Por Mario Alberto Naranjo Ricoy

En el calendario global proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas, este mes de agosto nos trae un conjunto de efemérides que la comunidad internacional conmemora sobre temas relevantes en materia de derechos humanos y de los que el PUDH de la UNAM hace eco con el fin de difundirlos. Algunos de los más importantes son: los derechos de los pueblos indígenas (09 de agosto), los derechos de la juventud (12 de agosto), la conmemoración y homenaje a las víctimas de terrorismo (21 de agosto) y la lucha por verdad y justicia de las víctimas de desaparición forzada (30 de agosto).

9 de agosto. Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Los pueblos indígenas son grupos sociales que poseen una identidad colectiva propia derivada de su cultura ancestral, su lengua, su cosmovisión y sus vínculos con el territorio que habitan. Como tal, constituyen una fuente de diversidad cultural que enriquece a toda la humanidad. En el mundo, se estima que existen más de 476 millones de personas que pertenecen a uno de los pueblos indígenas que habitan en 90 países, lo que equivale al 6,2% de la población mundial.^[1] En México, según datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), 25 millones de personas se reconocen como indígenas, de las que más de 7 millones son hablantes de una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en el país.^[2]

La población indígena en México y el mundo enfrenta circunstancias adversas que impiden su libre y pleno desarrollo, individual y colectivo. Las desigualdades históricas y estructurales que afectan a este grupo de población no han podido revertirse del todo, a pesar de los esfuerzos emprendidos al respecto. Por ejemplo, se estima que el 86% de la población indígena trabaja en la economía informal y que tienen casi el triple de posibilidades de vivir en pobreza extrema, en comparación con la población no indígena. Asimismo, su expectativa de vida es 20 años menor que la expectativa de la población no indígena.^[3] Además, si bien es cierto que la población indígena cuenta con el reconocimiento internacional de sus derechos sobre el territorio que habitan, con frecuencia ven limitado su ejercicio pleno, por lo que los recursos naturales que utilizan para su subsistencia son objeto de saqueo y sobreexplotación. La pandemia de COVID-19 sólo ha agudizado estas situaciones desfavorables y de vulnerabilidad.

Existen diferentes instrumentos y mecanismos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 o la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2016, uno de los principales es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989, que en sus 44 artículos enlista una serie de derechos para los pueblos indígenas, tales como el derecho a la vida y al desarrollo como comunidades distintas, el derecho a que su cultura sea respetada, su derecho a la tierra, el territorio y los recursos, el derecho a establecer sus propias formas de organización, el derecho a la no discriminación y el derecho a participar y ser consultados de las decisiones gubernamentales y políticas públicas que los afecten, entre otros.

12 de agosto. Día Internacional de la Juventud

El 12 de agosto fue declarado como el Día Internacional de la Juventud por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de acuerdo a las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud (Lisboa, 998). El objetivo de esta celebración anual es el de reconocer y promover el papel de los jóvenes como actuantes y sujetos de transformación para conformar una sociedad acorde al paradigma de los derechos humanos, generando conciencia de los retos y desafíos que ello conlleva.  Si bien no existe una definición universalmente aceptada para definir el grupo de edad que comprende la juventud, para fines estadísticos las Naciones Unidas definen a los jóvenes como aquellas personas entre 15 y 24 años, quienes conforman el 16% de la población mundial con 1.200 millones de jóvenes.

La situación actual mundial hace necesaria la participación de los jóvenes en la creación de políticas sostenibles que hagan frente a las fuertes crisis políticas, económicas, humanitarias y de salud a las que se enfrentan y que ponen en riesgo sus derechos. La emergencia derivada del COVID-19 ha dado pie a que uno de cada seis jóvenes se encuentre sin empleo, según datos de la  Organización Internacional del Trabajo, lo cual pone en riesgo  su desarrollo personal y profesional. La proporción de jóvenes sin empleo, educación o formación (tasa NEET juvenil) se ha mantenido alta durante los últimos 15 años, siendo ahora del 30 por ciento para las jóvenes y 13 por ciento para los jóvenes. Dentro de los próximos 15 años se deberían de crear 600 millones de empleos para satisfacer las necesidades de empleo juvenil, según estimaciones recientes.^[4]

En esta pandemia los jóvenes juegan un papel fundamental para su gestión y para la recuperación después de ella, pues entre otras fortalezas, cuentan con acceso y conocimiento a tecnologías innovadores que permiten fomentar la salud pública de manera creativa, mediante videos o podcast, así como para ayudar a las poblaciones en riesgo o afectadas por el coronavirus. Aunado a esto, la comunidad internacional debe reconocer que es necesario proporcionar a los jóvenes la educación, las herramientas y las oportunidades necesarias para que representen una fuerza positiva en el desarrollo y contribuyan en una acción mundial conjunta en la que se generen soluciones para los distintos desafíos a los que este sector poblacional se enfrenta.

21 de agosto. Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas de Terrorismo

Después de los ataques terroristas de 2001, que destruyeron los edificios de las Torres Gemelas de Nueva York, Estados Unidos, entre otros efectos devastadores, el terrorismo resurgió a nivel internacional como una amenaza flagrante en contra de la paz y la seguridad mundial, así como del respeto y salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales. En este contexto, en 2017 la Asamblea General de Naciones Unidas decidió proclamar la conmemoración de este día como una forma de reivindicar y honrar a las víctimas de estos actos perpetrados en contra de la dignidad de las personas.

Entre las varias dimensiones que tiene la relación entre terrorismo y derechos humanos, en el marco de esta conmemoración debe destacarse el derecho de las víctimas a recibir un tratamiento y asistencia adecuada inmediatamente después de haber quedado expuestas a tan traumática experiencia, con el objetivo de poder afrontar las secuelas, sanar y recuperarse. A su vez, no está de más recordar que los Estados deben adoptar estrategias de seguridad nacional contra el terrorismo con una perspectiva clara y definida de preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos de la población. Fortalecer y desarrollar la resiliencia de las víctimas, además de  garantizar el Estado de derecho en la lucha contra el terrorismo, es un mandato imperativo para la comunidad internacional.

30 de agosto. Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

La Asamblea General de la ONU, en una de sus resoluciones de 1982, considera que se produce una desaparición forzada siempre que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.^[5]

La desaparición forzada es un fenómeno complejo que involucra muchas formas de violencia así como la vulneración de múltiples derechos humanos, tanto de las víctimas como de sus familias, amigos y comunidades. Al quedar aisladas de su entorno social y de la protección que otorga el marco de la ley, las víctimas de desaparición forzada ven vulnerados sus derechos, entre los cuales deben destacarse el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a que se reconozca su personalidad jurídica, el derecho a la identidad, el derecho a no ser torturado ni a recibir tratos o penas crueles, degradantes e inhumanos, el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, el derecho a recibir reparación por el daño, entre otros. Otra de las dimensiones de esta violación grave a los derechos humanos consiste en el acoso, persecución y violencia de los que son víctimas los activistas defensores de derechos humanos de las víctimas de desaparición forzada, sus parientes y amigos, y los abogados que llevan casos de este tipo. Los Estados y gobiernos del mundo, así como la comunidad internacional en su conjunto, tienen el deber de proteger a todos ellos, garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño, además de terminar con la impunidad rampante en la persecución de este delito.

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