Ciudad de México, 28 de marzo de 2018
Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
[…]
La conclusión de su encargo como titular del Poder Ejecutivo Federal, señor Presidente, determina que ésta sea la última ocasión en que tenga la oportunidad de dirigirme a usted con motivo de un Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en este caso, el correspondiente a 2017.
En este contexto, además de referirme los aspectos más relevantes de la actividad institucional de la CNDH durante el año pasado y en atención y respuesta a las más de un millón doscientas cincuenta y siete mil personas que desde 2012 han acudido a este Organismo Nacional para solicitar su intervención o asesoría por considerarse agraviadas por algún abuso de poder, quisiera hacer algunas reflexiones sobre lo que podría ser un balance general de la situación de los derechos humanos, durante los poco más de 5 años de su administración.
Hasta hoy el balance no es favorable. México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro Estado Democrático de Derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban, de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza.
Las repercusiones que este entorno ha generado para México y su sociedad, trascienden las afectaciones económicas de quienes han sufrido daños en su patrimonio o han tenido que realizar gastos adicionales para buscar, por sí mismos, la protección y garantías que las autoridades no les pueden brindar. El dolor y el sufrimiento derivado de miles de personas que han sido privadas de la vida, que han sido lesionadas en hechos de violencia, que se encuentran desaparecidas, que se han visto forzadas a desplazarse de sus lugares de origen por la inseguridad o que han sido víctimas de algún delito es algo que no se puede cuantificar ni reparar.
Son saldos de dolor e impunidad, que no han disminuido durante este periodo.
El miedo a los alcances de la violencia subsiste y ha generado desesperanza entre la sociedad, distanciamiento hacia las instituciones y desconfianza en las autoridades. Tan solo por citar un ejemplo: con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2012 se habrían registrado 21,459 carpetas de investigación por homicidio doloso, mientras que en 2017 esta cifra habría ascendido a 25,340, la más alta registrada en los últimos 20 años. Estos datos nos indican que el número real de personas privadas de la vida podría ser mayor, en tanto una carpeta de investigación permite estar vinculada a más de una víctima, con lo cual el panorama resultaría aún más grave.
Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los demás derechos fundamentales y, sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables y serán vistas como una imposición autoritaria. Nuestro país requiere seguridad, pero no a cualquier costo ni por cualquier medio. La seguridad que necesitamos corresponde a la de un Estado Democrático de Derecho, sustentada en el más amplio respeto a los derechos humanos, así como en el cumplimiento y aplicación oportuna y debida de la ley. Una seguridad construida desde un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad civil, concediendo a esta última un papel relevante en los mecanismos de supervisión y control de las primeras.
La respuesta a la violencia e inseguridad, no radica en reducir o eliminar derechos y libertades, tampoco en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley. El uso de la fuerza es una atribución y recurso legítimo del Estado, pero por sí mismo no es un medio que pueda revertir el estado de cosas que enfrentamos. En días pasados, usted señaló que sería ingenuo y negligente pretender que el Estado renunciara a su utilización. Es cierto, tanto como que los hechos han demostrado también que sería un error suponer que solo el uso de la fuerza, por legítimo que éste sea, deba ser la única respuesta del Estado ante la violencia y la inseguridad que se enfrenta.
Si la violencia se combate solo con la violencia, se está apostando al uso de la fuerza sobre la atención de las causas que la propician y generan, y se está alejando la creación de una ciudadanía responsable, con una sólida cultura de la legalidad y los derechos humanos. La violencia ha demostrado ser una inversión muy poco redituable, que tiene un costo altísimo para todas las personas.
Más allá de lo que se sostenga en el ámbito discursivo, en México las estrategias de seguridad continúan teniendo un carácter eminentemente reactivo, habiéndose dejado de lado la prevención. Da constancia de ello el hecho de que el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED) dejó de recibir recursos públicos de manera específica a partir de 2017.
Dentro de este análisis casi sexenal, debemos reconocer que durante el tiempo en que he tenido a mi cargo la titularidad de la CNDH, no hemos recibido de su parte ningún intento de intromisión que pretendiera vulnerar el desempeño autónomo de este Organismo Nacional. Insistimos en que el respeto al trabajo de los organismos constitucionales autónomos contribuye a la consolidación democrática de nuestro país.
