¿El fin del celibato?

Es probable que el celibato que la Iglesia católica ha impuesto a sus sacerdotes se esté acercando a su fin. El sínodo sobre la Amazonia celebrado durante este mes en el Vaticano recomendó que pueda estudiarse la posibilidad de ordenar a hombres casados en zonas de esa región donde los fieles no pueden recibir la eucaristía.

            La decisión tendría que ser aprobada por el Papa, pero sin duda la propuesta de la asamblea de obispos, en la que participaron 185 padres con derecho a voto ––y una cantidad considerable de expertos y relatores––, abre una puerta a esa opción.

            El punto fue votado a favor por 128 miembros y en contra por 41. Su motivación radica en la escasez o la ausencia de curas en la Amazonia. Por eso también se recomendó analizar la pertinencia de la ordenación de mujeres diaconisas, no obstante que el documento aprobado hace referencia sólo al asunto de la eucaristía.

            El sector eclesiástico ultraconservador ha manifestado su absoluto rechazo a la propuesta por considerar que iría contra la doctrina de la Iglesia. Pero el dilema es: la gracia del celibato o el acceso a los sacramentos.

            El texto hace constar que algunos se pronunciaron por un abordaje universal ––no constreñido únicamente a la Amazonia–– del tema. Y es que parece congruente que si se permitiera la ordenación sacerdotal de hombres casados en cierto lugar por determinado motivo, la misma permisión sería procedente en otros sitios y por otras razones.

            Al fin y al cabo, el celibato no es un dogma de fe ––algo que la Iglesia considere verdad absoluta, fundamental e indiscutible de la fe, que por lo tanto no puede ser modificado––, sino una norma reglamentaria que durante muchos siglos no existió.

            El celibato quedó instituido en los dos concilios de Letrán, 1123 y 1139, en los cuales quedó establecido que los clérigos no podrían casarse, relacionarse con concubinas ni tener contacto erótico alguno. El sacerdote tendría que renunciar a toda actividad sexual a fin de canalizar toda su energía a su relación con Dios.

            El celibato no fue una invención del cristianismo. Los monjes budistas lo mantienen como condición de una entrega total al Ser Supremo. Las vírgenes vestales –-sacerdotisas de Vesta, la diosa del hogar de la Roma antigua–– eran célibes.

            Tocado por el fuego del deseo, Santo Tomás de Aquino, el más célebre teólogo cristiano, rogó, de rodillas, el don de la continencia. Su ruego fue escuchado: se le aparecieron dos ángeles enviados por Dios, quienes le ciñeron el cinturón de la castidad, el cual no podría ser desatado por ninguna tentación. Pero las tentaciones le acosaban: nunca pudo hablar con una mujer sin tener que hacerse violencia a sí mismo (¡vade retro, Satanás!).

            A los sacerdotes, desde antes de serlo, se les pretende privar de una de las vivencias más intensas y sublimes, acaso la única capaz de elevar a un ser humano a las estrellas. Desde que son seminaristas los aspirantes a curas tienen que encadenar sus impulsos sexuales dentro de una comunidad hipócrita y opresora, lo que sin duda les origina una intensa, por momentos insoportable, tensión psicológica.

            En la mañana de su vida se les marchita la primavera. Se pretende que rechacen, de una vez y para siempre, “esa materia impura que constituye la vida”, por decirlo con palabras de Stefan Zweig. Pero el eros sólo puede reprimirse, no cancelarse. “Las neurosis –-advierte Freud–– se producen cuando obstáculos interiores o exteriores impiden la satisfacción de las necesidades eróticas”.

            Miles de curas han roto su voto de castidad. No todos procedieron con  fingimiento al formularlo. Seguramente muchos creyeron que podrían cumplir con semejante reto. No resultaba fácil. Ulises no se arrojó al mar al escuchar el canto de las sirenas porque estaba amarrado al mástil y sus compañeros desatendieron su exigencia de que lo desamarrasen.

            Quizá muchos de los transgresores resistieron heroicamente durante un tiempo que debió parecerles eterno, pero no contaban, para doblegar la perturbadora pulsión, con el cinturón de la castidad con que los ángeles ciñeron la cintura de Santo Tomás. El invencible deseo puede alcanzar la fuerza de un huracán. Como dice el bolero Pecado (Pontier, Francini, Bahr):

Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino,

es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios.

Una verdad para servir a ustedes

Si Alejandro Encinas se quejó en términos muy duros de la resolución —que a su juicio muestra la podredumbre de nuestro sistema de justicia—, es claro que, diga lo que diga, no considera falsa la narrativa de la PGR.

            Si, como reiteradamente ha asegurado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa —la celebérrima verdad histórica— es, en realidad, una mentira histórica, ¿por qué su indignación por el reciente fallo que ha dejado en libertad a 24 inculpados más?

            Todos los consignados por esos delitos lo fueron precisamente porque, de acuerdo con aquella versión, participaron, de un modo u otro, en los hechos en los que resultaron desaparecidos, seguramente asesinados, los 43 estudiantes. Si el relato de la PGR fue una invención, las consignaciones habrían respondido a la infame práctica de nuestras procuradurías de justicia de fabricar culpables. Si en este caso se hubiese recurrido a tan condenable vileza, sería plausible la liberación de los falsamente imputados.

            Pero si Encinas se quejó en términos muy duros de la resolución —que a su juicio muestra la podredumbre de nuestro sistema de justicia—, es claro que, diga lo que diga, no considera falsa la narrativa de la PGR. Los alumnos fueron detenidos por policías municipales y entregados, algunos ya sin vida, pues se asfixiaron en el trayecto, a la banda criminal de Guerreros Unidos. Hasta ahora, transcurridos cinco años de aquel suceso, no se ha elaborado otra explicación creíble. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha negado veracidad a la versión de la PGR, pero no ha ofrecido otra.

            La negación del GIEI de que se prendió fuego en el basurero de Cocula para quemar los cadáveres, o varios de ellos, no solamente es contraria al dictamen de expertos nacionales e internacionales en materia de incendios, sino que soslaya que está comprobado que restos calcinados que allí se encontraron fueron identificados como pertenecientes a dos de las víctimas por el prestigiado laboratorio de Innsbruck. El equipo de forenses argentinos señaló el hallazgo de restos humanos quemados y dictaminó que la mayoría de esos restos presenta uno o varios tipos de fracturas asociados a alteración térmica.

            Además, el destino de los cuerpos ya sin vida no es el asunto relevante jurídicamente. Lo importante es quiénes y por qué detuvieron a los estudiantes, quiénes y por qué los asesinaron, quiénes y por qué dieron las órdenes. Hayan quedado los restos en el muladar de Cocula o en cualquier otro sitio, eso no cambia en lo mínimo la sustancia de los hechos desde la perspectiva legal.

            En su extensísima y detallada recomendación sobre el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicita que otros muchos restos también encontrados en dicho vertedero se envíen al laboratorio de Innsbruck para que se determine si corresponden a las víctimas. Extraña, inexplicadamente, la Fiscalía General de la República (FGR), no obstante que el fiscal general elogió la recomendación, no ha satisfecho esa solicitud. Asombrosamente, ni la Comisión de la Verdad ni el GIEI le han exigido que lo haga.

            Se anuncia que se llamará a comparecer al entonces procurador Jesús Murillo Karam y al entonces jefe de la policía investigadora, Tomás Zerón, por las anomalías en las indagatorias. Con eso quedaría cerrado un círculo perverso: los culpables están abandonando la prisión y quienes los atraparon quedarían sometidos a procedimiento. Murillo Karam ha aclarado que en cuanto alguno de los detenidos acusó que había sido torturado, él ordenó que se iniciara la investigación correspondiente a esa queja.

            Por otra parte, es claro que no pueden considerarse pruebas válidas las declaraciones obtenidas bajo tortura, pero eso no invalida todos los demás elementos probatorios. Hay evidencias sólidas que fortalecen la versión oficial, como los registros de los teléfonos celulares que se hallaron en poder de sicarios de Guerreros Unidos y los mensajes de Blackberry que confirman que los estudiantes fueron confundidos con integrantes del grupo rival Los Rojos.

            ¿Se quiere llegar a conocer toda la verdad a través de las probanzas o se pretende construir una verdad estratégica acomodada a una visión prejuiciada de los hechos y/o a intereses políticos? La verdad se modifica con el hallazgo de nuevas pruebas; el acomodo de “la verdad” se adapta a los intereses estratégicos.

Celebrar la caída

Siempre que un personaje público se ve en desgracia, un considerable segmento del respetable público se frota las manos de gusto. Hay un placer perverso en ser testigo de que tal personaje es atacado por la desgracia, que, por lo visto, no respeta su renombre.

            Mientras más encumbrado haya estado el desgraciado, mayor refocilación causarán sus cuitas. Para muchos, el espectáculo más apetecible sería ver a un expresidente de la República tras las rejas. La acusación, y las pruebas en que ésta se sustentase, serían lo de menos.

            Esa porción de los espectadores se encuentra ampliamente representada en los medios de comunicación por reporteros, columnistas y caricaturistas que celebran en sus textos y en sus dibujos la caída de la celebridad —mientras más estrepitosa, mejor—, el descenso al abismo de quien otrora estuvo rodeado de consideraciones y fue bendecido por la buena fortuna. Es una venganza contra la notoriedad del notable.

            No se confunda la celebración de esa desventura con el aplauso por el castigo a un individuo que merece ser sancionado por haber cometido alguna conducta ilícita. El aplauso por ese castigo está motivado por la convicción cívica de que es imperativo combatir la impunidad y de que quien la hace debe pagarla. Pero una actitud muy distinta es la de quienes se regocijan ante la ruina de una personalidad célebre sin más razón que la adversidad que la ha atrapado.

            Tan extraña disposición de ánimo parece tener su motivación en el inconsciente, esa zona de nuestra mente a la que muchas veces no quisiéramos asomarnos. La sicóloga clínica Mónica Sieber explica que el mal ajeno nos confirma que nosotros no hemos sido afectados por él, que quien lo padece es el de al lado. Si la sicóloga tiene razón, se trata de un mecanismo de proyección que nos permite depositar en el otro nuestro miedo al mal o al fracaso.

            No es necesariamente envidia por lo que muchos se alegran del mal ajeno. La envidia es un sentimiento vergonzante que hace sufrir a quien lo abriga. El envidioso padece por lo que el otro tiene y él no. En cambio, el regusto por el perjuicio ajeno parece sustentarse en la creencia de que el perjudicado se lo merece porque es peor que yo.

            Si el infortunado es alguien renombrado, el placer se magnifica, pues —se dicen los que se regocijan de su mal fario— cayó de su pedestal quien no tenía méritos para estar allí. Son varones, sobre todo, quienes principalmente se entusiasman con la desdicha del caído si éste gozaba de éxito con las mujeres, o bien, tenía dinero, reconocimiento o estatus privilegiado. ¿Qué se creía  —se preguntan, exultantes— ese cabrón?

            Creo que esa reacción la estamos presenciando tras la renuncia de Eduardo Medina Mora a su sitial de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Medina Mora no sólo era un personaje de altos vuelos —juzgador del máximo tribunal del país—, sino que tanto su llegada a la Suprema Corte como varios de sus posicionamientos como ministro fueron cuestionados por organizaciones civiles. Entonces —exclama la tribuna exaltada—, merece con creces lo que le está pasando.

            Sin conocer los motivos de la dimisión, abundan las notas de prensa y los comentarios que lo ligan a delitos de los que, hasta el momento, no conocemos una sola prueba. Según una acusación periodística, realizó transferencias internacionales por montos estratosféricos: más de 103 millones de pesos. Medina Mora aclaró que esas operaciones fueron expresadas, dolosamente, en dólares o en libras esterlinas, cuando lo cierto es que todas se efectuaron en pesos mexicanos, con lo cual el monto se reduce a 11 millones, cifra congruente con los ingresos que ha obtenido como servidor público.

            Pero el horno está puesto. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, se apresuró a informar que, semanas atrás, había presentado una denuncia contra el ministro dimitente por lavado de dinero y le reprochó que haya cercenado atribuciones a dicha Unidad. Pero ni se han exhibido las pruebas del delito ni resulta punible un criterio judicial que, por cierto, compartió la mayoría de los ministros.

            Si Medina Mora realizó alguna conducta ilícita, desde luego, debe responder por ella. Pero eso es lo que menos importa a quienes desde ahora, sin conocer las pruebas, festejan su infortunio.

Un ombudsman auténtico

El ombudsman debe señalar los abusos de poder de las autoridades, los cuales pueden consistir en actos o en omisiones, para que cesen, se enmienden y/o, en su caso, se castiguen. Incluso la actuación negligente de quien desempeña un cargo público es un abuso de poder, pues, con su descuido o falta de aplicación, el funcionario incumple su deber de realizar óptimamente su trabajo en beneficio de los gobernados.

            El ombudsman no es enemigo de los servidores públicos, sino de los atropellos que éstos perpetren. Por eso, a partir de su instauración en Suecia a principios del siglo XIX, su presencia en muchos países ha sido sumamente provechosa. Los titulares de las entidades estatales que comprenden la esencia de su función lo ven como un aliado en el cumplimiento de sus obligaciones, pues allí donde el ombudsman advierte una iniquidad se las hace ver para que corrijan el desaguisado.

            El ombudsman tiene la misión de demostrar al destinatario de sus señalamientos la faz retorcida del abuso para que éste se detenga, tal como Perseo paralizó a la gorgona al mostrarle la imagen de su rostro contorsionado, cuyo reflejo ella vio en el escudo del héroe.

            Para cumplir adecuadamente su tarea, el ombudsman requiere actuar con acendrado profesionalismo, objetividad sin concesiones y autonomía sin fisuras. El primer ombudsman que tuvo el país, el inolvidable doctor Jorge Carpizo, expresó con contundencia: “Un ombudsman es autónomo o no es un ombudsman”.

            En efecto, el ombudsman no debe permitir indicaciones ni ceder a presiones. Su autonomía ha de defenderla no sólo frente a las autoridades estatales, sino ante todo grupo de poder o de presión. Sus resoluciones deben tener como sustento exclusivamente las pruebas existentes, jamás los dictados, los intereses o los prejuicios de grupo o persona alguna.

            El ombudsman, en cada caso, debe ir al encuentro de la verdad y de la justicia, y en defensa de los principios democráticos, y debe combatir las tropelías de toda autoridad, sea ésta del signo ideológico o del partido que fuere. Sólo de esa manera le será posible cumplir con la altísima misión que tiene encomendada.

