Un pasaje muy oscuro

Uno de los pasajes más oscuros de este año en la vida pública mexicana ha sido el ataque del gobierno federal a los organismos autónomos, en especial a los protectores de derechos humanos, señaló Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, al rendir su primer informe de labores.

            La legisladora lamentó que el Presidente de la República haya rechazado la recomendación 29/2019 relativa a la cancelación del apoyo a las estancias infantiles, a pesar de que, en diciembre pasado, se comprometió a cumplir todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que los senadores del partido oficial desecharan la solicitud de Luis Raúl González, presidente de la CNDH, de llamar a comparecer a los servidores públicos que no la aceptaron.

            “Cada golpe a la CNDH —advirtió Kenia López— es un golpe a la democracia y cada golpe a la democracia nos acerca más al autoritarismo”. La senadora fue contundente: un Poder Legislativo sin autonomía o independencia de gobiernos o autoridades, del corte ideológico que sean, no conviene a nadie, debilita la institucionalidad democrática y abre la puerta a decisiones autoritarias en las que aun los propios derechos humanos pueden desconocerse, relativizarse o dejarse de lado.

            Por su parte, en el mismo acto, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, citó a Montesquieu —todo estaría perdido si el mismo hombre, ya sea de nobles o de pueblo, ejerciera los tres poderes— y subrayó que, además de la división de poderes, es de gran importancia un sistema de instituciones y organismos autónomos para el funcionamiento del Estado y para la protección de derechos de sus ciudadanos.

            A los gobiernos autoritarios se les indigesta que los defensores de los derechos les señalen sus arbitrariedades y los urjan a enmendarlas. Prefieren que todos sus actos sean objeto de aplausos incondicionales. Las críticas no les hacen la menor gracia, y quien no está dispuesto a escuchar las críticas es incapaz de ejercer la autocrítica. Entonces, los gobernantes autoritarios son como diosecillos seguros de que no tienen que rendir cuentas de sus actos ni rectificarlos por indefendibles que sean.

            El ombudsman no es enemigo de las autoridades, sino de los atropellos perpetrados por las autoridades. Sus recomendaciones son una luz de bengala, una llamada de atención a los servidores públicos a fin de que corrijan sus actos u omisiones violatorias de derechos. Por tanto, un gobernante que simpatice con la causa de los derechos humanos tendría que ver al ombudsman como un aliado, pues le señala aquello que debe enmendarse.

            Irritados porque la CNDH, actuando con profesionalismo y autonomía, señala las tropelías del gobierno actual —como lo hizo con los gobiernos anteriores—, los legisladores del oficialismo preparan el mazazo para terminar con una institución que presta un servicio invaluable a los gobernados, pero que a ellos, como al Presidente de la República y a sus colaboradores, les incomoda.

            Existe una malhadada iniciativa conforme a la cual la CNDH y los organismos públicos locales de derechos humanos desaparecerían y en su lugar se crearía una Defensoría del Pueblo, de la que seguramente se esperaría una absoluta obsecuencia, tal como la institución del mismo nombre del régimen venezolano, esa abyecta tiranía reconocida por nuestro gobierno (¡agggh!). Pero un ombudsman es plenamente autónomo o no es un auténtico ombudsman.

            Ninguna dictadura tolera a un ombudsman auténtico. Esta institución les resulta totalmente insoportable a dictadores de todo signo ideológico porque refleja —en sus recomendaciones— el rostro distorsionado de los abusos de poder para así paralizarlos, como hizo el escudo de Perseo con la Gorgona.

            Son de enorme valor las palabras de la senadora Kenia López, pero hace falta más, mucho más en defensa de la CNDH y los organismos públicos defensores de derechos humanos de las entidades federativas. Los partidos de oposición —¡vive Dios, todavía existen! (o al menos eso creo)— y las ONG debieran convocar a una gran manifestación de apoyo a esas instituciones que promueven y defienden uno de los productos más valiosos del proceso civilizatorio, y de repudio a la iniciativa que busca aniquilarlos.

También contra la ciencia

El Conacyt ha anunciado que, salvo para proyectos específicos, dejará de transferir recursos económicos —para nóminas, viáticos, etcétera— al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. La doctora Julia Tagüeña, coordinadora del Foro, advirtió que éste desaparecería si se le priva de recursos, con lo cual se suprimiría la voz de la comunidad científica.

            Previamente, una carta suscrita por investigadores y profesores de universidades, centros públicos de investigación, institutos nacionales de salud y de educación superior —que ha sido entregada al Presidente de la República, los legisladores, la Secretaría de Educación Pública y el Conacyt— señala que en el actual gobierno se ha visto en forma creciente la falta de confianza en la ciencia mexicana como factor de progreso para el desarrollo nacional y una reducción de los recursos públicos destinados a su apoyo y promoción.

            Muchos investigadores votaron por Andrés Manuel López Obrador seguramente atraídos por la promesa de campaña de promover la ciencia y la educación. Los dejó estupefactos el memorándum en el que el Presidente ordenó una drástica reducción de los fondos para todos los centros de investigación apoyados por el Conacyt: entre 30 y 50 por ciento. El presupuesto del Conacyt se redujo en 12 por ciento.

            El efecto de esta medida, advierte Antonio Lazcano, distinguido científico mexicano especializado en biología evolutiva, será devastador: “… la investigación básica y aplicada en todas las disciplinas, desde física, electrónica y energía hasta ecología, geología y enfermedades, se deteriorará rápidamente”. Los recortes afectarán asuntos tan importantes como la seguridad alimentaria, el monitoreo de la actividad sísmica, la vigilancia de epidemias y la investigación de la biodiversidad, entre otros (Science, 26 de julio de 2019).

            Desde el gobierno se ha difundido una imagen de los investigadores y los docentes como élite privilegiada, partícipe y beneficiaria de excesos, corrupción y despilfarro de recursos públicos. De conformidad con esa visión distorsionada, los salarios de los investigadores se han reducido y su seguro médico ha sido cancelado. Los que no contaban con plaza definitiva han sido despedidos. A algunos centros de investigación no les alcanza para pagar el agua y la electricidad.

            Los investigadores mexicanos, desde siempre, han trabajado con presupuestos restringidos, los cuales se asignan y se auditan por los órganos académicos y administrativos de sus instituciones y del Conacyt, y los productos de sus investigaciones son evaluados por instancias de estricto control académico tanto interno como externo. De estas evaluaciones dependen en buena medida sus ingresos, que en ningún caso son excesivos.

            La carta asevera que los fuertes recortes presupuestales al sistema de ciencia, tecnología, salud y educación superior atentan contra el país, contra los objetivos proclamados por el gobierno de un desarrollo con igualdad, equidad, justicia y abatimiento de la corrupción. Los firmantes hacen 10 peticiones, todas ellas razonables.

            Solicitan que gradualmente se alcance la inversión del uno por ciento del PIB en ciencia y tecnología, tal como se ordena en la ley, y que se fomente la inversión privada para que sea parte importante en los recursos invertidos en este rubro; que se hagan transparentes los criterios de asignación y flujo de esos recursos, incluyendo los que maneja el Conacyt; que se modifique el “discurso denostador” acerca de los científicos y académicos; que se reviertan los recortes y los despidos en los centros públicos de investigación y docencia.

            Solicitan asimismo que se aseguren los recursos para el sector salud, incluyendo los de los institutos nacionales especializados, que permitan atender las apremiantes necesidades en la materia; que se respete la autonomía de las universidades públicas; que se asegure la correspondencia entre presupuesto y crecimiento de la matrícula en las instituciones públicas de investigación y educación superior; que no se afecten los derechos e ingresos de los académicos, y que se aumente el presupuesto de las universidades públicas a fin de que se remunere dignamente a los profesores de asignatura.

