Un desdén significativo

Sin ofrecer ninguna explicación pública, el Presidente se negó a escuchar el informe de Luis Raúl González, quien, tras numerosas gestiones, sólo pudo presentarlo ante la secretaria de Gobernación, sin la cobertura de informes pasados, pues la presencia del Presidente le daba a la ceremonia una alta relevancia mediática.

            Jamás, en sus 29 años de existencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había sido objeto del desprecio con que ahora la agravió el Presidente de la República. Año con año, el titular de la Comisión rendía su informe ante el titular del Ejecutivo, y éste tenía que escuchar señalamientos que no le resultaban gratos porque aludían a hechos y situaciones lesivos de los derechos fundamentales.

            El Presidente tenía que tragarse el sapo y, como al acto asistían todos los medios de comunicación, los cuales le concedían un importante espacio al informe, el conjunto de los ciudadanos se enteraba de lo que estaba pasando en un tema tan relevante. Así pues, la desatención del Presidente no fue sólo con el ombudsman, sino con toda la ciudadanía.

            Sin ofrecer ninguna explicación pública, el Presidente se negó a escuchar el informe de Luis Raúl González, quien, tras numerosas gestiones, sólo pudo presentarlo ante la secretaria de Gobernación, sin la cobertura de informes pasados pues, como ya apunté, la presencia del Presidente le daba a la ceremonia una alta relevancia mediática.

            El Presidente hubiera podido asistir al informe y, tras escuchar algunas verdades amargas, podía decir, como lo ha hecho una y otra vez, que él tenía otros datos o que las situaciones violatorias de derechos humanos se debían a las administraciones anteriores, pero que ahora, en virtud de que él está en la Presidencia, todo eso se enmendaría.

            Pero sencillamente el Presidente no quiso que nada turbara su tranquilidad. Sabía que, a pesar de su desdén, a la mañana siguiente, en su conferencia de prensa mañanera, los bien portados reporteros que acuden todos los días a cubrirla no le harían ningún cuestionamiento al respecto. ¡Por fortuna no estaría entre ellos Jorge Ramos ni ningún otro periodista díscolo!

            Con su actitud, el Presidente confirmó, una vez más, su antipatía por la causa de los derechos humanos, los organismos autónomos y reglas básicas del Estado de derecho. ¿Por qué el ombudsman lo iba a incomodar mencionando en su presencia cosas nada agradables? Ya ha demostrado en repetidas ocasiones que toda crítica le incomoda, que prefiere los aplausos del pueblo bueno en los mítines de las plazas públicas.

            El Presidente no tuvo que escuchar, por ejemplo, que varias de sus decisiones vulneran los derechos humanos o debilitan su defensa: la falta de apoyo a las estancias infantiles, a los refugios para mujeres maltratadas y a las instancias de atención a personas con discapacidad, y la descalificación a organizaciones de la sociedad civil, a periodistas y a comunicadores.

            En su informe, el ombudsman nacional pone énfasis en la grave crisis que enfrenta el sector salud por falta de recursos presupuestales, materiales y de personal. El combate a la corrupción y la reasignación de recursos —advierte Luis Raúl González— “no puede implicar que se suspenda o se ponga en riesgo la atención que es debida a los pacientes, así como el acceso a los tratamientos y medicinas a los que tengan derecho”. El Estado no puede dañar con acciones u omisiones la salud de las personas.

            Una de las conclusiones del informe es particularmente inquietante: en la medida que se debilitan las instituciones —que conforman un medio de control para evitar las arbitrariedades perpetradas desde el poder—, se abre la puerta para que la actuación del Estado sea más discrecional y la vigencia de las normas se diluya.

            Nada de eso tuvo que escuchar el Presidente. ¿Por qué pasar un mal rato? Como observa Héctor de Mauleón: “López Obrador quiso evitar que le dijeran esto en público. Ya se sabe: no le gustan los contrapesos” (El Universal, 4 de junio). Es mejor oír los elogios de sus incondicionales.

            Organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos consideraron preocupante y desalentador que el titular del Poder Ejecutivo se negara a escuchar el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En efecto, el desaire al ombudsman de un Presidente con tanto poder produce escalofrío.

            Pero la descortesía, además de preocupante y desalentadora, es significativa: pedagógicamente indica que nadie debe perturbar el ánimo del gobernante que ya no se pertenece a sí mismo, sino al pueblo, así sea con asuntos como el de las violaciones de su gobierno a los derechos humanos.

Ángeles del Apocalipsis

La Luz del Mundo siempre mantuvo una magnífica relación con el poder político. El momento culminante de esa relación ocurrió este mismo año, cuando en Bellas Artes, con asistencia de diputados y senadores, se rindió un insólito homenaje a Naasón Joaquín.

            Dios les reveló en sueños, a uno tras otro, que eran sus nuevos apóstoles, los ángeles del Apocalipsis, privilegiada calidad que Él les otorgaba y en virtud de la cual les asignaba la sagrada misión de fundar y dirigir una nueva iglesia en nombre de Jesucristo.

            Tres generaciones de ángeles en cuerpo de hombre. Eusebio Joaquín tuvo la revelación divina a los 30 años, en 1926, en la cual Dios le indicó que en adelante se llamaría Aarón, como el primer sacerdote de los hebreos. Una segunda revelación ocurrió en 1943: Eusebio Joaquín debía restaurar la primitiva iglesia cristiana. Lo hizo en 1953, en Guadalajara, para lo cual adquirió 14 hectáreas, en las cuales se formó la colonia Hermosa Provincia y se instauró la Luz del Mundo, que muy pronto contó con numerosos seguidores, todos pobres.

            A la muerte de Eusebio Joaquín, en 1964, a los 68 años, la estafeta fue entregada por Dios a su hijo Samuel Joaquín, de 27. Samuel Joaquín nació muerto y su padre le infundió vida haciéndolo superior al resto de los humanos. Bajo su dirección se enviaron misioneros a diversos países para hacer crecer la iglesia. En la década de los ochenta se construyó el actual templo de la Luz del Mundo, que sustituyó al antiguo, el cual había sido levantado en el barrio de San Juan de Dios. El nuevo templo alcanza 80 metros de altura y tiene capacidad para 15 mil personas.

            Samuel Joaquín dirigió la iglesia durante 50 años, hasta su muerte, a la edad de 77, en 2014. Lo relevó, asimismo por designio del Ser Supremo, su hijo Naasón Joaquín García. Para entonces la Luz del Mundo aseguraba que tenía cuatro millones y medio de adeptos. Devotos de varios países del mundo acuden cada 14 de agosto a celebrar la Santa Cena.

            La Luz del Mundo siempre mantuvo una magnífica relación con el poder político. Sus seguidores asistían a los mítines del partido en el poder en turno y votaban por sus candidatos. El momento culminante de esa relación ocurrió este mismo año, cuando en el Palacio de Bellas Artes, con asistencia de diputados y senadores, se rindió un insólito homenaje a Naasón Joaquín García con motivo de su cumpleaños 50.

            La doctrina de la Luz del Mundo sostiene que la Biblia solamente puede ser interpretada por los enviados de Dios, que exclusivamente son varones. Al Apóstol y Ángel del Apocalipsis —sucesivamente Eusebio Joaquín, Samuel Joaquín y Naasón Joaquín— se le considera mediador entre el mundo profano y el mundo sagrado. Sólo a través de él se puede lograr la salvación eterna. Es omnisciente: sabe incluso lo que piensan y sienten los mortales.

            Las mujeres de esta religión deben estar subordinadas a los hombres, usar faldas largas hasta los tobillos, no cortarse el cabello, prescindir de maquillaje y aretes, y entrar con velo al templo, en el cual se ubican separadas de los varones. A éstos corresponde ser proveedores de su familia. A unas y otros se les prohíbe fumar, beber, pronunciar palabras altisonantes, acudir a bailes, al cine o al teatro, ver televisión y escuchar música que no sea de su iglesia.

            Los feligreses no celebran Navidad ni Semana Santa: las únicas celebraciones autorizadas son la Santa Cena y el cumpleaños del líder. Tienen la capacidad de hablar en lenguas —a las mujeres se les concede ese don más generosamente— porque han recibido al Espíritu Santo, lo que prueba que la suya es la única religión verdadera.

            En todos los tiempos han surgido personajes que se han proclamado elegidos de Dios para mostrar a todos la voluntad divina. Eso no es sorprendente. Lo asombroso es que logren el seguimiento incondicional de multitudes. Lo interesante es reflexionar sobre los motivos de esta adhesión absoluta.

            Creo que no todos los humanos sienten que la vida es una fiesta y que incluso —por decirlo con las palabras de Jorge Guillén— respirar, sólo respirar, ya es saber, ya es amor, ya es alegría. Hay quienes están convencidos de que éste es un valle de lágrimas en que habitamos los desterrados hijos de Eva, y necesitan, atormentadamente, que alguien les guíe hacia la luz verdadera y les dé la esperanza de que habrá otra vida en la que alcanzarán la plenitud.

            Es tan ingente esa necesidad, que muchas veces no exigen en su guía virtudes extraordinarias: se las atribuyen, se las inventan aun a individuos mediocres. En ocasiones incluso a canallas.

¿Autocracia o democracia?

Es imprescindible que se mantengan y fortalezcan las instituciones democráticas, la auténtica división de poderes, los contrapesos al gobernante, las reglas de transparencia y los organismos que controlan y supervisan el ejercicio del poder.

            ¿Es posible que los avances democráticos conquistados en un país durante décadas se echen abajo en tan sólo unos cuantos años o, peor aún, en unos cuantos meses? Sí, es posible, y tenemos a la vista un ejemplo muy cercano, el de Venezuela, donde, además de que se ha sometido a la población —salvo a los incondicionales del régimen— a condiciones de vida intolerables que configuran una crisis humanitaria —lo que ha ocasionado que en cuatro años hayan salido del país cuatro millones de habitantes—, la democracia ha sido aniquilada.

            Mucho se ha escrito sobre el desencanto con la democracia en los países de América Latina. El nuestro no es la excepción. Los gobiernos democráticos carecen de fórmulas mágicas para terminar de inmediato con problemas sociales tan complejos y añejos como la pobreza, la marginación, el desempleo, la corrupción, la criminalidad desbordada, la impunidad, la inoperancia de muchas instituciones, la insuficiencia de los servicios públicos, etcétera.

            La democracia tampoco da la felicidad. No concede al enamorado que la persona amada, que le ha negado su amor, caiga rendida en sus brazos; no regala alegría a los aquejados de melancolía pertinaz; no acerca las musas al poeta cuyos versos son invariablemente mediocres; no obsequia elegancia espiritual a los zafios ni talento a los mentecatos; no convierte a una selección nacional de futbol de calidad apenas mediana en campeona del mundo.

            Un gobierno democrático puede ser eficaz o ineficaz, aliviar los problemas sociales o agravarlos, tomar medidas benéficas o perjudiciales para los gobernados. Pero la democracia es el único sistema político que permite  elecciones limpias y transparentes, exentas de manipulaciones tramposas, así como combatir los actos de gobierno abusivos acudiendo al Poder Judicial o a organismos defensores de derechos humanos que resuelvan los casos sin presiones del poder político, con autonomía, profesionalismo y objetividad.

            Por eso es imprescindible que se mantengan y fortalezcan las instituciones democráticas, la auténtica división de poderes, los contrapesos al gobernante, las reglas de transparencia, los organismos que controlan y supervisan el ejercicio del poder, y los que organizan, vigilan y califican imparcial y transparentemente las elecciones. Tales instituciones deben ser fuertes y plenamente autónomas, y no estar sometidas a actos intimidatorios. Sólo así están en condiciones de cumplir con su misión.

            En México se ha logrado erigir instituciones de esa naturaleza, con esas características, las cuales han sido piezas fundamentales para ir avanzando en nuestra democratización. Debilitarlas o controlarlas desde el gobierno, o intimidar a sus integrantes, es atentar contra la democracia. El autócrata sueña con concentrar el poder de tal forma que sus decisiones y acciones no estén sujetas ni a restricciones legales ni a mecanismos regulativos de su poder.

            ¿Qué se quiere: autocracia o democracia? Por la autocracia se inclinarán quienes obtienen o esperan de ella prebendas y quienes tienen vocación de tiranos o de siervos. Por la democracia nos manifestamos quienes tenemos vocación de ciudadanos y estamos convencidos de que todo poder, para no ejercerse despóticamente, requiere contrapesos y sujeción estricta a la ley.

            Quienes creemos en la democracia nos opondremos con toda energía a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté supeditada al Presidente de la República, a que los organismos públicos de derechos humanos desaparezcan para dar lugar a una defensoría —sólo de nombre— complaciente con los abusos de las autoridades, a que se eliminen los organismos electorales de las entidades federativas y que las elecciones sean organizadas y sancionadas por un solo instituto nacional, cuyos integrantes serían designados por la mayoría parlamentaria con que cuentan el partido en el poder y sus aliados. Nos opondremos firmemente porque eso destruiría nuestra democracia.

            ¿No somos mayoría? Los espejismos no duran para siempre. La realidad se va imponiendo a las visiones ideologizadas o ilusorias. La popularidad de un gobierno tiende a disminuir cuando un segmento de sus adeptos empieza a advertir que muchas de sus medidas, además de autoritarias, son insensatas y nocivas no sólo para los opositores, sino también para ellos mismos.

Policías fifís

Los policías federales han tenido que defecar a la intemperie o en retretes atascados de mierda, ingerir comida chatarra sentados en el suelo, patrullar desarmados en unidades descubiertas bajo los inclementes rayos del sol… ducharse en baños asquerosos.

            Todo policía que aspire a dormir en una cama confortable ubicada en una habitación limpia, comer con cubiertos alimentos saludables sentado a la mesa, defecar en un retrete higiénico que pueda descargarse al finalizar la evacuación, ducharse parado en un suelo libre de hongos, lavarse las manos y los dientes en un lavabo aseado o contar con el equipo adecuado al acudir a cumplir con sus tareas… ¡es un policía fifí, característico de los gobiernos neoliberales, que no entiende que ahora tiene el honor de ser un policía de la cuarta transformación!

            No, amables lectores, no he enloquecido, como parecería desprenderse de lo que acaban de leer: lo único que he hecho en el párrafo anterior es reproducir la opinión de Francisco Garduño, flamante comisionado del Instituto Nacional de Migración, quien descalificó las quejas por la situación en que se encuentran los agentes de la Policía Federal enviados a los operativos contra los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.

            Los más ingenuos creíamos que un gobierno que se asume de izquierda, y cuyo máximo titular jura que ya no se pertenece a sí mismo, pues le pertenece al pueblo, aspiraría a que todos los trabajadores tuviesen una vida decorosa tanto en su jornada laboral como en sus horas de descanso. Qué equivocados estábamos: un policía de la cuarta transformación, en opinión de Garduño, jamás debe inconformarse por sus condiciones de trabajo, sean éstas las que fueren. Los agentes que han expresado inconformidad, dice el comisionado, “eran fifís (cuando aún no llegaba la cuarta transformación) y quieren seguir como fifís”.