            En las dictaduras y en los regímenes autoritarios no tiene cabida el ombudsman. Los dictadores y los autócratas no admiten que sus decisiones y sus procederes sean cuestionados. Para ellos, un funcionario o cualquier otro ciudadano que expresa libremente su parecer disidente es un enemigo al que hay que vilipendiar, calumniar, humillar o aun perseguir.

            Los regímenes autoritarios que presumen de tener ombudsman, lo que tienen en realidad es un simulador que se hace pasar por tal, un cómplice pasivo de sus arbitrariedades, como ocurre en Venezuela con el denominado defensor del pueblo, que a quienes en realidad defiende es a los tiranos de su país.

            El maestro Luis Raúl González Pérez ha sido un ombudsman auténtico. Ha actuado con profesionalismo, objetividad, autonomía y algo más: coraje y temple para enfrentar las acciones violatorias de derechos humanos. Su desempeño ha sido tan plausible que, para denostarlo y estigmatizar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que él ha presidido en el último lustro, tanto el Presidente de la República como miembros de su séquito han tenido que recurrir a la calumnia.

            Como cualquier persona mínimamente enterada sabe, es falso que la CNDH haya callado ante graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el hoy satanizado periodo llamado neoliberal. Por el contrario, ha realizado investigaciones minuciosas y recomendaciones rigurosas sobre esos casos.

            Luis Raúl González Pérez ha decidido no buscar ser reelegido porque al principio de su gestión anunció que no buscaría un segundo periodo como ombudsman y con la esperanza de que su ausencia del proceso de elección “abra la puerta al diálogo y a la reflexión que permitan preservar y garantizar la autonomía e independencia de la CNDH para que pueda seguir ejerciendo a cabalidad sus funciones”.

            Algunas veces, realizando las actividades académicas que, por cierto, nunca ha abandonado, Luis Raúl tendrá en mente episodios turbulentos que le tocó enfrentar en la CNDH, y seguramente pensará con íntima satisfacción, como rememorando un sueño que ya se estará esfumando: “Yo fui un ombudsman auténtico”.

Infalibilidad

Nadie pidió disculpas a los ciudadanos por el fracaso ni por las mentiras que se multiplicaron al tratar de explicarlo. Lo que fue una derrota del gobierno ante el poder del narco en Culiacán –la liberación de Ovidio Guzmán una vez capturado– se intentó presentar como una decisión “humanista” (seguramente se quiso hacer referencia a una decisión humanitaria) porque al dejarlo escapar se salvaron vidas.

            No se ha explicado siquiera por qué se afirma que se evitaron muertes con esa medida. Se ha filtrado que los sicarios tenían en su poder a soldados a quienes asesinarían si no se ponía en libertad al hijo de El Chapo o que habían entrado a la unidad habitacional donde viven las cónyuges y los hijos de los militares, a los que también privarían de la vida si no se cumplía su exigencia.

            Pero esa información no la ha dado ni el Presidente ni el secretario de Seguridad ni el de Defensa. Lo cierto es que se perdieron varias vidas, muchas más estuvieron en riesgo, Culiacán vivió horas de pánico, se permitió la evasión de un detenido y el gobierno –empequeñecido, atemorizado– se mostró incapaz de cumplir y hacer cumplir la ley, y todo eso fue debido a la improvisación y la torpeza con que se llevó a cabo el operativo.

            Lo asombroso no es que el Presidente construya con sus palabras –sólo con sus palabras, sin otro sustento que éstas– una realidad alternativa, pues los gobernantes suelen maquillar discursivamente las zonas sombrías de su actuación, sino que, por lo menos hasta ahora, un segmento de la población le haya creído sin chistar.

            Creo que el primero en advertirlo fue Héctor Aguilar Camín: “.. en realidad tenemos dos gobiernos: el que sucede en el ámbito simbólico, en el espacio del discurso del Presidente, y el que sucede en la realidad, en el ámbito del rendimiento de sus políticas públicas. Hay el gobierno de las palabras y hay el de las cifras y de los hechos. El primero es potente y en muchos sentidos hace olvidar al segundo” (Milenio diario, 23 de septiembre).

            Si nos atenemos a las declaraciones del Presidente, vamos requetebién en todo, pero los sucesos y los indicadores muestran que hemos empeorado en materias tan delicadas e importantes como el Estado de derecho, la salud, el empleo, los derechos humanos, los programas sociales, la economía y la seguridad pública.

            Los hechos son los hechos independientemente de qué personas o medios de comunicación se refieran a ellos. Para cambiar un estado de cosas indeseable, lo primero es conocer qué está sucediendo en el mundo fáctico. Pero el Presidente descalifica a quienes aluden a resultados desfavorables de su mandato, aunque los mismos sean evidentes o consten en cifras oficiales.

            En la visión maniquea y burdamente esquemática del discurso presidencial, todo señalamiento de disparates o injusticias de la política oficial proviene de los conservadores, quienes desean ardientemente que el gobierno fracase pues no quieren que las cosas cambien en beneficio del pueblo.

            Ante las advertencias de que al país le está yendo mal, el Presidente siempre tiene otros datos –curiosamente no dice cuáles ni cuál es su fuente– o bien dictamina que el asunto de que se trata –por ejemplo, la falta de crecimiento  económico– no es lo verdaderamente importante: sólo lo era para los gobiernos neoliberales.

            Si se niega lo evidente, no hay manera de corregir acciones y estrategias equivocadas. Es cierto que los sucesivos presidentes mexicanos han rehuido la saludable autocrítica, ese ejercicio que permite enmendar errores y fallas, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo se ha exhibido como incapaz de admitir un solo desatino sino que su narcisismo lo hace asegurar que toda crítica a actos u omisiones de su gobierno es de mala fe. Uno de los ejemplos más claros de esa desconexión del mundo fáctico es su reacción ante el frustrado operativo en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán.

            Con la aquiescencia del Presidente, un delincuente es puesto en libertad, vándalos destrozan y saquean negocios y dañan la puerta Mariana del Palacio Nacional, facinerosos golpean y humillan a militares y policías, la CNTE impone mediante la coacción una contrarreforma educativa a su gusto. Y, en contraste, alcaldes que sin ejercer violencia alguna piden audiencia son repelidos con gas lacrimógeno.

La realidad reaccionaria

El pueblo, feliz, feliz, feliz ––¡triplemente feliz!––; los reaccionarios, moralmente derrotados. Esa fue la parte del mensaje leído por el presidente de la República en Palacio Nacional que evidenció más claramente, por una parte, su talante triunfalista, y, por otra, su inagotable ánimo pendenciero.

            Se solazó repitiendo una y otra vez “moralmente derrotados”. Aseguró que el país, a sólo nueve meses de que se inició su gobierno, disfruta de desarrollo y bienestar, lo cual tiene a los conservadores “nerviosos o incluso fuera de quicio”. La realidad, sin embargo, también es, por lo visto, reaccionaria y conservadora, pues presenta otros datos que no son indicadores de progreso, de justicia ni de respeto al Estado de derecho.

            La cancelación del nuevo aeropuerto internacional le está costando al país una suma estratosférica: decenas de miles de millones de dólares. Es falso que con esa medida pierdan los grandes empresarios que tenían contratos adjudicados. A ellos el Estado les está restituyendo sus inversiones, lo que implica una erogación multimillonaria con la que pudieron financiarse programas y obras que hubiesen beneficiado a millones de habitantes. Los que perdimos con la cancelación somos 129 millones de mexicanos que nos quedamos sin un aeropuerto necesario y urgente que, además, generaría cientos de miles de empleos.

            El presidente aseguró que tendríamos un crecimiento económico de 4%. Cuando los expertos estimaron que sería de 2%, los descalificó. Pero al bajarse de nuevo el pronóstico de crecimiento, auguró ya únicamente ese 2%. Al anunciarse que había sido de 0.1% echó las campanas a vuelo, pero el INEGI rectificó la cifra revelando que el crecimiento fue en realidad de 0%. Entonces el presidente dijo que lo importante no es el crecimiento económico, al que ahora considera una  “obsesión tecnocrática”.

            No ha faltado el dinero para ninis, pero sí para medicamentos, vacunas, quimioterapias y diversos tratamientos médicos. 300 niños con cáncer se quedaron varios días sin el abasto de la medicina que urge a su salud. No hay vacunas contra el sarampión. Lo construido y que funcionaba, como el Seguro Popular, está siendo destruido, y lo que no funcionaba sigue sin funcionar. Es difícil creer que los enfermos que han sufrido esas carencias estén felices, felices, felices.

            Hablando de ninis, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó un estudio del programa “Jóvenes construyendo el futuro”. Un dato sospechoso: el mismo número de personas, con las mismas edades y los mismos estudios, se inscriben cada semana. Además, de los 6,469 centros de trabajo registrados que supuestamente reciben becarios, se revisaron 5,439. Sólo 763 ––14%–– existen y son identificables. Pero de ellos 214 dicen que nunca han recibido becarios y 136 ya no los tienen. Quedan 413 identificables y con becarios, el 7.6%. Y en esos centros hay ausentismo y asignación a becarios de actividades no registradas. El programa cuesta más de cien mil millones de pesos.

            Tampoco son para presumir la cancelación de recursos a estancias infantiles y a refugios para mujeres maltratadas, la reducción presupuestal a centros de enseñanza superior, la contrarreforma educativa, los recortes a la ciencia y la investigación científica, la cancelación de becas a estudiantes en el extranjero, la caída de 88% en la creación de empleos, el despido de decenas de miles de burócratas sin indemnización, el ataque a los organismos autónomos, la impunidad del exsuperdelegado Carlos Lomelí, el imperio inmobiliario de Manuel Bartlett y un largo etcétera.

            Y lo más grave: la criminalidad que, desmesurada ya al inicio del sexenio, ha alcanzado una incidencia récord durante la actual administración. No hay  estrategia para combatirla: el presidente aconseja a los criminales que se porten bien. No se están formando las policías y los ministerios públicos que el país tanto necesita. Se ha dejado a los soldados expuestos a humillaciones y agresiones en virtud de que los agresores también forman parte del pueblo.

            Todos los anteriores son datos de realidad. Ésta, como la verdad, no puede ser derrotada moralmente ni sobornada ni fanatizada. Carece de ideología y de banderías. Se le puede tildar de reaccionaria y conservadora, pero los calificativos no bastan para transformarla.

Autoritarismo punitivo

La Academia Mexicana de Ciencias Penales ––integrada por expertos del mayor prestigio en esas disciplinas–– ha manifestado su inquietud por medidas y reformas recientes que se apartan de los principios del sistema penal democrático y vulneran derechos humanos. En el breve espacio de esta nota intentaré resumir los motivos de esa inquietud.

            La seguridad pública se ha militarizado, contrariamente a los ofrecimientos  que como candidato hizo el hoy presidente de la República, y continúa sin atenderse la tan urgente profesionalización de las policías del país. Los integrantes de la Guardia Nacional no recibieron la capacitación necesaria: son marinos, soldados o policías federales sencillamente con distinto uniforme. No se cuenta con una estrategia para enfrentar la criminalidad, que hoy alcanza la más alta incidencia desde que se lleva registro oficial.

            La prisión preventiva oficiosa (de aplicación obligatoria), razonable sólo para los delitos más graves, se ha extendido de manera exagerada abarcando delitos que no tienen esa característica de gravedad mayúscula, lo que resulta inaceptable porque se trata de una pena, nada menos que la de privación de la libertad, que se impone a un inculpado sin que haya sido declarado culpable por la autoridad judicial.

            La extinción de dominio ha tomado también una extensión inadmisible. Se aplicará a cientos de casos a partir de meras sospechas y pruebas insuficientes. Su aplicación no requiere una sentencia judicial condenatoria. Se supone que no constituye una medida penal, pero se funda en la probable comisión de un delito. En su origen quedaba reservada a la delincuencia organizada. Hoy pone en grave riesgo los derechos de centenares de personas inocentes.

            Mediante decreto del Congreso de la Unión, publicado el 30 de diciembre de 1939, se resolvió que el archipiélago de las Islas Marías continuara como colonia penal. A despecho del sistema de separación de poderes y de la observancia de las facultades propias de éstos, el presidente de la República cambió ese destino sin intervención del Poder Legislativo. Esa colonia penal era el reclusorio mejor evaluado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

            En Tabasco se realizaron reformas penales en virtud de las cuales se han establecido penas extremadamente desproporcionadas para conductas que ya estaban prohibidas en el Código Penal. Así, por ejemplo, la oposición a que se ejecute una obra pública ordenada o autorizada legalmente por la autoridad, a la que anteriormente se asignaba una punibilidad de hasta seis meses de semilibertad (libertad de noche y reclusión de día, o viceversa; o libertad de fin de semana y reclusión el resto de días, o viceversa), hoy se castiga hasta con 13 años de prisión. Esa conducta puede ser castigada con una pena mayor que un homicidio doloso.

            El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal que incrementan desmesuradamente diversas penas.

            Las normas jurídico penales son las más severas de todo el ordenamiento jurídico porque tutelan los bienes más importantes de los individuos contra las conductas más dañinas para la convivencia civilizada. De ahí que las sanciones que establecen sean las más duras, sobre todo las que prevén la pena de prisión, que no sólo priva de la libertad al reo sino que frecuentemente le deja secuelas indelebles.

            El ius puniendi ––la potestad punitiva–– es la expresión más agresiva del poder del Estado. Por eso mismo sólo deben prohibirse penalmente los comportamientos más perniciosos y conminarse con penas de magnitud proporcional a su gravedad.

            Todo individuo debe ser considerado inocente mientras no sea declarado culpable por una autoridad judicial, y, por ende, el Estado no puede privarlo de sus bienes sin que se haya dictado una sentencia condenatoria en su contra.

            Además, la preservación de la seguridad pública debe estar a cargo de policías civiles suficientemente capacitadas, y el Poder Ejecutivo no está facultado para desconocer las decisiones tomadas legal y legítimamente por el Poder Legislativo.

            Por lo aquí expuesto, la Academia Mexicana de Ciencias Penales deplora y rechaza la adopción de las reformas y medidas aquí señaladas, las cuales, por autoritarias e irrazonables, carecen de legitimidad y no son propias de una sociedad democrática.

No le pidas a la realidad

Otros 24 inculpados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han sido recientemente eximidos por el Juez Primero de Distrito en Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos. Se trata de doce policías municipales de Cocula, nueve de Iguala, dos miembros de Guerreros unidos y un exfuncionario de Protección Civil del estado de Guerrero. Así, suman ya 77 los procesados, de un total de 142, que han obtenido su libertad. Quedan en la cárcel únicamente 65.

