Las explicaciones ante las lesiones de los detenidos fueron en muchos casos “justificaciones no plausibles y contradictorias”, destaca el informe, que también incluye autoinculpaciones de detenidos que presentaban múltiples lesiones, según atestiguan los informes médicos.

Doble injusticia

El representante de la Oficina del Alto Comisionado en México, Jan jarab, destacó en una entrevista con el Centro de Información de México la doble aflicción que el caso provoca en el país.

            “Es una doble injusticia porque por un lado es una injusticia hacia los procesados que han sufrido tortura y otras violaciones de sus derechos humanos, pero también el derecho a la verdad no solo de las familias, no solo de los sobrevivientes de la tragedia de Ayotzinapa, sino el derecho a la verdad de toda la sociedad mexicana”.

Cualquier prueba obtenida bajo tortura es nula

El estudio indica que las violaciones a los derechos humanos documentadas comenzaron a partir del 5 de octubre cuando la Procuraduría General de la República tomó las riendas de la investigación que había empezado la Fiscalía del Estado de Guerrero. Las detenciones fueron realizadas por personal de esa Procuraduría , la Policía Federal y la Secretaría de Marina.

            El informe emplaza a excluir o declarar como nula a cualquier prueba sobre la que existan razones fundadas de haber sido obtenida bajo tortura, de acuerdo con la Ley General sobre Tortura vigente en México y con las normas del derecho internacional.

            Además, urge a la Procuraduría a investigar quienes fueron los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas o cualquier otra violación a los derechos humanos.

            “Las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa. Esta pauta no sólo constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto”, señala el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

            Y añadió que este caso “pone a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de derechos humanos”.

            “Durante tres años y medio -dijo Zeid-, las familias de las víctimas han luchado por su derecho a conocer qué les ocurrió a sus seres queridos. Insto a las autoridades mexicanas a garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa y a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación”,

Recomendaciones al Estado mexicano

• El informe pide al ejecutivo mexicano que ponga en práctica la recomendación del Alto Comisionado de crear un Consejo Asesor de lucha contra la impunidad, encargado de “proponer estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y abonar a las iniciativas en torno a la reforma de la procuración de justicia”.
• También alienta al poder legislativo a instaurar una reforma constitucional y una ley orgánica que garantice de modo efectivo la “independencia, autonomía y profesionalismo” de la Fiscalía General de la República y que comprenda mecanismos de control interno y procesos de rendición de cuentas.
• Asimismo, insta a ambos poderes a trazar y poner en funcionamiento el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de acuerdo con las condiciones ordenadas en la Ley General sobre esta materia, con el objetivo de erradicar la tortura como método de investigación.

Fuente:
https://news.un.org/es/story/2018/03/1429162
(02/04/2018)