            A Garduño le escandaliza que quienes ahora duermen a la intemperie o en tiendas de campaña, sobre cartones o tablas, con una temperatura superior a los 35 grados y humedad de 90, en el pasado hayan pernoctado en un hotel y se hayan alimentado del bufet que se ofrece en éste, lo que, a juicio del comisionado, tenía un costo altísimo. Cualquiera, al leer lo declarado por Garduño, pensaría que los agentes se alojaban en un Four Seasons o un hotel igual de lujoso y comían tres veces al día langosta o delicias similares acompañadas de champaña Dom Perignon.

            Pues no: se hospedaban —según acusa el comisionado— en un Holiday Inn, que no es precisamente un alojamiento lujoso. ¿O es que yo mismo soy tan  fifí que el Holiday Inn me parece un hotel aceptable, pero nada lujoso? ¿Cómo vive Garduño? ¿Su casa es más modesta que una habitación del Holiday Inn? Porque él es un hombre de la cuarta transformación y, por tanto, debe predicar —la cuarta transformación abunda en predicadores, empezando por el Presidente— con el ejemplo.

            Los policías federales han tenido que defecar a la intemperie o en retretes atascados de mierda, ingerir comida chatarra sentados en el suelo, patrullar desarmados en unidades descubiertas bajo los inclementes rayos del sol y sin impermeables para cubrirse de las lluvias, ducharse en baños asquerosos. Siempre he creído que lo primero que debe hacerse para que tengamos policías altamente profesionales es respetar la dignidad de sus integrantes. Nunca imaginé que la cuarta transformación les diera un trato infrahumano.

            Hay en la postura de Garduño, por supuesto, un desprecio clasista, pero hay algo más, algo que hemos advertido en los actos del actual gobierno: un oscuro resentimiento, cuyos motivos desconozco, que busca en quienes desquitarse, y que ha perjudicado a muchos mexicanos con la cancelación del nuevo aeropuerto, los comedores populares y el metrobús de La Laguna; los despidos arbitrarios; la reducción o supresión de apoyo a refugios para mujeres maltratadas y a estancias infantiles; los recortes de presupuesto a institutos médicos, hospitales y universidades, y la eliminación de prestaciones y estímulos a académicos, artistas y científicos.

            Se me replicará que el gobierno reencauza las erogaciones a las tres grandes obras que ha anunciado y a las dádivas con propósito clientelar. De acuerdo, pero el reencauzamiento —como lo muestra la declaración de Garduño, tan bajuna que se vio obligado a disculparse— no está exento de un turbio rencor que desde el poder encuentra las ocasiones más propicias para manifestarse.

            Dice una popular copla española:

Igualdad, oigo gritar

al jorobado Torroba.

¿Quiere perder la joroba

o nos quiere jorobar?

Lo que pasa por su cabeza

Ni sus críticos más acérrimos en las tres ocasiones en que fue candidato sospechamos que el ahora presidente llegaría a los extremos que estamos presenciando.

            La primera decisión absurda fue la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto internacional, lo cual nos costará 145 mil millones de dólares. La obra, con avance de 30%, era autofinanciable, detonaría un gran progreso, resolvería el problema de saturación del aeropuerto actual y generaría cientos de miles de empleos. Lo inaudito no fue sólo esa decisión. Se acompañó de una burla: una supuesta consulta a los ciudadanos, en la cual no participó más del uno por ciento del padrón electoral, completamente controlada por el partido en el gobierno, lo que permitió que algunos votaran hasta cinco veces. Fue el principio de una cadena de medidas indefendibles.

            Algunas de esas medidas vulneran nuestra democracia. Se intenta configurar una Suprema Corte supeditada al presidente. Se impusieron a los gobernadores superdelegados que les disputan el poder. Se ha recortado presupuesto a organismos autónomos y se ha calumniado a sus integrantes. Se ha instruido a secretarios de Estado a que violen preceptos constitucionales. Se han anulado las reglas de transparencia en la asignación de recursos y la adjudicación de obra pública.

            Otras dañan directamente a una gran cantidad de mexicanos. Se derogó la reforma educativa anunciándose que la contrarreforma incluirá todo lo que disponga la CNTE, con lo cual se sigue condenando a los niños pobres a una educación deficiente. Se ha despedido arbitrariamente a decenas de miles de trabajadores del Estado. Se ha renunciado a la generación de energía limpia. Se han eliminado fondos destinados a las estancias infantiles, los refugios de mujeres víctimas de violencia familiar, la investigación científica, los programas de innovación de empresas, las becas de estudiantes en el extranjero, el respaldo a pequeños agricultores y el organismo que controla los incendios forestales.

            Mención aparte amerita el desprecio por la salud de todos los que no podrían pagar seguro de gastos médicos, medicamentos caros ni hospitales privados. El gobierno federal ha desaparecido los recursos del programa de detección y atención al cáncer de mama y disminuido en 95% los de la detección y atención al cáncer de pulmón; ha rebajado los de los institutos médicos especializados; ha colocado al IMSS y al ISSSTE en situación de inopia; ha provocado desabasto de medicinas y falta de personal médico.

            Grandes cantidades se destinarán a onerosos proyectos                      ––aeropuerto de Santa Lucía, tren maya, refinería Dos Bocas–– prescindiendo de evaluaciones técnicas e ignorando la opinión de los expertos, y a dádivas con fines clientelares. 350 millones de pesos anuales se dedicarán a la promoción del beisbol ––el deporte favorito del presidente–– en las escuelas.

            Pero el presidente no tolera la crítica, a la que nunca responde con argumentos sino con descalificaciones. Aseveró que las versiones por carencias hospitalarias provenían del hampa del periodismo, y horas después la presidencia difundió una tramposa lista de columnistas y empresas de medios que suscribieron contratos de publicidad                      ––totalmente lícitos–– con el gobierno de Peña Nieto. La lista sólo incluye el 1% de la publicidad oficial de 2017 y mezcla a individuos, como si éstos hubieran recibido a titulo personal los pagos, con empresas.

            Entre los difamados ninguno ha sido objeto de tanta atención por parte del presidente como Pablo Hiriart, periodista de brillante trayectoria, cuestionador agudo y pertinaz que se le ha vuelto una obsesión quizá porque es quien más clara e inobjetablemente ha exhibido sus desfiguros.

            Los despropósitos del presidente han sido reiteradamente señalados. De lo que no se ha escrito es de lo que pasa por su cabeza. Se le llena la boca al proclamar que su gobierno será el de la cuarta transformación de México y que él ya no se pertenece a sí mismo sino al pueblo. ¿Por qué entonces las acciones y omisiones perjudiciales para los menos favorecidos? ¿Por qué no escucha a los expertos ni contesta refutación alguna con razones? ¿Está de veras convencido de que es un iluminado a quien no deben pedirse cuentas ni explicaciones y, por tanto, le incomodan los contrapesos propios de la democracia? Ω

Cuando la vida se vuelve un tormento

Tenemos derecho a la vida, pero no debiera ser una obligación soportarla a cualquier precio. De ahí que razonablemente la eutanasia no deba considerarse delito. Más aún: habría que considerar el acceso a la muerte con asistencia médica como un derecho.

            Pocas escenas me han conmovido tanto. En su domicilio conyugal, en Aravaca, Madrid, Ángel, de 69 años, le dice con delicadeza a María José, de 61, quien padecía esclerosis múltiple desde hacía 30: “Vamos a grabar este video porque es muy importante para que quede constancia…. ¿Sigues con la idea de que quieres suicidarte?”. Ella responde que sí desde la cama en que yace, con notoria dificultad para pronunciar ese solo monosílabo.

            Ángel le pregunta: “¿Sabes que te tengo que ayudar yo? Que no hay nadie más que te pueda ayudar, y además no estaría bien que… Me lo has pedido muchas veces… yo confiaba en que se iba a aprobar lo de la eutanasia, pero claro, visto lo visto… ¿Entonces insistes en que quieres suicidarte?… Vamos a ver: ¿quieres que lo prepare y que lo hagamos mañana?”. Ella no duda: “Sí”. Él expresa una inquietud: “Lo único que me preocupa es que no puedas ingerir el líquido porque tienes problemas de deglución… Te voy a dar lo que con mucho esfuerzo, cuando todavía podías un poco manejar tus manos, conseguiste a través de internet…”. Ella está resuelta: “Sí”.

            Al día siguiente Ángel vuelve a encender la cámara. “Bueno, María José, ha llegado el momento que tanto deseabas. Yo te voy a prestar mis manos, eso que tú no puedes. Primero vamos a probar con un poquito de agua porque no sé si puedes tragar…”. Ella bebe con un popote. Él la mira con infinita ternura: “Pues adelante. A ver, dame la mano que quiero notar la ausencia definitiva de tu sufrimiento. Tranquila, ahora te dormirás enseguida”.

            Después de pasar los videos, la televisión exhibió fotografías de los cónyuges cuando eran jóvenes, estaban sanos y tenían, como suele decirse, toda la vida por delante. María José había sido una mujer bellísima, y Ángel era un hombre apuesto. Se les ve alegres, entusiastas, enamorados.

            Una vez realizado el reiterado deseo de María José, Ángel llamó a la policía, narró lo que había hecho e indicó que quería entregarse.

            La muerte es un mal que nos aterra porque al morir perdemos todo. Pero hay algo peor que la muerte: el sufrimiento atroz, sin esperanza alguna de volver a gozar de los dones que ofrece la vida. No sólo el dolor físico puede alcanzar límites insufribles: también el sicológico, por las condiciones en que se vive y el saber que se seguirá viviendo así por un lapso indeterminado que quizá se alargue por años.

            La vida es un tesoro invaluable si y sólo si podemos disfrutarla. Cuando se vuelve un tormento constante no sólo deja de ser un bien, sino se convierte en un castigo inaguantable. Tenemos derecho a la vida, pero no debiera ser una obligación soportarla a cualquier precio. De ahí que razonablemente la eutanasia no deba considerarse delito. Más aún: habría que considerar el acceso a la muerte con asistencia médica como un derecho, una ampliación del catálogo de los derechos humanos.

            En derecho comparado se prevén dos opciones: la eutanasia directa, que consiste en provocar la muerte del paciente generalmente con una inyección, y la ayuda al suicidio, facilitándole los medios para que él mismo acabe con su vida. En ambos casos se utilizan fármacos de acción rápida e indolora.

            La eutanasia es distinta del derecho del paciente a rechazar los tratamientos y soportes vitales que lo mantienen con vida, rechazo que se puede manifestar ejerciendo la denominada voluntad anticipada —regulada en cerca de la mitad de las entidades del país—, mediante la cual una persona mayor de edad expresa su decisión de ser sometida o no a medios o tratamientos que pretendan prolongar su vida si se encontrara en estado terminal y fuera imposible mantenerla viva de manera natural.

            Quien quiere morir porque su existencia se ha vuelto un infierno y está imposibilitado de quitarse la vida sin ayuda, queda atrapado en una jaula que es su propio cuerpo, el cual no responde a su voluntad. Imponerle la continuación del suplicio a quien se halla en tal situación no es una actitud humanitaria, sino una crueldad sin sentido. Ángel no sólo libró a su mujer de un padecimiento inclemente. Al grabar los diálogos y entregarse a la policía, su conducta trascendió su acto de amor y compasión: mostró ante el mundo lo absurdo y desalmado que es criminalizar la eutanasia en vez de consagrar como un derecho humano el acceso a una muerte médicamente asistida.

No es una comisión de la verdad

La credibilidad de una Comisión de la Verdad depende principalmente de que sus miembros gocen de excelente reputación moral y profesional y de que se garantice su independencia total de cualquier interferencia política.

            La Comisión creada por decreto presidencial “con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad” (Diario Oficial de la Federación, 4 de diciembre de 2018) ha sido llamada por los medios de comunicación, sin que se les haya corregido desde la Oficina de la Presidencia ni desde otra oficina gubernamental, Comisión de la Verdad, pero en ninguna parte del decreto se le denomina de esa manera, y sus características no son las de las comisiones de la verdad que se han integrado y han trabajado en varios países del mundo.

            Esas comisiones —explica la ONU— se constituyen, después de una dictadura o un conflicto armado, para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a violaciones de los derechos humanos. Aunque no establecen responsabilidades individuales, sus investigaciones pueden reunir “evidencia útil para una investigación penal”. No se enfocan en asuntos particulares o en las circunstancias de un suceso específico, sino “cubren periodos más largos de abuso, que a veces duran hasta décadas”. La credibilidad de una Comisión de la Verdad depende principalmente de que sus miembros gocen de excelente reputación moral y profesional y de que se garantice su independencia total de cualquier interferencia política.

            La Comisión instituida en nuestro país para el caso Ayotzinapa no es una Comisión de la Verdad en virtud de que:

a) No se ha constituido después de una dictadura o un conflicto armado;

b) No se ha formado para investigar hechos ocurridos durante un lapso de varios años sino, como el decreto lo indica, para fortalecer el derecho de los familiares de las víctimas de conocer la verdad en un único caso: el de Ayotzinapa, que tuvo lugar durante unas cuantas horas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014;

c) No tiene siquiera la facultad de realizar indagaciones conducentes a aportar “evidencia útil para una investigación penal”. El propósito de su conformación es otorgar la asistencia que los familiares de las víctimas requieran ante la autoridad competente a fin de hacer valer con efectividad el derecho humano a “un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad”;

d) Es dudoso que sus integrantes gocen de excelente reputación profesional. Se indica en el decreto que la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá celebrar convenios que permitan la asistencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero ya tuvimos la amarga experiencia de la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que no aportó nada relevante a la investigación y, por el contrario, se empecinó, contra las evidencias científicas, en negar el incendio en el basurero de Cocula. Cosas veredes: el gobierno federal ha despedido y está despidiendo injustificadamente a decenas de miles de empleados públicos mientras se dispone a erogar millones de pesos para pagar a un grupo que no ha buscado la verdad sino el rédito político, y

e) No está garantizada su independencia total de cualquier interferencia política. Está presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y tendrá representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda. También la integrarán “los familiares de los estudiantes desaparecidos (¿todos los familiares, pues el artículo los así lo indica?) o quien ellos designen que los represente”.

            Para que los familiares estén debidamente informados, ¿hacía falta crear esa Comisión? Para atar los cabos sueltos de la indagatoria, basta cumplir con la recomendación de la CNDH, la cual, como ha reconocido el doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, es producto de un trabajo escrupuloso. Lo más importante de la recomendación es la advertencia de que no se han analizado todos los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula y el río San Juan, ni se ha solicitado el análisis correspondiente, que permitiría la identificación genética de personas cuyos restos fueron calcinados allí. Sería una prueba crucial. No se sabe que el fiscal general haya hecho la solicitud al prestigiado laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria. ¿Por qué?