            El argumento que ha servido de base a las absoluciones es que las pruebas contra los inculpados fueron obtenidas ilegalmente, ya que las confesiones les fueron arrancadas mediante tortura. Como van las cosas, no es improbable que a la larga todos los inculpados sean absueltos, con lo cual el crimen masivo de hace cinco años, uno de los más espantosos de que se tenga noticia, quedaría totalmente impune: ni un solo individuo sería condenado.

            Es paradójica la reacción de los padres de los normalistas y los activistas que los apoyan: siempre negaron la veracidad de la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), y ahora que están viendo que los fallos judiciales también la refutan, protestan contra estos fallos. Entonces, ¿admiten que aquella versión es cierta?

            La cantaleta de que fue el Estado ––es decir, los más altos mandos del gobierno federal, incluso el mismísimo presidente de la República, Enrique Peña Nieto––, voceada reiteradamente con vehemencia por padres y activistas, jamás ha tenido sustento en algún indicio mínimamente razonable, pero contribuyó decisivamente a generar una atmósfera propicia a que se descalificara en bloque toda la investigación llevada a cabo por el órgano federal persecutor de los delitos.

            “Los promotores de que toda la acusación fue una patraña producto de torturas de la PGR fueron el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), los asesores legales de los padres de los 43 normalistas y las organizaciones políticas que hoy están en el poder. Ellos tenían la obsesión política de construir una historia para enlodar al Ejército mexicano, aun a costa de liberar a los culpables de la masacre”, advierte Pablo Hiriart (“¿Contento, profesor Ackerman?”, El Financiero, 6 de septiembre).

            El Estado tenía que ser el culpable. Por eso se exigió que se permitiera buscar en los cuarteles del ejército a los desaparecidos. Por eso se negó la posibilidad de que los cuerpos, o algunos de ellos, hubieran sido quemados en el basurero de Cocula, a pesar de que el prestigiado laboratorio de Innsbruck identificó los restos calcinados de dos de los desaparecidos.

            “No le pidas a la realidad que te cumpla lo que te prometió el sueño”, dice el memorable aforismo de Mariana Frenk. Padres y activistas se afanaron en echar abajo la versión de la PGR, y ahora exigen que sea destituido el juez que la está aniquilando jurídicamente.

            Desde luego que si hay elementos probatorios de que los inculpados confesaron bajo tortura, sus confesiones deben ser descartadas. Pero descartar las confesiones que se hubieran obtenido de esa manera no supone que deban desecharse todas las demás pruebas desahogadas durante la indagatoria o el proceso.

            En el juicio llevado a cabo en Chicago contra ocho integrantes de Guerreros unidos se presentaron como evidencias varios mensajes de Blackberry que ratificaban que los dirigentes de esa banda ordenaron la detención y entrega de los normalistas porque suponían o tenían información de que estaban infiltrados por la banda rival de Los Rojos.

            El sentido de los mensajes es inequívoco: “Algunos (estudiantes) ya están con San Pedro”, “Ya les dimos trámite”, “No estuvieron los verdes (los soldados) ni los del estado (la policía estatal)” y “Nunca los van a encontrar; los hicimos polvo y los tiramos al agua”, son algunos de los que se exhibieron en ese juicio.

            Alejando Encinas, subsecretario de Gobernación y quien preside la Comisión de la Verdad creada para el caso por el presidente de la República, ha condenado con expresiones muy duras el fallo y deplorado “la podredumbre” del sistema de justicia (así, en su conjunto, como si la resolución hubiera sido dictada por todos los juzgadores). Pero él mismo y el gobierno al que sirve descreyeron la versión de la PGR. Justamente por eso se creó la Comisión de la Verdad.

Valientes jóvenes

Pedro Salmerón tuvo que renunciar a la dirección del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por el escándalo suscitado a consecuencia de que llamó “comando de valientes jóvenes” a quienes asesinaron al empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, tras fallar su intento de secuestrarlo, en 1973.

            Su calificativo de “valientes” a los jóvenes de ese comando provocó una enérgica reacción adversa no solamente de parte de empresarios y columnistas, sino que incluso legisladores de Morena, el partido en el gobierno, manifestaron su rechazo a esa caracterización.

            Salmerón se va tan dolido del cargo que ha expresado que presenta su renuncia al presidente de la República, “no a la derecha de talante fascista”. En su misiva de dimisión llama comité de linchamiento a los políticos, usuarios de redes y medios de comunicación que reprobaron sus palabras.

            Intituló su carta, melodramáticamente, “Dictar, censurar, penalizar la investigación histórica”. En ella asevera, entre otras cosas no más sensatas, que estaba siendo usado por la derecha para atacar al gobierno y que intentaba romper con una historia promovida durante 30 años.

            La bajeza de ensalzar acciones como aquel crimen no es exclusiva de nuestro país. En España, en las comunidades vascas, los etarras culpables de asesinatos y secuestros, al salir de prisión tras compurgar sus penas, son recibidos por familiares y vecinos con aplausos y ofreciéndoles un aurresku, danza que se baila a modo de reverencia.

            Como apunta Julio Llamazares, ese espectáculo “desborda toda categoría moral para adentrarse en el territorio de lo perverso”, pues se trata de “comportamientos más propios de sociedades prehumanizadas que de una del siglo XXI” (El País, 3 de agosto de 2019).

            El secuestro y el asesinato jamás pueden ser acciones loables, sea cual fuere su motivación. Sólo descendiendo al peldaño más bajo de la deshumanización y retrocediendo a etapas previas al proceso civilizatorio que ha dado lugar a nuestros más altos valores pueden glorificarse tales crímenes.

            Se sabe que Garza Sada fue no sólo un empresario exitoso sino un hombre humanitario, fundador del Tec de Monterrey, lo que hace más aborrecible su asesinato. Pero aun si la víctima hubiera sido una persona sin esas virtudes, el crimen sería igualmente reprochable.

            ¿Jóvenes valientes porque arriesgaban su integridad personal o su libertad al cometer sus delitos? Las arriesgan incluso los sicarios al llevar a cabo una acción delictiva. Al realizarla corren el riesgo de ser repelidos y malheridos o muertos, o de ser detenidos y pasar una larga temporada presos. Secuestrar y matar serían, por tanto, actos de valentía. ¡Vaya pedagogía!

            La vida y la libertad de todo ser humano son sagradas. Matar a alguien es destruir un universo irrepetible y precioso,  condenar a un semejante a no volver a disfrutar otro amanecer. Secuestrar a una persona es someterla, a ella y a quienes la quieren, a un sufrimiento atroz, a una tortura de las más crueles imaginables.

            El escándalo provocado por el calificativo de Salmerón nada tiene que ver con un linchamiento ni con dictar, censurar o penalizar la investigación histórica. Nadie de los que han protestado contra el hoy exdirector se ha pronunciado contra la investigación, nadie ha pretendido dictarla, censurarla o penalizarla. Lo que se condena no es que se investiguen los hechos históricos, sino la apología de crímenes tan graves como el secuestro y el asesinato. Y esa condena es muestra de salud moral.

            No podemos olvidar que el inolvidable Luis González de Alba renunció al Comité de apoyo a la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado cuando el fiscal Ignacio Carrillo Prieto ––condenado por corrupción al concluir su encargo–– asistió a un homenaje a la Liga 23 de Septiembre, a la que pertenecía ese comando de “valientes jóvenes”.

            ¿Pero es que las conductas delictivas no se justifican si están motivadas por ideales? Con ese criterio tendríamos que justificar, entre muchas otras, las de Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, Pol Pot, Franco, Castro, Sendero Luminoso, ETA, el ISIS…

Toda bandería o causa ha hallado fanáticos frenéticos dispuestos a matar por ella. Ellos y sus apologistas no sólo justifican esos crímenes: los celebran como si fuesen hazañas admirables.

Un pasaje muy oscuro

Uno de los pasajes más oscuros de este año en la vida pública mexicana ha sido el ataque del gobierno federal a los organismos autónomos, en especial a los protectores de derechos humanos, señaló Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, al rendir su primer informe de labores.

            La legisladora lamentó que el Presidente de la República haya rechazado la recomendación 29/2019 relativa a la cancelación del apoyo a las estancias infantiles, a pesar de que, en diciembre pasado, se comprometió a cumplir todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que los senadores del partido oficial desecharan la solicitud de Luis Raúl González, presidente de la CNDH, de llamar a comparecer a los servidores públicos que no la aceptaron.

            “Cada golpe a la CNDH —advirtió Kenia López— es un golpe a la democracia y cada golpe a la democracia nos acerca más al autoritarismo”. La senadora fue contundente: un Poder Legislativo sin autonomía o independencia de gobiernos o autoridades, del corte ideológico que sean, no conviene a nadie, debilita la institucionalidad democrática y abre la puerta a decisiones autoritarias en las que aun los propios derechos humanos pueden desconocerse, relativizarse o dejarse de lado.

            Por su parte, en el mismo acto, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, citó a Montesquieu —todo estaría perdido si el mismo hombre, ya sea de nobles o de pueblo, ejerciera los tres poderes— y subrayó que, además de la división de poderes, es de gran importancia un sistema de instituciones y organismos autónomos para el funcionamiento del Estado y para la protección de derechos de sus ciudadanos.

            A los gobiernos autoritarios se les indigesta que los defensores de los derechos les señalen sus arbitrariedades y los urjan a enmendarlas. Prefieren que todos sus actos sean objeto de aplausos incondicionales. Las críticas no les hacen la menor gracia, y quien no está dispuesto a escuchar las críticas es incapaz de ejercer la autocrítica. Entonces, los gobernantes autoritarios son como diosecillos seguros de que no tienen que rendir cuentas de sus actos ni rectificarlos por indefendibles que sean.

            El ombudsman no es enemigo de las autoridades, sino de los atropellos perpetrados por las autoridades. Sus recomendaciones son una luz de bengala, una llamada de atención a los servidores públicos a fin de que corrijan sus actos u omisiones violatorias de derechos. Por tanto, un gobernante que simpatice con la causa de los derechos humanos tendría que ver al ombudsman como un aliado, pues le señala aquello que debe enmendarse.

            Irritados porque la CNDH, actuando con profesionalismo y autonomía, señala las tropelías del gobierno actual —como lo hizo con los gobiernos anteriores—, los legisladores del oficialismo preparan el mazazo para terminar con una institución que presta un servicio invaluable a los gobernados, pero que a ellos, como al Presidente de la República y a sus colaboradores, les incomoda.

            Existe una malhadada iniciativa conforme a la cual la CNDH y los organismos públicos locales de derechos humanos desaparecerían y en su lugar se crearía una Defensoría del Pueblo, de la que seguramente se esperaría una absoluta obsecuencia, tal como la institución del mismo nombre del régimen venezolano, esa abyecta tiranía reconocida por nuestro gobierno (¡agggh!). Pero un ombudsman es plenamente autónomo o no es un auténtico ombudsman.

            Ninguna dictadura tolera a un ombudsman auténtico. Esta institución les resulta totalmente insoportable a dictadores de todo signo ideológico porque refleja —en sus recomendaciones— el rostro distorsionado de los abusos de poder para así paralizarlos, como hizo el escudo de Perseo con la Gorgona.

            Son de enorme valor las palabras de la senadora Kenia López, pero hace falta más, mucho más en defensa de la CNDH y los organismos públicos defensores de derechos humanos de las entidades federativas. Los partidos de oposición —¡vive Dios, todavía existen! (o al menos eso creo)— y las ONG debieran convocar a una gran manifestación de apoyo a esas instituciones que promueven y defienden uno de los productos más valiosos del proceso civilizatorio, y de repudio a la iniciativa que busca aniquilarlos.

También contra la ciencia

El Conacyt ha anunciado que, salvo para proyectos específicos, dejará de transferir recursos económicos —para nóminas, viáticos, etcétera— al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. La doctora Julia Tagüeña, coordinadora del Foro, advirtió que éste desaparecería si se le priva de recursos, con lo cual se suprimiría la voz de la comunidad científica.

            Previamente, una carta suscrita por investigadores y profesores de universidades, centros públicos de investigación, institutos nacionales de salud y de educación superior —que ha sido entregada al Presidente de la República, los legisladores, la Secretaría de Educación Pública y el Conacyt— señala que en el actual gobierno se ha visto en forma creciente la falta de confianza en la ciencia mexicana como factor de progreso para el desarrollo nacional y una reducción de los recursos públicos destinados a su apoyo y promoción.

            Muchos investigadores votaron por Andrés Manuel López Obrador seguramente atraídos por la promesa de campaña de promover la ciencia y la educación. Los dejó estupefactos el memorándum en el que el Presidente ordenó una drástica reducción de los fondos para todos los centros de investigación apoyados por el Conacyt: entre 30 y 50 por ciento. El presupuesto del Conacyt se redujo en 12 por ciento.

            El efecto de esta medida, advierte Antonio Lazcano, distinguido científico mexicano especializado en biología evolutiva, será devastador: “… la investigación básica y aplicada en todas las disciplinas, desde física, electrónica y energía hasta ecología, geología y enfermedades, se deteriorará rápidamente”. Los recortes afectarán asuntos tan importantes como la seguridad alimentaria, el monitoreo de la actividad sísmica, la vigilancia de epidemias y la investigación de la biodiversidad, entre otros (Science, 26 de julio de 2019).

            Desde el gobierno se ha difundido una imagen de los investigadores y los docentes como élite privilegiada, partícipe y beneficiaria de excesos, corrupción y despilfarro de recursos públicos. De conformidad con esa visión distorsionada, los salarios de los investigadores se han reducido y su seguro médico ha sido cancelado. Los que no contaban con plaza definitiva han sido despedidos. A algunos centros de investigación no les alcanza para pagar el agua y la electricidad.

            Los investigadores mexicanos, desde siempre, han trabajado con presupuestos restringidos, los cuales se asignan y se auditan por los órganos académicos y administrativos de sus instituciones y del Conacyt, y los productos de sus investigaciones son evaluados por instancias de estricto control académico tanto interno como externo. De estas evaluaciones dependen en buena medida sus ingresos, que en ningún caso son excesivos.

            La carta asevera que los fuertes recortes presupuestales al sistema de ciencia, tecnología, salud y educación superior atentan contra el país, contra los objetivos proclamados por el gobierno de un desarrollo con igualdad, equidad, justicia y abatimiento de la corrupción. Los firmantes hacen 10 peticiones, todas ellas razonables.