            La carta cuenta hasta el momento con 13,000 adhesiones. Nadie podría negar honestamente la justa pertinencia del reclamo.

Estalinismo punitivo

Las normas penales han de ser elaboradas con escrupuloso cuidado, pues las sanciones que establecen son las más severas de todo el ordenamiento jurídico. Su contenido ha de ser respetuoso de todos los principios del derecho penal ilustrado, el que empezó a surgir en el siglo XVIII en oposición a la bárbara justicia inquisitorial.

            Sólo deben castigarse las conductas antisociales más nocivas, siempre y cuando estén previstas con precisión en la ley —legalidad—, con sanciones que correspondan a su gravedad —proporcionalidad— y sólo una vez que la autoridad judicial haya condenado al acusado —presunción de inocencia.

            Si esos principios no se observan rigurosamente por parte de los legisladores o de los jueces, el derecho penal pasa de ser la rama del derecho que protege razonable y justamente los bienes jurídicos más importantes contra las agresiones más intolerables a un instrumento de represión antidemocrática.

            La deriva autoritaria del partido en el gobierno está desconociendo en varios casos la vigencia de esos principios —todos ellos consagrados en nuestra Constitución— al impulsar reformas inquisitoriales a la legislación penal.

            En Tabasco se ha reformado el Código Penal aumentando desmesuradamente las punibilidades asignadas a quienes impidan o traten de impedir, sin facultad legal, la ejecución de trabajos u obras públicos ordenados o autorizados por la autoridad competente, y a quienes obstaculicen alguna vía de comunicación.

            Lo primero que llama la atención, inevitablemente, es que algunas de esas conductas son las que realizaba impunemente el ahora Presidente de la República como formas de hacer política. ¿Quién no recuerda la “toma” del Paseo de la Reforma, que hizo quebrar a tantos comerciantes y restauranteros, y les volvió la vida imposible a un sinnúmero de automovilistas?

            Claro que esas conductas deben ser castigadas, pero mientras la oposición a que se ejecute cierta obra o trabajo público se sancionaba sólo con semilibertad hasta de seis meses, salvo si participaban varias personas o se empleaba violencia, en cuyo caso la máxima punición podía ser de tres años de prisión, con la reforma la pena alcanza hasta ¡13 años de cárcel! Por lo que hace a la obstaculización de una vía de comunicación, anteriormente la punibilidad máxima privativa de libertad era de 4 años, y ahora es de ¡8 años!

            La reforma viola el principio de proporcionalidad entre la gravedad del delito y la magnitud de la pena, pues las conductas a que me he referido podrían ser ahora objeto de condenas similares o aun superiores a las del homicidio doloso, que, por razones obvias —la vida es el bien de mayor valor—, es el delito más dañino de todos.

            Por otra parte, el Congreso de la Unión ha aprobado la Ley Nacional de Extinción de Dominio, figura en virtud de la cual un individuo, sin que un juez lo haya condenado como culpable de un delito, puede ser privado de bienes que, se sospeche, sean producto o instrumento de un hecho ilícito o estén destinados a cometerlo. ¡Incluso el propietario de un inmueble podría perderlo si en éste el arrendatario hubiese realizado alguna actividad delictiva!

            La ley aumenta el catálogo de supuestos en los cuales es aplicable esa arbitraria medida, entre los cuales se encuentran los “hechos de corrupción” y los delitos cometidos por servidores públicos. Ni unos ni otros son delitos específicos sino categorías de delitos, por lo que se viola el principio de legalidad. En efecto, no existe el tipo legal de corrupción, la cual se tipifica en múltiples figuras delictivas, ya que puede adoptar infinidad de manifestaciones. Y los delitos cometidos por servidores públicos abarcan supuestos de muy diversa gravedad, desde conductas que no son extremadamente perniciosas (por ejemplo, solicitud de una dádiva no cuantiosa) hasta otras que causan un perjuicio considerable (por ejemplo, el secuestro).

            Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa claramente inconstitucional conforme a la cual quitar sellos de clausura de un inmueble daría lugar ¡a que el propietario lo perdiera!, con lo cual se violaría, asimismo, el principio de proporcionalidad: una conducta que amerita una sanción administrativa, no penal, se castigaría con esa desmesurada pena.

            Parece que Stalin inspiró a los legisladores.

El Seguro Popular

Destruir todo lo anterior por la única razón de que no es obra propia es una actitud en la que se mezclan el prejuicio, la soberbia, el narcisismo y la necedad obstinada.

            Es una forma de sentirse Dios. Dice el Génesis: “Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra… Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá”.

            Es también un proceder cuyos motivos son semejantes a los del amante presa de celos retrospectivos. Dice el popular bolero de Vicente Garrido: No me platiques más. / Déjame imaginar / que no existe el pasado / y que nacimos / el mismo instante / en que nos conocimos.

            Seis exsecretarios de Salud —los doctores Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdova, Mercedes Juan y José Narro, y el maestro Salomón Chertorivski— hicieron pública una carta en la que se manifiestan contra la desaparición del Seguro Popular. ¡Seis exsecretarios de Salud! ¡Quién mejor que ellos podría conocer el funcionamiento de ese seguro, sus logros, sus limitaciones!

            Era de esperarse que, por lo menos, el Presidente los escuchara, que dialogara con ellos, que sopesara sus razones, que se diera a sí mismo una oportunidad de recapacitar y, si los argumentos de los firmantes de la carta resultaban convincentes, rectificara.

            Pero la carta, lejos de obtener la atención deferente que ameritaba, recibió respuestas insolentes, insidiosas y mendaces de parte de diversos funcionarios del gobierno.

            Se aseveró que quienes suscriben la misiva no cuentan con la información pertinente. Pero todos ellos ocuparon el cargo de mayor responsabilidad en materia de salud y por lo menos uno de los firmantes, el doctor Julio Frenk, ha dedicado muchos años a estudiar los sistemas de salud de México y el resto del mundo.

            Se descalificó a los autores de la carta con el señalamiento de que han militado o militan en partidos políticos distintos del que ahora gobierna. Pero, por una parte, la militancia no desmiente los argumentos. Además, dos de los exsecretarios jamás han sido miembros de algún partido político. Por increíble que parezca, tal descalificación proviene del doctor Juan Ramón de la Fuente. Advierte Raúl Trejo Delarbre: “De la Fuente… tiene una trayectoria política en donde ha asumido compromisos con tanta o más disciplina (por lo visto, ahora más allá de razones y hechos) que la que exige la militancia partidaria” (La Crónica de hoy, 12 de agosto).

            Se ha dicho que hubo una alianza entre el Seguro Popular y el capital privado, pero no hay un solo indicio de que así sea. Por el contrario, la Organización Mundial de la Salud observa que el gasto privado como porcentaje del gasto total en salud ha disminuido desde que se instauró el Seguro Popular.

            En una de sus conferencias “mañaneras”, el Presidente, quien se ha solazado en la cantinela de que el Seguro Popular ni es seguro ni es popular, afirmó que este programa es lo más ineficiente que ha existido. Sin embargo, el más reciente informe del Coneval ofrece una evidencia irrefutable: la carencia por acceso a servicios de salud en México se redujo de 42.8 millones de personas en 2008 a 19.1 en 2016. Un logro espectacular: en ocho años esa carencia disminuyó en más de 50 por ciento.

            El Seguro Popular beneficia a 53 millones y medio de afiliados, de los cuales casi 30 millones se encuentran entre los mexicanos más pobres. Quienes viven en los hogares de ingresos más bajos, menos de ocho mil 900 pesos por familia, no pagan cuotas.