En nombre del pueblo

Lo que ha tardado años o décadas en construirse se puede destruir en unos cuantos días, por absurda que sea la decisión de aniquilarlo: la reforma educativa, el nuevo aeropuerto internacional, las reglas de transparencia, las medidas para desplegar energías limpias…

            El espléndido artículo de Raúl Trejo Delarbre “Un guión para narrar esta catástrofe” (La Crónica de Hoy, 13 de mayo), da cuenta de los graves retrocesos que está experimentando el país en menos de medio año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

            Sí, tal como lo dice el título del artículo, estamos viviendo una catástrofe que solamente puede negarse desde el fanatismo, el sectarismo más extremo, la servidumbre ideológica o el afán de no caer de la gracia del Presidente para no perder un cargo o determinados privilegios, pues, para él, toda crítica, por bien argumentada que esté, forma parte de la conspiración conservadora contra su gobierno.

            Lo que ha tardado años o décadas en construirse se puede destruir en unos cuantos días, por absurda que sea la decisión de aniquilarlo. La reforma educativa, el nuevo aeropuerto internacional, las reglas de transparencia, las medidas para desplegar energías limpias, el apego a la ley de todo acto de autoridad, las estancias infantiles, los refugios para mujeres víctimas de violencia, el abasto oportuno de medicamentos a enfermos crónicos, los recursos suficientes a institutos médicos que han sido orgullo del país, el respaldo a los discapacitados, el respeto a los derechos de los trabajadores del Estado… son sólo algunos ejemplos de todo aquello que el gobierno ha destruido, eliminado, menguado o vulnerado.

            Como explica Trejo Delarbre, ya que “el presidente se considera a sí mismo vocero, intérprete, representante y protector del pueblo, construye un discurso autojustificatorio y, desde esa perspectiva, irrebatible”. Se pueden causar graves perjuicios a los gobernados invocando como justificación que se está actuando en nombre de esa entidad abstracta que es el pueblo, el pueblo sabio y bueno, como le gusta calificarlo a López Obrador.

            Decenas de miles de trabajadores despedidos, mujeres y niños afectados, discapacitados o pacientes perjudicados, un país que pierde la oportunidad de contar con un aeropuerto de clase mundial y, en cambio, tiene que erogar cantidades estratosféricas por la cancelación de la obra, una población completa a la que se niega un medio ambiente limpio, cientos de miles de niños cuyos padres no pueden pagar colegios particulares condenados a una educación deficiente… todo eso en nombre del pueblo.

            El concepto pueblo ha sido sacralizado, mistificado, elevado a la categoría de divinidad, cuyas decisiones son inapelables. Norberto Bobbio alerta: “… es un concepto ambiguo, que utilizan también todas las dictaduras modernas. Es una abstracción a veces falsa: no está claro a cuántos individuos de los que viven en un territorio abarca el término ‘pueblo’. Las decisiones colectivas no las toma el pueblo, sino los individuos, muchos o pocos, que lo componen”.

            El imprescindible Fernando Savater advierte que el término pueblo “también lo utilizan a veces nacionalistas y colectivistas de todo pelaje para nombrar a una entidad superior y eterna que se opone a cada uno de los ciudadanos de carne y hueso, una especie de diosecillo político que siempre tiene razón por encima de ellos y contra ellos: lo importante es lo que quiera el Pueblo (es decir, lo que dicen que quiere los que hablan en su nombre), más allá de lo que efectivamente quiere cada cual”.

            Nuestro Octavio Paz observa que la verdadera democracia “no consiste sólo en acatar la voluntad de la mayoría sino en el respeto a las leyes constitucionales y a los derechos de los individuos y de las minorías. Ni los reyes ni los pueblos pueden violar la ley ni oprimir a los otros”.

            El terror en que degeneró la Revolución Francesa; los postulados aberrantes y el genocidio del nazismo; las copiosas ejecuciones, las deportaciones masivas, los juicios grotescos, las muertes por inanición y los crímenes contra la cultura del stalinismo y del maoísmo; la gigantesca carnicería de Pol Pot; el encarcelamiento y los fusilamientos de disidentes no violentos y las persecuciones contra homosexuales en la Cuba castrista; el sojuzgamiento de las instituciones públicas, el encarcelamiento de opositores y la cancelación de libertades en la Venezuela chavista… todo eso —y tantas otras tropelías infames— se ha hecho invocando la voluntad del pueblo, que en realidad es la voluntad de quienes en un momento determinado detentan el poder.

Amado Nervo

El poeta expresó, con emotividad y magnifica calidad literaria, muchos de los anhelos, ansiedades, angustias, dudas, deseos, ensueños, inquietudes, temores, tristezas y tormentos que han desvelado y sacudido a mujeres y hombres de todos los tiempos.

            En mi hogar infantil, la casa donde vivía con mis padres y mis hermanos, no había libros. Sin embargo, desde primero de secundaria me aficioné a visitar las librerías de viejo del centro, en las que abundaban títulos que me parecían muy atractivos a un precio accesible para un adolescente que recibía de domingo una muy módica cantidad.

            El primer libro que leí fue Plenitud, de Amado Nervo, que me dejó cautivado. Supe que la lectura sería uno de mis grandes placeres y que quedaba emplazado a leer el resto de la obra del autor de ese mi primer libro. En Plenitud, Nervo comparte su comprensión del arte de la buena vida en una época en la que no proliferaban los libros de autoayuda. Muestra en esas páginas su cabal entendimiento de que la vida es un tesoro no renovable y de brevísima duración, por lo que es indispensable saber paladearla plenamente. Cada una de sus consideraciones me hizo reflexionar en mí mismo a una edad en la que se iniciaba mi adolescencia y todo me parecía confuso y extraño.

            En ese libro y en el resto de los del poeta nayarita encontré una sensibilidad exquisita e intensa, un espíritu elegante e inquieto, un misticismo sublime que convivía con una sensualidad desbordante, una imaginación sin fronteras, una intuición aguda para vislumbrar aquello que no percibimos con los sentidos. Todo eso, que lo caracterizaba como un hombre extraordinario, quedó magistralmente manifestado en la poesía y la prosa de Amado Nervo.

            Décadas después de su muerte se puso de moda, en los círculos académicos e intelectuales, tildarlo de cursi. Siempre olfateé en esos juicios cierto tufillo de envidia. La poesía casi nunca ha sido demasiado popular, y no ha habido un poeta más popular ni más querido que Amado Nervo. Escribió el bardo argentino Baldomero Fernández Moreno: Cierra un poco la puerta de la calle. Amado Nervo ha muerto. Estáis de luto todas las mujeres.

            Por supuesto, que un escritor sea popular no significa que sea un buen escritor. Pero Amado Nervo expresó, con emotividad y magnifica calidad literaria, muchos de los anhelos, ansiedades, angustias, dudas, deseos, ensueños, inquietudes, temores, tristezas y tormentos que han desvelado y sacudido a mujeres y hombres de todos los tiempos.

            De ahí el gigantesco homenaje —el más grande jamás brindado a un escritor— que se le tributó al morir, hace 100 años, en todos los países de habla hispana. En todas las ciudades por donde pasaba el féretro, traído a nuestro país desde Montevideo en barco, multitudes salían a darle el último adiós con admiración y pesar. Esa veneración no fue producto de la publicidad. No había entonces televisión. Un escritor no era admirado por salir en pantalla o dar entrevistas sino porque sus admiradores habían leído su obra.

            Me conmueve en Amado Nervo la ardiente tensión entre su inclinación al ascetismo, los sobresaltos eróticos que lo asaltaron siempre, su pasión amatoria y su aspiración de encontrarse con Dios. Al leer al teólogo Thomas de Kempis parece dispuesto a renunciar a los labios que al beso invitan, pero no deja de estremecerse al contemplar la rara belleza, el ritmo en el paso, la innata realeza de porte o las formas bajo el fino tul de las mujeres tentadoras.

            Se atormenta entre la obsesión de castidad y las tentaciones de Eros. ¡Retírate! He bebido de tu cáliz, y por eso / mis labios ya no saben dónde poner su beso… Se dice dispuesto a acudir al llamado de Dios sin volver siquiera la mirada para mirar a la mujer amada, pero al morir Ana Cecilia Dailliez, su más grande amor, sopesa la posibilidad de suicidarse para reunirse con ella en el más allá y sólo desecha esa idea ante el miedo de perderla para siempre por el pecado de quitarse la vida.

            Su devoción por Ana Cecilia fue absoluta: Todo en ella encantaba, todo en ella atraía: / su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. / El ingenio de Francia de su boca fluía. / Era llena de gracia como el Avemaría. / ¡Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar! Dice Francesco Alberoni que no es que el enamorado imagine fantasiosamente cualidades en el ser amado sino que el enamoramiento hace que descubra en ese ser virtudes reales que los demás no distinguen. Amado Nervo tenía amor y gusto ingentes para el hallazgo de los atributos de su amada.

            Alzo mi copa por ese enorme, irrepetible poeta.

Ombudsman a modo

Luis de la Barreda Solórzano

Sólo desde la mezquindad más detestable puede decirse que la CNDH es un instrumento de falacia y simulación: lo que han logrado esa Comisión y sus homólogas locales en la lucha contra las arbitrariedades perpetradas desde el poder es ampliamente conocido.

            Las comisiones públicas de derechos humanos han jugado un papel relevante en la promoción y la defensa de esos derechos, los cuales constituyen uno de los productos más valiosos de nuestro proceso civilizatorio. Centenas de miles de víctimas de abusos de poder, con el apoyo de tales organismos, han transitado de una actitud de resignación resentida a otra de coraje activo ante esos abusos, pues han constatado que pueden ser combatidos exitosamente. Sigue leyendo

La pasión sectaria

Sólo su verdad es válida. No necesita defenderla con razonamientos: es axiomática. La apoya el pueblo sabio y bueno, y eso la hace invulnerable a cualquier cuestionamiento, a cualquier refutación.

            Es un ejemplo acabado de sectarismo autoritario. Lo anima el afán de destruir todo lo anterior a su gobierno, por valioso o benéfico que haya sido y siga siendo. No le importan los dictámenes de los expertos ni la voz de analistas cuyo prestigio se sustenta en la sensatez y la honradez intelectual de sus reflexiones.

            Guiado por esa pasión sectaria, echó a la basura, sin contemplaciones, la gran obra del nuevo aeropuerto internacional, que llevaba un tercio de avance, su conclusión era autofinanciable, resolvería el grave problema de insuficiencia de la terminal aérea actual, generaría cientos de miles de empleos y significaría un colosal progreso para el país.

            Pero la obra había sido concebida e iniciada por un gobierno anterior. Era razón suficiente para desecharla. No lo disuadió que los especialistas más autorizados, con base en estudios rigurosos, manifestaran categóricamente que esa era la mejor opción para el país en cuanto a capacidad de vuelos y condiciones de comodidad y seguridad para tripulaciones y pasajeros.

            Inducido por esa obsesión, recortó el presupuesto de los institutos médicos que son un orgullo de México y que tanto han hecho por la salud de los mexicanos; canceló el apoyo a los refugios de mujeres víctimas de violencia, que han salvado a tantas del infierno cotidiano e incluso de la muerte, y el financiamiento a las estancias infantiles, gracias a las cuales decenas de miles de mujeres han podido trabajar o estudiar con la tranquilidad de que sus hijos pequeños estaban bien cuidados, bien alimentados y recibían educación impartida por profesionales; eliminó comedores populares que daban alimentación nutritiva a medio millón de los más pobres entre los pobres, y renunció a las fuentes de energía limpia.

            Carece del brillo y la cultura de otros líderes que han cautivado a las multitudes. Su discurso es cansino, gris, infestado de muletillas y lugares comunes. No ha defendido sus ideas, sus programas y sus acciones con argumentos, sino con el fácil recurso de descalificar a todos sus críticos: conservadores, prensa fifí… y nada más, porque tampoco en las adjetivaciones ha sido ingenioso.

            Su visión del país, del mundo y de la historia es esquemáticamente estrecha. Sus certezas son las que pregonaban los libros de texto de educación básica de mediados del siglo pasado. Sus héroes son de bronce, exentos de los claroscuros que caracterizan a los seres humanos.

            Sólo su verdad es válida. No necesita defenderla con razonamientos: es axiomática. La apoya el pueblo sabio y bueno, y eso la hace invulnerable a cualquier cuestionamiento, a cualquier refutación. Él escucha la voz del pueblo y eso lo hace transitar por el camino correcto.

            Sólo él, quienes están en su equipo y quienes lo apoyan son honestos. Su honestidad no puede ponerse en duda. En consecuencia, se puede asignar obra pública sin licitación, pues sus acciones no tienen por qué sujetarse a las normas de transparencia y rectitud que suelen regir en el Estado de derecho. Lo que en otros gobiernos le parecía escandaloso, en el suyo es aceptable porque su honestidad es indiscutible.

            Está poseído por la oscura soberbia del fariseo, del poseído por el delirio de estar cumpliendo una tarea mesiánica. Arde en su mente y en su corazón el regocijo por la propia intolerancia, alimentada por la certeza de su infalibilidad. No se deleita en la polémica, pues no polemiza, para lo cual se requiere argumentar, sino en el anatema contra quienes fulmina cada mañana, ante las cámaras de todo el país, con sus juicios inapelables. El anatema es el mayor placer de todo sectario.

            En su perspectiva de “conmigo incondicionalmente o contra mí”, aborrece no sólo a todos los gobiernos que desde su punto de vista adoptaron en su gestión el modelo neoliberal, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, a las que acusa indiscriminadamente de corruptas y al servicio de los poderosos. El Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social —¡agggh!— le inspiran un aprecio que no les tiene a aquellas organizaciones, sin las que, por decirlo con las palabras de Ángeles Mastretta, “México sería mucho menos habitable de lo que es”, pues las integra “gente que corrige con sus acciones el día a día, que salva a otros de la desgracia, que libera, que construye…” (Nexos, abril de 2019).

Ciudadanía

El Presidente cancela la obra del nuevo aeropuerto internacional y la sustituye por parches a dos aeropuertos… Tan injustificable proceder hubiera lanzado a la calle, en otras latitudes, a ciudadanos indignados, quienes exigirían que se continuara la gran obra.

            En Sobre la tiranía (Galaxia Gutenberg, 2018), el historiador estadunidense Timothy Snyder advierte que la mayor parte del poder del autoritarismo le es otorgado libremente: los individuos se anticipan a lo que querría un gobierno represivo y se ofrecen sin que nadie se los pida. Adaptados de esa manera, están mostrándole al poder lo que es capaz de hacer.