            Solicitan que gradualmente se alcance la inversión del uno por ciento del PIB en ciencia y tecnología, tal como se ordena en la ley, y que se fomente la inversión privada para que sea parte importante en los recursos invertidos en este rubro; que se hagan transparentes los criterios de asignación y flujo de esos recursos, incluyendo los que maneja el Conacyt; que se modifique el “discurso denostador” acerca de los científicos y académicos; que se reviertan los recortes y los despidos en los centros públicos de investigación y docencia.

            Solicitan asimismo que se aseguren los recursos para el sector salud, incluyendo los de los institutos nacionales especializados, que permitan atender las apremiantes necesidades en la materia; que se respete la autonomía de las universidades públicas; que se asegure la correspondencia entre presupuesto y crecimiento de la matrícula en las instituciones públicas de investigación y educación superior; que no se afecten los derechos e ingresos de los académicos, y que se aumente el presupuesto de las universidades públicas a fin de que se remunere dignamente a los profesores de asignatura.

            La carta cuenta hasta el momento con 13,000 adhesiones. Nadie podría negar honestamente la justa pertinencia del reclamo.

Estalinismo punitivo

Las normas penales han de ser elaboradas con escrupuloso cuidado, pues las sanciones que establecen son las más severas de todo el ordenamiento jurídico. Su contenido ha de ser respetuoso de todos los principios del derecho penal ilustrado, el que empezó a surgir en el siglo XVIII en oposición a la bárbara justicia inquisitorial.

            Sólo deben castigarse las conductas antisociales más nocivas, siempre y cuando estén previstas con precisión en la ley —legalidad—, con sanciones que correspondan a su gravedad —proporcionalidad— y sólo una vez que la autoridad judicial haya condenado al acusado —presunción de inocencia.

            Si esos principios no se observan rigurosamente por parte de los legisladores o de los jueces, el derecho penal pasa de ser la rama del derecho que protege razonable y justamente los bienes jurídicos más importantes contra las agresiones más intolerables a un instrumento de represión antidemocrática.

            La deriva autoritaria del partido en el gobierno está desconociendo en varios casos la vigencia de esos principios —todos ellos consagrados en nuestra Constitución— al impulsar reformas inquisitoriales a la legislación penal.

            En Tabasco se ha reformado el Código Penal aumentando desmesuradamente las punibilidades asignadas a quienes impidan o traten de impedir, sin facultad legal, la ejecución de trabajos u obras públicos ordenados o autorizados por la autoridad competente, y a quienes obstaculicen alguna vía de comunicación.

            Lo primero que llama la atención, inevitablemente, es que algunas de esas conductas son las que realizaba impunemente el ahora Presidente de la República como formas de hacer política. ¿Quién no recuerda la “toma” del Paseo de la Reforma, que hizo quebrar a tantos comerciantes y restauranteros, y les volvió la vida imposible a un sinnúmero de automovilistas?

            Claro que esas conductas deben ser castigadas, pero mientras la oposición a que se ejecute cierta obra o trabajo público se sancionaba sólo con semilibertad hasta de seis meses, salvo si participaban varias personas o se empleaba violencia, en cuyo caso la máxima punición podía ser de tres años de prisión, con la reforma la pena alcanza hasta ¡13 años de cárcel! Por lo que hace a la obstaculización de una vía de comunicación, anteriormente la punibilidad máxima privativa de libertad era de 4 años, y ahora es de ¡8 años!

            La reforma viola el principio de proporcionalidad entre la gravedad del delito y la magnitud de la pena, pues las conductas a que me he referido podrían ser ahora objeto de condenas similares o aun superiores a las del homicidio doloso, que, por razones obvias —la vida es el bien de mayor valor—, es el delito más dañino de todos.

            Por otra parte, el Congreso de la Unión ha aprobado la Ley Nacional de Extinción de Dominio, figura en virtud de la cual un individuo, sin que un juez lo haya condenado como culpable de un delito, puede ser privado de bienes que, se sospeche, sean producto o instrumento de un hecho ilícito o estén destinados a cometerlo. ¡Incluso el propietario de un inmueble podría perderlo si en éste el arrendatario hubiese realizado alguna actividad delictiva!

            La ley aumenta el catálogo de supuestos en los cuales es aplicable esa arbitraria medida, entre los cuales se encuentran los “hechos de corrupción” y los delitos cometidos por servidores públicos. Ni unos ni otros son delitos específicos sino categorías de delitos, por lo que se viola el principio de legalidad. En efecto, no existe el tipo legal de corrupción, la cual se tipifica en múltiples figuras delictivas, ya que puede adoptar infinidad de manifestaciones. Y los delitos cometidos por servidores públicos abarcan supuestos de muy diversa gravedad, desde conductas que no son extremadamente perniciosas (por ejemplo, solicitud de una dádiva no cuantiosa) hasta otras que causan un perjuicio considerable (por ejemplo, el secuestro).

            Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa claramente inconstitucional conforme a la cual quitar sellos de clausura de un inmueble daría lugar ¡a que el propietario lo perdiera!, con lo cual se violaría, asimismo, el principio de proporcionalidad: una conducta que amerita una sanción administrativa, no penal, se castigaría con esa desmesurada pena.

            Parece que Stalin inspiró a los legisladores.

El Seguro Popular

Destruir todo lo anterior por la única razón de que no es obra propia es una actitud en la que se mezclan el prejuicio, la soberbia, el narcisismo y la necedad obstinada.

            Es una forma de sentirse Dios. Dice el Génesis: “Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra… Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá”.

            Es también un proceder cuyos motivos son semejantes a los del amante presa de celos retrospectivos. Dice el popular bolero de Vicente Garrido: No me platiques más. / Déjame imaginar / que no existe el pasado / y que nacimos / el mismo instante / en que nos conocimos.

            Seis exsecretarios de Salud —los doctores Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdova, Mercedes Juan y José Narro, y el maestro Salomón Chertorivski— hicieron pública una carta en la que se manifiestan contra la desaparición del Seguro Popular. ¡Seis exsecretarios de Salud! ¡Quién mejor que ellos podría conocer el funcionamiento de ese seguro, sus logros, sus limitaciones!

            Era de esperarse que, por lo menos, el Presidente los escuchara, que dialogara con ellos, que sopesara sus razones, que se diera a sí mismo una oportunidad de recapacitar y, si los argumentos de los firmantes de la carta resultaban convincentes, rectificara.

            Pero la carta, lejos de obtener la atención deferente que ameritaba, recibió respuestas insolentes, insidiosas y mendaces de parte de diversos funcionarios del gobierno.

            Se aseveró que quienes suscriben la misiva no cuentan con la información pertinente. Pero todos ellos ocuparon el cargo de mayor responsabilidad en materia de salud y por lo menos uno de los firmantes, el doctor Julio Frenk, ha dedicado muchos años a estudiar los sistemas de salud de México y el resto del mundo.

            Se descalificó a los autores de la carta con el señalamiento de que han militado o militan en partidos políticos distintos del que ahora gobierna. Pero, por una parte, la militancia no desmiente los argumentos. Además, dos de los exsecretarios jamás han sido miembros de algún partido político. Por increíble que parezca, tal descalificación proviene del doctor Juan Ramón de la Fuente. Advierte Raúl Trejo Delarbre: “De la Fuente… tiene una trayectoria política en donde ha asumido compromisos con tanta o más disciplina (por lo visto, ahora más allá de razones y hechos) que la que exige la militancia partidaria” (La Crónica de hoy, 12 de agosto).

            Se ha dicho que hubo una alianza entre el Seguro Popular y el capital privado, pero no hay un solo indicio de que así sea. Por el contrario, la Organización Mundial de la Salud observa que el gasto privado como porcentaje del gasto total en salud ha disminuido desde que se instauró el Seguro Popular.

            En una de sus conferencias “mañaneras”, el Presidente, quien se ha solazado en la cantinela de que el Seguro Popular ni es seguro ni es popular, afirmó que este programa es lo más ineficiente que ha existido. Sin embargo, el más reciente informe del Coneval ofrece una evidencia irrefutable: la carencia por acceso a servicios de salud en México se redujo de 42.8 millones de personas en 2008 a 19.1 en 2016. Un logro espectacular: en ocho años esa carencia disminuyó en más de 50 por ciento.

            El Seguro Popular beneficia a 53 millones y medio de afiliados, de los cuales casi 30 millones se encuentran entre los mexicanos más pobres. Quienes viven en los hogares de ingresos más bajos, menos de ocho mil 900 pesos por familia, no pagan cuotas.

            Entre las enfermedades y trastornos graves y costosos que cubre el Seguro Popular se encuentran el cáncer, la hepatitis C, el VIH/sida, las malformaciones congénitas y el infarto agudo al miocardio en menores de 65 años. El fondo de protección contra gastos catastróficos otorga servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular que padecen enfermedades que, de no contarse con el seguro, acabarían con el patrimonio familiar, el cual incluso resultaría insuficiente.

            Pero ni los hechos constatables ni los conocimientos y las advertencias de los expertos importan al Presidente, quien siempre tiene otros datos y está dominado por la obsesión de destruir todo lo anterior a su gobierno.

Rosario de anomalías

El proceso a Rosario Robles presenta anomalías no sólo desde su inicio, sino antes aun de iniciarse. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, debió excusarse de conocer del caso por su parentesco con una persona respecto de quien existen evidencias de todos conocidas de su animadversión por la inculpada.

            Es verdad, como lo ha señalado el Consejo de la Judicatura Federal, que Delgadillo Padierna fungió como juez de control y no podrá conocer del asunto en la etapa del juicio. Pero tuvo y ejerció una facultad que causó grave perjuicio a Robles: le impuso prisión preventiva, cuya vigencia “será por todo el tiempo que dure el proceso”.

            La razón para imponer esa medida cautelar fue que la inculpada “carece de arraigo” en la Ciudad de México, pues existe un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) donde consta que recientemente tramitó una licencia de conducir “en (sic) un domicilio diferente. Lo que implica —colige el juez— mentir sobre su residencia y equivale a presunción de riesgo. Hay probabilidad de que pueda darse a la fuga, tiene los medios y los contactos”.

            La resolución es indefendible. Rosario Robles vive y ha vivido durante los últimos 24 años en esta ciudad. En su descuidada redacción, el juez no precisa a qué se refiere cuando dice que la licencia se tramitó “en” un domicilio diferente: ¿diferente a qué?

            El Consejo de la Judicatura Federal justifica al juez: la prisión preventiva procede, aduce, con fundamento en el artículo 168 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, “con motivo de haberse presentado dos domicilios distintos entre el declarado por la imputada y el que obra en poder de las autoridades”. Pero una persona puede residir alternadamente en dos o más domicilios.

            El código permite la imposición de la prisión preventiva en delitos para los cuales no es oficiosa (obligatoria) por “la falsedad sobre el domicilio”. No está acreditado que el domicilio del que la inculpada informó al juez sea falso. En todo caso, correspondía al juez acreditar la falsedad acudiendo al domicilio supuestamente falso a constatar, por ejemplo, que se trata de un lote baldío o que allí no se conoce a Rosario Robles.

            Además, el juez, al imponer la prisión preventiva, no invocó la disposición legal que le sirve de fundamento (el artículo 168 fracción I del código a que alude el Consejo de la Judicatura Federal), con lo cual incumplió con el deber de fundamentar un acto de autoridad como lo ordena el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el juez dictó la más extrema de las medidas cautelares, la que consiste en privar de la libertad a la inculpada, sin fundamentar la resolución.

            Un punto de crucial importancia: Rosario Robles no fue aprehendida en un lugar en el que se encontrara oculta sino que compareció voluntariamente ante el juez, regresando del extranjero, lo que muestra su propósito de no darse a la fuga. La prisión preventiva, por tanto, resultaba inaplicable.

            Otro aspecto inadmisible: durante la audiencia, tanto los fiscales como el juez se dirigieron a la inculpada en términos humillantes, lo que es absolutamente inadmisible. ¿Un juez imparcial humilla al inculpado?

            Todas las anomalías aquí expuestas han vulnerado el principio de imparcialidad en el proceso a Rosario Robles. La resolución del juez debe revocarse a fin de que sea procesada en libertad.

            Hace dos décadas, cuando Rosario Robles era jefa de Gobierno y yo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ambos del Distrito Federal, le demostré en su propia oficina que la acusación contra los inculpados por el homicidio de Paco Stanley, animador de Televisión Azteca, era falsa. Punto por punto le expliqué las incongruencias de esa acusación. Me respondió que ella no permitiría que una muchacha inocente —Paola Durante— estuviera presa.

            Pero nuestra recomendación a la Procuraduría de Justicia de que desistiese de la acción penal molestó al procurador Samuel del Villar y, por no contrariarlo, la jefa de Gobierno dejó en prisión a esa muchacha inocente y a sus coinculpados. En aquel caso no eran sólo irregularidades de procedimiento sino una infamia que ella permitió. Quizá lo haya recordado en estos días en el reclusorio.

Defender al ombudsman

Es constatable que tanto la CNDH como los organismos defensores de derechos humanos de las entidades federativas han jugado un papel central en la lucha contra las arbitrariedades del poder público.

            En México, nunca un gobierno se había atrevido a atacar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como lo está haciendo el actual gobierno federal.

            Como es sabido, la CNDH emitió una recomendación solicitando que se les reintegre el apoyo financiero a las estancias infantiles, gracias a las cuales decenas de miles de mujeres y hombres pobres han podido trabajar o estudiar dejando a sus hijos pequeños en lugares seguros en los que, además de ser cuidados, se les educa y se les da ocasión de jugar con niños de su edad.

            En el documento de respuesta, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, rechaza la recomendación, a la que tilda de aberrante porque —afirma— la CNDH, “durante el periodo autoritario neoliberal, en lugar de ser la institución que defendiera al pueblo de las atrocidades cometidas por las autoridades y sus protegidos, se convirtió en un instrumento de simulación para mantener la impunidad del régimen de injusticias, corrupción y privilegios”. La CNDH nunca exigió justicia —asevera— respecto de los crímenes de Tlatlaya y Tanhuato, “se esmeró en ocultar la desaparición” de los normalistas de Ayotzinapa y nunca hizo nada sobre los acontecimientos de la guardería ABC.

            Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, sostuvo, asombrosamente, que la recomendación es una vergüenza y que su gobierno no la acepta porque es violatoria de los derechos humanos… sin decir en qué consiste esa supuesta violación de derechos.

            Cualquier persona mínimamente informada sabe que la CNDH emitió las recomendaciones correspondientes en los casos señalados por la subsecretaria tras investigaciones profesionales y objetivas. Si en esos asuntos no se ha hecho justicia se debe precisamente a que tales recomendaciones no han sido debidamente atendidas. Asimismo, es constatable que tanto la CNDH como los organismos defensores de derechos humanos de las entidades federativas han jugado un papel central en la lucha contra las arbitrariedades del poder público, y en centenares de miles de casos han logrado evitarlas o detenerlas, resarcir en sus derechos a las víctimas y propiciar que se castigue a los culpables.