            Entre las enfermedades y trastornos graves y costosos que cubre el Seguro Popular se encuentran el cáncer, la hepatitis C, el VIH/sida, las malformaciones congénitas y el infarto agudo al miocardio en menores de 65 años. El fondo de protección contra gastos catastróficos otorga servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular que padecen enfermedades que, de no contarse con el seguro, acabarían con el patrimonio familiar, el cual incluso resultaría insuficiente.

            Pero ni los hechos constatables ni los conocimientos y las advertencias de los expertos importan al Presidente, quien siempre tiene otros datos y está dominado por la obsesión de destruir todo lo anterior a su gobierno.

Rosario de anomalías

El proceso a Rosario Robles presenta anomalías no sólo desde su inicio, sino antes aun de iniciarse. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, debió excusarse de conocer del caso por su parentesco con una persona respecto de quien existen evidencias de todos conocidas de su animadversión por la inculpada.

            Es verdad, como lo ha señalado el Consejo de la Judicatura Federal, que Delgadillo Padierna fungió como juez de control y no podrá conocer del asunto en la etapa del juicio. Pero tuvo y ejerció una facultad que causó grave perjuicio a Robles: le impuso prisión preventiva, cuya vigencia “será por todo el tiempo que dure el proceso”.

            La razón para imponer esa medida cautelar fue que la inculpada “carece de arraigo” en la Ciudad de México, pues existe un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) donde consta que recientemente tramitó una licencia de conducir “en (sic) un domicilio diferente. Lo que implica —colige el juez— mentir sobre su residencia y equivale a presunción de riesgo. Hay probabilidad de que pueda darse a la fuga, tiene los medios y los contactos”.

            La resolución es indefendible. Rosario Robles vive y ha vivido durante los últimos 24 años en esta ciudad. En su descuidada redacción, el juez no precisa a qué se refiere cuando dice que la licencia se tramitó “en” un domicilio diferente: ¿diferente a qué?

            El Consejo de la Judicatura Federal justifica al juez: la prisión preventiva procede, aduce, con fundamento en el artículo 168 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, “con motivo de haberse presentado dos domicilios distintos entre el declarado por la imputada y el que obra en poder de las autoridades”. Pero una persona puede residir alternadamente en dos o más domicilios.

            El código permite la imposición de la prisión preventiva en delitos para los cuales no es oficiosa (obligatoria) por “la falsedad sobre el domicilio”. No está acreditado que el domicilio del que la inculpada informó al juez sea falso. En todo caso, correspondía al juez acreditar la falsedad acudiendo al domicilio supuestamente falso a constatar, por ejemplo, que se trata de un lote baldío o que allí no se conoce a Rosario Robles.

            Además, el juez, al imponer la prisión preventiva, no invocó la disposición legal que le sirve de fundamento (el artículo 168 fracción I del código a que alude el Consejo de la Judicatura Federal), con lo cual incumplió con el deber de fundamentar un acto de autoridad como lo ordena el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el juez dictó la más extrema de las medidas cautelares, la que consiste en privar de la libertad a la inculpada, sin fundamentar la resolución.

            Un punto de crucial importancia: Rosario Robles no fue aprehendida en un lugar en el que se encontrara oculta sino que compareció voluntariamente ante el juez, regresando del extranjero, lo que muestra su propósito de no darse a la fuga. La prisión preventiva, por tanto, resultaba inaplicable.

            Otro aspecto inadmisible: durante la audiencia, tanto los fiscales como el juez se dirigieron a la inculpada en términos humillantes, lo que es absolutamente inadmisible. ¿Un juez imparcial humilla al inculpado?

            Todas las anomalías aquí expuestas han vulnerado el principio de imparcialidad en el proceso a Rosario Robles. La resolución del juez debe revocarse a fin de que sea procesada en libertad.

            Hace dos décadas, cuando Rosario Robles era jefa de Gobierno y yo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ambos del Distrito Federal, le demostré en su propia oficina que la acusación contra los inculpados por el homicidio de Paco Stanley, animador de Televisión Azteca, era falsa. Punto por punto le expliqué las incongruencias de esa acusación. Me respondió que ella no permitiría que una muchacha inocente —Paola Durante— estuviera presa.

            Pero nuestra recomendación a la Procuraduría de Justicia de que desistiese de la acción penal molestó al procurador Samuel del Villar y, por no contrariarlo, la jefa de Gobierno dejó en prisión a esa muchacha inocente y a sus coinculpados. En aquel caso no eran sólo irregularidades de procedimiento sino una infamia que ella permitió. Quizá lo haya recordado en estos días en el reclusorio.

Defender al ombudsman

Es constatable que tanto la CNDH como los organismos defensores de derechos humanos de las entidades federativas han jugado un papel central en la lucha contra las arbitrariedades del poder público.

            En México, nunca un gobierno se había atrevido a atacar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como lo está haciendo el actual gobierno federal.

            Como es sabido, la CNDH emitió una recomendación solicitando que se les reintegre el apoyo financiero a las estancias infantiles, gracias a las cuales decenas de miles de mujeres y hombres pobres han podido trabajar o estudiar dejando a sus hijos pequeños en lugares seguros en los que, además de ser cuidados, se les educa y se les da ocasión de jugar con niños de su edad.

            En el documento de respuesta, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, rechaza la recomendación, a la que tilda de aberrante porque —afirma— la CNDH, “durante el periodo autoritario neoliberal, en lugar de ser la institución que defendiera al pueblo de las atrocidades cometidas por las autoridades y sus protegidos, se convirtió en un instrumento de simulación para mantener la impunidad del régimen de injusticias, corrupción y privilegios”. La CNDH nunca exigió justicia —asevera— respecto de los crímenes de Tlatlaya y Tanhuato, “se esmeró en ocultar la desaparición” de los normalistas de Ayotzinapa y nunca hizo nada sobre los acontecimientos de la guardería ABC.

            Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, sostuvo, asombrosamente, que la recomendación es una vergüenza y que su gobierno no la acepta porque es violatoria de los derechos humanos… sin decir en qué consiste esa supuesta violación de derechos.

            Cualquier persona mínimamente informada sabe que la CNDH emitió las recomendaciones correspondientes en los casos señalados por la subsecretaria tras investigaciones profesionales y objetivas. Si en esos asuntos no se ha hecho justicia se debe precisamente a que tales recomendaciones no han sido debidamente atendidas. Asimismo, es constatable que tanto la CNDH como los organismos defensores de derechos humanos de las entidades federativas han jugado un papel central en la lucha contra las arbitrariedades del poder público, y en centenares de miles de casos han logrado evitarlas o detenerlas, resarcir en sus derechos a las víctimas y propiciar que se castigue a los culpables.

            Específicamente en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, la CNDH, lejos de esmerarse en ocultar su desaparición según la calumnia de la subsecretaria, realizó un trabajo escrupulosamente profesional, lo que no hizo el GIEI. El cumplimiento de su recomendación acerca de ese crimen —sobre todo el envío al laboratorio de Innsbruck de los restos que no han sido analizados— haría que se ataran los cabos sueltos de la investigación.

            El acatamiento de la recomendación sobre las estancias infantiles permitiría, sobre todo a las mujeres sin posibilidades económicas de pagar una guardería privada, ejercer el derecho a trabajar o estudiar con la tranquilidad de que los hijos de corta edad tendrían, mientras tanto, cuidado y educación temprana.

            Los señalamientos calumniosos de la subsecretaria de Bienestar y la descalificación inaudita y sin argumento alguno del Presidente no están motivadas en su desconocimiento acerca del desempeño de la CNDH. Les molesta que un organismo autónomo, que se distingue por su profesionalismo, solicite públicamente que se enmienden los estragos que causan sus atropellos.