            He recordado esas líneas estremecedoras al observar, con creciente inquietud, la resignación con que en México la ciudadanía, con pocas excepciones, soporta decisiones y acciones del gobierno que, a todas luces, son absurdas, injustas y/o contrarias a los derechos humanos. En otros países con mayor cultura cívica esas medidas hubieran provocado escándalos mayúsculos.

            El Presidente cancela la obra del nuevo aeropuerto internacional y la sustituye por parches a dos aeropuertos, a pesar de las opiniones adversas de expertos en la materia y no obstante que para hacerlo ha tenido que pagar cientos de miles de millones de pesos y que aquella obra satisfaría las necesidades de los pasajeros, propiciaría progreso y generaría cientos de miles de empleos. Tan injustificable proceder hubiera lanzado a la calle, en otras latitudes, a ciudadanos indignados, quienes exigirían que se continuara la gran obra cancelada por capricho o motivos desconocidos.

            El Presidente corta el apoyo a los refugios para mujeres maltratadas y a las estancias infantiles, con lo que lesiona gravemente los derechos humanos de cientos de miles de mujeres, de unas porque les quita la posibilidad de huir del infierno del maltrato doméstico y, de otras, porque las priva de la opción de trabajar o estudiar con la certeza de que sus hijos quedaban en un ambiente seguro y atendidos por personal profesional. En otros países, todo el movimiento feminista hubiera protagonizado una gigantesca y enérgica protesta contra una medida que perjudica a muchas mujeres de una manera tan severa que puede decirse que probablemente les arruine la vida.

            El partido del Presidente avisa que presentará una iniciativa para aumentar una tercera sala a la Suprema Corte de Justicia, la que se ocuparía de asuntos de corrupción, con lo cual el número de ministros llegaría a 16. Como sabe cualquier estudiante de derecho, la Suprema Corte es un tribunal de control constitucional y no de legalidad, como son la inmensa mayoría de los asuntos relacionados con corrupción. En realidad, con la designación de cinco nuevos ministros mediante los turbios procedimientos que hemos ya presenciado en las designaciones de otros organismos, se abre la oportunidad de contar con ministros afines y obedientes en número suficiente para rechazar acciones de inconstitucionalidad. ¿Ese aviso no debió provocar la protesta del presidente de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal e incluso el conjunto de jueces federales y locales, pues implicaba el jaque a la independencia judicial?

            El partido del Presidente anuncia una iniciativa que desaparecería a la CNDH y al resto de los organismos públicos de derechos humanos, los que serían sustituidos por una denominada Defensoría del Pueblo, iniciativa que desconoce la tarea tan importante de esos organismos han llevado a cabo en el combate a los abusos de poder y parece orientada a cancelar la autonomía del ombudsman. ¿No deberían todos los ombudsman del país, los organismos no gubernamentales de derechos humanos y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México alzar la voz con el mayor vigor rechazando con toda contundencia tal iniciativa?

            El Presidente, tras haber sido evidenciado en cuanto a su manejo de las cifras de incidencia de homicidios por el periodista Jorge Ramos                  —¡negaba las propias cifras oficiales!—, señaló en una conferencia mañanera que si los periodistas no son prudentes y “se pasan” ya saben lo que sucede, lo cual no se debe a él, sino a “la gente”. ¿No era de esperarse que todos los reporteros allí presentes y todos los medios de comunicación unieran su reclamo indignado ante una advertencia de intolerancia autoritaria que no sólo justifica las agresiones contra los críticos del gobierno, sino que parece incitar a los agresores?

            Consciente de esa pasividad, el Presidente no reconoce límites de legalidad: ahora pretende derogar la Reforma Educativa ¡con un memorándum!

¿Justicia ilegal?

La orden del Presidente de la República a varios de sus colaboradores de no cumplir disposiciones constitucionales socava gravemente el Estado de derecho y el régimen democrático.

            El Presidente alega que entre la legalidad y la justicia no hay que dudar: debe sacrificarse la primera para que prevalezca la segunda. El alegato suscita preguntas acuciantes: si no es la ley o la resolución judicial la que determina lo que es justo, ¿quién lo va a dictaminar?, ¿cómo puede el ciudadano oponerse a un acto de autoridad que vulnera sus derechos?

            El gobernado interpelaría al gobernante: sus actos son contrarios a derecho y me resultan perjudiciales; si no rectifica, voy a acudir a un juez o a un organismo público de derechos humanos para defenderme de su arbitrariedad. El gobernante respondería: sí, mis actos transgreden normas jurídicas, pero son justos. Esto significa solamente que a él le parecen justos o que así lo indica para justificar sus atropellos.

            Durante la gestión de López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal proliferaron los linchamientos (como proliferan ahora mismo). La Procuraduría General de Justicia capitalina no hizo nada porque fueran castigados a pesar de que la ley le impone el deber de perseguir esos gravísimos delitos. Interrogado al respecto por reporteros, el Jefe de Gobierno sentenció que con los usos y costumbres del pueblo, del México, profundo, era mejor no meterse.

            Tres policías federales que cumplían con su deber fueron quemados vivos en Tláhuac después de ser apaleados con saña por varias horas por una turba. El linchamiento era presenciado en todo el país pues lo transmitían en vivo las dos televisoras más importantes, Televisa y TV Azteca. La muchedumbre sólo interrumpía la paliza para que los policías fueran entrevistados por los reporteros. Ellos suplicaban a sus jefes que los libraran de ese infierno, como era su deber. No se hizo nada por salvarlos: los usos y costumbres por encima de la ley; la barbarie derogatoria del derecho, de los derechos.

            Por supuesto, una ley puede ser injusta, y en ese caso es necesario reformarla o derogarla. Pero esa reforma o derogación debe ser fruto primero de un cuidadoso análisis de los especialistas en la materia y después del proceso legislativo en el que se escuchen y se ponderen las diferentes opiniones de los legisladores.

            Lo que es inaceptable es que el Presidente ordene la desobediencia a normas jurídicas vigentes arguyendo que tales normas son injustas. Se está arrogando una facultad que no le corresponde. Una sola voluntad impera sobre la de decenas de millones de ciudadanos de un país.

            El autoritarismo —el ejercicio del poder sin limitaciones— es enemigo mortal de la democracia, la cual no se limita a la elección de las autoridades mediante el sufragio sino que supone una serie de principios básicos entre los cuales destaca el de la legalidad: todo acto de autoridad debe estar fundado en la ley.

            En el Estado democrático de derecho toda autoridad está obligada a ceñirse a lo que señalan las leyes, y la ley de mayor jerarquía es la Constitución. Por eso los servidores públicos se comprometen cumplir y a hacer cumplir suprema y las leyes que de ella emanen.

            Cuando el titular del Poder Ejecutivo ordena que deje de cumplirse con disposiciones constitucionales está golpeando el corazón del Estado democrático de derecho y está incumpliendo la protesta que hizo al tomar posesión del cargo.

            Los partidos de oposición que creen en la democracia, los organismos defensores de los derechos humanos, quienes gozamos del privilegio de disponer de un espacio en algún medio de comunicación y todos los demócratas debemos alzar la voz: “¡no aceptamos el autoritarismo: las autoridades deben acatar invariablemente la Constitución, las leyes y los reglamentos!”

            La apertura de cauces democráticos en nuestro país ha sido resultado de la convicción y el trabajo paciente de mexicanos decididos a jugar su papel de ciudadanos. No ha sido nada fácil. Nuestra democracia padece deficiencias e insuficiencias inocultables, pero es una democracia —el menos malo de los sistemas de gobierno, entre otras cosas porque ofrece opciones para combatir las arbitrariedades— y puede ir mejorando gradualmente. Es preciso defenderla. Ω

Ahora contra los refugios

Una mujer maltratada no se separará de su verdugo si no dispone de un sitio en el que ella y sus hijos, si los tiene, encuentren hospitalidad, seguridad y apoyo. Seguirá soportando golpes, humillaciones y vejaciones sencillamente porque no dispone de un lugar que le brinde asilo. No todas cuentan con padres o amigos solidarios que les abran las puertas de su casa.

            Permanecer al lado de quien la agrede cotidianamente, dormir con el enemigo, es un infierno. Quien lo ha sufrido o lo ha presenciado lo sabe. En el espacio en el que debería encontrarse cariño y aliento, el hogar, la mujer convive, en vez de con un compañero que la trate bien, con un bárbaro que pisotea cotidianamente su dignidad.

            Muchas mujeres no denuncian el maltrato por temor a las represalias. En efecto, si la mujer denunciante permanece al lado del maltratador corre el riesgo de que éste, lejos de sentirse inhibido por la denuncia, multiplique los actos de sevicia en venganza por haber sido denunciado.

            La constante situación de angustia y temor en que viven las mujeres maltratadas, así como sus hijos, afecta perniciosamente su desarrollo humano, así como la integración del núcleo familiar. La zozobra constante se vuelve una prisión insufrible.

            Encerrada en su casa, en muchos casos la mujer maltratada es la única persona que conoce lo que está pasando. Sus días están poblados de sentimientos tales como la impotencia, porque se siente sobrepasada por los hechos y no ve la solución; la vergüenza, pues se juzga severamente a sí misma, y eso la aísla y la lleva a disimular su estado de ánimo; el miedo por lo que les pueda suceder a ella y a sus hijos, y un profundo malestar, ocasionado por la cólera prohibida y reprimida que la destruye por dentro.

            En virtud de que en México la violencia intrafamiliar ha sido desde siempre un problema de gran magnitud que vulnera severamente los derechos humanos de las víctimas —que en casos extremos llegan a ser asesinadas—, específicamente el derecho a una vida libre de violencia, en sus primeros años de funcionamiento, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal propuso la creación de un albergue para ellas. El 15 de julio de 1997 se inauguró el primer albergue para mujeres maltratadas de la Ciudad de México.

            Desde entonces han proliferado en el país, por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil y manejados por éstas, recintos de esa índole, en los que se brinda a las víctimas atención integral: alimentación, artículos de aseo, servicios médicos, sicológicos, sociales y sicopedagógicos, asesoramiento jurídico, capacitación laboral.

            La Red Nacional de Refugios coordina, organiza y representa a esos refugios, los cuales han permitido a decenas de miles de mujeres transitar de un desesperanzado valle de lágrimas a “otro modo de ser, humano y libre”, por decirlo con las palabras de Rosario Castellanos.

            La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, que aprobó la Plataforma de Pekín, planteó como objetivo estratégico establecer centros de refugio y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios para auxiliar a las mujeres víctimas de violencia y prestarles servicios médicos, sicológicos y de asesoramiento.

            La decisión del gobierno federal de sustituir el financiamiento de esos refugios por la entrega de dinero en efectivo muestra, por una parte, una absoluta ignorancia respecto de la complejidad del problema, y, por otra, una insensibilidad verdaderamente asombrosa.

            A una mujer maltratada de nada le servirá que se le dé una módica cantidad por la violencia de que es objeto. Como ha señalado la Red de Refugios, “esa ayuda económica no sólo no restaura derechos ni salva vidas sino que destruye toda la política pública en materia de violencia sexista”.

            Como el golpe a las estancias infantiles, el que ahora se inflige a los refugios para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar perjudica gravemente la vida de decenas de miles de mexicanas, muchas de las cuales seguramente votaron por Andrés Manuel López Obrador creyendo que con él sus derechos estarían mejor protegidos. Sin embargo, al parecer, al Presidente no le importa demasiado la suerte de esas mujeres.

El Bebe Righi

Nadie en el campus de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales-Acatlán suscitaba esa admiración. Me gustaba verlo pasar rumbo a su salón de clases. La figura enorme, con camisa a cuadros arremangada, pantalón fajado muy abajo, impecable peinado a la Carlos Gardel, amable con todos, caminaba a pasos lentos y rítmicos, con rostro de niño que va ilusionado a cumplir una tarea muy grata.

            Me emocionaba ser compañero de ese hombre que había salido de su país, Argentina, porque un fanatismo criminal no le perdonaba que, en el brevísimo lapso que fue ministro del Interior en el gobierno democrático de Héctor Cámpora, marcara las pautas para construir un Estado de derecho en el que se respetaran los derechos humanos y se atenuaran las injusticias sociales.

            Casi todos los profesores mexicanos de derecho penal desconocían las teorías contemporáneas; ni siquiera sabían de la obra innovadora de Welzel, publicada cuatro décadas atrás. El nuevo profesor fue crucial en el aggiornamento de la enseñanza de esa disciplina. Sus clases y conferencias conjugaban conocimiento profundo y actualizado, ingenio, sentido del humor y algo difícil de definir: encanto. Paralelamente, como asesor del procurador de Justicia capitalino impulsó reformas ilustradas a procedimientos penales inquisitoriales. Fue el inicio de la batalla en México contra la tortura, la incomunicación y otros atropellos contra los detenidos.

            El profesor Esteban Righi había tenido que exiliarse como opción única para salvar la vida pero, lejos de ser un hombre amargo o melancólico, su gusto por la vida se evidenciaba con sólo mirarlo. Yo aprendí mucho en sus conferencias y sus artículos de su sapiencia y su maestría argumentativa, pero no me le acercaba porque la admiración me paralizaba. Hombre generoso, fue él quien se acercó a mí al acudir a una charla que impartí, a pesar de que yo era un profesor de 25 años absolutamente desconocido.

            De ahí nació una amistad que he de agradecer siempre a los dioses o al azar. El Bebe Righi —como se le decía por su cara aniñada— fue un ser humano extraordinario. Siendo un héroe vivo, jamás perdió la afabilidad, la antisolemnidad ni el don de saber reírse incluso de sí mismo. Nunca lo escuché predicar, pero de su inteligencia siempre se aprendían cosas buenas sin que eso lo hiciera engreído. Me recordaba los versos de Borges:

No lo turba la fama, ese reflejo

de sueños en el sueño de otro espejo,

ni el temeroso amor de las doncellas.

            En una ocasión, abrumado por ciertas adversidades y con el ánimo sombrío, le confié mi propósito de renunciar al cargo académico que ejercía. Para hacerme desistir, Righi no precisó una larga perorata. Con nueve palabras me dio una lección indeleble:

            –Mirá, querido: nunca tomés decisiones en estado de shock.

            Righi asombraba a sus compañeros profesores mexicanos, abogados solemnes y acartonados, acostumbrados a los eufemismos y circunloquios de un trato que no dice las cosas por su nombre. Una vez el profesor Fernando Labardini le pidió su opinión sobre un colega gris y petulante. Labardini esperaba una respuesta que apenas insinuara el juicio sin decirlo con todas sus letras, al estilo México. Nunca olvidó la contestación de Righi, que lo hizo estallar en carcajadas:

            –Y… ¡es una bestia!

