Se erogan cantidades exorbitantes en la persecución penal del narcotráfico. Se detiene a grandes y pequeños narcotraficantes. Se incautan toneladas de sustancias prohibidas.
Se restringen o se suprimen derechos de los inculpados. Se ha recurrido a criminales que han cobrado jugosas sumas por incriminar a otros, muchas veces inocentes. Se multiplican las falsas acusaciones.
Nadie puede negar el esfuerzo desplegado ni los costos de esa guerra, de los cuales los más lamentables son los humanos. Mueren en virtud de la persecución agentes policiacos, soldados, presuntos delincuentes y personas que tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar y el momento equivocados.
Pero los estupefacientes y los sicotrópicos siguen consumiéndose y su tráfico sigue incrementándose. ¿Por qué? Las drogas han estado con nosotros desde las épocas más remotas. Muchos han encontrado en ellas vías de escape, de alucinación, de sanación o alivio, de comunicación con lo invisible. En todos los tiempos, sin excepción, han sido consumidas. Están omnipresentes en la naturaleza y —sobre todo ahora— como productos químicos. Entonces, ¿puede tener eficacia la prohibición penal?
Lo que la penalización ha traído consigo es un fabuloso negocio gangsteril que se origina en los precios exorbitantes de la mercancía cuyo tráfico es clandestino. Desde luego, la despenalización no terminará con el consumo, pero será el jaque para el sórdido mundo del narcotráfico. Desde que las drogas están prohibidas no han dejado de aumentar su uso, los negocios en torno a ellas y la cantidad de víctimas. Pero muchos son los ciudadanos convencidos de que la despenalización acarrearía males terribles y degradación moral.
El argumento central contra las drogas es el del daño a la salud pública: las drogas, se afirma, matan a sus usuarios. Sin embargo, la gran mayoría de las drogas prohibidas no mata: lo que mata es su adulteración o las condiciones de consumo tales como la ignorancia acerca de las dosis no letales o el uso de jeringas contaminadas, todo ello propiciado por la clandestinidad a que obliga la prohibición.
Desde luego, los drogadictos que quieran dejar su adicción tienen derecho a ser ayudados por la sociedad, como el obeso que se proponga bajar de peso, la bulímica que intente superar sus trastornos alimenticios o el diabético que se esfuerce en mantener dentro de los límites aceptables su nivel de glucosa. La orientación y la rehabilitación terapéutica ayudan a muchos; la prohibición punitiva, a nadie.
Otra objeción señala que las drogas degradan moralmente a la población. No, lo que degrada a los seres humanos son sus conductas reprobables. No todo consumidor se transforma en mister Hyde, así como no todo bebedor se embrutece: algunos se vuelven más simpáticos y afectuosos. Hay quienes consumen alguna sustancia prohibida y son magníficas personas. Además, ninguna opción ética puede ser forzosa pues entonces deja de ser opción. La toma de las riendas del potro de la voluntad, no la supresión de las tentaciones por parte de la autoridad, es condición necesaria de la actitud éticamente valiosa.
Finalmente, no podemos dejar de lado el asunto crucial de lo que el Estado puede legítimamente prohibir. John Stuart Mill dictamina: la libertad del individuo debe tener el límite de que no perjudique a otros, pero si su conducta sólo le afecta a él mismo, “se le ha de permitir, si no incomoda, llevarla a la práctica y a su costa” (De la libertad).
Los gobiernos tienen el deber de informar lo más veraz y detalladamente posible sobre las características y los efectos de cada una de las sustancias susceptibles de ser consumidas y tender la mano a todos los damnificados por el consumo que soliciten ayuda.
¿Nos preocupan los quebrantos ocasionados por las drogas y las vidas que han cobrado? La despenalización —que obligaría al Estado a supervisar estrictamente su calidad— evitaría o aliviaría muchos infiernos, y prevendría muchos decesos.
Desde luego, tal despenalización no sería viable políticamente como una medida adoptada en un solo país, que se convertiría así en el santuario de los narcotraficantes. Tendría que adoptarse internacionalmente.