En contrapartida a este respeto a la autonomía de la CNDH, debe llamarse la atención sobre el hecho de que sus exhortos, propuestas y determinaciones encontraron poco eco en las distintas autoridades. Aunque en el discurso los derechos siempre se asumen como una prioridad, en la práctica, su materialización efectiva los sigue dejando relegados, como si fueran algo secundario.
Las recomendaciones emitidas por este Organismo Nacional, si bien fueron prácticamente aceptadas en su totalidad, presentan deficiencias y demoras considerables en su cumplimiento. Hace un año, cuando presenté ante usted el informe de actividades correspondiente a 2016, vimos con optimismo la instrucción que giró a todas las instancias del Gobierno de la República para que se revisaran las recomendaciones pendientes de cumplimiento y se formulara un plan de trabajo para su atención, mismo que se daría a conocer antes del próximo informe anual de esta Comisión Nacional.
Reconocemos su voluntad para que las determinaciones de la CNDH se cumplieran, pero es mi deber informar a usted y a la opinión pública que esa instrucción no fue atendida en sus términos. Sería deseable que aún se pudieran materializar ese diagnóstico y plan de trabajo. El incumplimiento de las Recomendaciones lleva implícita la revictimización de quien vio vulnerados sus derechos fundamentales, en tanto se impide que las víctimas reciban la reparación y restitución a la que tienen derecho, y se limita que la verdad y la justicia logren abrirse el paso en cada caso.
Del cúmulo de recomendaciones pendientes de cumplimiento, durante 2017 se concluyeron 39 Recomendaciones dirigidas a 29 autoridades, cifra que, si bien es superior a la de años previos, no resulta satisfactoria. Al finalizar 2017, las cinco autoridades federales con el mayor número de recomendaciones en trámite eran la Comisión Nacional de Seguridad, con 63; el IMSS, con 50; la Procuraduría General de la República, con 37; la Secretaría de la Defensa Nacional, con 18 y la SEP con 16. De igual forma, los 5 gobiernos estatales con el mayor número de estos asuntos en trámite fueron los estados de Oaxaca, con 16; Guerrero, con 15; Chiapas, con 12; Tabasco, con 11 y San Luis Potosí, con 9.
En este sexenio hubo violaciones graves a los derechos humanos. Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán son algunos de los nombres más representativos que marcaron el sexenio 2012-2018 en un momento crítico de los derechos humanos. Del cúmulo de Recomendaciones o Informes emitidos por la CNDH en estos casos, si bien han sido aceptados por las distintas autoridades, tan solo una tiene actualmente pruebas de cumplimiento total, con independencia de que hayan sido dirigidas a instancias federales o estatales.
Sería una señal muy positiva de coherencia, responsabilidad y compromiso con los derechos humanos el que antes de concluir su administración, se dé cumplimiento a las recomendaciones respectivas y se atiendan las propuestas formuladas por este Organismo Nacional contenidas en ellas. Este llamado, lo hacemos extensivo también a los gobiernos locales, pues éstos tienen, de igual forma, una deuda con las víctimas. Cada caso lleva implícita la demanda de una investigación exhaustiva, objetiva e integral de carácter penal o administrativo, que propicie que los responsables rindan cuentas conforme a derecho de los delitos en que hubiesen incurrido, a la vez que permita que se alcancen la verdad, la justicia y la reparación del daño.
En lo relativo a la investigación del Caso Iguala, durante 2017 se continuó con la integración del expediente respectivo y se dio seguimiento al cumplimiento dado por las autoridades a las observaciones y propuestas que esta Comisión Nacional ha hecho en los tres reportes que sobre este caso ha emitido. Al concluir 2017, solo 9 de los 57 puntos propuestos habían sido completamente atendidos, 36 se encontraban en vías de atención y 12 no habían sido atendidos, lo cual refleja la complejidad, pero también la falta de una voluntad real y compromiso para llegar al esclarecimiento del asunto. En este caso, como en otros de primera importancia para el país, se ha hecho evidente que el modelo de operación de la Procuraduría General de la República está agotado, siendo necesario que a la brevedad se concreten de manera viable y pertinente las reformas en el ámbito de procuración de justicia, para garantizar la autonomía, la imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de esta función.