            Existe una iniciativa de reforma constitucional de Morena y el Partido del Trabajo que propone desaparecer la CNDH y a los organismos homólogos locales para sustituirlos por una denominada Defensoría del Pueblo, que tendría delegaciones en todo el país. Los organismos públicos de derechos humanos son un contrapeso muy importante a las autoridades en una materia altamente relevante. Al Presidente le incomodan. Preferiría una Defensoría que sólo lo fuese de nombre, totalmente obsecuente. Pero un ombudsman es plenamente autónomo o no es un auténtico ombudsman.

            La hora que vive el país es muy delicada. La destrucción del sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos sería un gravísimo retroceso en el país y abriría una puerta muy ancha a las pretensiones autocráticas cada vez más evidentes. Es indispensable que todas las personas y organizaciones de los sectores académico, cultural, social y político comprometidas con la causa de los derechos humanos defendamos la institución del ombudsman.

La falacia de la austeridad

La supuesta austeridad nos ha llevado una situación sin precedente. Los perjuicios más graves se están dando en la atención a la salud, que es, junto con la seguridad, el bien que prioritariamente debe atender el gobierno.

            Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República, los recortes presupuestales han estado a la orden del día. El discurso presidencial los justifica con el señalamiento de que se trata de una política de austeridad que pondrá fin a los privilegios de unos cuantos.

            Lo primero que se advierte claramente en esa justificación es una inconsistencia: esa política no ha afectado a los privilegiados, sino a millones de mexicanos en situación de pobreza y a los que, sin ser pobres, viven de su trabajo con ingresos que no les permiten lujos ni derroches.

            La supuesta austeridad nos ha llevado una situación sin precedente. Los perjuicios más graves se están dando en la atención a la salud, que es, junto con la seguridad, el bien que prioritariamente debe atender el gobierno. Los afectados no son, desde luego, quienes pueden costear médicos, clínicas, laboratorios y hospitales privados, sino quienes, por su condición económica, se ven constreñidos a acudir a los servicios públicos.

            La condición de pobreza se ve agravada dramáticamente si, además de que no se perciben los ingresos suficientes para una existencia decorosa, los servicios públicos de salud a que se tiene derecho se han deteriorado por falta de insumos, materiales, equipo y personal.

            No es que esos servicios en la etapa neoliberal, tan satanizada por el actual gobierno, hayan sido los óptimos. Pero, a pesar de sus deficiencias e insuficiencias, cumplían mucho mejor que ahora con su insustituible e indispensable función.

            No pensemos siquiera en los chequeos médicos periódicos aconsejables para preservar la salud. Pensemos en algo más grave. Un pobre enfermo. De nada le servirá la dádiva en efectivo del gobierno, si es que es un beneficiario de ésta, si el centro de salud no está en posibilidades de atenderlo como es debido, de practicarle el estudio que requiere, de proporcionarle los medicamentos que su padecimiento amerita.

            La violación al derecho a la salud que causa tal estado de cosas es de extrema gravedad. Por eso la Comisión de los Derechos Humanos ha instado al gobierno a garantizar el acceso a servicios de atención médica, la continuidad del suministro de medicamentos y la disponibilidad de personal suficiente en todas las unidades médicas.

            Otras afectaciones también son importantes. Se cancelaron recursos a estancias infantiles, a refugios para mujeres maltratadas y al programa de cáncer cervicouterino. Se disminuyó considerablemente el presupuesto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a las universidades y a los centros públicos de investigación, a la promoción de la cultura y las artes, a la supervisión de la calidad del agua, a la prevención y combate de incendios. Se canceló el proyecto de Metrobús de La Laguna.

            ¿Todo eso no significa austeridad? Veamos. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, austero significa sobrio, morigerado, sin excesos. ¿El gobierno ha sido austero?

            No. Sí ha habido dinero, y muy abundante, miles y miles y miles de millones, para destruir un aeropuerto de clase mundial que suponía un progreso enorme para el país y generaría cientos de miles de empleos y, en su lugar, erigir otro en el peor lugar posible.

            También hay dinero para una refinería y un tren desaconsejados por los expertos, para entregar efectivo a manos llenas con fines clientelares, para atajar el paso de los migrantes centroamericanos.

            Asimismo, hay dinero para otorgarle al Presidente una partida secreta con los ahorros del presupuesto a los que puede dar el destino que por decreto determine. Tan sólo en este año los fondos por ahorros en compras de insumos y medicinas y por la eliminación de seguros médicos y de separación ascienden a 125 mil 700 millones de pesos. ¡Para lo que el Presidente determine!

            La supuesta política de austeridad es una falacia. Lo que se está haciendo es reencauzar el dinero para atender no a las necesidades prioritarias de los habitantes y al progreso científico y tecnológico del país, sino para fortalecer un proyecto que responde a las fantasías ideologizadas y al afán de acrecentar el poder del Presidente de la República.

            Una política de austeridad, es decir, de sobriedad, morigerada, sin excesos, sería plausible. No lo es, en cambio, la que está vulnerando derechos fundamentales de los mexicanos.

Incorruptible

Ser incorruptible, sin duda, es un gran mérito. La honestidad no sólo debe ser un atributo de los servidores públicos. Todo individuo que se respete —quien tiene amor propio, quien se valora a sí mismo— considera inaceptable incurrir en corruptelas.

            Reiteradamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que él, a diferencia de sus antecesores, no es corrupto, y que, dado que es un ejemplo de incorruptibilidad para todos los servidores públicos, su gobierno abatirá la corrupción en México, con lo cual se contará con mayor cantidad de recursos económicos para llevar a cabo sus programas.

            Dado que se asume como incorruptible, el Presidente reparte dinero sin reglas que permitan saber el criterio de la repartición y adjudica obra pública sin la correspondiente licitación. Por lo visto, las normas de transparencia sirven para evitar la corrupción y él, ya se sabe, es incorruptible: ¿por qué tendría que sujetarse a regla alguna?

            Incluso los comentaristas que están en total desacuerdo con la mayoría de sus decisiones parecen convencidos de que, si bien comete numerosos dislates y toma abundantes medidas perjudiciales para el país, la corrupción no es uno de los extravíos del Presidente.

            Ser incorruptible, sin duda, es un gran mérito. La honestidad no sólo debe ser un atributo de los servidores públicos. Todo individuo que se respete —quien tiene amor propio, quien se valora a sí mismo— considera inaceptable incurrir en corruptelas. Es deshonroso realizarlas: quien las practica no se tiene en alta estima.

            Escrito lo anterior, me pregunto: ¿todas las acciones del Presidente están libres de corrupción de tal manera que él podría arrojar la primera piedra a los corruptos a quienes tanto fustiga verbalmente? ¿No es acaso corrupción la referida adjudicación de obra pública sin licitación?

            ¿No es corrupción el pago de 45 mil millones de dólares por la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto internacional? Porque cualquiera puede hacer con su dinero lo que se le antoje, incluso arrojarlo por una alcantarilla, pero el dinero pagado por la cancelación, una cifra estratosférica, es el de todos nosotros, los contribuyentes.

            Esa cantidad podría haberse aplicado, por ejemplo, a los servicios de salud, que se han visto deteriorados dramáticamente por los recortes presupuestales. Seguramente  de algo hubieran servido esos dólares con los que se pagó —¡con dinero ajeno!— un capricho incomprensible.

            ¿No es corrupción la burla de la consulta pública en virtud de la cual se decidió esa cancelación, dado que sólo participó, cuando mucho, el uno por ciento de los ciudadanos (digo cuando mucho porque algunos votaron hasta cinco veces) y no hubo ninguna garantía de limpieza en cuanto a la emisión, el resguardo y el conteo de los votos?