            A Righi le divertía esa característica mexicana que llega a convertir la cortesía en incapacidad para dar una opinión franca e incluso para decir que no:

            –Invitás a un mexicano a comer. Él sabe que no va a ir, pero no te dice que no cuando lo invitás. Un chico declara su amor a una muchacha. A ella no le atrae, pero contesta que lo va a pensar o cualquier otra pavada. No se anima a decirle que no. Es notable.

            Righi salió de su país, pero su país nunca salió de su corazón ni de sus sueños. Volvió al caer la dictadura militar de Videla, reencontró el amor en una mujer excepcional y montó un exitoso despacho de penalistas. Elegido procurador general de la Nación, desempeñó su tarea ejemplarmente y bajo su dirección se llevó a juicio a los criminales de la dictadura. Después renunció al cargo por no ser cómplice de la corrupción del gobierno de Cristina Fernández.

            Righi fue valiente, de buen corazón, escrupulosamente honorable.

Inquisición

Dar los nombres de las personas a quienes se atribuye el financiamiento que arbitrariamente se califica como ilícito, como lo hizo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es un linchamiento mediático que viola el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, y expone al descrédito a los señalados.

            La denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, contra quienes financiaron la serie Populismo en América Latina, es una actitud inquisitorial, un acto autoritario, intolerante, propio de un gobierno autoritario, no de un sistema democrático.

            La denuncia, si no fue ordenada por el Presidente de la República, al menos cuenta con su anuencia, pues la noticia de que se presentaría fue dada durante una de sus conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional, en la cual cedió el micrófono a Nieto para que la anunciara.

            Cuando se publicitaba la serie, el entonces aspirante a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador atribuyó el financiamiento a la mafia en el poder y a un grupo de empresarios ligados a Carlos Salinas de Gortari, y retó a los productores a revelar los nombres de los financiadores. Aseguró que los productores intentaron que distintas cadenas de televisión transmitieran el material, incluidas Fox, Univision, Televisa y TV Azteca, y celebró que no lo hubieran logrado.

            La serie no fue transmitida en televisión sino en internet por Amazon Prime. Se trata de un conjunto de cinco documentales conducidos por la periodista y política guatemalteca Gloria Álvarez, uno de los cuales está dedicado a la trayectoria y la postura políticas de López Obrador. Muy pocos mexicanos la han visto.

            No hay en ese documental calumnia alguna contra el hoy Presidente de México ni la más mínima intromisión en su vida privada. Lo que hay son opiniones, reflexiones y análisis sobre el personaje público. Esos juicios se basan en las declaraciones y las acciones de Andrés Manuel López Obrador, todas las cuales son del conocimiento de todo el mundo.

            Quienes financiaron esa serie no han incurrido al hacerlo en delito alguno. Examinar las ideas, los proyectos y el historial de un candidato o de un servidor público es un ejercicio consustancial a la democracia. Solamente en las dictaduras está prohibido y penalizado realizar, financiar o exhibir trabajos de esa índole.

            Santiago Nieto ha dicho que el financiamiento podría constituir lavado de dinero. La imputación es sumamente grave y gravemente irresponsable. El lavado de dinero consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de conductas delictivas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen normalmente en el sistema financiero. No puede haber lavado de dinero sin la previa comisión de un delito, del cual, hasta ahora, no se conoce prueba alguna.

            Dar los nombres de las personas a quienes se atribuye el financiamiento que arbitrariamente se califica como ilícito, como lo hizo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es un linchamiento mediático que viola el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, y expone al descrédito a los señalados cuando ni siquiera existe una resolución judicial que declare que ha lugar a que se les enjuicie.

            Se trata de una acusación sin fundamento, un juicio sumarísimo en el tribunal inquisitorial en que se han convertido las conferencias mañaneras del Presidente. Ese abuso de poder lesiona nuestra democracia. Un régimen en el que se intimida desde el gobierno el análisis crítico de candidatos o servidores públicos, amagando con sanciones penales a los insumisos, no es un régimen democrático.

            La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la libertad de expresión se puede ver ilegítimamente restringida por condiciones de facto que coloquen directa o indirectamente en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejercen. El amago de una sanción penal contra quienes financiaron unos documentales en los que se ejerce la libertad de expresión los coloca en situación de riesgo —nada menos que el de ser encarcelados––, por lo que constituye un atentado inadmisible contra esa libertad.

            El artículo 7 de nuestra Constitución ordena que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. El artículo 6 señala como únicos límites el ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, la provocación de algún delito o la perturbación del orden público.

Perdón por los tacos

En virtud de que los conquistadores trajeron a nuestra tierra el cerdo y los mexicas o aztecas pusieron la tortilla —interpreta la senadora Jesusa Rodríguez—, cada que alguien saborea unos tacos de carnitas está celebrando la caída de la gran Tenochtitlan. Supongo que el rey de España tendría que pedir perdón a los pueblos indígenas por el goce de ese antojito.

            Creo que nadie en la actualidad cena pozole con carne humana en lugar de carne de cerdo, pero si alguno así lo acostumbrara seguramente la senadora quedaría convencida de que el cenador estaría festejando el auge de aquella ciudad prehispánica.

            Siguiendo la misma línea de razonamiento, cada que Jesusa Rodríguez se identifica con su credencial de electora, su licencia de manejo o su pasaporte, documentos en los que, obviamente, consta su nombre (de otro modo no serían aptos para identificarse), o cada que pronuncia un discurso en el Senado, puesto que, invariablemente, los pronuncia en español, está enalteciendo la conquista española.

            Para no incurrir en tan vergonzoso pecado tendría que cambiar su nombre y adoptar uno náhuatl, lo cual no sólo es jurídicamente viable sino relativamente sencillo acudiendo al Registro Civil, y hablar asimismo en náhuatl, la lengua de nuestros antepasados mexicas, lo cual también es posible, aunque, eso sí, tendría que contar con un traductor, pues, de otro modo, no se haría entender por la inmensa mayoría de los mexicanos.

            Continuando con su interpretación gastronómica, la senadora de Morena, para no encomiar la caída de la metrópoli azteca, tendría que abstenerse del pan, el trigo, el arroz, la cebada, la avena, las naranjas, los limones, las zanahorias, las sandías, los mangos, los duraznos, los melones, las cebollas, los ajos, el aceite de oliva, los vinos y un largo etcétera: todo eso se lo debemos a los conquistadores (también la leche, los quesos, las vacas, las cabras y los borregos, pero se sabe que la legisladora es vegana).

            Por otra parte, si Jesusa estudiara algo más la historia de nuestro país podría aprender que la caída de la gran Tenochtitlan no se debió sólo, ni principalmente, a los españoles. La gran ciudad tenía entonces alrededor de medio millón de habitantes. Era, probablemente, la urbe más grande del mundo en el siglo XVI. En contraste, los españoles llegados con Hernán Cortés eran menos de 400 (Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España).

            Pero los aztecas eran aborrecidos por los pueblos subyugados, por lo que no fue muy difícil juntar a decenas de miles contra el odiado y temido imperio. La caída y destrucción de Tenochtitlan fue el resultado de la animadversión indígena contra la crueldad y la saña de los aztecas, el resultado de un levantamiento multitudinario, el de todos los pueblos entre Veracruz y esa ciudad, contra la opresión del imperio. Un numeroso ejército formado por indígenas comandados por españoles venció a un numeroso ejército de indígenas aztecas.

            A partir de entonces empezó a integrarse un país con un idioma común, el español, una religión común, la católica, un gobierno central, una grandiosa literatura de la que Sor Juana es el más portentoso ejemplo; se inició la investigación científica, la producción de metales; el uso del arado, la carretilla, el pico y la pala; la utilización de la rueda; la imprenta; se erigió una arquitectura de considerable valor estético que mejoró la calidad de vida de los habitantes; se desarrolló la medicina científica; se disfrutó de los beneficios del drenaje y el agua entubada. “En 300 años se formó un país que no existía antes, unificado por idioma, religión y costumbres” (Luis González de Alba, Las mentiras de mis maestros, Cal y Arena).

            Jesusa Rodríguez no existiría —ni ustedes, lectores, ¡gulp!, ni yo— si hace 500 años no se hubiera producido el encuentro entre españoles e indígenas, del que surge un país, México, en un territorio donde no había país alguno, sino un conjunto de pueblos, uno de los cuales, el azteca, avasallaba a los demás.

            Yo sólo aconsejo que los tacos de carnitas se consuman con moderación, pero no por creer que si se devoran desmesuradamente se estaría aplaudiendo la derrota azteca, sino por el saludable propósito de mantener en niveles adecuados el peso y el colesterol.

Conservadores

Por supuesto, él se considera del lado correcto del devenir histórico y, por tanto, se asume liberal, a pesar de lo cual considera que el neoliberalismo ha sido desastroso para el país. En su visión, nuestros males sociales tienen su origen precisamente en el sexenio de Miguel de la Madrid, en el cual se empieza a poner en práctica ese modelo de política económica.

            Pero dejemos de lado esa postura notablemente contradictoria. En estas líneas me interesa dejar en claro que no toda posición conservadora es necesariamente satanizable. Estoy convencido de que todo aquello que posibilita una mejor calidad de vida a los habitantes de una comunidad es plausible, independientemente de que esos beneficios daten de tiempo atrás, en cuyo caso hay que conservarlos, o sean novedosos.

            Los conservadores mexicanos de la segunda mitad del siglo XIX eran contrarios a la reforma del presidente Benito Juárez, la cual logró la muy saludable separación entre Estado e Iglesia y la laicidad del país. Su postura era reaccionaria, pues se oponía a una serie de medidas que significaban un avance social en virtud del cual las instituciones y las leyes civiles quedaban resguardadas de la influencia religiosa. Con el triunfo de los liberales se inicia la construcción del México moderno, laico y republicano.

            Es claro que en ese episodio histórico el conservadurismo de quienes combatían la Constitución liberal y las Leyes de Reforma no resultaba conveniente para el país. Su triunfo hubiera causado un retroceso social. Pero, como apunté, en otras ocasiones lo que se quiere conservar es algo valioso para una sociedad y sus integrantes.

            Ahora mismo, ante el frenesí destructor del flamante gobierno federal, hay normas jurídicas, instituciones, espacios sociales y prácticas que conviene conservar en su integridad, es decir, evitar que sean aniquiladas o debilitadas. El ejemplo reciente más claro es el de las estancias infantiles, cuyo funcionamiento ha permitido a cientos de miles de mujeres y hombres trabajar o estudiar con la tranquilidad de que, mientras lo hacen, sus hijos pequeños quedan en lugares seguros donde reciben buen trato y educación, además de que pueden convivir con otros niños. ¡Por supuesto, eso habría que conservarlo!

            Un ejemplo menos reciente es el de la Reforma Educativa, que, entre otros logros, había conseguido que la asignación de plazas y la promoción de los profesores dependiera de méritos y no estuvieran sujetas a las decisiones de las mafias sindicales. La derogación de esa reforma es un retroceso perjudicial para niños y adolescentes, que ensancha todavía más el inmenso abismo entre la calidad de las escuelas públicas y la de las privadas. La conservación de esa reforma, mejorando o corrigiendo los aspectos que así lo ameritaran, hubiera tenido un carácter evidentemente progresista.

            Vayamos ahora a los avances democráticos que ha tenido el país. Una posición progresista es la que propugna conservarlos y profundizarlos y, por tanto, defiende la división de poderes, el apego estricto de todos los actos de las autoridades a la legalidad, el respeto a las instituciones autónomas, el otorgamiento de obra pública previa la licitación correspondiente, la tolerancia ante la crítica.

            No es un contrasentido la afirmación de que estar por la conservación y la profundización de esos avances es una postura no sólo democrática sino políticamente liberal, tanto como lo es estar a favor de la conservación del Estado laico que instauraron los liberales mexicanos del siglo XIX.

            La verdadera pugna —en la cancha social, política, cívica y económica—, la única relevante, es la que se da entre posiciones progresistas y posturas retrógradas. Las primeras exigen romper con lo que impida u obstaculice los avances sociales y los derechos individuales, y conservar, mejorándolo continuamente, todo aquello que los favorezca. Ω

Mentir

En la decadencia del arte de mentir, Mark Twain advierte: “Nadie podría vivir con alguien que dijera la verdad de forma habitual; por suerte, ninguno de nosotros ha tenido nunca que hacerlo”. Por su parte, Jacques, personaje de El primer hombre, de Albert Camus, cree que la mentira es necesaria para vivir con quienes uno quiere.

            La mentira con frecuencia es un deber de cortesía. Cuando se nos presenta a una persona que no nos suscita en ese primer momento interés ni simpatía, lo cortés es que mintamos: “Mucho gusto”. En ocasiones incluso la mentira puede ser meritoria. Supongan la lectora y el lector que la vecina está siendo golpeada por su esposo (no de usted, de la vecina) y, aprovechando un descuido de éste, logra salir de su departamento, llegar al de usted y pedirle asilo. Usted se lo concede. Un minuto después el cónyuge llega y le pregunta si ha visto a su mujer. ¿Usted la delataría?

            La mentira también puede estar motivada por piadosa condescendencia. Usted se encuentra con una amiga a la que tenía tiempo sin ver. Ella, que es coqueta y fue muy guapa, pero ahora está deteriorada físicamente, le dice que usted luce muy bien y le pregunta, buscando, obviamente, una contestación favorable, que cómo la ve a ella. Si usted no es sádico o fanático de la verdad, le dará una respuesta edulcorada.

            Un dilema dramático es el del médico que descubre que su paciente no tiene remedio y se encuentra en fase terminal, y no se atreve a decírselo crudamente. ¿Podríamos reprobar que le diera una leve esperanza si considerase que con ella podría pasar mejor sus últimos días o abrigara la ilusión de un milagro?

            Pero hay de mentiras a mentiras. Muy interesante es la psique del impostor que se inventa una identidad y una trayectoria vital. Miente para ocupar el centro de la atención y vivir fantasiosamente una vida que reemplace la grisura de la propia. No quiere pasar desapercibido sino ser una figura admirada. El breve espacio de esta columna sólo me permite referirme a dos casos célebres.

            En sus libros, de los cuales el más famoso es El tercer ojo, Lobsang Rampa aseguró que él era la reencarnación de un lama tibetano fallecido, describió sus experiencias en un monasterio del Tíbet y reveló que el tercer ojo fue abierto en su frente dándole el poder de la visión del aura. Cuando se descubrió que el autor nunca había estado en el Tíbet y que en realidad se trataba del inglés Cyril Hoskin, éste ingenió que su cuerpo se hallaba poseído por el espíritu de Lobsang Rampa.

