Por Israel Sandoval Jiménez[1]

Si alguien debe ser considerado dueño y ancestro de nuestro pasado, son los pueblos indígenas, la pregunta es ¿Todavía hay pueblos indígenas en el Estado Mexicano? La respuesta es simple y sencilla, -sí-, son aquellas personas que se encontraban asentadas previo a la llegada de los españoles, mismas que han sobrevivido a los embates de una conquista, de una independencia, de una revolución y a lo que se construyó como Estad       o moderno, dicha resistencia data desde hace más de quinientos años.

Los pueblos indígenas se consideran dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad. Se engloban dentro de esa categoría debido a que, no son mayoría en el país, porque no carecen de injerencia en la toma de decisiones y porque carecen de instrumentos o normas jurídicas que les permitan estar en igualdad de oportunidades con los demás habitantes del territorio.

Es cierto que se han creado acciones afirmativas a favor de dichos pueblos, y se han promulgado infinidad de normas. Pese a ello, las instancias judiciales se ven lejanas a los indígenas debido a que no logran garantizarles justicia porque no comprenden sus lenguas, su cosmogonía, sus usos y costumbres. Sin mencionar que la situación se agrava cuando nos centramos en el análisis y estudio de los derechos de las mujeres indígenas, quienes han buscado por cualquier medio injerir en la vida jurídica y política del país, como ejemplo está María del Jesús Patricio, mejor conocida como “Marichuy”, quien fue la primer mujer indígena en querer participar como candidata independiente para la elección presidencial del 2018, desafortunadamente no llegó a la boleta electoral debido a que no reunió las firmas  del 1% de la lista nominal de electores; no dejemos de mencionar a la valiente Eufrosina Cruz Mendoza, quien puso su vida en peligro y, pese a las marginaciones y agravios que vivió en persona, logró impulsar una reforma al artículo 2 constitucional en el año del 2015, donde se estableció que los usos y costumbres no pueden ser violatorios de derechos humanos, lo cual permitió que muchas mujeres indígenas pudieran votar y ser votadas.[2]

Así como esas dos mujeres podemos mencionar muchas otras más que fungen como líderesas de sus comunidades, que luchan por una igualdad de derechos dentro y fuera de sus territorios, quienes quieren participar con voz y voto en cada espacio que se les fue negado por las ideas aberrantes del pasado pero, ¿Qué pasa con las mujeres que, en pleno 2024, no encuentran la protección del sistema jurídico mexicano?

Muchas de ellas viven sin la oportunidad de presentar un recurso procesal eficiente que les ayude a salir de las cárceles, por delitos tan simples como obstruir las vías de comunicación, o de aquellas mujeres que pelean para que sus hijas menores de edad no tengan que ser vendidas bajo los usos y costumbres, y apartarlas de lo que conocemos de la figura del “matrimonio infantil”, que decir de la candidata rarámuri Candelaria Cruz Aguirre, quien en la elección del municipio Guachochi, Chihuahua no contó con interprete en su lengua para que pudiera hacer la traducción en pleno debate electoral, en verdad, es aquí cuando me pregunto ¿Hemos entendido los derechos de los pueblos indígenas?, la respuesta es -no-.

Hay temas tan escalofriantes como los ya mencionados, y es por eso que expongo las siguientes líneas para reflexionar sobre el documental que se está proyectando en la Cineteca Nacional “La mujer de estrellas y montañas” de Santiago Esteinou[3]. En resumidas líneas se puede narrar el contexto, donde se posiciona a Rita Patiño como integrante de una comunidad indígena rarámuri, una mujer trabajadora, hábil administradora de su hogar, considerada experta en la herbolaria, oficio que le traería su desgracia ya que tras el uso constante y experimental de una planta fue perdiendo conciencia de su realidad, lo que la llevó a perder a su hijo y a recorrer grandes distancias, hasta que llegó al estado de Kansas, en Estados Unidos de Norteamérica, dado que Rita no logró comunicarse con las personas que la encontraron en situación de calle debido a que sólo pronunciaba palabras en rarámuri, decidieron enviarla a un hospital psiquiátrico, donde la mantuvieron por 12 años internada, hecho lamentable porque nadie del lugar lograba entenderla, hasta que un día, una persona reconoció que Rita pronunciaba algunas palabras en español, fue ahí, cuando decidieron ponerse en contacto con personal que trabaja temas de Derechos Humanos en el estado de Chihuahua para retornarla a la Sierra Tarahumara.

Es importante resaltar la labor del interprete y traductor para las personas que no entienden el castellano o que pertenecen a otra cultura, en el caso en concreto al no contar con una persona que le ayudará a comunicarse con el personal del hospital fue diagnosticada como esquizofrénica, privándola de su libertad, de su identidad, de su cosmogonía, de todo lo que ella conocía, es por eso que la Organización de Naciones Unidas ha prestado atención sobre el tema y es así que ha declarado el Decenio Internacional sobre las lenguas indígenas 2022-2032, con el objetivo de preservar, promover y difundir las lenguas originales de los pueblos ancestrales.

Lo que nos lleva a resaltar este documental, es que, el Estado mexicano no es un territorio hegemónico, sino que, debe ser visto como un territorio intercultural con multilingüismo, que permita a las y los indígenas alcanzar el mismo desarrollo de vida que los demás habitantes, es decir, debemos buscar terminar con la discriminación que han sufrido por siglos y que por medio de estos documentales logremos tomar conciencia de que los indígenas tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos, tan es así que deben gozar del derecho a la salud, a una educación intercultural, y sobre todo que puedan tener una justicia acorde a su identidad, a sus usos, costumbres, sin que se vulneren los derechos humanos.

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