México es orgánicamente un país de leyes y la conducta de sus autoridades y de la sociedad debe ceñirse a lo que ellas mandatan. Quien haya incurrido en una conducta ilícita, sin distingo alguno, debe responder por sus actos ante las instituciones competentes y ser tratado y juzgado conforme lo disponen las normas. Cuando hemos denunciado actos de tortura, desaparición forzada, detenciones o ejecuciones arbitrarias, no hay intención alguna de denostar a las instituciones o impedir el legítimo ejercicio de las atribuciones de la autoridad. Lo que se busca es fortalecer el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y consolidar una cultura de respeto a la legalidad entre la sociedad.
En una sociedad democrática y de derechos, no pueden existir parámetros aceptables de conductas como las que he referido. Un solo caso debe movilizarnos a actuar para que el mismo sea sancionado y se prevenga su repetición. Desafortunadamente, en los últimos años, en nuestro país se han presentado más que casos aislados:
De 2012 a 2017 se registraron 274 expedientes de queja calificados como tortura, los cuales pasaron de 12 expedientes en 2012 a 138 en 2016 y a 76 en 2017. En ese mismo periodo se contabilizaron 5,086 por detención arbitraria, 195 por privación de la vida, 11 por ejecución sumaria o extrajudicial, así como 89 por desaparición forzada o involuntaria. Tomando en consideración que la mayoría de los casos no se denuncian penalmente ni tampoco se plantean ante este Organismo Nacional, es claro que las cifras reales deben ser mayores, de ahí la necesidad de evidenciar la subsistencia de estas prácticas contrarias a la dignidad de las personas y promover su abatimiento y sanción. No defendemos delincuentes ni buscamos la impunidad, defendemos que los derechos sean vigentes para todas las personas y la ley se aplique de manera debida y sin distinciones.
De poco sirve que este Organismo Nacional ponga en evidencia y denuncie la existencia de diversas problemáticas vinculadas al ámbito de los derechos humanos, si la respuesta por parte de las autoridades no llega con la oportunidad ni pertinencia debida. Durante 2017 la CNDH llamó reiteradamente la atención sobre la grave situación que existe en diversos centros penitenciarios, sobre todo los de carácter local, pese a lo cual no se actuó para prevenir que 2017 fuera un año marcado por la violencia y la muerte en estos centros.
Del mismo modo, se enfatizó la necesidad de revisar los mecanismos de alerta de violencia de género en contra de las mujeres, así como de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, -debo decir, que aquí lamentamos la pérdida de la vida del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur-, llamados que, de igual forma, no tuvieron la respuesta que se hubiese deseado en el terreno de los hechos. En el caso de la violencia en contra de las mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al concluir 2017 los homicidios dolosos de mujeres en el país habrían llegado a 2,585 casos, con lo cual se habrían incrementado en cerca de 47.29% respecto de 2015. Por lo que hace a los casos de mujeres víctimas de lesiones dolosas, los mismos también se incrementaron, al llegar a 61,035 frente a los 56,422 registrados en 2015.
En el caso de los periodistas, el escenario no es más alentador. En los 6 años previos al inicio de su gestión se habrían registrado en México 52 homicidios de periodistas. A 8 meses de que exista un nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal, ya se ha registrado un número igual de periodistas asesinados que en el sexenio anterior, elevando la cifra de los periodistas privados de la vida en 12 años a 104 casos que, en su mayoría, siguen en la impunidad.
En otro orden de ideas, es preciso reconocer las acciones que se emprendieron desde el Ejecutivo Federal, en particular con la destacada participación de las Fuerzas Armadas, para la atención a desgracias naturales como los sismos registrados en septiembre de 2017, los cuales motivaron la movilización conjunta de autoridades y sociedad ante una tragedia que afectó a miles de mexicanas y mexicanos.
Junto a la actitud solidaria y comprometida de quienes desinteresadamente ayudaron en estas tragedias, aún con riesgo de sus propias vidas, emergió la posibilidad de que aun cuestiones humanitarias, como la entrega de la ayuda y apoyos a damnificados pudiesen no haber estado exentas de desvíos y malos manejos, así como el hecho de que actos de corrupción en el otorgamiento de licencias y autorizaciones para construcción pudiesen haber ocasionado la pérdida de vidas humanas. Estos hechos son investigados por esta Comisión Nacional, dentro de su ámbito de atribuciones, pero sería deseable que tanto las autoridades federales como locales dieran mayor seguimiento a las investigaciones que sobre tales hechos se llevan a cabo, para determinar las sanciones administrativas o penales a las que pudiese haber lugar y evitar que, de ser éste el caso, los actos ilícitos cometidos permanezcan impunes.