            Específicamente en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, la CNDH, lejos de esmerarse en ocultar su desaparición según la calumnia de la subsecretaria, realizó un trabajo escrupulosamente profesional, lo que no hizo el GIEI. El cumplimiento de su recomendación acerca de ese crimen —sobre todo el envío al laboratorio de Innsbruck de los restos que no han sido analizados— haría que se ataran los cabos sueltos de la investigación.

            El acatamiento de la recomendación sobre las estancias infantiles permitiría, sobre todo a las mujeres sin posibilidades económicas de pagar una guardería privada, ejercer el derecho a trabajar o estudiar con la tranquilidad de que los hijos de corta edad tendrían, mientras tanto, cuidado y educación temprana.

            Los señalamientos calumniosos de la subsecretaria de Bienestar y la descalificación inaudita y sin argumento alguno del Presidente no están motivadas en su desconocimiento acerca del desempeño de la CNDH. Les molesta que un organismo autónomo, que se distingue por su profesionalismo, solicite públicamente que se enmienden los estragos que causan sus atropellos.

            Existe una iniciativa de reforma constitucional de Morena y el Partido del Trabajo que propone desaparecer la CNDH y a los organismos homólogos locales para sustituirlos por una denominada Defensoría del Pueblo, que tendría delegaciones en todo el país. Los organismos públicos de derechos humanos son un contrapeso muy importante a las autoridades en una materia altamente relevante. Al Presidente le incomodan. Preferiría una Defensoría que sólo lo fuese de nombre, totalmente obsecuente. Pero un ombudsman es plenamente autónomo o no es un auténtico ombudsman.

            La hora que vive el país es muy delicada. La destrucción del sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos sería un gravísimo retroceso en el país y abriría una puerta muy ancha a las pretensiones autocráticas cada vez más evidentes. Es indispensable que todas las personas y organizaciones de los sectores académico, cultural, social y político comprometidas con la causa de los derechos humanos defendamos la institución del ombudsman.

La falacia de la austeridad

La supuesta austeridad nos ha llevado una situación sin precedente. Los perjuicios más graves se están dando en la atención a la salud, que es, junto con la seguridad, el bien que prioritariamente debe atender el gobierno.

            Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República, los recortes presupuestales han estado a la orden del día. El discurso presidencial los justifica con el señalamiento de que se trata de una política de austeridad que pondrá fin a los privilegios de unos cuantos.

            Lo primero que se advierte claramente en esa justificación es una inconsistencia: esa política no ha afectado a los privilegiados, sino a millones de mexicanos en situación de pobreza y a los que, sin ser pobres, viven de su trabajo con ingresos que no les permiten lujos ni derroches.

            La supuesta austeridad nos ha llevado una situación sin precedente. Los perjuicios más graves se están dando en la atención a la salud, que es, junto con la seguridad, el bien que prioritariamente debe atender el gobierno. Los afectados no son, desde luego, quienes pueden costear médicos, clínicas, laboratorios y hospitales privados, sino quienes, por su condición económica, se ven constreñidos a acudir a los servicios públicos.

            La condición de pobreza se ve agravada dramáticamente si, además de que no se perciben los ingresos suficientes para una existencia decorosa, los servicios públicos de salud a que se tiene derecho se han deteriorado por falta de insumos, materiales, equipo y personal.

            No es que esos servicios en la etapa neoliberal, tan satanizada por el actual gobierno, hayan sido los óptimos. Pero, a pesar de sus deficiencias e insuficiencias, cumplían mucho mejor que ahora con su insustituible e indispensable función.

            No pensemos siquiera en los chequeos médicos periódicos aconsejables para preservar la salud. Pensemos en algo más grave. Un pobre enfermo. De nada le servirá la dádiva en efectivo del gobierno, si es que es un beneficiario de ésta, si el centro de salud no está en posibilidades de atenderlo como es debido, de practicarle el estudio que requiere, de proporcionarle los medicamentos que su padecimiento amerita.

            La violación al derecho a la salud que causa tal estado de cosas es de extrema gravedad. Por eso la Comisión de los Derechos Humanos ha instado al gobierno a garantizar el acceso a servicios de atención médica, la continuidad del suministro de medicamentos y la disponibilidad de personal suficiente en todas las unidades médicas.

            Otras afectaciones también son importantes. Se cancelaron recursos a estancias infantiles, a refugios para mujeres maltratadas y al programa de cáncer cervicouterino. Se disminuyó considerablemente el presupuesto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a las universidades y a los centros públicos de investigación, a la promoción de la cultura y las artes, a la supervisión de la calidad del agua, a la prevención y combate de incendios. Se canceló el proyecto de Metrobús de La Laguna.

            ¿Todo eso no significa austeridad? Veamos. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, austero significa sobrio, morigerado, sin excesos. ¿El gobierno ha sido austero?

            No. Sí ha habido dinero, y muy abundante, miles y miles y miles de millones, para destruir un aeropuerto de clase mundial que suponía un progreso enorme para el país y generaría cientos de miles de empleos y, en su lugar, erigir otro en el peor lugar posible.

            También hay dinero para una refinería y un tren desaconsejados por los expertos, para entregar efectivo a manos llenas con fines clientelares, para atajar el paso de los migrantes centroamericanos.

            Asimismo, hay dinero para otorgarle al Presidente una partida secreta con los ahorros del presupuesto a los que puede dar el destino que por decreto determine. Tan sólo en este año los fondos por ahorros en compras de insumos y medicinas y por la eliminación de seguros médicos y de separación ascienden a 125 mil 700 millones de pesos. ¡Para lo que el Presidente determine!

            La supuesta política de austeridad es una falacia. Lo que se está haciendo es reencauzar el dinero para atender no a las necesidades prioritarias de los habitantes y al progreso científico y tecnológico del país, sino para fortalecer un proyecto que responde a las fantasías ideologizadas y al afán de acrecentar el poder del Presidente de la República.

            Una política de austeridad, es decir, de sobriedad, morigerada, sin excesos, sería plausible. No lo es, en cambio, la que está vulnerando derechos fundamentales de los mexicanos.

Incorruptible

Ser incorruptible, sin duda, es un gran mérito. La honestidad no sólo debe ser un atributo de los servidores públicos. Todo individuo que se respete —quien tiene amor propio, quien se valora a sí mismo— considera inaceptable incurrir en corruptelas.

            Reiteradamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que él, a diferencia de sus antecesores, no es corrupto, y que, dado que es un ejemplo de incorruptibilidad para todos los servidores públicos, su gobierno abatirá la corrupción en México, con lo cual se contará con mayor cantidad de recursos económicos para llevar a cabo sus programas.

            Dado que se asume como incorruptible, el Presidente reparte dinero sin reglas que permitan saber el criterio de la repartición y adjudica obra pública sin la correspondiente licitación. Por lo visto, las normas de transparencia sirven para evitar la corrupción y él, ya se sabe, es incorruptible: ¿por qué tendría que sujetarse a regla alguna?

            Incluso los comentaristas que están en total desacuerdo con la mayoría de sus decisiones parecen convencidos de que, si bien comete numerosos dislates y toma abundantes medidas perjudiciales para el país, la corrupción no es uno de los extravíos del Presidente.

            Ser incorruptible, sin duda, es un gran mérito. La honestidad no sólo debe ser un atributo de los servidores públicos. Todo individuo que se respete —quien tiene amor propio, quien se valora a sí mismo— considera inaceptable incurrir en corruptelas. Es deshonroso realizarlas: quien las practica no se tiene en alta estima.

            Escrito lo anterior, me pregunto: ¿todas las acciones del Presidente están libres de corrupción de tal manera que él podría arrojar la primera piedra a los corruptos a quienes tanto fustiga verbalmente? ¿No es acaso corrupción la referida adjudicación de obra pública sin licitación?

            ¿No es corrupción el pago de 45 mil millones de dólares por la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto internacional? Porque cualquiera puede hacer con su dinero lo que se le antoje, incluso arrojarlo por una alcantarilla, pero el dinero pagado por la cancelación, una cifra estratosférica, es el de todos nosotros, los contribuyentes.

            Esa cantidad podría haberse aplicado, por ejemplo, a los servicios de salud, que se han visto deteriorados dramáticamente por los recortes presupuestales. Seguramente  de algo hubieran servido esos dólares con los que se pagó —¡con dinero ajeno!— un capricho incomprensible.

            ¿No es corrupción la burla de la consulta pública en virtud de la cual se decidió esa cancelación, dado que sólo participó, cuando mucho, el uno por ciento de los ciudadanos (digo cuando mucho porque algunos votaron hasta cinco veces) y no hubo ninguna garantía de limpieza en cuanto a la emisión, el resguardo y el conteo de los votos?

            ¿No es corrupción recortar brutalmente los recursos y el personal de los hospitales públicos para emplear ese dinero en dádivas con propósitos clientelares y en obras onerosas —Santa Lucía, Dos Bocas, tren maya— desaconsejadas unánimemente por los expertos?

            ¿No es corrupción entregar a las mafias sindicales el control de la educación de los niños cuyos padres no pueden pagar las colegiaturas de las escuelas particulares, condenándolos a no ser destinatarios de la preparación que se requiere para competir sin demasiada desventaja en el mercado laboral y para la formación humana integral?

            ¿No es corrupción haber eliminado el apoyo a las estancias infantiles salvo a las del Partido del Trabajo (PT) por la única razón de que es un aliado político, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en su operación? Los 800 millones de pesos que recibirá el PT son equivalentes al 40% de lo que ha sido quitado a más de 9,300 estancias.

            ¿No es corrupción la mentira, decir “yo tengo otros datos” como burda coartada para no reconocer las cifras de homicidios que proporciona el Sistema Nacional de Seguridad Pública o asegurar que se han creado más empleos que en el pasado inmediato en contradicción con los datos del Inegi? ¿O presentar como una victoria el humillante acuerdo con Estados Unidos sobre migración, cuyo origen fue el incumplimiento de acuerdos secretos previos?

            No son los únicos ejemplos, pero el espacio se me acaba. Los que aquí se han apuntado son claramente casos de corrupción. ¿Me equivoco? No hay una corrupción buena y una corrupción mala. Toda corruptela es inaceptable y quebranta el honor —cualidad que lleva al comportamiento digno respecto del prójimo y de uno mismo— de quien la lleva a cabo.

¿Paso a la autocracia?

Hay evidencias incontrovertibles que permiten sostener que los organismos de derechos humanos han evitado o detenido injusticias, resarcido los derechos de las víctimas y propiciado que los abusos de poder sean castigados.

            A casi 30 años de la instauración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la que siguió la de sus homólogas en las entidades federativas, no se ha realizado en México el necesario análisis riguroso de la actuación de esos organismos.

            Sin embargo, hay evidencias incontrovertibles que permiten sostener que, en muchos casos, la mayoría no registrados en los medios de comunicación, esos organismos han evitado o detenido injusticias, resarcido los derechos de las víctimas y propiciado que los abusos de poder sean castigados.

            De esa manera, la institución del ombudsman ha propiciado una auténtica revolución cívica al constituirse en instrumento eficaz al alcance de cualquier persona —no se requieren los servicios de un abogado para presentar la queja—, con lo cual una buena cantidad de ciudadanos ha transitado de una actitud de resignación resentida ante los agravios de las autoridades a otra de coraje activo en defensa de sus derechos.

            Desde que fue creado, hubo quienes vieron con antipatía al ombudsman, entre ellos los funcionarios públicos a quienes no agradaba la idea de que sus actos fueran supervisados por una institución profesional y autónoma para prevenir o enmendar arbitrariedades. Se ha tenido que explicar reiteradamente que el ombudsman no es enemigo de las autoridades, sino de las tropelías, la negligencia y el incumplimiento de los deberes por parte de quienes ostentan un cargo público.

            No obstante, una iniciativa de Morena y el Partido del Trabajo propone la desaparición de los organismos públicos defensores de derechos humanos y su sustitución por una Defensoría del Pueblo que tendría delegaciones en las entidades federativas. ¿Por qué desaparecer instituciones que generalmente han funcionado bien? Una posible explicación es la clara animadversión del Presidente de la República por los organismos autónomos, la cual se ha manifestado un sinnúmero de veces, la más reciente en perjuicio del Coneval. Pero su agresión a la CNDH es particularmente violenta, lo que, al parecer, se debe a la irritación que le causa que se le señalen sus atropellos.

            En Venezuela, de cuyo régimen tiránico son admiradores varios adláteres del Presidente, hay una Defensoría del Pueblo obsecuente hasta la ignominia con el gobierno, al punto de que el propio hijo del defensor le reclamó públicamente a su padre su conducta servil y deshonrosa. En un video, con palabras impregnadas de dolor y de todo el fuego de sus 20 años, se dirigió a su padre: “Te pido como hijo, y en nombre de Venezuela… que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer… sé que no es fácil, pero es lo correcto”.

            Como Andrés Manuel López Obrador carece de argumentos para descalificar a la CNDH, miente al decir que ésta carece de autoridad moral porque guardó silencio cómplice “cuando el Estado era el principal violador de los derechos humanos”, y ejemplificó con los casos de la guardería ABC y de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero, como se puede constatar fácilmente, la CNDH se ha pronunciado en esos asuntos, como en los demás de su competencia, con profesionalismo y objetividad. No es una conducta plausible de un Presidente —de nadie, pero sobre todo de un Presidente— que se incurra en la calumnia con el propósito de desprestigiar a una institución tan respetable y a sus integrantes.

            Ante la gravedad de la descalificación, por los términos en que se expresó y, sobre todo, por venir de quien viene, un grupo de académicos, militantes de diversas ONG, empresarios, periodistas y escritores, todos prestigiados, ha dirigido una carta pública al Presidente defendiendo al ombudsman y expresando con toda firmeza su rechazo al propósito de desaparecer la institución, así como su desacuerdo con la vulneración de los demás organismos autónomos.

            La carta es importante, pero insuficiente. Es preciso que, si se quiere defender la democracia, todos los sectores de la sociedad se manifiesten contra las pretensiones autocráticas y que los medios brinden el debido espacio a esas manifestaciones; que los partidos de oposición, las ONG, los centros de estudios y las organizaciones empresariales salgan de su letargo. La autocracia se ha impuesto en muchas ocasiones doblegando la resistencia de la sociedad civil, pero en otras, ¡ay!, ésta le ha facilitado el paso. Ω

Un desdén significativo

Sin ofrecer ninguna explicación pública, el Presidente se negó a escuchar el informe de Luis Raúl González, quien, tras numerosas gestiones, sólo pudo presentarlo ante la secretaria de Gobernación, sin la cobertura de informes pasados, pues la presencia del Presidente le daba a la ceremonia una alta relevancia mediática.