            ¿No es corrupción recortar brutalmente los recursos y el personal de los hospitales públicos para emplear ese dinero en dádivas con propósitos clientelares y en obras onerosas —Santa Lucía, Dos Bocas, tren maya— desaconsejadas unánimemente por los expertos?

            ¿No es corrupción entregar a las mafias sindicales el control de la educación de los niños cuyos padres no pueden pagar las colegiaturas de las escuelas particulares, condenándolos a no ser destinatarios de la preparación que se requiere para competir sin demasiada desventaja en el mercado laboral y para la formación humana integral?

            ¿No es corrupción haber eliminado el apoyo a las estancias infantiles salvo a las del Partido del Trabajo (PT) por la única razón de que es un aliado político, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en su operación? Los 800 millones de pesos que recibirá el PT son equivalentes al 40% de lo que ha sido quitado a más de 9,300 estancias.

            ¿No es corrupción la mentira, decir “yo tengo otros datos” como burda coartada para no reconocer las cifras de homicidios que proporciona el Sistema Nacional de Seguridad Pública o asegurar que se han creado más empleos que en el pasado inmediato en contradicción con los datos del Inegi? ¿O presentar como una victoria el humillante acuerdo con Estados Unidos sobre migración, cuyo origen fue el incumplimiento de acuerdos secretos previos?

            No son los únicos ejemplos, pero el espacio se me acaba. Los que aquí se han apuntado son claramente casos de corrupción. ¿Me equivoco? No hay una corrupción buena y una corrupción mala. Toda corruptela es inaceptable y quebranta el honor —cualidad que lleva al comportamiento digno respecto del prójimo y de uno mismo— de quien la lleva a cabo.

¿Paso a la autocracia?

Hay evidencias incontrovertibles que permiten sostener que los organismos de derechos humanos han evitado o detenido injusticias, resarcido los derechos de las víctimas y propiciado que los abusos de poder sean castigados.

            A casi 30 años de la instauración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la que siguió la de sus homólogas en las entidades federativas, no se ha realizado en México el necesario análisis riguroso de la actuación de esos organismos.

            Sin embargo, hay evidencias incontrovertibles que permiten sostener que, en muchos casos, la mayoría no registrados en los medios de comunicación, esos organismos han evitado o detenido injusticias, resarcido los derechos de las víctimas y propiciado que los abusos de poder sean castigados.

            De esa manera, la institución del ombudsman ha propiciado una auténtica revolución cívica al constituirse en instrumento eficaz al alcance de cualquier persona —no se requieren los servicios de un abogado para presentar la queja—, con lo cual una buena cantidad de ciudadanos ha transitado de una actitud de resignación resentida ante los agravios de las autoridades a otra de coraje activo en defensa de sus derechos.

            Desde que fue creado, hubo quienes vieron con antipatía al ombudsman, entre ellos los funcionarios públicos a quienes no agradaba la idea de que sus actos fueran supervisados por una institución profesional y autónoma para prevenir o enmendar arbitrariedades. Se ha tenido que explicar reiteradamente que el ombudsman no es enemigo de las autoridades, sino de las tropelías, la negligencia y el incumplimiento de los deberes por parte de quienes ostentan un cargo público.

            No obstante, una iniciativa de Morena y el Partido del Trabajo propone la desaparición de los organismos públicos defensores de derechos humanos y su sustitución por una Defensoría del Pueblo que tendría delegaciones en las entidades federativas. ¿Por qué desaparecer instituciones que generalmente han funcionado bien? Una posible explicación es la clara animadversión del Presidente de la República por los organismos autónomos, la cual se ha manifestado un sinnúmero de veces, la más reciente en perjuicio del Coneval. Pero su agresión a la CNDH es particularmente violenta, lo que, al parecer, se debe a la irritación que le causa que se le señalen sus atropellos.

            En Venezuela, de cuyo régimen tiránico son admiradores varios adláteres del Presidente, hay una Defensoría del Pueblo obsecuente hasta la ignominia con el gobierno, al punto de que el propio hijo del defensor le reclamó públicamente a su padre su conducta servil y deshonrosa. En un video, con palabras impregnadas de dolor y de todo el fuego de sus 20 años, se dirigió a su padre: “Te pido como hijo, y en nombre de Venezuela… que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer… sé que no es fácil, pero es lo correcto”.

            Como Andrés Manuel López Obrador carece de argumentos para descalificar a la CNDH, miente al decir que ésta carece de autoridad moral porque guardó silencio cómplice “cuando el Estado era el principal violador de los derechos humanos”, y ejemplificó con los casos de la guardería ABC y de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero, como se puede constatar fácilmente, la CNDH se ha pronunciado en esos asuntos, como en los demás de su competencia, con profesionalismo y objetividad. No es una conducta plausible de un Presidente —de nadie, pero sobre todo de un Presidente— que se incurra en la calumnia con el propósito de desprestigiar a una institución tan respetable y a sus integrantes.

            Ante la gravedad de la descalificación, por los términos en que se expresó y, sobre todo, por venir de quien viene, un grupo de académicos, militantes de diversas ONG, empresarios, periodistas y escritores, todos prestigiados, ha dirigido una carta pública al Presidente defendiendo al ombudsman y expresando con toda firmeza su rechazo al propósito de desaparecer la institución, así como su desacuerdo con la vulneración de los demás organismos autónomos.

            La carta es importante, pero insuficiente. Es preciso que, si se quiere defender la democracia, todos los sectores de la sociedad se manifiesten contra las pretensiones autocráticas y que los medios brinden el debido espacio a esas manifestaciones; que los partidos de oposición, las ONG, los centros de estudios y las organizaciones empresariales salgan de su letargo. La autocracia se ha impuesto en muchas ocasiones doblegando la resistencia de la sociedad civil, pero en otras, ¡ay!, ésta le ha facilitado el paso. Ω

Un desdén significativo

Sin ofrecer ninguna explicación pública, el Presidente se negó a escuchar el informe de Luis Raúl González, quien, tras numerosas gestiones, sólo pudo presentarlo ante la secretaria de Gobernación, sin la cobertura de informes pasados, pues la presencia del Presidente le daba a la ceremonia una alta relevancia mediática.

            Jamás, en sus 29 años de existencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había sido objeto del desprecio con que ahora la agravió el Presidente de la República. Año con año, el titular de la Comisión rendía su informe ante el titular del Ejecutivo, y éste tenía que escuchar señalamientos que no le resultaban gratos porque aludían a hechos y situaciones lesivos de los derechos fundamentales.

            El Presidente tenía que tragarse el sapo y, como al acto asistían todos los medios de comunicación, los cuales le concedían un importante espacio al informe, el conjunto de los ciudadanos se enteraba de lo que estaba pasando en un tema tan relevante. Así pues, la desatención del Presidente no fue sólo con el ombudsman, sino con toda la ciudadanía.

            Sin ofrecer ninguna explicación pública, el Presidente se negó a escuchar el informe de Luis Raúl González, quien, tras numerosas gestiones, sólo pudo presentarlo ante la secretaria de Gobernación, sin la cobertura de informes pasados pues, como ya apunté, la presencia del Presidente le daba a la ceremonia una alta relevancia mediática.

            El Presidente hubiera podido asistir al informe y, tras escuchar algunas verdades amargas, podía decir, como lo ha hecho una y otra vez, que él tenía otros datos o que las situaciones violatorias de derechos humanos se debían a las administraciones anteriores, pero que ahora, en virtud de que él está en la Presidencia, todo eso se enmendaría.