Asimismo, es de reconocerse que su administración dio un relevante impulso a diversos procesos legislativos, algunos de los cuales buscaron hacer vigentes los derechos para todas las personas, sin distinción alguna. Me refiero a derechos humanos tan fundamentales como el de igualdad ante la ley. En este sentido, es de mencionarse la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la entrada en vigor del Sistema Nacional correspondiente; así como la iniciativa que presentó en favor del matrimonio igualitario, misma que de haberse aprobado, habría prevenido la situación que actualmente se presenta en algunos lugares del país, en los que las personas del mismo sexo que desean contraer matrimonio deben recurrir a la vía jurisdiccional para obtener una sentencia que les permita formalizar legalmente su decisión de vida en común.
Del mismo modo, debe destacarse el apoyo que su administración brindó para la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con lo cual nuestro país podrá dar pasos ciertos y concretos para la sanción, abatimiento y prevención de dichas prácticas, así como para la atención efectiva a las víctimas de las mismas.
La emisión de las leyes es tan solo el primer paso, el siguiente implica generar las condiciones operativas y técnicas que permitan que sus contenidos se materialicen en la práctica, lo cual demanda, entre otras cosas, contemplar los recursos presupuestales necesarios y suficientes. México, lo hemos señalado, tiene una enorme deuda con las víctimas de tortura, con los miles de desaparecidos, con las familias que día con día asumen con esperanza y deseos de justicia su búsqueda, develando la geografía de horror, impunidad e indiferencia que representan las fosas clandestinas en nuestro país. Si una persona no es localizada con vida, la verdad y la justicia no se alcanzará con la mera ubicación e identificación del cuerpo, es necesario determinar quiénes fueron los responsables y que los mismos reciban la sanción que en derecho corresponda. La atención a los temas de tortura y desapariciones subsiste como un pendiente en el ámbito de los derechos humanos.
Frente a estos ordenamientos, cuya emisión fue reconocida por la sociedad y, en los cuales, en un ejercicio de apertura y pluralidad se tomó en cuenta para su formulación la opinión de las organizaciones civiles, la academia, expertos independientes, víctimas y organismos defensores de derechos humanos, quedará la controversia y diversidad de opiniones que generó la emisión de la Ley de Seguridad Interior. En este caso, expresamente se propuso abordar la problemática existente en materia de seguridad y justicia mediante un ejercicio de análisis y discusión abierto, plural, incluyente e informado que permitiera proponer soluciones integrales y efectivas para los problemas de inseguridad y violencia que enfrentamos, sin vulnerar los derechos humanos o contravenir el régimen competencial previsto por nuestra Constitución. Este llamado no fue atendido.
La CNDH expresó su respeto ante la decisión que usted tomó en el sentido de propiciar que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que analizara lo conducente y emitiera, como órgano jurisdiccional, un pronunciamiento sobre la pertinencia y compatibilidad del contenido de la Ley de Seguridad Interior, con el régimen de protección y defensa de los derechos humanos previsto por nuestra Constitución. En razón de ello, la CNDH y otras instancias promovieron acciones y controversias de constitucionalidad contra dicho ordenamiento, las cuales actualmente se encuentran en trámite.
La promoción de esta acción no buscó, como en ninguno de los otros casos en que la Comisión Nacional ha ejercido tal atribución, atacar a las instituciones o debilitar nuestro Estado de Derecho, sino, por el contrario, su objetivo es consolidar nuestras instituciones y preservar nuestro Estado Democrático de Derecho defendiendo nuestra Constitución y los derechos humanos por ella reconocidos, los cuales representan una parte sustantiva de la misma. Respetar y defender los derechos humanos lleva implícito el respeto y defensa de la Constitución.
Durante 2017, la CNDH localizó y analizó 3,678 modificaciones normativas que se llevaron a cabo, tanto a nivel federal como local. De este conjunto de disposiciones, se detectaron 34 casos, preponderantemente en el ámbito local, en los que se estimó que las normas vulneraban derechos humanos, por lo que se impugnaron mediante la acción de inconstitucionalidad correspondiente. Entre diciembre de 2014 y 2017, esta Comisión Nacional ha promovido un total de 94 acciones de este tipo, con lo cual se ha superado en casi 300% el número total de acciones que se habían intentado desde 2006, año en que se le concedió dicha atribución.