            El francés Jean-Claude Romand hizo creer durante 18 años que era médico e investigador eminente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al despedirse por las mañanas de su esposa en su casa de Prévessin, supuestamente para ir a trabajar, vagaba por autopistas en su automóvil, paseaba por el bosque o disfrutaba de una siesta en el estacionamiento de la OMS. Su alto nivel de vida era sostenido con los ahorros de sus suegros y el dinero que le entregaban amigos creyendo que lo invertía en Suiza. Cuando la simulación estaba a punto de ser descubierta, lo que le resultaba insoportable, mató a tiros a sus hijos y a sus padres y de un golpe a su consorte. El caso dio lugar a películas, documentales y a la crónica El adversario, de Emmanuel Carrère.

            Distinta es la motivación de quienes mienten por ejercer sus obsesiones, salirse con la suya a pesar de las consecuencias desastrosas que originen o vengarse oscuramente quién sabe de qué. Hágase mi voluntad y venga un nuevo diluvio universal.

            El ejemplo más cercano es el del presidente Andrés Manuel López Obrador al “justificar” la cancelación, absurda y sumamente costosa, de la obra del nuevo aeropuerto internacional. Desoyó a los expertos y permitió que Javier Jiménez Espriú mintiera respecto del dictamen de MITRE. Sostuvo que en los contratos de la obra había turbios manejos y que allí se ocultaba huachicol, sin exhibir pruebas ni promover acción alguna para castigar tales actos ilícitos. Y aseguró que en los terrenos de la actual terminal algunos empresarios harían grandes negocios, aseveración inverosímil porque la utilización de esos terrenos, en virtud de que son de propiedad federal, tendría que ser aprobada por su propio gobierno.

Contra mujeres y niños pobres

Por lo que estamos viendo, se trata de aniquilar todo lo que no sea obra de la Cuarta Transformación, sea cual fuere el costo humano, cultural y económico que eso implique. Se trata de un afán delirante de mostrar que nada de lo que se logró antes es valioso.

            Esa actitud es semejante a la del Estado Islámico. En cada territorio tomado, además de llevar a cabo ejecuciones masivas y someter a esclavitud, incluida la sexual, a las mujeres, ha destruido templos, monumentos, bibliotecas, piezas artísticas, museos, tumbas, toda clase de legados culturales e históricos invaluables. La razón: no dejar vestigios de cualquier símbolo que no pertenezca al islam. El gobierno de AMLO parece pretender que no quede en pie nada anterior a su gestión.

            Ahora le ha tocado turno a las estancias infantiles, que tan importantes servicios han prestado a cientos de miles de mujeres y niños pobres. Se les quita presupuesto, salvo a las 75 del presidente del PT, aliado del gobierno, a las que se aumentan 200 millones de pesos, a pesar de que han sido señaladas como un modo de lavado de dinero y algunas de ellas son inexistentes.

            Una gran conquista de las mujeres ha sido la de contar con espacios en los cuales, mientras ellas trabajan o estudian, sus hijos pequeños estén seguros, juegan con otros de la misma edad, aprenden buenos hábitos de higiene, alimentación y convivencia. Esos espacios, nueve mil 500 en el país, han posibilitado que cientos de miles de mujeres (y miles de hombres solos) trabajen o estudien sin dejar a sus hijos abandonados. Muchas de esas mujeres son el único sostén de su hogar. Privarlas de las estancias arruina su vida.

            Es una burla apuntar como solución que a los afectados se les daría dinero en efectivo con el cual podrían pagar a los abuelos por cuidar a los niños. No todos los abuelos están en disposición de cuidar a sus nietos todos los días como una obligación ineludible. Algunos ya murieron. No son pocos los que tienen actividades laborales o de otra índole que no podrían o no querrían dejar. Otros no son aptos para ese cuidado por su salud o su temperamento. Además, no se trata sólo de resguardar a los niños, sino de educarlos desde la primera infancia, crucial en el desarrollo humano. Dando el dinero directamente a los padres, advierte Federico Reyes Heroles, se pierde el control para que los niños sean los beneficiados. Ese dinero podría gastarse, por ejemplo, en bebidas alcohólicas (Excélsior, 11 de enero).

            El argumento de que la medida obedece a los casos de corrupción detectados no resiste el análisis. Si los hay, es deber de las autoridades investigarlos y sancionarlos, pero es insensato tirar el agua sucia de la tina con todo y niño. “Con una lógica similar, para combatir el robo de gasolina (el gobierno) clausuró y emprendió el oneroso y riesgoso programa de transportación en pipas. Esas medidas transfieren a la sociedad el costo de la corrupción”, observa Raúl Trejo Delarbre (La Crónica de Hoy, 11 de enero).

            No sólo los derechos de las mujeres: con la medida se lesionan también severamente los derechos de los niños más pequeños. Nuestra Constitución señala en su artículo 4º: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.

            Al mismo tiempo que infligía un golpe brutal a mujeres, hombres y niños pobres, el Presidente eludía su deber de aplicar la ley desbloqueando las vías férreas obstruidas por la CNTE. En un desplante inaudito, presentó queja por ese bloqueo ante la CNDH para que ésta le indicara qué hacer. ¿No le dijeron sus asesores jurídicos que el ombudsman se ocupa de los actos abusivos de las autoridades y no de instruirlas acerca de sus obligaciones? En todo caso, la queja hubiese procedido contra su gobierno por no cumplir y hacer cumplir la ley como es su deber. Pero propongo que le pregunte a la misma CNDH si no es violatorio de los derechos humanos que cause tan grave daño a cientos de miles de mujeres y niños pobres del país.

Calla y acalla

¿No callaban también los funcionarios y los legisladores del PRI y del PAN ante las barbaridades, los errores y los abusos del Presidente cuando era de su partido? ¿Por qué ahora ha de ser distinto? Es cierto, tú reprochabas airado las decisiones erradas, las tropelías, las simulaciones de los gobiernos pasados, pero no hagas caso de las del actual gobierno, porque los anteriores representaban a la mafia en el poder, a los conservadores, a los fifís, y éste, en cambio, es el gobierno del pueblo.

            ¿Sentiste un retortijón cuando supiste que Napoleón Gómez Urrutia era compañero de ruta? ¿Te escandalizaste —íntima y silenciosamente, claro— al ver que la magna obra del nuevo aeropuerto, con avance de una tercera parte, se tiraba a la basura? ¿Te dio vergüenza que se presentara como consulta popular una votación sin garantía de limpieza en la que participó el 1% de los ciudadanos empadronados? ¿Experimentaste escozor al cancelarse, sin dejar una sola coma, la Reforma Educativa que habían avalado todos los partidos políticos y era un intento de sacar a la educación pública básica de la deplorable situación en que se encuentra?

            ¿Te dio pena que se echara a la calle a decenas de miles de servidores públicos de niveles modestos, quienes seguramente no tienen ahorros para afrontar el desempleo ni contactos para conseguir un nuevo trabajo? ¿Te condoliste de las madres y los niños pobres que se quedaron sin estancias infantiles? ¿Se te indigestó el desayuno porque el gobierno mexicano sigue reconociendo a la tiranía de Maduro? ¿Te inquietaste por el inicio de la cacería de brujas, cuyo primer perseguido es el presidente de la Comisión Reguladora de Energía? ¿Te abochornan los nombramientos de gente sin preparación en el Conacyt y las obras sin licitación?

            No te sientas mal. No eres el único que adopta esa actitud. No ha habido una sola voz discordante entre los actuales funcionarios públicos, ni entre los legisladores o militantes del partido en el gobierno y partidos aliados. Algunas veces, no demasiadas, te ha atacado el insomnio después de un sueño que no aciertas a recordar claramente, pero en el que alguien o algo, quizá una imagen relacionada con tu mutismo, te hizo sentir incómodo. Pero, bueno, así son las pesadillas. No hay que hacerles caso.

            También en vigilia te ha dado alguna punzada. Recordaste la otra tarde aquel verso de José Emilio Pacheco que dice algo así como que somos todo aquello que repudiamos a los 20 años. Te habías topado ya con la tira dominical de Paco Calderón en la que el cartonista dice: “Ahora aplauden todo lo que hace poco decían repudiar: votaciones amañadas, fiscales carnales, leyes a la medida y contentillo, obra pública sin licitación, despidos injustos, contubernio con empresarios, recortes salariales, instituciones y poderes sumisos por no decir abyectos, militares en las calles como policías y ecocidios en reservas naturales”.

            No pudiste evitar esa punzada, pero te tranquilizaste: los poetas son ilusos, y a los dardos sarcásticos de ese cartonista conservador tampoco han escapado los gobiernos del PRIAN. ¿Por qué un verso y unos cartones tendrían que perturbarte? Estás del lado correcto de la historia: 30 millones de votos legitiman el gobierno al que apoyas incondicionalmente y sabes que logrará la cuarta transformación del país.

            Es verdad, no te lo puedes negar a ti mismo: hay cosas del Presidente que te desagradan. Pero no les vas a hacer el juego a los conservadores. ¿La conciencia? Es un concepto burgués. Para lograr las grandes transformaciones históricas hay que hacer a un lado los melindres. ¿Quién puede imaginarse a los soviets con dudas o remordimientos? ¿Acaso el fin no justifica los medios? Así que sigue callando, y mejor acalla tu conciencia fifí.

Náusea

Juan Guaidó acertó al dar su primer mandato al ejército de su país: “Hoy te doy una orden: no dispares al pueblo de Venezuela, a los que de manera clara, constitucional, han salido a defender a tu familia, a tu pueblo, tu trabajo, tu sustento. Hoy, soldado de Venezuela, te doy una orden: no reprimas manifestaciones pacíficas”.

            El mandamiento no podía ser más oportuno, más necesario, más humanitario: es moral y jurídicamente inaceptable que se siga asesinando a quienes protestan en las calles contra el tirano que ha privado a los venezolanos de las libertades democráticas, de alimentos, medicinas e insumos médicos, y ha sumido a su país en una crisis humanitaria.

            Como advierte el siempre meticuloso Raúl Trejo Delarbre (La Crónica de hoy, 28 de enero), Guaidó no se proclamó presidente de su país, como con ignara ligereza han dicho muchos medios de comunicación, pues la Constitución venezolana faculta al presidente de la Asamblea Nacional para asumir la titularidad del gobierno cuando, al terminar la gestión de un presidente, no hay sucesor legítimamente designado.

            En las mentes más pobres el poder genera adicción. No le basta a Nicolás Maduro que su gobierno haya hundido a su patria: está obstinado en seguir gobernando aun cuando su gestión haya sido desastrosa y se sostenga en el poder exclusivamente por el apoyo de la cúpula militar. No le importa el sufrimiento que ha causado: su objetivo es conservar el control del país a cualquier precio.

            Pero, como en los casos de otros gobernantes criminales, no es sólo la adicción lo que hace a Maduro aferrarse al gobierno. Teme por su suerte una vez que sea depuesto. Si se le juzgara por los delitos que ha cometido desde el poder, no le alcanzaría lo que le queda de vida para compurgar la condena que se le impondría. Por eso Guaidó ha anunciado que estaría dispuesto a promover una amnistía que dejaría sin castigo a la camarilla chavista. Lo que importa es que esa pandilla deje de causar daño a Venezuela.

            Por supuesto, al dejar el gobierno, Maduro y sus secuaces no podrían vivir en su propio país. El repudio de sus compatriotas sería tan intenso como atroz han sido los padecimientos de los venezolanos a partir del gobierno de Hugo Chávez. Tendrían que exiliarse. Podrían irse a Cuba, donde seguramente a Maduro se le recibiría como un héroe, a China o a Rusia, y desde allí pregonar que su caída se debió a la intervención del imperialismo yanqui.

            La desesperación de los venezolanos ha llegado a extremos dramáticos. Piensen, la lectora y el lector, la zozobra que les causaría tener que estar al acecho de la comida o la medicina indispensables para subsistir, salir a la calle en un país en el que la incidencia de homicidios dolosos es cuatro veces más alta que la de México —la mitad cometida por la policía—, o separarse de los seres queridos que prefieren escapar de una situación insoportable.

            Por eso, cientos de miles han salido de sus casas a manifestarse contra el dictadorzuelo, venciendo el temor a ser asesinados o detenidos y torturados, pues humanamente no es tolerable que los gobernantes de facto, cómplices de narcoterroristas a los que han dado protección y apoyo, sigan haciendo de las suyas sin que les pesen las penurias de sus gobernados.

            No hay nada seguro sobre lo que sucederá en Venezuela en los próximos días, semanas o meses. El curso de los acontecimientos sociales —como el de la vida de cada ser humano— depende de multitud de circunstancias. La opción deseable es, como ha señalado la Unión Europea, la pronta realización de “elecciones libres, transparentes y creíbles, de acuerdo con los estándares democráticos internacionales”.

            La postura del gobierno mexicano es deplorable. El viva México en los labios del tirano me provocó náusea: es un agravio para los mexicanos que creemos en los valores democráticos y en los valores éticos. Nuestro gobierno se ha alineado con los regímenes autoritarios en vez de tomar partido por la ciudadanía venezolana y la causa de los derechos humanos.

            No se alzó en el partido gobernante ni en sus partidos aliados una sola voz contraria a esa postura, lo que muestra que el poder no sólo tiene adictos sino también incondicionales. Me da miedo.

Creencias

Un inmenso porcentaje de los seres humanos suele aferrarse a sus opiniones, aun cuando se les presenten datos irrefutables que las contradigan. Más aún: cuando les son exhibidas pruebas inequívocas en contra de sus creencias, se afianzan en ellas.

            Hay quienes juran que el hombre nunca llegó a la luna. Se basan en que la bandera que clavó Armstrong se movía aun cuando la ausencia de atmósfera en la luna hace que no haya viento; la huella dejada por ese astronauta no se explica dada la sequedad del suelo lunar; en las fotos no se ven las estrellas, y no se observa ningún cráter bajo el módulo de descenso cuando alunizó.

            Las conjeturas han sido refutadas: la bandera se movía por la inercia; el polvo lunar es similar a la ceniza volcánica, por lo que sí pueden haber huellas en él; las estrellas no se ven porque la luz era demasiado débil para ser captada por la cámara, y no se formó un cráter porque el módulo descendió tan lentamente que sólo levantó polvo. No importa la refutación a los convencidos de que todo fue una farsa.

            Los enemigos de las vacunas piensan que las grandes farmacéuticas están corrompidas y sólo buscan ganancias. Siguen sosteniendo que las vacunas causan autismo, no obstante que el único estudio en que se aseveraba tal cosa fue contundentemente desmentido y su autor acusado de fraude. Parecen ignorar que la vacunación ha erradicado enfermedades graves y salvado millones de vidas.

            Los creacionistas de la tierra joven rechazan las pruebas de la evolución que se recaban de los fósiles y el ADN porque afirman que se trata de argucias cuyo único fin es socavar la fe religiosa: esos fósiles son falsos. La verdad está en el Génesis: Yahvé completó toda la creación en seis días. Desde el principio de los tiempos los seres humanos coexistieron, por ejemplo, con los dinosaurios.