            Pero sencillamente el Presidente no quiso que nada turbara su tranquilidad. Sabía que, a pesar de su desdén, a la mañana siguiente, en su conferencia de prensa mañanera, los bien portados reporteros que acuden todos los días a cubrirla no le harían ningún cuestionamiento al respecto. ¡Por fortuna no estaría entre ellos Jorge Ramos ni ningún otro periodista díscolo!

            Con su actitud, el Presidente confirmó, una vez más, su antipatía por la causa de los derechos humanos, los organismos autónomos y reglas básicas del Estado de derecho. ¿Por qué el ombudsman lo iba a incomodar mencionando en su presencia cosas nada agradables? Ya ha demostrado en repetidas ocasiones que toda crítica le incomoda, que prefiere los aplausos del pueblo bueno en los mítines de las plazas públicas.

            El Presidente no tuvo que escuchar, por ejemplo, que varias de sus decisiones vulneran los derechos humanos o debilitan su defensa: la falta de apoyo a las estancias infantiles, a los refugios para mujeres maltratadas y a las instancias de atención a personas con discapacidad, y la descalificación a organizaciones de la sociedad civil, a periodistas y a comunicadores.

            En su informe, el ombudsman nacional pone énfasis en la grave crisis que enfrenta el sector salud por falta de recursos presupuestales, materiales y de personal. El combate a la corrupción y la reasignación de recursos —advierte Luis Raúl González— “no puede implicar que se suspenda o se ponga en riesgo la atención que es debida a los pacientes, así como el acceso a los tratamientos y medicinas a los que tengan derecho”. El Estado no puede dañar con acciones u omisiones la salud de las personas.

            Una de las conclusiones del informe es particularmente inquietante: en la medida que se debilitan las instituciones —que conforman un medio de control para evitar las arbitrariedades perpetradas desde el poder—, se abre la puerta para que la actuación del Estado sea más discrecional y la vigencia de las normas se diluya.

            Nada de eso tuvo que escuchar el Presidente. ¿Por qué pasar un mal rato? Como observa Héctor de Mauleón: “López Obrador quiso evitar que le dijeran esto en público. Ya se sabe: no le gustan los contrapesos” (El Universal, 4 de junio). Es mejor oír los elogios de sus incondicionales.

            Organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos consideraron preocupante y desalentador que el titular del Poder Ejecutivo se negara a escuchar el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En efecto, el desaire al ombudsman de un Presidente con tanto poder produce escalofrío.

            Pero la descortesía, además de preocupante y desalentadora, es significativa: pedagógicamente indica que nadie debe perturbar el ánimo del gobernante que ya no se pertenece a sí mismo, sino al pueblo, así sea con asuntos como el de las violaciones de su gobierno a los derechos humanos.

Ángeles del Apocalipsis

La Luz del Mundo siempre mantuvo una magnífica relación con el poder político. El momento culminante de esa relación ocurrió este mismo año, cuando en Bellas Artes, con asistencia de diputados y senadores, se rindió un insólito homenaje a Naasón Joaquín.

            Dios les reveló en sueños, a uno tras otro, que eran sus nuevos apóstoles, los ángeles del Apocalipsis, privilegiada calidad que Él les otorgaba y en virtud de la cual les asignaba la sagrada misión de fundar y dirigir una nueva iglesia en nombre de Jesucristo.

            Tres generaciones de ángeles en cuerpo de hombre. Eusebio Joaquín tuvo la revelación divina a los 30 años, en 1926, en la cual Dios le indicó que en adelante se llamaría Aarón, como el primer sacerdote de los hebreos. Una segunda revelación ocurrió en 1943: Eusebio Joaquín debía restaurar la primitiva iglesia cristiana. Lo hizo en 1953, en Guadalajara, para lo cual adquirió 14 hectáreas, en las cuales se formó la colonia Hermosa Provincia y se instauró la Luz del Mundo, que muy pronto contó con numerosos seguidores, todos pobres.

            A la muerte de Eusebio Joaquín, en 1964, a los 68 años, la estafeta fue entregada por Dios a su hijo Samuel Joaquín, de 27. Samuel Joaquín nació muerto y su padre le infundió vida haciéndolo superior al resto de los humanos. Bajo su dirección se enviaron misioneros a diversos países para hacer crecer la iglesia. En la década de los ochenta se construyó el actual templo de la Luz del Mundo, que sustituyó al antiguo, el cual había sido levantado en el barrio de San Juan de Dios. El nuevo templo alcanza 80 metros de altura y tiene capacidad para 15 mil personas.

            Samuel Joaquín dirigió la iglesia durante 50 años, hasta su muerte, a la edad de 77, en 2014. Lo relevó, asimismo por designio del Ser Supremo, su hijo Naasón Joaquín García. Para entonces la Luz del Mundo aseguraba que tenía cuatro millones y medio de adeptos. Devotos de varios países del mundo acuden cada 14 de agosto a celebrar la Santa Cena.

            La Luz del Mundo siempre mantuvo una magnífica relación con el poder político. Sus seguidores asistían a los mítines del partido en el poder en turno y votaban por sus candidatos. El momento culminante de esa relación ocurrió este mismo año, cuando en el Palacio de Bellas Artes, con asistencia de diputados y senadores, se rindió un insólito homenaje a Naasón Joaquín García con motivo de su cumpleaños 50.

            La doctrina de la Luz del Mundo sostiene que la Biblia solamente puede ser interpretada por los enviados de Dios, que exclusivamente son varones. Al Apóstol y Ángel del Apocalipsis —sucesivamente Eusebio Joaquín, Samuel Joaquín y Naasón Joaquín— se le considera mediador entre el mundo profano y el mundo sagrado. Sólo a través de él se puede lograr la salvación eterna. Es omnisciente: sabe incluso lo que piensan y sienten los mortales.

            Las mujeres de esta religión deben estar subordinadas a los hombres, usar faldas largas hasta los tobillos, no cortarse el cabello, prescindir de maquillaje y aretes, y entrar con velo al templo, en el cual se ubican separadas de los varones. A éstos corresponde ser proveedores de su familia. A unas y otros se les prohíbe fumar, beber, pronunciar palabras altisonantes, acudir a bailes, al cine o al teatro, ver televisión y escuchar música que no sea de su iglesia.

            Los feligreses no celebran Navidad ni Semana Santa: las únicas celebraciones autorizadas son la Santa Cena y el cumpleaños del líder. Tienen la capacidad de hablar en lenguas —a las mujeres se les concede ese don más generosamente— porque han recibido al Espíritu Santo, lo que prueba que la suya es la única religión verdadera.

            En todos los tiempos han surgido personajes que se han proclamado elegidos de Dios para mostrar a todos la voluntad divina. Eso no es sorprendente. Lo asombroso es que logren el seguimiento incondicional de multitudes. Lo interesante es reflexionar sobre los motivos de esta adhesión absoluta.

            Creo que no todos los humanos sienten que la vida es una fiesta y que incluso —por decirlo con las palabras de Jorge Guillén— respirar, sólo respirar, ya es saber, ya es amor, ya es alegría. Hay quienes están convencidos de que éste es un valle de lágrimas en que habitamos los desterrados hijos de Eva, y necesitan, atormentadamente, que alguien les guíe hacia la luz verdadera y les dé la esperanza de que habrá otra vida en la que alcanzarán la plenitud.

            Es tan ingente esa necesidad, que muchas veces no exigen en su guía virtudes extraordinarias: se las atribuyen, se las inventan aun a individuos mediocres. En ocasiones incluso a canallas.

¿Autocracia o democracia?