La necesidad de dar respuestas prontas y efectivas a la sociedad, ha ocasionado que esta Comisión Nacional busque esquemas que propicien una atención más expedita a las situaciones que plantean las personas que recurren a solicitar sus servicios de apoyo, atención o asesoría, mismas que tan solo durante 2017 ascendieron a un total de 218,695. En específico, por lo que hace a los expedientes de queja registrados, durante 2017 se lograron resolver durante el trámite 4,001 asuntos, 1,332 quedaron sin materia al haberse promovido que la autoridad adoptara las medidas para subsanar los actos reclamados y en 146 casos se alcanzaron medidas conciliatorias, todo lo cual representa un total de 5,479 expedientes, lo que equivale a poco más del 56% del total de expedientes de queja concluidos en el periodo que se reporta.
Desde 2012, la CNDH concluyó el trámite de 150,234 expedientes y, en los últimos 3 años, la dinámica de trabajo institucional ha permitido generar una tendencia en el sentido de que se concluya un número mayor de expedientes que el de aquellos cuyo trámite se inicia cada año, lo cual nos ha permitido que, frente a 79,059 expedientes iniciados, podamos reportar la conclusión de 80,551. No obstante ello, como lo anticipamos en su momento, el cúmulo de asuntos en trámite que se encontraron al inicio de la gestión y la necesidad de realizar una integración debida y pertinente de los mismos, ha propiciado que algunos casos no se hubiesen resuelto con la oportunidad que hubiese sido deseable. Hemos trabajado y continuaremos trabajando para que en lo sucesivo no se repitan estas circunstancias.
Por otra parte, entre 2012 y 2017, la CNDH formuló un total de 454 Recomendaciones. Aun cuando no fueron dirigidas en su totalidad a autoridades de la Administración Pública Federal, sí incluyeron en 68 casos al IMSS, en 67 a la Comisión Nacional de Seguridad, en 36 a la Procuraduría General de la República, en 30 a la Secretaría de la Defensa Nacional, en 26 a la Secretaría de Marina, en 24 al ISSSTE, en 18 al Instituto Nacional de Migración y en 15 a la Secretaría de Educación Pública. Tan solo estas autoridades a las que me he referido, concentraron en su conjunto 284 Recomendaciones durante estos años.
En particular, durante 2017, este Organismo Nacional emitió 97 instrumentos recomendatorios, que comprendieron 81 recomendaciones ordinarias, 5 recomendaciones por violaciones graves, 8 recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y 3 Recomendaciones Generales.
Las 81 recomendaciones ordinarias fueron dirigidas a 62 autoridades, lo cual significó un aumento de 14% frente a lo registrado en 2016. Las seis autoridades que fueron destinatarias de mayor número de Recomendaciones durante este periodo, son el IMSS, con 19 casos; la Comisión Nacional de Seguridad, con 13; la Procuraduría General de la República, con 13; el Instituto Nacional de Migración, con 7; el ISSSTE, con 4 y la Secretaría de Marina, con 4. En este rubro, es de destacarse el incremento de 117%, respecto de 2016, en el número de recomendaciones emitidas en contra de la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República, respectivamente.
Los derechos humanos violentados, así como las materias sobre las cuales versaron las recomendaciones fueron diversas, comprendiendo cuestiones que abarcaron, entre otras, desde casos de prestación indebida del servicio público, detención arbitraria, retención ilegal, infringir los derechos de maternidad y afectaciones a los derechos de las personas en contexto de migración, hasta cuestiones tales como privación de la vida, tortura, desaparición forzada e involuntaria de personas o tratos crueles inhumanos o degradantes. Respecto de estas últimas conductas, en 9 Recomendaciones se acreditó la existencia de tortura; en 9 tratos crueles, inhumanos o degradantes; en 9 privación de la vida y en 6 desaparición forzada o involuntaria de personas. Del conjunto de recomendaciones ordinarias emitidas en 2017, al concluir ese año tan solo un caso había sido cumplido en su totalidad.