            Quienes atribuyen el asesinato de Colosio a un complot descalifican, sin haberlos leído jamás, los sólidos informes de los exfiscales del caso Olga Islas y Luis Raúl González Pérez —en los que se demuestra que el crimen se debió a un tirador solitario y delirante—, sencillamente porque les parece que un candidato presidencial no puede ser asesinado sino como producto de una elaborada conspiración. Miguel Ángel Granados Chapa sostuvo que no había un solo Mario Aburto ¡sino tres, dos con falsa identidad, que las autoridades intercambiaron!

            Quienes defienden al gobierno de Nicolás Maduro, no obstante, los asesinatos de manifestantes, la hambruna, la inflación millonaria, la escasez de productos básicos, los encarcelamientos y homicidios de opositores y la duplicación de la tasa de pobres —toda una crisis humanitaria—, aseveran que la revolución bolivariana es el modelo a seguir por las naciones de América Latina. Por supuesto, ninguno de esos panegiristas se iría a vivir a Venezuela, salvo que formara parte de la élite privilegiada a la que el régimen premia por su apoyo incondicional.

            Se aseguró que el gobierno mexicano tramaba un gran fraude para arrebatarle el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que la victoria de éste fue reconocida el mismo día de la jornada electoral, los pronosticadores del fraude, en lugar de reconocer que estaban equivocados, arguyen (¡el cura Solalinde!) que se le reconoció el triunfo porque si se le hubiera escamoteado se habría producido un levantamiento armado.

            Los sicólogos sociales Carol Tavris y Elliot Aronson documentaron en su libro Hubo errores, pero yo no los cometí miles de experimentos que demuestran que la gente manipula los hechos para adaptarlos a sus ideas preconcebidas con el fin de reducir la disonancia entre sus creencias y la realidad. La razón: esa disonancia cognitiva pone en peligro su visión del mundo o de sí misma.

            Es decir, no se acepta revisar las creencias porque la revisión puede mover el tapete a los creyentes. ¿No es asombrosa tal actitud? Se cierra la puerta de la mente a todo conocimiento que contraríe lo ya asumido como indudablemente cierto. Sólo se franquea el paso a lo que reafirma a las propias certezas. En lugar de intentar reafirmarlas o rectificarlas con base en la información más confiable, se opta por cerrar los ojos a lo que pueda ponerlas en entredicho.

El ardid de la soberanía

Es vergonzoso: del Grupo de Lima, sólo el gobierno mexicano se negó a expresar su rechazo al nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, el cual se inicia hoy. Los cancilleres del grupo sustentan su postura en que la elección del 20 de mayo de 2018 fue ilegítima.

            Los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía pactaron asimismo “reevaluar el estado de las relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano e impedir la entrada de altos funcionarios del régimen a sus países”.

            Recordemos que Andrés Manuel López Obrador invitó a Maduro a su investidura, pero fue tal el repudio que la invitación suscitó en nuestro país que el invitado permaneció ignominiosamente durante la ceremonia en el avión que lo trasladó a la capital mexicana y apenas llegó con la cola entre las patas a la comida ofrecida por su anfitrión.

            López Obrador sostiene que la decisión de no sumarse a la condena del Grupo de Lima se basa en el principio de autodeterminación de los pueblos, pero precisamente en atención a ese principio es que resulta absolutamente indefendible la reelección de Maduro.

            La Organización de Estados Americanos (OEA) declaró que esa elección carece de legitimidad porque no cumplió con los estándares internacionales, no contó con la participación de todos los actores políticos venezolanos, y se desarrolló sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático.

            En otras palabras: Maduro no fue elegido en una votación democrática, en la que pudieran participar todos los partidos en igualdad de condiciones, sino en una de esas farsas que no engañan a nadie y a las que son tan afectos los dictadores. No será un presidente legítimo.

            Por eso la OEA lo ha desconocido y ha hecho un llamado a los países miembros y observadores a adoptar medidas para el restablecimiento del orden democrático en Venezuela, las cuales podrían aumentar la presión internacional para que el gobierno busque una solución razonable, en la que tendría que incluirse la convocatoria a un proceso electoral que cumpla con las garantías necesarias.

            Deshonrosa, tristemente, el gobierno mexicano no ha respondido a ese llamado. Así contribuye al mantenimiento de un régimen que tiene presos a cientos de opositores, ha asesinado no sólo a más de 100 de ellos, sino a la democracia misma y ha sumido a su país en una crisis humanitaria sin precedente al privar a los venezolanos de medicinas, insumos médicos y alimentos.

            Lo que el gobierno de López Obrador está respetando al no adherirse a la posición del Grupo de Lima no es el principio de autodeterminación del pueblo venezolano, sino el capricho de un tirano que quiere gobernar perpetuamente eludiendo una elección auténticamente democrática.

            De ahí que Human Rights Watch lamente: “Perdimos a México. Ha quedado demostrado que mientras gobierne Andrés Manuel López Obrador los derechos humanos no serán un componente de la política exterior mexicana. Esto es música para los oídos de dictadores como Maduro y Ortega y una bofetada para sus víctimas”.

            Al ardid de la soberanía han recurrido todos los dictadores: que nadie se meta en los asuntos de mi feudo. Pero cuando exigen que se respete la autodeterminación de sus pueblos en realidad están reclamando el sometimiento a su propia decisión obsesiva de gobernar sin supervisión, contrapesos ni controles.

            Una característica de los derechos humanos es su universalidad, en virtud de la cual son un asunto de todo el mundo. Ahí donde se atropellan no se puede decir que el atropello es un asunto interno del país donde eso sucede y que ninguna instancia externa debe entrometerse.

            Dos momentos estelares de la política exterior mexicana son los rompimientos con las dictaduras de Franco y Pinochet. ¿Hay quien crea que lo que sucedía en España y Chile durante el asalto al poder y las tiranías de tan nefastos personajes era asunto exclusivo de esos países?

            Savater advierte que la reivindicación de la universalidad de los derechos humanos no es un delirio religioso ni un nuevo mito laico universal, sino una necesidad política que no admite colores nacionales ni aplazamientos interesados.

Soluciones

El robo de electricidad costó a México, únicamente en 2017, 24 mil 750 millones de pesos. Lo que más perjuicio causa a las finanzas públicas del país, más que el de combustibles, es el robo de electricidad y las facturas que no se han podido cobrar a casi siete millones de usuarios desde 1994. Entre los deudores se cuentan no sólo clientes domésticos, sino incluso gobiernos estatales y municipales, y organismos operadores de agua.

            ¿Y si para solucionar el problema se corta la energía eléctrica? Es verdad que la electricidad imprime libros, cose ropa, mantiene frescas la carne y la leche, hace posibles los helados, calienta la comida, registra los pensamientos, alumbra las noches y nos permite disfrutar de la televisión, lo cual ha salvado muchos matrimonios. Pero hace dos siglos —un suspiro en la historia de la humanidad— se usaba apenas para experimentos científicos misteriosos y trucos de magia. Es decir, los seres humanos han podido vivir sin ella durante milenios.

            En el Metro de la Ciudad de México se reportaron más de dos mil robos en 2018, pero se calcula que, dado que el 93% de ellos no se denuncia, la cifra podría ascender a 18,000. No es fácil evitarlos pues casi todos ocurren en los tumultos que se producen en las horas pico. No hace falta ejercer violencia alguna sobre la víctima. Los usuarios quedamos emparedados por delante, por detrás y por los costados, y en esas condiciones se facilita a los ladrones sustraer la cartera o el celular. Asimismo, son frecuentes los abusos sexuales —tocamientos y frotamientos—, principalmente contra las mujeres.

            ¿Y si se cerrara el Metro para que ya no se dieran esos robos y esos abusos? Es cierto que millones de chilangos y mexiquenses se verían privados de su medio habitual de transporte y tendrían dificultades para llegar a sus trabajos, a sus casas y a sus sitios de esparcimiento, pero se las arreglarían de algún modo. Podrían caminar, lo que es excelente para mejorar la salud y conservarse en línea, o tomar varios autobuses en cada salida. Es verdad que se verían obligados a salir con mayor anticipación que la acostumbrada, pero ya no estarían expuestos a los actos ilícitos que hoy se cometen en el Metro.

            El Índice de Instituciones Sociales y de Género (SIGI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que, de los países miembros, México es el que presenta el porcentaje más alto de mujeres agredidas por sus parejas: ¡47%! El maltrato puede darse por violencia física, la que ocasiona desde un leve moretón hasta la muerte en casos extremos, o por muy diversas formas de hostilidad: insultos, amenazas, menosprecio, chantaje emocional, imposición de relaciones sexuales, encierro, prohibición de ver a familiares y amistades, vigilancia, revisión de correos, etcétera. Las mujeres maltratadas suelen sufrir depresión, miedo, estrés, conmoción síquica aguda, ansiedad, desorientación, angustia, desesperación, tristeza crónica, desesperanza, aislamiento, sentido de culpabilidad, trastornos alimentarios y del sueño, irritabilidad y muchas otras alteraciones.

            Se acabaría con esa violencia si se prohibieran las parejas. Quienes quisieran emparejarse sentirían cierta frustración por no poder lograr su objetivo, pero los maltratadores potenciales ya no harían de las suyas. Su agresividad, su rencor y su pulsión destructiva ya no podrían descargarlas en “su” mujer.

            De 2015 a la fecha, más de 44 mil personas han muerto y más de 110 mil han resultado lesionadas en accidentes de tránsito en nuestro país, de acuerdo con cifras oficiales. En promedio, cada día mueren 32 personas y 81 resultan heridas en tales accidentes. La cifra ha venido aumentando año con año: en el periodo señalado se ha incrementado en casi ocho por ciento.

            Se resolvería el problema si quedara prohibido el tránsito de vehículos automotores. Podríamos trasladarnos en bicicleta o scooter (patín del diablo), o volver a las antiguas y románticas diligencias. Tardaríamos más en desplazarnos, pero se evitarían decenas de miles de muertes y lesiones.

            El gran filósofo francés Blaise Pascal advirtió que los problemas del hombre se inician cuando éste toma, al levantarse, la estúpida decisión de salir de su recámara.

La refutación del fuego

Prestigiados columnistas han expresado su pasmo y su indignación por la pasividad del grupo de soldados frente al cual ocurrió el estallido que privó de la vida o causó dolorosísimas y terribles lesiones a cientos de personasen Tlahuelilpan, Hidalgo.

            No convence a nadie la extraña justificación según la cual los militares no intentaron dispersar a los saqueadores de combustible para no provocar una confrontación y porque eran muy pocos para contener a una multitud tan grande.

            Durante varias horas previas a la explosión, los uniformados presenciaron, como convidados de piedra, el saqueo. Se dispuso de mucho tiempo para que llegaran los suficientes refuerzos al lugar de los hechos. ¿No podían arribar hasta allí en pocos minutos 200 o 300 soldados, habida cuenta de que cada tramo de todos los oleoductos del país están rigurosamente vigilados por personal castrense?

            El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que el Ejército cuenta con todo su apoyo porque hizo bien en no reprimir. Tampoco es convincente tal coartada. Por supuesto, no se trataba de masacrar al gentío. Una cantidad conveniente de soldados hubiera podido acordonar el área en la que se fugaba el combustible hasta en tanto se cerrara el ducto. Un tiro al aire hubiese bastado para que la muchedumbre se marchara apresuradamente.

            Todo lo anterior ya ha sido señalado. Pero el espantoso suceso, además de dejar una estela de luto, aporta una enseñanza inesperada: es la refutación más contundente e incontestable a la postura del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa.

            Tales expertos independientes han asegurado reiteradamente que no era posible que se calcinaran decenas de cadáveres de estudiantes normalistas en el basurero de Cocula, Guerrero, porque para eso “se hubieran requerido 13 toneladas de neumáticos y 30 toneladas de madera, y el fuego tendría que haber durado 60 horas”.

            En Tlahuelilpan, en instantes, no en horas, sin la presencia de un solo neumático ni un solo leño, decenas de cuerpos quedaron consumidos por el fuego. Durante el fin de semana pasado se encontraron en el lugar de la explosión 62 restos de personas con quemaduras.

            En 59 casos no se ha podido lograr la identificación. Los restos calcinados se enviarán a algún laboratorio especializado —quizá el de Innsbruck, Austria, al que se mandaron algunos de los restos de los normalistas— para que allí se intente identificarlos.

            Numerosas personas de las que estaban en el lugar de los hechos se encuentran desaparecidas. A muchas las desaparecieron las llamas. El domingo, numerosos pobladores provistos de palas y picos removieron la tierra de la zanja que se formó a lo largo del ducto en busca de restos de sus familiares.

            Buscaron afanosamente, sin desmayo. “No vamos a detenernos hasta dar con nuestros seres queridos, aunque ya sean sólo cenizas”, se escuchó decir a una mujer. Luego de más de cinco horas encontraron partes de huesos y otros restos corporales, además de zapatos, llaves, joyas y piezas de teléfonos móviles.

            Todo el mundo sabe que en contacto con la gasolina el fuego tiene una voracidad devastadora. Es capaz, cómo no, de dejar en los huesos o convertir en cenizas los cuerpos bañados en combustible. Lo hizo en el basurero de Cocula y lo ha hecho también en Tlahuelilpan.

            Posturas como las del GIEI —no olvidemos que se trata de un grupo avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos—, que no están comprometidas con la búsqueda de la verdad, sino que buscan defender “verdades estratégicas” de las que pueden obtener rédito político, desprestigian la causa de los derechos humanos, una de las más nobles de la historia de la humanidad.

            El GIEI ha sido puesto en evidencia por auténticos expertos en incendios y hace poco por la minuciosa recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). No obstante, simplemente negaba los argumentos y las conclusiones de los especialistas. No sostenía una hipótesis contrastable y discutible, sino un dogma inalterable. Pero ahora, quién lo hubiera sospechado, el fuego, el insobornable fuego, lo ha descubierto totalmente desnudo como los niños al emperador del cuento de Hans Christian Andersen.

La verdad sin sesgos

La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa es un impresionante documento de ¡2,178 páginas!, producto del trabajo escrupuloso de la oficina encabezada por José Larrieta, creada específicamente para el caso. Es obvio que casi nadie la ha leído. Las notas de prensa omiten o tergiversan puntos del mayor interés. Extrañamente, la CNDH no ha emitido un boletín que destaque los aspectos principales. Las recomendaciones deben tener la mayor difusión, y tratándose de un documento de tal extensión la conferencia de prensa es insuficiente para que la conozca la opinión pública.

            Quizá lo más importante de la recomendación es que no se han analizado todos los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula y en el río San Juan. La prueba de ADN de esos restos permitiría la identificación genética de personas cuyos cuerpos fueron calcinados en ese lugar. 63 mil fragmentos óseos fueron recuperados en el basurero y en el río, y están en resguardo de la Procuraduría General de la República (PGR).