Es imprescindible que se mantengan y fortalezcan las instituciones democráticas, la auténtica división de poderes, los contrapesos al gobernante, las reglas de transparencia y los organismos que controlan y supervisan el ejercicio del poder.

            ¿Es posible que los avances democráticos conquistados en un país durante décadas se echen abajo en tan sólo unos cuantos años o, peor aún, en unos cuantos meses? Sí, es posible, y tenemos a la vista un ejemplo muy cercano, el de Venezuela, donde, además de que se ha sometido a la población —salvo a los incondicionales del régimen— a condiciones de vida intolerables que configuran una crisis humanitaria —lo que ha ocasionado que en cuatro años hayan salido del país cuatro millones de habitantes—, la democracia ha sido aniquilada.

            Mucho se ha escrito sobre el desencanto con la democracia en los países de América Latina. El nuestro no es la excepción. Los gobiernos democráticos carecen de fórmulas mágicas para terminar de inmediato con problemas sociales tan complejos y añejos como la pobreza, la marginación, el desempleo, la corrupción, la criminalidad desbordada, la impunidad, la inoperancia de muchas instituciones, la insuficiencia de los servicios públicos, etcétera.

            La democracia tampoco da la felicidad. No concede al enamorado que la persona amada, que le ha negado su amor, caiga rendida en sus brazos; no regala alegría a los aquejados de melancolía pertinaz; no acerca las musas al poeta cuyos versos son invariablemente mediocres; no obsequia elegancia espiritual a los zafios ni talento a los mentecatos; no convierte a una selección nacional de futbol de calidad apenas mediana en campeona del mundo.

            Un gobierno democrático puede ser eficaz o ineficaz, aliviar los problemas sociales o agravarlos, tomar medidas benéficas o perjudiciales para los gobernados. Pero la democracia es el único sistema político que permite  elecciones limpias y transparentes, exentas de manipulaciones tramposas, así como combatir los actos de gobierno abusivos acudiendo al Poder Judicial o a organismos defensores de derechos humanos que resuelvan los casos sin presiones del poder político, con autonomía, profesionalismo y objetividad.

            Por eso es imprescindible que se mantengan y fortalezcan las instituciones democráticas, la auténtica división de poderes, los contrapesos al gobernante, las reglas de transparencia, los organismos que controlan y supervisan el ejercicio del poder, y los que organizan, vigilan y califican imparcial y transparentemente las elecciones. Tales instituciones deben ser fuertes y plenamente autónomas, y no estar sometidas a actos intimidatorios. Sólo así están en condiciones de cumplir con su misión.

            En México se ha logrado erigir instituciones de esa naturaleza, con esas características, las cuales han sido piezas fundamentales para ir avanzando en nuestra democratización. Debilitarlas o controlarlas desde el gobierno, o intimidar a sus integrantes, es atentar contra la democracia. El autócrata sueña con concentrar el poder de tal forma que sus decisiones y acciones no estén sujetas ni a restricciones legales ni a mecanismos regulativos de su poder.

            ¿Qué se quiere: autocracia o democracia? Por la autocracia se inclinarán quienes obtienen o esperan de ella prebendas y quienes tienen vocación de tiranos o de siervos. Por la democracia nos manifestamos quienes tenemos vocación de ciudadanos y estamos convencidos de que todo poder, para no ejercerse despóticamente, requiere contrapesos y sujeción estricta a la ley.

            Quienes creemos en la democracia nos opondremos con toda energía a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté supeditada al Presidente de la República, a que los organismos públicos de derechos humanos desaparezcan para dar lugar a una defensoría —sólo de nombre— complaciente con los abusos de las autoridades, a que se eliminen los organismos electorales de las entidades federativas y que las elecciones sean organizadas y sancionadas por un solo instituto nacional, cuyos integrantes serían designados por la mayoría parlamentaria con que cuentan el partido en el poder y sus aliados. Nos opondremos firmemente porque eso destruiría nuestra democracia.

            ¿No somos mayoría? Los espejismos no duran para siempre. La realidad se va imponiendo a las visiones ideologizadas o ilusorias. La popularidad de un gobierno tiende a disminuir cuando un segmento de sus adeptos empieza a advertir que muchas de sus medidas, además de autoritarias, son insensatas y nocivas no sólo para los opositores, sino también para ellos mismos.

Policías fifís

Los policías federales han tenido que defecar a la intemperie o en retretes atascados de mierda, ingerir comida chatarra sentados en el suelo, patrullar desarmados en unidades descubiertas bajo los inclementes rayos del sol… ducharse en baños asquerosos.

            Todo policía que aspire a dormir en una cama confortable ubicada en una habitación limpia, comer con cubiertos alimentos saludables sentado a la mesa, defecar en un retrete higiénico que pueda descargarse al finalizar la evacuación, ducharse parado en un suelo libre de hongos, lavarse las manos y los dientes en un lavabo aseado o contar con el equipo adecuado al acudir a cumplir con sus tareas… ¡es un policía fifí, característico de los gobiernos neoliberales, que no entiende que ahora tiene el honor de ser un policía de la cuarta transformación!

            No, amables lectores, no he enloquecido, como parecería desprenderse de lo que acaban de leer: lo único que he hecho en el párrafo anterior es reproducir la opinión de Francisco Garduño, flamante comisionado del Instituto Nacional de Migración, quien descalificó las quejas por la situación en que se encuentran los agentes de la Policía Federal enviados a los operativos contra los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.

            Los más ingenuos creíamos que un gobierno que se asume de izquierda, y cuyo máximo titular jura que ya no se pertenece a sí mismo, pues le pertenece al pueblo, aspiraría a que todos los trabajadores tuviesen una vida decorosa tanto en su jornada laboral como en sus horas de descanso. Qué equivocados estábamos: un policía de la cuarta transformación, en opinión de Garduño, jamás debe inconformarse por sus condiciones de trabajo, sean éstas las que fueren. Los agentes que han expresado inconformidad, dice el comisionado, “eran fifís (cuando aún no llegaba la cuarta transformación) y quieren seguir como fifís”.

            A Garduño le escandaliza que quienes ahora duermen a la intemperie o en tiendas de campaña, sobre cartones o tablas, con una temperatura superior a los 35 grados y humedad de 90, en el pasado hayan pernoctado en un hotel y se hayan alimentado del bufet que se ofrece en éste, lo que, a juicio del comisionado, tenía un costo altísimo. Cualquiera, al leer lo declarado por Garduño, pensaría que los agentes se alojaban en un Four Seasons o un hotel igual de lujoso y comían tres veces al día langosta o delicias similares acompañadas de champaña Dom Perignon.

            Pues no: se hospedaban —según acusa el comisionado— en un Holiday Inn, que no es precisamente un alojamiento lujoso. ¿O es que yo mismo soy tan  fifí que el Holiday Inn me parece un hotel aceptable, pero nada lujoso? ¿Cómo vive Garduño? ¿Su casa es más modesta que una habitación del Holiday Inn? Porque él es un hombre de la cuarta transformación y, por tanto, debe predicar —la cuarta transformación abunda en predicadores, empezando por el Presidente— con el ejemplo.

            Los policías federales han tenido que defecar a la intemperie o en retretes atascados de mierda, ingerir comida chatarra sentados en el suelo, patrullar desarmados en unidades descubiertas bajo los inclementes rayos del sol y sin impermeables para cubrirse de las lluvias, ducharse en baños asquerosos. Siempre he creído que lo primero que debe hacerse para que tengamos policías altamente profesionales es respetar la dignidad de sus integrantes. Nunca imaginé que la cuarta transformación les diera un trato infrahumano.