            Jamás, en sus 29 años de existencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había sido objeto del desprecio con que ahora la agravió el Presidente de la República. Año con año, el titular de la Comisión rendía su informe ante el titular del Ejecutivo, y éste tenía que escuchar señalamientos que no le resultaban gratos porque aludían a hechos y situaciones lesivos de los derechos fundamentales.

            El Presidente tenía que tragarse el sapo y, como al acto asistían todos los medios de comunicación, los cuales le concedían un importante espacio al informe, el conjunto de los ciudadanos se enteraba de lo que estaba pasando en un tema tan relevante. Así pues, la desatención del Presidente no fue sólo con el ombudsman, sino con toda la ciudadanía.

            Sin ofrecer ninguna explicación pública, el Presidente se negó a escuchar el informe de Luis Raúl González, quien, tras numerosas gestiones, sólo pudo presentarlo ante la secretaria de Gobernación, sin la cobertura de informes pasados pues, como ya apunté, la presencia del Presidente le daba a la ceremonia una alta relevancia mediática.

            El Presidente hubiera podido asistir al informe y, tras escuchar algunas verdades amargas, podía decir, como lo ha hecho una y otra vez, que él tenía otros datos o que las situaciones violatorias de derechos humanos se debían a las administraciones anteriores, pero que ahora, en virtud de que él está en la Presidencia, todo eso se enmendaría.

            Pero sencillamente el Presidente no quiso que nada turbara su tranquilidad. Sabía que, a pesar de su desdén, a la mañana siguiente, en su conferencia de prensa mañanera, los bien portados reporteros que acuden todos los días a cubrirla no le harían ningún cuestionamiento al respecto. ¡Por fortuna no estaría entre ellos Jorge Ramos ni ningún otro periodista díscolo!

            Con su actitud, el Presidente confirmó, una vez más, su antipatía por la causa de los derechos humanos, los organismos autónomos y reglas básicas del Estado de derecho. ¿Por qué el ombudsman lo iba a incomodar mencionando en su presencia cosas nada agradables? Ya ha demostrado en repetidas ocasiones que toda crítica le incomoda, que prefiere los aplausos del pueblo bueno en los mítines de las plazas públicas.

            El Presidente no tuvo que escuchar, por ejemplo, que varias de sus decisiones vulneran los derechos humanos o debilitan su defensa: la falta de apoyo a las estancias infantiles, a los refugios para mujeres maltratadas y a las instancias de atención a personas con discapacidad, y la descalificación a organizaciones de la sociedad civil, a periodistas y a comunicadores.

            En su informe, el ombudsman nacional pone énfasis en la grave crisis que enfrenta el sector salud por falta de recursos presupuestales, materiales y de personal. El combate a la corrupción y la reasignación de recursos —advierte Luis Raúl González— “no puede implicar que se suspenda o se ponga en riesgo la atención que es debida a los pacientes, así como el acceso a los tratamientos y medicinas a los que tengan derecho”. El Estado no puede dañar con acciones u omisiones la salud de las personas.

            Una de las conclusiones del informe es particularmente inquietante: en la medida que se debilitan las instituciones —que conforman un medio de control para evitar las arbitrariedades perpetradas desde el poder—, se abre la puerta para que la actuación del Estado sea más discrecional y la vigencia de las normas se diluya.

            Nada de eso tuvo que escuchar el Presidente. ¿Por qué pasar un mal rato? Como observa Héctor de Mauleón: “López Obrador quiso evitar que le dijeran esto en público. Ya se sabe: no le gustan los contrapesos” (El Universal, 4 de junio). Es mejor oír los elogios de sus incondicionales.

            Organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos consideraron preocupante y desalentador que el titular del Poder Ejecutivo se negara a escuchar el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En efecto, el desaire al ombudsman de un Presidente con tanto poder produce escalofrío.

            Pero la descortesía, además de preocupante y desalentadora, es significativa: pedagógicamente indica que nadie debe perturbar el ánimo del gobernante que ya no se pertenece a sí mismo, sino al pueblo, así sea con asuntos como el de las violaciones de su gobierno a los derechos humanos.

Ángeles del Apocalipsis

La Luz del Mundo siempre mantuvo una magnífica relación con el poder político. El momento culminante de esa relación ocurrió este mismo año, cuando en Bellas Artes, con asistencia de diputados y senadores, se rindió un insólito homenaje a Naasón Joaquín.

            Dios les reveló en sueños, a uno tras otro, que eran sus nuevos apóstoles, los ángeles del Apocalipsis, privilegiada calidad que Él les otorgaba y en virtud de la cual les asignaba la sagrada misión de fundar y dirigir una nueva iglesia en nombre de Jesucristo.

            Tres generaciones de ángeles en cuerpo de hombre. Eusebio Joaquín tuvo la revelación divina a los 30 años, en 1926, en la cual Dios le indicó que en adelante se llamaría Aarón, como el primer sacerdote de los hebreos. Una segunda revelación ocurrió en 1943: Eusebio Joaquín debía restaurar la primitiva iglesia cristiana. Lo hizo en 1953, en Guadalajara, para lo cual adquirió 14 hectáreas, en las cuales se formó la colonia Hermosa Provincia y se instauró la Luz del Mundo, que muy pronto contó con numerosos seguidores, todos pobres.

            A la muerte de Eusebio Joaquín, en 1964, a los 68 años, la estafeta fue entregada por Dios a su hijo Samuel Joaquín, de 27. Samuel Joaquín nació muerto y su padre le infundió vida haciéndolo superior al resto de los humanos. Bajo su dirección se enviaron misioneros a diversos países para hacer crecer la iglesia. En la década de los ochenta se construyó el actual templo de la Luz del Mundo, que sustituyó al antiguo, el cual había sido levantado en el barrio de San Juan de Dios. El nuevo templo alcanza 80 metros de altura y tiene capacidad para 15 mil personas.

            Samuel Joaquín dirigió la iglesia durante 50 años, hasta su muerte, a la edad de 77, en 2014. Lo relevó, asimismo por designio del Ser Supremo, su hijo Naasón Joaquín García. Para entonces la Luz del Mundo aseguraba que tenía cuatro millones y medio de adeptos. Devotos de varios países del mundo acuden cada 14 de agosto a celebrar la Santa Cena.

            La Luz del Mundo siempre mantuvo una magnífica relación con el poder político. Sus seguidores asistían a los mítines del partido en el poder en turno y votaban por sus candidatos. El momento culminante de esa relación ocurrió este mismo año, cuando en el Palacio de Bellas Artes, con asistencia de diputados y senadores, se rindió un insólito homenaje a Naasón Joaquín García con motivo de su cumpleaños 50.

            La doctrina de la Luz del Mundo sostiene que la Biblia solamente puede ser interpretada por los enviados de Dios, que exclusivamente son varones. Al Apóstol y Ángel del Apocalipsis —sucesivamente Eusebio Joaquín, Samuel Joaquín y Naasón Joaquín— se le considera mediador entre el mundo profano y el mundo sagrado. Sólo a través de él se puede lograr la salvación eterna. Es omnisciente: sabe incluso lo que piensan y sienten los mortales.

            Las mujeres de esta religión deben estar subordinadas a los hombres, usar faldas largas hasta los tobillos, no cortarse el cabello, prescindir de maquillaje y aretes, y entrar con velo al templo, en el cual se ubican separadas de los varones. A éstos corresponde ser proveedores de su familia. A unas y otros se les prohíbe fumar, beber, pronunciar palabras altisonantes, acudir a bailes, al cine o al teatro, ver televisión y escuchar música que no sea de su iglesia.

            Los feligreses no celebran Navidad ni Semana Santa: las únicas celebraciones autorizadas son la Santa Cena y el cumpleaños del líder. Tienen la capacidad de hablar en lenguas —a las mujeres se les concede ese don más generosamente— porque han recibido al Espíritu Santo, lo que prueba que la suya es la única religión verdadera.

            En todos los tiempos han surgido personajes que se han proclamado elegidos de Dios para mostrar a todos la voluntad divina. Eso no es sorprendente. Lo asombroso es que logren el seguimiento incondicional de multitudes. Lo interesante es reflexionar sobre los motivos de esta adhesión absoluta.

            Creo que no todos los humanos sienten que la vida es una fiesta y que incluso —por decirlo con las palabras de Jorge Guillén— respirar, sólo respirar, ya es saber, ya es amor, ya es alegría. Hay quienes están convencidos de que éste es un valle de lágrimas en que habitamos los desterrados hijos de Eva, y necesitan, atormentadamente, que alguien les guíe hacia la luz verdadera y les dé la esperanza de que habrá otra vida en la que alcanzarán la plenitud.

            Es tan ingente esa necesidad, que muchas veces no exigen en su guía virtudes extraordinarias: se las atribuyen, se las inventan aun a individuos mediocres. En ocasiones incluso a canallas.

¿Autocracia o democracia?

Es imprescindible que se mantengan y fortalezcan las instituciones democráticas, la auténtica división de poderes, los contrapesos al gobernante, las reglas de transparencia y los organismos que controlan y supervisan el ejercicio del poder.

            ¿Es posible que los avances democráticos conquistados en un país durante décadas se echen abajo en tan sólo unos cuantos años o, peor aún, en unos cuantos meses? Sí, es posible, y tenemos a la vista un ejemplo muy cercano, el de Venezuela, donde, además de que se ha sometido a la población —salvo a los incondicionales del régimen— a condiciones de vida intolerables que configuran una crisis humanitaria —lo que ha ocasionado que en cuatro años hayan salido del país cuatro millones de habitantes—, la democracia ha sido aniquilada.

            Mucho se ha escrito sobre el desencanto con la democracia en los países de América Latina. El nuestro no es la excepción. Los gobiernos democráticos carecen de fórmulas mágicas para terminar de inmediato con problemas sociales tan complejos y añejos como la pobreza, la marginación, el desempleo, la corrupción, la criminalidad desbordada, la impunidad, la inoperancia de muchas instituciones, la insuficiencia de los servicios públicos, etcétera.

            La democracia tampoco da la felicidad. No concede al enamorado que la persona amada, que le ha negado su amor, caiga rendida en sus brazos; no regala alegría a los aquejados de melancolía pertinaz; no acerca las musas al poeta cuyos versos son invariablemente mediocres; no obsequia elegancia espiritual a los zafios ni talento a los mentecatos; no convierte a una selección nacional de futbol de calidad apenas mediana en campeona del mundo.

            Un gobierno democrático puede ser eficaz o ineficaz, aliviar los problemas sociales o agravarlos, tomar medidas benéficas o perjudiciales para los gobernados. Pero la democracia es el único sistema político que permite  elecciones limpias y transparentes, exentas de manipulaciones tramposas, así como combatir los actos de gobierno abusivos acudiendo al Poder Judicial o a organismos defensores de derechos humanos que resuelvan los casos sin presiones del poder político, con autonomía, profesionalismo y objetividad.

            Por eso es imprescindible que se mantengan y fortalezcan las instituciones democráticas, la auténtica división de poderes, los contrapesos al gobernante, las reglas de transparencia, los organismos que controlan y supervisan el ejercicio del poder, y los que organizan, vigilan y califican imparcial y transparentemente las elecciones. Tales instituciones deben ser fuertes y plenamente autónomas, y no estar sometidas a actos intimidatorios. Sólo así están en condiciones de cumplir con su misión.

            En México se ha logrado erigir instituciones de esa naturaleza, con esas características, las cuales han sido piezas fundamentales para ir avanzando en nuestra democratización. Debilitarlas o controlarlas desde el gobierno, o intimidar a sus integrantes, es atentar contra la democracia. El autócrata sueña con concentrar el poder de tal forma que sus decisiones y acciones no estén sujetas ni a restricciones legales ni a mecanismos regulativos de su poder.

            ¿Qué se quiere: autocracia o democracia? Por la autocracia se inclinarán quienes obtienen o esperan de ella prebendas y quienes tienen vocación de tiranos o de siervos. Por la democracia nos manifestamos quienes tenemos vocación de ciudadanos y estamos convencidos de que todo poder, para no ejercerse despóticamente, requiere contrapesos y sujeción estricta a la ley.

            Quienes creemos en la democracia nos opondremos con toda energía a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté supeditada al Presidente de la República, a que los organismos públicos de derechos humanos desaparezcan para dar lugar a una defensoría —sólo de nombre— complaciente con los abusos de las autoridades, a que se eliminen los organismos electorales de las entidades federativas y que las elecciones sean organizadas y sancionadas por un solo instituto nacional, cuyos integrantes serían designados por la mayoría parlamentaria con que cuentan el partido en el poder y sus aliados. Nos opondremos firmemente porque eso destruiría nuestra democracia.

            ¿No somos mayoría? Los espejismos no duran para siempre. La realidad se va imponiendo a las visiones ideologizadas o ilusorias. La popularidad de un gobierno tiende a disminuir cuando un segmento de sus adeptos empieza a advertir que muchas de sus medidas, además de autoritarias, son insensatas y nocivas no sólo para los opositores, sino también para ellos mismos.

Policías fifís

Los policías federales han tenido que defecar a la intemperie o en retretes atascados de mierda, ingerir comida chatarra sentados en el suelo, patrullar desarmados en unidades descubiertas bajo los inclementes rayos del sol… ducharse en baños asquerosos.

            Todo policía que aspire a dormir en una cama confortable ubicada en una habitación limpia, comer con cubiertos alimentos saludables sentado a la mesa, defecar en un retrete higiénico que pueda descargarse al finalizar la evacuación, ducharse parado en un suelo libre de hongos, lavarse las manos y los dientes en un lavabo aseado o contar con el equipo adecuado al acudir a cumplir con sus tareas… ¡es un policía fifí, característico de los gobiernos neoliberales, que no entiende que ahora tiene el honor de ser un policía de la cuarta transformación!

            No, amables lectores, no he enloquecido, como parecería desprenderse de lo que acaban de leer: lo único que he hecho en el párrafo anterior es reproducir la opinión de Francisco Garduño, flamante comisionado del Instituto Nacional de Migración, quien descalificó las quejas por la situación en que se encuentran los agentes de la Policía Federal enviados a los operativos contra los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.

