Sembrando el terror:
de la letalidad a la persecución
en Nicaragua

(Resumen ejecutivo)

El 18 de abril de 2018, una serie de reformas al sistema de la seguridad social provocaron el estallido de protestas sociales en contra del Gobierno de Nicaragua. A partir de ese día, cientos de personas en diferentes localidades del país salieron de manera diaria a manifestarse.

            No obstante, la respuesta del Estado frente al malestar social fue reprimir a la población de forma violenta, a través de la Policía Nacional y sus cuerpos antimotines, con el apoyo de las conocidas “turbas sandinistas”.

            Durante los meses de abril y mayo, el Gobierno hizo un uso excesivo, desproporcionado y a veces innecesario de la fuerza, e implementó una estrategia en ocasiones deliberadamente letal en contra de los manifestantes. En ese contexto, Amnistía Internacional publicó el informe Disparar a matar: Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua, en el que se documentó la estrategia estatal durante las cuatro primeras semanas de la crisis.

            La negativa del Gobierno a cesar la represión, así como el elevado número de muertos y heridos a manos de agentes del Estado y sus turbas (que se transformaron rápidamente en auténticos grupos parapoliciales armados), aumentó la indignación social. Miles de localidades comenzaron a levantar barricadas o “tranques” en señal de protesta, como forma de defensa frente a los ataques en contra de la población civil, y como medida de presión, ya que limitaban el tráfico terrestre. En muchas de estas barricadas, el uso de morteros artesanales como método de defensa era común.

            La respuesta del Gobierno fue recrudecer su estrategia represiva, mientras anunciaba una Operación para la Paz, que se conoció popularmente como Operación Limpieza. Ésta consistió en destruir por la fuerza las barricadas y enfrentar a las personas manifestantes a través de grupos combinados de parapolicías armados y agentes de la Policía Nacional, que llegaban a las localidades organizados en operaciones sofisticadas, atacando y haciendo uso generalizado de armamento letal militar. A pesar de que se reportaron enfrentamientos donde una minoría de manifestantes habrían recurrido también a armas de fuego (como escopetas o rifles), la estrategia de uso letal de la fuerza por parte del Gobierno fue generalizada, y en muchas ocasiones, indiscriminada.

            Para la elaboración de este informe, Amnistía Internacional llevó a cabo dos misiones de documentación a Nicaragua y Costa Rica durante los meses de julio y septiembre respectivamente, donde realizó 115 entrevistas y documentó un total de 25 casos de violaciones de derechos humanos. Además, un equipo de expertos analizó más de 80 piezas de material audiovisual y fotográfico como parte del análisis de contexto.

            Con fecha de cierre de este informe (18 de septiembre de 2018), las cifras de la crisis eran al menos 322 personas fallecidas, (la mayoría a manos de agentes del Estado), entre las que había 22 policías muertos y más de 2,000 personas heridas. Hasta el día 18 de agosto, se reportaban al menos 300 personas procesadas por su participación en las protestas. No se tenía conocimiento de ninguna persona procesada o detenida por violaciones de derechos humanos.

            Entre las recomendaciones más urgentes, Amnistía Internacional hace un llamado al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a desmantelar y desarmar a los grupos parapoliciales de forma inmediata y garantizar que las fuerzas policiales actúen de acuerdo con los criterios de uso legítimo, proporcional y necesario de la fuerza en contextos de manifestaciones. Además, la organización lo insta con carácter urgente a poner fin a la estrategia de persecución y detenciones arbitrarias de personas que se manifiestan en contra del Gobierno, y a garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación.

            Además, la organización solicita a la comunidad internacional a seguir demandando el cumplimiento de las obligaciones que el Estado nicaragüense ha adquirido en materia de derechos humanos.

Fuente:
https://amnistia.org.mx/contenido/sembrando-el-terror-de-la-letalidad-a-la-persecucion-en-nicaragua/
(26/10/2018)