Del total de recomendaciones emitidas en 2017, no fue aceptada: la 39/2017, por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Choix, Sinaloa. Derivado de lo anterior, esta Comisión Nacional ha iniciado formalmente el procedimiento que para tales supuestos señala la Constitución.
Como ya lo he precisado, durante 2017 este Organismo Nacional emitió 5 recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, lo cual representa más de la mitad del total de 11 recomendaciones formuladas bajo tal calificación durante la existencia de la CNDH. Estas recomendaciones fueron dirigidas a 15 autoridades, siendo las 2 instancias que recibieron más recomendaciones de este tipo, el Gobierno del Estado de Veracruz y la Procuraduría General de la República, en 2 casos cada una.
Sin desconocer que los hechos que les dieron origen son anteriores a 2017, durante este año se pudieron concluir las investigaciones de casos tan graves como la venta de niños en el Estado de Sonora; las fosas clandestinas localizadas en Cadereyta, Nuevo León; el uso excesivo de la fuerza y la indebida planeación y ejecución de un operativo policial en Nochixtlán, Oaxaca; las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas ocurridas en Papantla, Veracruz, así como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias en Tierra Blanca, Veracruz.
Por otra parte, las recomendaciones generales tienen como propósito que se promuevan las modificaciones a disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos. Durante 2017 la Comisión Nacional emitió tres recomendaciones de este tipo, las cuales versaron sobre el expediente clínico como parte del derecho a la información en servicios de salud; las condiciones de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitenciarios de la República Mexicana; y la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, durante 2017, la CNDH emitió cinco informes especiales, mediante los cuales se pusieron de manifiesto diversas problemáticas vinculadas a los derechos humanos en nuestro país, tales como la relativa desaparición de personas y fosas clandestinas en México; personas mayores en los centros penitenciarios de la República Mexicana; adolescentes, vulnerabilidad y violencia; y los desafíos de la migración y los albergues como oasis, basado en la encuesta nacional de personas migrantes en tránsito por México, y también el de desplazamiento forzado interno.
Ante la relevancia de los casos que conoce, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a cargo de la CNDH, emitió 8 Recomendaciones propias, las cuales estuvieron referidas a las condiciones de los centros de reclusión que dependen de los gobiernos estatales de Tamaulipas, Guerrero, Nayarit, Estado de México y Veracruz; los centros federales de readaptación y rehabilitación social psicosocial, así como los denominados “CPS”; además de las estaciones migratorias y estancias provisionales en los estados de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz. Estas Recomendaciones fueron aceptadas y se les da seguimiento especial a su cumplimiento. Adicionalmente se hicieron públicos 16 Informes (6 iniciales y 10 de seguimiento) sobre diversos centros federales de readaptación social, estaciones migratorias y estancias provisionales, así como lugares de detención e internamiento en varias entidades federativas.
Durante este año se dio continuidad a la colaboración permanente con los mecanismos regional y universal de derechos humanos, así como con otras instituciones nacionales de derechos humanos y con los organismos locales de protección y defensa de los mismos en México. En este ámbito, es de destacarse la intervención que se tuvo en dos sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como los compromisos que, a iniciativa de la CNDH, asumieron otros organismos nacionales para la atención a migrantes en la frontera sur de México, así como para la defensa de los mismos en los Estados Unidos de América; además de dar seguimiento de la Agenda 20/30 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Este Organismo Nacional asumió un papel activo en las organizaciones internacionales de organismos públicos de derechos humanos, lo cual propició que llevara la voz de los mismos ante las más altas instancias de Naciones Unidas en la materia, en temas como desapariciones forzadas, tortura y la protección de defensores civiles y públicos de derechos humanos, entre otros.
Un dato que resulta relevante señalar es que durante la administración a su cargo, México no ha ratificado ningún instrumento internacional vinculado al campo de los derechos humanos, ni retirado aún algunas reservar de los que forman parte de nuestro orden jurídico. El artículo 1o Constitucional prevé la obligación de asumir la convencionalidad e integrar los derechos humanos reconocidos por la misma bajo principios tales como la progresividad y la universalidad.