            Los más ingenuos creíamos que un gobierno que se asume de izquierda, y cuyo máximo titular jura que ya no se pertenece a sí mismo, pues le pertenece al pueblo, aspiraría a que todos los trabajadores tuviesen una vida decorosa tanto en su jornada laboral como en sus horas de descanso. Qué equivocados estábamos: un policía de la cuarta transformación, en opinión de Garduño, jamás debe inconformarse por sus condiciones de trabajo, sean éstas las que fueren. Los agentes que han expresado inconformidad, dice el comisionado, “eran fifís (cuando aún no llegaba la cuarta transformación) y quieren seguir como fifís”.

            A Garduño le escandaliza que quienes ahora duermen a la intemperie o en tiendas de campaña, sobre cartones o tablas, con una temperatura superior a los 35 grados y humedad de 90, en el pasado hayan pernoctado en un hotel y se hayan alimentado del bufet que se ofrece en éste, lo que, a juicio del comisionado, tenía un costo altísimo. Cualquiera, al leer lo declarado por Garduño, pensaría que los agentes se alojaban en un Four Seasons o un hotel igual de lujoso y comían tres veces al día langosta o delicias similares acompañadas de champaña Dom Perignon.

            Pues no: se hospedaban —según acusa el comisionado— en un Holiday Inn, que no es precisamente un alojamiento lujoso. ¿O es que yo mismo soy tan  fifí que el Holiday Inn me parece un hotel aceptable, pero nada lujoso? ¿Cómo vive Garduño? ¿Su casa es más modesta que una habitación del Holiday Inn? Porque él es un hombre de la cuarta transformación y, por tanto, debe predicar —la cuarta transformación abunda en predicadores, empezando por el Presidente— con el ejemplo.

            Los policías federales han tenido que defecar a la intemperie o en retretes atascados de mierda, ingerir comida chatarra sentados en el suelo, patrullar desarmados en unidades descubiertas bajo los inclementes rayos del sol y sin impermeables para cubrirse de las lluvias, ducharse en baños asquerosos. Siempre he creído que lo primero que debe hacerse para que tengamos policías altamente profesionales es respetar la dignidad de sus integrantes. Nunca imaginé que la cuarta transformación les diera un trato infrahumano.

            Hay en la postura de Garduño, por supuesto, un desprecio clasista, pero hay algo más, algo que hemos advertido en los actos del actual gobierno: un oscuro resentimiento, cuyos motivos desconozco, que busca en quienes desquitarse, y que ha perjudicado a muchos mexicanos con la cancelación del nuevo aeropuerto, los comedores populares y el metrobús de La Laguna; los despidos arbitrarios; la reducción o supresión de apoyo a refugios para mujeres maltratadas y a estancias infantiles; los recortes de presupuesto a institutos médicos, hospitales y universidades, y la eliminación de prestaciones y estímulos a académicos, artistas y científicos.

            Se me replicará que el gobierno reencauza las erogaciones a las tres grandes obras que ha anunciado y a las dádivas con propósito clientelar. De acuerdo, pero el reencauzamiento —como lo muestra la declaración de Garduño, tan bajuna que se vio obligado a disculparse— no está exento de un turbio rencor que desde el poder encuentra las ocasiones más propicias para manifestarse.

            Dice una popular copla española:

Igualdad, oigo gritar

al jorobado Torroba.

¿Quiere perder la joroba

o nos quiere jorobar?

Lo que pasa por su cabeza

Ni sus críticos más acérrimos en las tres ocasiones en que fue candidato sospechamos que el ahora presidente llegaría a los extremos que estamos presenciando.

            La primera decisión absurda fue la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto internacional, lo cual nos costará 145 mil millones de dólares. La obra, con avance de 30%, era autofinanciable, detonaría un gran progreso, resolvería el problema de saturación del aeropuerto actual y generaría cientos de miles de empleos. Lo inaudito no fue sólo esa decisión. Se acompañó de una burla: una supuesta consulta a los ciudadanos, en la cual no participó más del uno por ciento del padrón electoral, completamente controlada por el partido en el gobierno, lo que permitió que algunos votaran hasta cinco veces. Fue el principio de una cadena de medidas indefendibles.

            Algunas de esas medidas vulneran nuestra democracia. Se intenta configurar una Suprema Corte supeditada al presidente. Se impusieron a los gobernadores superdelegados que les disputan el poder. Se ha recortado presupuesto a organismos autónomos y se ha calumniado a sus integrantes. Se ha instruido a secretarios de Estado a que violen preceptos constitucionales. Se han anulado las reglas de transparencia en la asignación de recursos y la adjudicación de obra pública.

            Otras dañan directamente a una gran cantidad de mexicanos. Se derogó la reforma educativa anunciándose que la contrarreforma incluirá todo lo que disponga la CNTE, con lo cual se sigue condenando a los niños pobres a una educación deficiente. Se ha despedido arbitrariamente a decenas de miles de trabajadores del Estado. Se ha renunciado a la generación de energía limpia. Se han eliminado fondos destinados a las estancias infantiles, los refugios de mujeres víctimas de violencia familiar, la investigación científica, los programas de innovación de empresas, las becas de estudiantes en el extranjero, el respaldo a pequeños agricultores y el organismo que controla los incendios forestales.

            Mención aparte amerita el desprecio por la salud de todos los que no podrían pagar seguro de gastos médicos, medicamentos caros ni hospitales privados. El gobierno federal ha desaparecido los recursos del programa de detección y atención al cáncer de mama y disminuido en 95% los de la detección y atención al cáncer de pulmón; ha rebajado los de los institutos médicos especializados; ha colocado al IMSS y al ISSSTE en situación de inopia; ha provocado desabasto de medicinas y falta de personal médico.

            Grandes cantidades se destinarán a onerosos proyectos                      ––aeropuerto de Santa Lucía, tren maya, refinería Dos Bocas–– prescindiendo de evaluaciones técnicas e ignorando la opinión de los expertos, y a dádivas con fines clientelares. 350 millones de pesos anuales se dedicarán a la promoción del beisbol ––el deporte favorito del presidente–– en las escuelas.

            Pero el presidente no tolera la crítica, a la que nunca responde con argumentos sino con descalificaciones. Aseveró que las versiones por carencias hospitalarias provenían del hampa del periodismo, y horas después la presidencia difundió una tramposa lista de columnistas y empresas de medios que suscribieron contratos de publicidad                      ––totalmente lícitos–– con el gobierno de Peña Nieto. La lista sólo incluye el 1% de la publicidad oficial de 2017 y mezcla a individuos, como si éstos hubieran recibido a titulo personal los pagos, con empresas.

            Entre los difamados ninguno ha sido objeto de tanta atención por parte del presidente como Pablo Hiriart, periodista de brillante trayectoria, cuestionador agudo y pertinaz que se le ha vuelto una obsesión quizá porque es quien más clara e inobjetablemente ha exhibido sus desfiguros.

            Los despropósitos del presidente han sido reiteradamente señalados. De lo que no se ha escrito es de lo que pasa por su cabeza. Se le llena la boca al proclamar que su gobierno será el de la cuarta transformación de México y que él ya no se pertenece a sí mismo sino al pueblo. ¿Por qué entonces las acciones y omisiones perjudiciales para los menos favorecidos? ¿Por qué no escucha a los expertos ni contesta refutación alguna con razones? ¿Está de veras convencido de que es un iluminado a quien no deben pedirse cuentas ni explicaciones y, por tanto, le incomodan los contrapesos propios de la democracia? Ω

Cuando la vida se vuelve un tormento

Tenemos derecho a la vida, pero no debiera ser una obligación soportarla a cualquier precio. De ahí que razonablemente la eutanasia no deba considerarse delito. Más aún: habría que considerar el acceso a la muerte con asistencia médica como un derecho.

            Pocas escenas me han conmovido tanto. En su domicilio conyugal, en Aravaca, Madrid, Ángel, de 69 años, le dice con delicadeza a María José, de 61, quien padecía esclerosis múltiple desde hacía 30: “Vamos a grabar este video porque es muy importante para que quede constancia…. ¿Sigues con la idea de que quieres suicidarte?”. Ella responde que sí desde la cama en que yace, con notoria dificultad para pronunciar ese solo monosílabo.

            Ángel le pregunta: “¿Sabes que te tengo que ayudar yo? Que no hay nadie más que te pueda ayudar, y además no estaría bien que… Me lo has pedido muchas veces… yo confiaba en que se iba a aprobar lo de la eutanasia, pero claro, visto lo visto… ¿Entonces insistes en que quieres suicidarte?… Vamos a ver: ¿quieres que lo prepare y que lo hagamos mañana?”. Ella no duda: “Sí”. Él expresa una inquietud: “Lo único que me preocupa es que no puedas ingerir el líquido porque tienes problemas de deglución… Te voy a dar lo que con mucho esfuerzo, cuando todavía podías un poco manejar tus manos, conseguiste a través de internet…”. Ella está resuelta: “Sí”.

            Al día siguiente Ángel vuelve a encender la cámara. “Bueno, María José, ha llegado el momento que tanto deseabas. Yo te voy a prestar mis manos, eso que tú no puedes. Primero vamos a probar con un poquito de agua porque no sé si puedes tragar…”. Ella bebe con un popote. Él la mira con infinita ternura: “Pues adelante. A ver, dame la mano que quiero notar la ausencia definitiva de tu sufrimiento. Tranquila, ahora te dormirás enseguida”.

            Después de pasar los videos, la televisión exhibió fotografías de los cónyuges cuando eran jóvenes, estaban sanos y tenían, como suele decirse, toda la vida por delante. María José había sido una mujer bellísima, y Ángel era un hombre apuesto. Se les ve alegres, entusiastas, enamorados.

            Una vez realizado el reiterado deseo de María José, Ángel llamó a la policía, narró lo que había hecho e indicó que quería entregarse.

            La muerte es un mal que nos aterra porque al morir perdemos todo. Pero hay algo peor que la muerte: el sufrimiento atroz, sin esperanza alguna de volver a gozar de los dones que ofrece la vida. No sólo el dolor físico puede alcanzar límites insufribles: también el sicológico, por las condiciones en que se vive y el saber que se seguirá viviendo así por un lapso indeterminado que quizá se alargue por años.

            La vida es un tesoro invaluable si y sólo si podemos disfrutarla. Cuando se vuelve un tormento constante no sólo deja de ser un bien, sino se convierte en un castigo inaguantable. Tenemos derecho a la vida, pero no debiera ser una obligación soportarla a cualquier precio. De ahí que razonablemente la eutanasia no deba considerarse delito. Más aún: habría que considerar el acceso a la muerte con asistencia médica como un derecho, una ampliación del catálogo de los derechos humanos.

            En derecho comparado se prevén dos opciones: la eutanasia directa, que consiste en provocar la muerte del paciente generalmente con una inyección, y la ayuda al suicidio, facilitándole los medios para que él mismo acabe con su vida. En ambos casos se utilizan fármacos de acción rápida e indolora.

            La eutanasia es distinta del derecho del paciente a rechazar los tratamientos y soportes vitales que lo mantienen con vida, rechazo que se puede manifestar ejerciendo la denominada voluntad anticipada —regulada en cerca de la mitad de las entidades del país—, mediante la cual una persona mayor de edad expresa su decisión de ser sometida o no a medios o tratamientos que pretendan prolongar su vida si se encontrara en estado terminal y fuera imposible mantenerla viva de manera natural.

            Quien quiere morir porque su existencia se ha vuelto un infierno y está imposibilitado de quitarse la vida sin ayuda, queda atrapado en una jaula que es su propio cuerpo, el cual no responde a su voluntad. Imponerle la continuación del suplicio a quien se halla en tal situación no es una actitud humanitaria, sino una crueldad sin sentido. Ángel no sólo libró a su mujer de un padecimiento inclemente. Al grabar los diálogos y entregarse a la policía, su conducta trascendió su acto de amor y compasión: mostró ante el mundo lo absurdo y desalmado que es criminalizar la eutanasia en vez de consagrar como un derecho humano el acceso a una muerte médicamente asistida.

No es una comisión de la verdad

La credibilidad de una Comisión de la Verdad depende principalmente de que sus miembros gocen de excelente reputación moral y profesional y de que se garantice su independencia total de cualquier interferencia política.

            La Comisión creada por decreto presidencial “con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad” (Diario Oficial de la Federación, 4 de diciembre de 2018) ha sido llamada por los medios de comunicación, sin que se les haya corregido desde la Oficina de la Presidencia ni desde otra oficina gubernamental, Comisión de la Verdad, pero en ninguna parte del decreto se le denomina de esa manera, y sus características no son las de las comisiones de la verdad que se han integrado y han trabajado en varios países del mundo.

            Esas comisiones —explica la ONU— se constituyen, después de una dictadura o un conflicto armado, para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a violaciones de los derechos humanos. Aunque no establecen responsabilidades individuales, sus investigaciones pueden reunir “evidencia útil para una investigación penal”. No se enfocan en asuntos particulares o en las circunstancias de un suceso específico, sino “cubren periodos más largos de abuso, que a veces duran hasta décadas”. La credibilidad de una Comisión de la Verdad depende principalmente de que sus miembros gocen de excelente reputación moral y profesional y de que se garantice su independencia total de cualquier interferencia política.

            La Comisión instituida en nuestro país para el caso Ayotzinapa no es una Comisión de la Verdad en virtud de que:

a) No se ha constituido después de una dictadura o un conflicto armado;

b) No se ha formado para investigar hechos ocurridos durante un lapso de varios años sino, como el decreto lo indica, para fortalecer el derecho de los familiares de las víctimas de conocer la verdad en un único caso: el de Ayotzinapa, que tuvo lugar durante unas cuantas horas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014;

c) No tiene siquiera la facultad de realizar indagaciones conducentes a aportar “evidencia útil para una investigación penal”. El propósito de su conformación es otorgar la asistencia que los familiares de las víctimas requieran ante la autoridad competente a fin de hacer valer con efectividad el derecho humano a “un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad”;

d) Es dudoso que sus integrantes gocen de excelente reputación profesional. Se indica en el decreto que la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá celebrar convenios que permitan la asistencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero ya tuvimos la amarga experiencia de la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que no aportó nada relevante a la investigación y, por el contrario, se empecinó, contra las evidencias científicas, en negar el incendio en el basurero de Cocula. Cosas veredes: el gobierno federal ha despedido y está despidiendo injustificadamente a decenas de miles de empleados públicos mientras se dispone a erogar millones de pesos para pagar a un grupo que no ha buscado la verdad sino el rédito político, y

e) No está garantizada su independencia total de cualquier interferencia política. Está presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y tendrá representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda. También la integrarán “los familiares de los estudiantes desaparecidos (¿todos los familiares, pues el artículo los así lo indica?) o quien ellos designen que los represente”.