            En una revisión muestral de esos fragmentos, dentro de los cuales ya se han identificado algunos que corresponden a dos de los normalistas, se detectaron 114 que serían susceptibles de ser analizados.

            Es increíble que ni la PGR ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hayan solicitado el análisis correspondiente al prestigiado laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria.

            Entre los fragmentos hay 41 petrosas —parte del hueso temporal que encierra al oído interno— correspondientes por lo menos a 21 personas. Sería una prueba crucial: el análisis de esos restos determinaría si corresponden a los normalistas.

            La presencia de restos calcinados comprueba que en el aludido basurero se produjo fuego en el cual se quemaron cuerpos humanos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que reiteradamente descalificó la versión oficial sin aportar datos que pudieran dar lugar a una versión alternativa, niega que ese fuego se hubiera producido la noche del 26 de septiembre de 2014, pero la CNDH señala pruebas que acreditan que esa noche hubo un incendio en el basurero.

            La CNDH hace una imputación severa a los gobiernos municipal, estatal y federal: se sabía de tiempo atrás de los nexos de Abarca, el entonces presidente municipal, con el crimen organizado, y jamás se procedió en su contra.

            Por otra parte, la recomendación revela que policías estatales participaron en la agresión a tiros contra los normalistas. En cambio, el batallón de la zona no estuvo al tanto de lo que pasó después de que las víctimas fueron interceptadas por la policía.

            Ante las objeciones a la recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha respondido que la verdad sobre el caso es una, la cual debe estar sustentada en la evidencia objetiva y verificada de los hechos, no en opiniones o pareceres, ni debe responder a coyunturas o intereses políticos.

            El ombudsman sostiene que no avala la versión oficial —la denominada teoría de la “verdad histórica”—, pero que las críticas y cuestionamientos a ésta no pueden implicar que las posteriores investigaciones partan de un sesgo inicial o premisa de descartar todo lo relacionado con tal versión aun si se encuentra sustentado en pruebas.

            La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no contradice la parte sustancial de la versión oficial: los normalistas fueron detenidos por policías municipales y entregados a criminales. Pero añade importantes puntos. Uno de ellos, de interés mayúsculo, es el de las motivaciones del crimen masivo. En una próxima columna me referiré al tema.

            Precisamente porque realizó su tarea con profesionalismo y afán de descubrir la verdad (no sólo parte de ella), no comparto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la “bienvenida al establecimiento de la Comisión de la Verdad” que ha decidido el presidente de la República.

            La CNDH ha actuado en busca de la verdad en un caso de gravísima violación a los derechos humanos sin dejarse contagiar por posturas interesadas en hacer prevalecer una versión subordinada a intereses políticos. Las nuevas autoridades de la PGR cuentan con sus aportaciones para atar los cabos sueltos de la investigación. Entonces, ¿cuál es el sentido de una comisión de la verdad?

Los oscuros motivos

¿Por qué los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron llevados el 26 de septiembre de 2014 a la ciudad de Iguala? ¿Por qué precisamente los alumnos de primer grado? Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se han interesado demasiado en responder estas preguntas, no obstante que en las respuestas está el origen de los hechos espantosos de aquella fecha.

            En cambio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dedica decenas de páginas en su recomendación sobre el caso a tratar de desentrañar esos porqués: las razones que llevaron a los alumnos a Iguala. “Todas estas preguntas (las señaladas en el párrafo anterior) formuladas por algunos de los familiares de los desaparecidos deben, invariablemente, tener respuesta en la investigación practicada por la PGR”.

            Con el propósito de acercarse a las respuestas, el imponente documento de 2,187 páginas se remonta al origen, la índole y aspectos relevantes del funcionamiento de las escuelas normales rurales. La recomendación revela que la organización de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa sometía a pruebas agobiantes a los aspirantes mientras los adoctrinaba en nociones de marxismo elemental. Incluso podía decidir sobre su admisión.

            Con frecuencia, en el patio del plantel había camiones tomados sin que el director pidiera a nadie explicaciones al respecto. Como en todo el estado de Guerrero, en la escuela era intenso el tráfico de drogas —con la complacencia de los directivos escolares— y había un alto índice de adicción. No obstante que se trata de un internado, los alumnos entraban y salían de las instalaciones libremente. Los estudiantes de primer ingreso con frecuencia tenían que cumplir misiones encargadas por la organización estudiantil: toma de camiones, boteos (recolección de dinero en un bote realizada en la vía pública), etcétera.

            En el expediente de investigación de la CNDH hay testimonios que involucran a alumnos de la Normal o a familiares de ellos en actividades relacionadas con el narcotráfico. Asimismo, hay referencias constantes y reiteradas de que el día de los hechos los normalistas iban infiltrados por gente armada, tal vez integrantes del grupo Los Rojos, enemigos acérrimos de Guerreros Unidos y de Los Ardillos en la disputa por el mercado, los territorios y las rutas del narcotráfico, disputa en la que las diferentes bandas actuaban en connivencia con autoridades y cuerpos policiales. Algunas evidencias son inquietantes.

            Aproximadamente a las 17:30 horas del 26 de septiembre, un líder estudiantil les indicó a los conductores de dos autobuses y a los estudiantes de nuevo ingreso que se alistaran porque iban a secuestrar autobuses a Iguala. De los cinco vehículos involucrados en los hechos, sólo de los dos que partieron de la Normal de Ayotzinapa se sacó a quienes iban a bordo. En ese par de camiones se focalizaron los ataques.

            Otro de los líderes estudiantiles mintió acerca de su ubicación en la tarde y la noche del 26 de septiembre. Declaró en algún momento que aproximadamente a las tres de la tarde salió de la Normal rumbo a Chilpancingo a “compras de aseo personal”, y permaneció allí hasta las 21 horas; pero en su primera declaración había manifestado que formó parte del grupo de estudiantes que de la Normal salió rumbo a Iguala y que fue objeto, junto con sus compañeros, de los ataques. Ninguno de los estudiantes que viajaron en los dos autobuses lo ubicó a bordo de alguno de éstos. Al iniciarse la agresión ya estaba en Iguala, pero hasta las 23:30 horas se presentó en el lugar de los hechos “en apoyo de sus compañeros”.

            Las evidencias recabadas —mencioné sólo algunas por razones de espacio— deben ser analizadas por la PGR, dice la CNDH, para determinar si en efecto hubo infiltración de miembros de Los Rojos en el grupo de normalistas que hizo presencia en Iguala, y si éstos fueron identificados o confundidos con integrantes de ese grupo criminal. Pero enfatiza que todos los desaparecidos de nuevo ingreso “son víctimas de los hechos y de las circunstancias”. Nada justifica “que hubieran sido identificados… como miembros de alguna organización criminal”.

Cuarta transformación

No hay día que no tengamos muestras de la verdadera índole de la cuarta transformación. Van dos ejemplos recientes.

            EL HUEVO DE LA SERPIENTE. El Presidente ya había llamado deshonestos a los ministros por el monto de su salario y por defender su autonomía constitucional. Además, había anunciado que no aceptaría la invitación a comer con ellos. La injuria y el desdén bastaban para colocarlos en la diana a la cual apuntaría el rencor del pueblo bueno.

            Al salir un automóvil del edificio de la Suprema Corte, a unos cuantos pasos de donde despacha el Presidente, una turba le impidió el avance durante varios minutos. Los agresores golpearon el toldo, el cofre y los vidrios del vehículo, algunos con palos, y le lanzaron botellas. La cáfila aullaba vituperios encendidos de una ira impostada. “¡Traidores! ¡Ratas! ¡Corruptos!” Ante la embestida del grupo, los ocupantes del coche estaban totalmente indefensos. Sólo el mismo vehículo, la carrocería, los protegía de la agresión. La policía nunca llegó a dispersar y detener a los atacantes.

            Tras el suceso, el Presidente tardó una eternidad en decir que las diferencias políticas no justifican la violencia, pero se abstuvo de condenar específicamente el ataque al automóvil en el que los facinerosos creyeron que se encontraba un ministro de la Corte. Como advierte Héctor Aguilar Camín, este incidente puede calificarse como “la primera aparición, en este gobierno, de una turba de supuesto origen popular, característica del fascismo” (Milenio diario, 17 de diciembre).

            Así haya sido un intento fallido, la tentativa de agredir a un ministro es de gravedad mayúscula. Pero, aun si el blanco de la horda hubiera sido otro, el asalto multitudinario a cualquier persona es absolutamente inadmisible y condenable. El silencio del partido gobernante, legisladores incluidos, es ominoso.

            POBRES POR SIEMPRE. En una comparecencia ante senadores, la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, expresó su convicción de que, como parte de una nueva ética pública, los salarios que se pagan en la iniciativa privada deben reducirse siguiendo las pautas salariales del nuevo gobierno, que, salvo que prospere la acción de inconstitucionalidad contra la nueva ley de remuneraciones, reducirá los sueldos de los burócratas.

            Al día siguiente, la secretaria aseguró que no había dicho lo que dijo —se trató de una fake new, mintió— y el video de su comparecencia desapareció del canal de YouTube del Senado, pero sus palabras quedaron registradas por los medios.

            Al inicio de la entrada “Igualdad” de su admirable Diccionario filosófico, Fernando Savater recuerda la siguiente coplilla:

¡Igualdad!, oigo gritar

al jorobado Torroba.

¿Quiere verse sin joroba

o nos quiere jorobar?

            Como apunta Pascal Beltrán del Río (Excélsior, 17 de diciembre), un gobierno de izquierda tendría que estar interesado en subir los salarios en general y, con ello, lograr más recursos para el Estado en contribuciones, pero los actuales gobernantes parecen estar peleados con el dinero y con quienes lo tienen como producto de su trabajo.

            No se trata, entonces, de mejorar el nivel de vida de los trabajadores, sino de cultivar en los pobres un resentimiento punitivo. Es la postura del pobrismo. El enemigo no es la pobreza, sino los pobres que se esfuerzan por dejar de serlo. El bienestar de los demás debe producirles rencor, pero los pobres no deben aspirar a alcanzarlo para sí mismos.

            Para el pobrismo, los ingresos que excedan de lo estrictamente necesario para vivir son reprobables, aunque sirvan para mejorar la calidad de vida o, como dice Woody Allen, para calmar los nervios. Ese dinero extra es cosa de fifís. Se aumenta en mayor cantidad que la acostumbrada el salario mínimo, que aun así apenas alcanza para subsistir, pero se solicita que nadie pague sueldos atractivos.

            Es decir, el gobierno quiere que los pobres no dejen de serlo: el dinero excesivo es malo per se. Pero, curiosamente, el pobrismo de quienes hoy nos gobiernan no sintió repulsión por los fajos de billetes que René Bejarano obtenía rufianescamente ni se incomoda por contar entre sus filas, entre otros muchos, a individuos como Napoleón Gómez Urrutia, que no son precisamente menesterosos.

¿Colón genocida?

La estatua de Cristóbal Colón en el centro de Los Ángeles fue retirada en un acto en virtud del cual la ciudad pretende quitarse de encima “la vergüenza” de honrar al almirante genovés. El concejal de la ciudad, Mitch O’Farrell, descendiente de una tribu de Oklahoma, encabeza un movimiento que considera inadmisible rendir homenajes a Colón porque “es falso el relato de que descubrió América, fue responsable de atrocidades y sus actos pusieron en marcha el mayor genocidio de la historia”.

            En todos los países de América a donde llegaron los conquistadores españoles han surgido movimientos de similar inspiración. En el nuestro, la estatua de Colón en el Paseo de la Reforma ha intentado ser derribada en la conmemoración del 12 de octubre, sin embargo, no es sostenible que Cristóbal Colón haya sido un genocida. El genocidio consiste en la eliminación de un grupo étnico, nacional o religioso. Seguramente, el ejemplo más claro es el del exterminio de judíos en la Alemania nazi.

            Colón no se propuso terminar con los indígenas. No tenía ningún interés en intentarlo. En cambio, le interesaba contar con ellos como mano de obra. Tuvo esclavos, es verdad, pero en una época en que la esclavitud era legal en el mundo y aún faltaban varios siglos para que quedara abolida… en los ordenamientos jurídicos, pues en la realidad aún subsiste marginalmente.

            No puede juzgarse el pasado con las reglas y los valores del presente. Casi nadie se salvaría de la condena. Un ejemplo: nuestro admirado Fray Bartolomé de las Casas, quien, como advierte Borges con su acerada ironía, “tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas”.

            Entre los indígenas también existía la esclavitud. Los aztecas sojuzgaron a otros pueblos, esclavizaban a sus prisioneros, los sacrificaban y devoraban su corazón. Fueron sanguinarios y odiados por los pueblos sojuzgados. La conquista española en realidad fue obra del odio de pueblos indígenas contra el feroz dominio azteca, aborrecido desde la costa del Golfo hasta Oaxaca, desde Tabasco hasta los desiertos norteños.

            ¿Pero y lo que sucedió después de Colón? Bueno, nadie puede ser responsable de lo que pasa una vez que ha muerto, pero tampoco los conquistadores españoles fueron genocidas. La unión de los españoles y las indígenas da como fruto a los primeros mexicanos: ¡nosotros! Martín Cortés, hijo de doña Marina y Hernán Cortés, es simbólicamente el primer mexicano.

            Como en todas las conquistas, murieron muchos conquistados en los combates y por la explotación de parte de los conquistadores, pero éstos jamás tuvieron el propósito de exterminarlos. Consumada la conquista, en relativamente poco tiempo entraron en vigor leyes que los protegían.

            Es cierto que cuando Cortés pisó suelo, de lo que más tarde sería México, había en la región mesoamericana entre 15 y 30 millones de indígenas y al final del siglo XVI sólo quedaban dos millones. Pero las muertes no se debieron principalmente a la explotación y a las armas españolas, sino a una enfermedad desconocida que los mexicas llamaron cocoliztli (el mal o pestilencia en español).

            Un estudio reciente con ADN antiguo ha identificado el patógeno: la salmonela, que causó más estragos que el sarampión, el tifus y las paperas. Hubo dos grandes epidemias, una en 1545, en la que se estima que murió el 80% de la población, y otra en 1576, en la que falleció el 45% de los cuatros millones de indígenas que quedaban.

            Expertos alemanes en ADN antiguo y arqueólogos mexicanos hallaron en la Mixteca Alta de Oaxaca la bacteria salmonella enterica en los dientes de indígenas que murieron durante las epidemias (la investigación está publicada en Nature Ecology & Evolution). Los españoles eran inmunes. El patógeno ya existía en Europa: fue identificado en restos humanos enterrados en Noruega 200 años antes de los viajes de Colón.

            Telón: sin el triunfo de Cortés —como advierte Luis González de Alba en Las mentiras de mis maestros (Cal y Arena)— no existiría el México actual ni la población actual. ¡No existiríamos nosotros! Ω