Ojalá en estos meses que restan a su mandato, el Estado mexicano pudiera actuar en este ámbito y reconocer, entre otras cosas: la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, para recibir casos individuales en los que se considere que el Estado ha vulnerado los derechos humanos; ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo doméstico; los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención para Reducir los Casos de Apatridia; la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de los adultos mayores y la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia. Asimismo, se espera que se avance en el cumplimiento de todas las recomendaciones que se han formulado a México por instancias internacionales vinculadas al cumplimiento y respeto de los derechos humanos.
Señor Presidente:
La sociedad clama por seguridad, por poner un alto a la violencia, porque la legalidad impere, la impunidad se reduzca y la corrupción se sancione y prevenga. La sociedad reclama que se reduzca la desigualdad mediante políticas económicas que propicien el desarrollo y logren una reducción real de la pobreza. Este diagnóstico es claro y reiterado. Se expresó, recientemente, en la “Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos”, organizada por la CNDH en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México.
Las conclusiones de esta Conferencia próximamente se darán a conocer, pero el desarrollo de las reflexiones llevadas a cabo en sus Mesas de trabajo puso en evidencia, al igual que lo habían hecho otros ejercicios previos, la urgencia de realizar una revisión y replanteamiento de nuestras políticas públicas en las áreas de seguridad y justicia, bajo una perspectiva integral y multidisciplinaria, tomando como premisa el respeto y defensa de los derechos humanos y sin pretender desvincular el contexto que vivimos de otras realidades y problemas que tiene nuestro país, tanto en el ámbito interno como externo.
México tiene una institucionalidad débil. Es preciso desvincular la integración y operatividad de nuestras instituciones de coyunturas políticas o de cualquier otra índole. Requerimos estructuras públicas profesionales de administración, verdaderamente capacitadas, que garanticen y den certidumbre a las personas sobre su disposición de servicio, operatividad y eficiencia, con independencia de quien asuma la titularidad de una dependencia del Poder Ejecutivo. Es necesario abatir los cotos de poder dentro del servicio público y tener una burocracia capacitada, comprometida y sujeta a controles de desempeño y esquemas de rendición de cuentas que, sin inhibir el ejercicio de sus funciones, dé certidumbre a la sociedad de que está preparada para servirla.
En este mismo orden de ideas, la semana pasada se presentó el resultado de otro ejercicio de diálogo plural llamado “Méxicos Posibles”. Ahí se señaló expresamente que la ilegalidad, la inequidad y la inseguridad son los mayores lastres de los que nuestro país debe deshacerse si aspira a lograr el desarrollo y convivencia pacífica que la sociedad demanda y necesita. El combate frontal a la corrupción y el abatimiento de la impunidad son dos grandes materias que deben asumirse como prioritarias en la planeación del quehacer público y en los hechos.
Las y los mexicanos no podemos seguir limitando nuestro destino y planes de desarrollo profesional y vida personal al miedo, a la desconfianza, a la incertidumbre que generan la inseguridad, la violencia y la impunidad. Requerimos una transición a la genuina legalidad, sustentada en el respeto de los derechos humanos.
Queremos un México con una institucionalidad fuerte, que recobre para sus habitantes la expectativa de un rumbo de paz, seguridad y desarrollo, que haga a un lado el miedo y la incertidumbre, que cada persona y el conjunto de la sociedad vuelvan a tomar el control y responsabilidad de nuestro futuro, hoy empañado por la violencia, la impunidad y la corrupción.
Estamos a tiempo, todavía, de definir y lograr el país y la sociedad que queremos para nuestro futuro. Los meses que restan a su gestión Señor Presidente son una oportunidad de abonar a la consecución de un mejor entorno para todas y todos los mexicanos. Los derechos humanos demandan un compromiso permanente y un trabajo constante por su reconocimiento, protección y vigencia, que no pueden estar sujetos a coyunturas o intereses políticos, o de alguna otra índole.
Permítanme concluir, citando al doctor Jorge Carpizo, primer Ombudsperson, y recordándolo en estas fechas, precisamente en estas fechas, en que estaría por cumplir seis años de su partida y 74 años de su natalicio.
Cito: “No minimicemos los tiempos azarosos que vivimos, ello sería un grave error, sino que los problemas están para ser superados, y nosotros los podemos resolver a través del diálogo, la Ley, la buena fe y viviendo por los intereses de México. ¡Que podemos, claro que podemos!” Así terminó Jorge Carpizo.
Gracias, Señor Presidente. Ω