            Para que los familiares estén debidamente informados, ¿hacía falta crear esa Comisión? Para atar los cabos sueltos de la indagatoria, basta cumplir con la recomendación de la CNDH, la cual, como ha reconocido el doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, es producto de un trabajo escrupuloso. Lo más importante de la recomendación es la advertencia de que no se han analizado todos los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula y el río San Juan, ni se ha solicitado el análisis correspondiente, que permitiría la identificación genética de personas cuyos restos fueron calcinados allí. Sería una prueba crucial. No se sabe que el fiscal general haya hecho la solicitud al prestigiado laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria. ¿Por qué?

En nombre del pueblo

Lo que ha tardado años o décadas en construirse se puede destruir en unos cuantos días, por absurda que sea la decisión de aniquilarlo: la reforma educativa, el nuevo aeropuerto internacional, las reglas de transparencia, las medidas para desplegar energías limpias…

            El espléndido artículo de Raúl Trejo Delarbre “Un guión para narrar esta catástrofe” (La Crónica de Hoy, 13 de mayo), da cuenta de los graves retrocesos que está experimentando el país en menos de medio año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

            Sí, tal como lo dice el título del artículo, estamos viviendo una catástrofe que solamente puede negarse desde el fanatismo, el sectarismo más extremo, la servidumbre ideológica o el afán de no caer de la gracia del Presidente para no perder un cargo o determinados privilegios, pues, para él, toda crítica, por bien argumentada que esté, forma parte de la conspiración conservadora contra su gobierno.

            Lo que ha tardado años o décadas en construirse se puede destruir en unos cuantos días, por absurda que sea la decisión de aniquilarlo. La reforma educativa, el nuevo aeropuerto internacional, las reglas de transparencia, las medidas para desplegar energías limpias, el apego a la ley de todo acto de autoridad, las estancias infantiles, los refugios para mujeres víctimas de violencia, el abasto oportuno de medicamentos a enfermos crónicos, los recursos suficientes a institutos médicos que han sido orgullo del país, el respaldo a los discapacitados, el respeto a los derechos de los trabajadores del Estado… son sólo algunos ejemplos de todo aquello que el gobierno ha destruido, eliminado, menguado o vulnerado.

            Como explica Trejo Delarbre, ya que “el presidente se considera a sí mismo vocero, intérprete, representante y protector del pueblo, construye un discurso autojustificatorio y, desde esa perspectiva, irrebatible”. Se pueden causar graves perjuicios a los gobernados invocando como justificación que se está actuando en nombre de esa entidad abstracta que es el pueblo, el pueblo sabio y bueno, como le gusta calificarlo a López Obrador.

            Decenas de miles de trabajadores despedidos, mujeres y niños afectados, discapacitados o pacientes perjudicados, un país que pierde la oportunidad de contar con un aeropuerto de clase mundial y, en cambio, tiene que erogar cantidades estratosféricas por la cancelación de la obra, una población completa a la que se niega un medio ambiente limpio, cientos de miles de niños cuyos padres no pueden pagar colegios particulares condenados a una educación deficiente… todo eso en nombre del pueblo.

            El concepto pueblo ha sido sacralizado, mistificado, elevado a la categoría de divinidad, cuyas decisiones son inapelables. Norberto Bobbio alerta: “… es un concepto ambiguo, que utilizan también todas las dictaduras modernas. Es una abstracción a veces falsa: no está claro a cuántos individuos de los que viven en un territorio abarca el término ‘pueblo’. Las decisiones colectivas no las toma el pueblo, sino los individuos, muchos o pocos, que lo componen”.

            El imprescindible Fernando Savater advierte que el término pueblo “también lo utilizan a veces nacionalistas y colectivistas de todo pelaje para nombrar a una entidad superior y eterna que se opone a cada uno de los ciudadanos de carne y hueso, una especie de diosecillo político que siempre tiene razón por encima de ellos y contra ellos: lo importante es lo que quiera el Pueblo (es decir, lo que dicen que quiere los que hablan en su nombre), más allá de lo que efectivamente quiere cada cual”.

            Nuestro Octavio Paz observa que la verdadera democracia “no consiste sólo en acatar la voluntad de la mayoría sino en el respeto a las leyes constitucionales y a los derechos de los individuos y de las minorías. Ni los reyes ni los pueblos pueden violar la ley ni oprimir a los otros”.

            El terror en que degeneró la Revolución Francesa; los postulados aberrantes y el genocidio del nazismo; las copiosas ejecuciones, las deportaciones masivas, los juicios grotescos, las muertes por inanición y los crímenes contra la cultura del stalinismo y del maoísmo; la gigantesca carnicería de Pol Pot; el encarcelamiento y los fusilamientos de disidentes no violentos y las persecuciones contra homosexuales en la Cuba castrista; el sojuzgamiento de las instituciones públicas, el encarcelamiento de opositores y la cancelación de libertades en la Venezuela chavista… todo eso —y tantas otras tropelías infames— se ha hecho invocando la voluntad del pueblo, que en realidad es la voluntad de quienes en un momento determinado detentan el poder.

Amado Nervo

El poeta expresó, con emotividad y magnifica calidad literaria, muchos de los anhelos, ansiedades, angustias, dudas, deseos, ensueños, inquietudes, temores, tristezas y tormentos que han desvelado y sacudido a mujeres y hombres de todos los tiempos.

            En mi hogar infantil, la casa donde vivía con mis padres y mis hermanos, no había libros. Sin embargo, desde primero de secundaria me aficioné a visitar las librerías de viejo del centro, en las que abundaban títulos que me parecían muy atractivos a un precio accesible para un adolescente que recibía de domingo una muy módica cantidad.

            El primer libro que leí fue Plenitud, de Amado Nervo, que me dejó cautivado. Supe que la lectura sería uno de mis grandes placeres y que quedaba emplazado a leer el resto de la obra del autor de ese mi primer libro. En Plenitud, Nervo comparte su comprensión del arte de la buena vida en una época en la que no proliferaban los libros de autoayuda. Muestra en esas páginas su cabal entendimiento de que la vida es un tesoro no renovable y de brevísima duración, por lo que es indispensable saber paladearla plenamente. Cada una de sus consideraciones me hizo reflexionar en mí mismo a una edad en la que se iniciaba mi adolescencia y todo me parecía confuso y extraño.

            En ese libro y en el resto de los del poeta nayarita encontré una sensibilidad exquisita e intensa, un espíritu elegante e inquieto, un misticismo sublime que convivía con una sensualidad desbordante, una imaginación sin fronteras, una intuición aguda para vislumbrar aquello que no percibimos con los sentidos. Todo eso, que lo caracterizaba como un hombre extraordinario, quedó magistralmente manifestado en la poesía y la prosa de Amado Nervo.

            Décadas después de su muerte se puso de moda, en los círculos académicos e intelectuales, tildarlo de cursi. Siempre olfateé en esos juicios cierto tufillo de envidia. La poesía casi nunca ha sido demasiado popular, y no ha habido un poeta más popular ni más querido que Amado Nervo. Escribió el bardo argentino Baldomero Fernández Moreno: Cierra un poco la puerta de la calle. Amado Nervo ha muerto. Estáis de luto todas las mujeres.

            Por supuesto, que un escritor sea popular no significa que sea un buen escritor. Pero Amado Nervo expresó, con emotividad y magnifica calidad literaria, muchos de los anhelos, ansiedades, angustias, dudas, deseos, ensueños, inquietudes, temores, tristezas y tormentos que han desvelado y sacudido a mujeres y hombres de todos los tiempos.

            De ahí el gigantesco homenaje —el más grande jamás brindado a un escritor— que se le tributó al morir, hace 100 años, en todos los países de habla hispana. En todas las ciudades por donde pasaba el féretro, traído a nuestro país desde Montevideo en barco, multitudes salían a darle el último adiós con admiración y pesar. Esa veneración no fue producto de la publicidad. No había entonces televisión. Un escritor no era admirado por salir en pantalla o dar entrevistas sino porque sus admiradores habían leído su obra.

            Me conmueve en Amado Nervo la ardiente tensión entre su inclinación al ascetismo, los sobresaltos eróticos que lo asaltaron siempre, su pasión amatoria y su aspiración de encontrarse con Dios. Al leer al teólogo Thomas de Kempis parece dispuesto a renunciar a los labios que al beso invitan, pero no deja de estremecerse al contemplar la rara belleza, el ritmo en el paso, la innata realeza de porte o las formas bajo el fino tul de las mujeres tentadoras.

            Se atormenta entre la obsesión de castidad y las tentaciones de Eros. ¡Retírate! He bebido de tu cáliz, y por eso / mis labios ya no saben dónde poner su beso… Se dice dispuesto a acudir al llamado de Dios sin volver siquiera la mirada para mirar a la mujer amada, pero al morir Ana Cecilia Dailliez, su más grande amor, sopesa la posibilidad de suicidarse para reunirse con ella en el más allá y sólo desecha esa idea ante el miedo de perderla para siempre por el pecado de quitarse la vida.

            Su devoción por Ana Cecilia fue absoluta: Todo en ella encantaba, todo en ella atraía: / su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. / El ingenio de Francia de su boca fluía. / Era llena de gracia como el Avemaría. / ¡Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar! Dice Francesco Alberoni que no es que el enamorado imagine fantasiosamente cualidades en el ser amado sino que el enamoramiento hace que descubra en ese ser virtudes reales que los demás no distinguen. Amado Nervo tenía amor y gusto ingentes para el hallazgo de los atributos de su amada.

            Alzo mi copa por ese enorme, irrepetible poeta.

Ombudsman a modo

Luis de la Barreda Solórzano

Sólo desde la mezquindad más detestable puede decirse que la CNDH es un instrumento de falacia y simulación: lo que han logrado esa Comisión y sus homólogas locales en la lucha contra las arbitrariedades perpetradas desde el poder es ampliamente conocido.

            Las comisiones públicas de derechos humanos han jugado un papel relevante en la promoción y la defensa de esos derechos, los cuales constituyen uno de los productos más valiosos de nuestro proceso civilizatorio. Centenas de miles de víctimas de abusos de poder, con el apoyo de tales organismos, han transitado de una actitud de resignación resentida a otra de coraje activo ante esos abusos, pues han constatado que pueden ser combatidos exitosamente. Sigue leyendo

La pasión sectaria

Sólo su verdad es válida. No necesita defenderla con razonamientos: es axiomática. La apoya el pueblo sabio y bueno, y eso la hace invulnerable a cualquier cuestionamiento, a cualquier refutación.

            Es un ejemplo acabado de sectarismo autoritario. Lo anima el afán de destruir todo lo anterior a su gobierno, por valioso o benéfico que haya sido y siga siendo. No le importan los dictámenes de los expertos ni la voz de analistas cuyo prestigio se sustenta en la sensatez y la honradez intelectual de sus reflexiones.

            Guiado por esa pasión sectaria, echó a la basura, sin contemplaciones, la gran obra del nuevo aeropuerto internacional, que llevaba un tercio de avance, su conclusión era autofinanciable, resolvería el grave problema de insuficiencia de la terminal aérea actual, generaría cientos de miles de empleos y significaría un colosal progreso para el país.

            Pero la obra había sido concebida e iniciada por un gobierno anterior. Era razón suficiente para desecharla. No lo disuadió que los especialistas más autorizados, con base en estudios rigurosos, manifestaran categóricamente que esa era la mejor opción para el país en cuanto a capacidad de vuelos y condiciones de comodidad y seguridad para tripulaciones y pasajeros.

            Inducido por esa obsesión, recortó el presupuesto de los institutos médicos que son un orgullo de México y que tanto han hecho por la salud de los mexicanos; canceló el apoyo a los refugios de mujeres víctimas de violencia, que han salvado a tantas del infierno cotidiano e incluso de la muerte, y el financiamiento a las estancias infantiles, gracias a las cuales decenas de miles de mujeres han podido trabajar o estudiar con la tranquilidad de que sus hijos pequeños estaban bien cuidados, bien alimentados y recibían educación impartida por profesionales; eliminó comedores populares que daban alimentación nutritiva a medio millón de los más pobres entre los pobres, y renunció a las fuentes de energía limpia.

            Carece del brillo y la cultura de otros líderes que han cautivado a las multitudes. Su discurso es cansino, gris, infestado de muletillas y lugares comunes. No ha defendido sus ideas, sus programas y sus acciones con argumentos, sino con el fácil recurso de descalificar a todos sus críticos: conservadores, prensa fifí… y nada más, porque tampoco en las adjetivaciones ha sido ingenioso.

            Su visión del país, del mundo y de la historia es esquemáticamente estrecha. Sus certezas son las que pregonaban los libros de texto de educación básica de mediados del siglo pasado. Sus héroes son de bronce, exentos de los claroscuros que caracterizan a los seres humanos.

            Sólo su verdad es válida. No necesita defenderla con razonamientos: es axiomática. La apoya el pueblo sabio y bueno, y eso la hace invulnerable a cualquier cuestionamiento, a cualquier refutación. Él escucha la voz del pueblo y eso lo hace transitar por el camino correcto.

            Sólo él, quienes están en su equipo y quienes lo apoyan son honestos. Su honestidad no puede ponerse en duda. En consecuencia, se puede asignar obra pública sin licitación, pues sus acciones no tienen por qué sujetarse a las normas de transparencia y rectitud que suelen regir en el Estado de derecho. Lo que en otros gobiernos le parecía escandaloso, en el suyo es aceptable porque su honestidad es indiscutible.

            Está poseído por la oscura soberbia del fariseo, del poseído por el delirio de estar cumpliendo una tarea mesiánica. Arde en su mente y en su corazón el regocijo por la propia intolerancia, alimentada por la certeza de su infalibilidad. No se deleita en la polémica, pues no polemiza, para lo cual se requiere argumentar, sino en el anatema contra quienes fulmina cada mañana, ante las cámaras de todo el país, con sus juicios inapelables. El anatema es el mayor placer de todo sectario.

            En su perspectiva de “conmigo incondicionalmente o contra mí”, aborrece no sólo a todos los gobiernos que desde su punto de vista adoptaron en su gestión el modelo neoliberal, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, a las que acusa indiscriminadamente de corruptas y al servicio de los poderosos. El Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social —¡agggh!— le inspiran un aprecio que no les tiene a aquellas organizaciones, sin las que, por decirlo con las palabras de Ángeles Mastretta, “México sería mucho menos habitable de lo que es”, pues las integra “gente que corrige con sus acciones el día a día, que salva a otros de la desgracia, que libera, que construye…” (Nexos, abril de 2019).