            Hay en la postura de Garduño, por supuesto, un desprecio clasista, pero hay algo más, algo que hemos advertido en los actos del actual gobierno: un oscuro resentimiento, cuyos motivos desconozco, que busca en quienes desquitarse, y que ha perjudicado a muchos mexicanos con la cancelación del nuevo aeropuerto, los comedores populares y el metrobús de La Laguna; los despidos arbitrarios; la reducción o supresión de apoyo a refugios para mujeres maltratadas y a estancias infantiles; los recortes de presupuesto a institutos médicos, hospitales y universidades, y la eliminación de prestaciones y estímulos a académicos, artistas y científicos.

            Se me replicará que el gobierno reencauza las erogaciones a las tres grandes obras que ha anunciado y a las dádivas con propósito clientelar. De acuerdo, pero el reencauzamiento —como lo muestra la declaración de Garduño, tan bajuna que se vio obligado a disculparse— no está exento de un turbio rencor que desde el poder encuentra las ocasiones más propicias para manifestarse.

            Dice una popular copla española:

Igualdad, oigo gritar

al jorobado Torroba.

¿Quiere perder la joroba

o nos quiere jorobar?

Lo que pasa por su cabeza

Ni sus críticos más acérrimos en las tres ocasiones en que fue candidato sospechamos que el ahora presidente llegaría a los extremos que estamos presenciando.

            La primera decisión absurda fue la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto internacional, lo cual nos costará 145 mil millones de dólares. La obra, con avance de 30%, era autofinanciable, detonaría un gran progreso, resolvería el problema de saturación del aeropuerto actual y generaría cientos de miles de empleos. Lo inaudito no fue sólo esa decisión. Se acompañó de una burla: una supuesta consulta a los ciudadanos, en la cual no participó más del uno por ciento del padrón electoral, completamente controlada por el partido en el gobierno, lo que permitió que algunos votaran hasta cinco veces. Fue el principio de una cadena de medidas indefendibles.

            Algunas de esas medidas vulneran nuestra democracia. Se intenta configurar una Suprema Corte supeditada al presidente. Se impusieron a los gobernadores superdelegados que les disputan el poder. Se ha recortado presupuesto a organismos autónomos y se ha calumniado a sus integrantes. Se ha instruido a secretarios de Estado a que violen preceptos constitucionales. Se han anulado las reglas de transparencia en la asignación de recursos y la adjudicación de obra pública.

            Otras dañan directamente a una gran cantidad de mexicanos. Se derogó la reforma educativa anunciándose que la contrarreforma incluirá todo lo que disponga la CNTE, con lo cual se sigue condenando a los niños pobres a una educación deficiente. Se ha despedido arbitrariamente a decenas de miles de trabajadores del Estado. Se ha renunciado a la generación de energía limpia. Se han eliminado fondos destinados a las estancias infantiles, los refugios de mujeres víctimas de violencia familiar, la investigación científica, los programas de innovación de empresas, las becas de estudiantes en el extranjero, el respaldo a pequeños agricultores y el organismo que controla los incendios forestales.

            Mención aparte amerita el desprecio por la salud de todos los que no podrían pagar seguro de gastos médicos, medicamentos caros ni hospitales privados. El gobierno federal ha desaparecido los recursos del programa de detección y atención al cáncer de mama y disminuido en 95% los de la detección y atención al cáncer de pulmón; ha rebajado los de los institutos médicos especializados; ha colocado al IMSS y al ISSSTE en situación de inopia; ha provocado desabasto de medicinas y falta de personal médico.

            Grandes cantidades se destinarán a onerosos proyectos                      ––aeropuerto de Santa Lucía, tren maya, refinería Dos Bocas–– prescindiendo de evaluaciones técnicas e ignorando la opinión de los expertos, y a dádivas con fines clientelares. 350 millones de pesos anuales se dedicarán a la promoción del beisbol ––el deporte favorito del presidente–– en las escuelas.

            Pero el presidente no tolera la crítica, a la que nunca responde con argumentos sino con descalificaciones. Aseveró que las versiones por carencias hospitalarias provenían del hampa del periodismo, y horas después la presidencia difundió una tramposa lista de columnistas y empresas de medios que suscribieron contratos de publicidad                      ––totalmente lícitos–– con el gobierno de Peña Nieto. La lista sólo incluye el 1% de la publicidad oficial de 2017 y mezcla a individuos, como si éstos hubieran recibido a titulo personal los pagos, con empresas.

            Entre los difamados ninguno ha sido objeto de tanta atención por parte del presidente como Pablo Hiriart, periodista de brillante trayectoria, cuestionador agudo y pertinaz que se le ha vuelto una obsesión quizá porque es quien más clara e inobjetablemente ha exhibido sus desfiguros.

            Los despropósitos del presidente han sido reiteradamente señalados. De lo que no se ha escrito es de lo que pasa por su cabeza. Se le llena la boca al proclamar que su gobierno será el de la cuarta transformación de México y que él ya no se pertenece a sí mismo sino al pueblo. ¿Por qué entonces las acciones y omisiones perjudiciales para los menos favorecidos? ¿Por qué no escucha a los expertos ni contesta refutación alguna con razones? ¿Está de veras convencido de que es un iluminado a quien no deben pedirse cuentas ni explicaciones y, por tanto, le incomodan los contrapesos propios de la democracia? Ω

Cuando la vida se vuelve un tormento

Tenemos derecho a la vida, pero no debiera ser una obligación soportarla a cualquier precio. De ahí que razonablemente la eutanasia no deba considerarse delito. Más aún: habría que considerar el acceso a la muerte con asistencia médica como un derecho.

            Pocas escenas me han conmovido tanto. En su domicilio conyugal, en Aravaca, Madrid, Ángel, de 69 años, le dice con delicadeza a María José, de 61, quien padecía esclerosis múltiple desde hacía 30: “Vamos a grabar este video porque es muy importante para que quede constancia…. ¿Sigues con la idea de que quieres suicidarte?”. Ella responde que sí desde la cama en que yace, con notoria dificultad para pronunciar ese solo monosílabo.

            Ángel le pregunta: “¿Sabes que te tengo que ayudar yo? Que no hay nadie más que te pueda ayudar, y además no estaría bien que… Me lo has pedido muchas veces… yo confiaba en que se iba a aprobar lo de la eutanasia, pero claro, visto lo visto… ¿Entonces insistes en que quieres suicidarte?… Vamos a ver: ¿quieres que lo prepare y que lo hagamos mañana?”. Ella no duda: “Sí”. Él expresa una inquietud: “Lo único que me preocupa es que no puedas ingerir el líquido porque tienes problemas de deglución… Te voy a dar lo que con mucho esfuerzo, cuando todavía podías un poco manejar tus manos, conseguiste a través de internet…”. Ella está resuelta: “Sí”.

            Al día siguiente Ángel vuelve a encender la cámara. “Bueno, María José, ha llegado el momento que tanto deseabas. Yo te voy a prestar mis manos, eso que tú no puedes. Primero vamos a probar con un poquito de agua porque no sé si puedes tragar…”. Ella bebe con un popote. Él la mira con infinita ternura: “Pues adelante. A ver, dame la mano que quiero notar la ausencia definitiva de tu sufrimiento. Tranquila, ahora te dormirás enseguida”.

            Después de pasar los videos, la televisión exhibió fotografías de los cónyuges cuando eran jóvenes, estaban sanos y tenían, como suele decirse, toda la vida por delante. María José había sido una mujer bellísima, y Ángel era un hombre apuesto. Se les ve alegres, entusiastas, enamorados.

            Una vez realizado el reiterado deseo de María José, Ángel llamó a la policía, narró lo que había hecho e indicó que quería entregarse.

            La muerte es un mal que nos aterra porque al morir perdemos todo. Pero hay algo peor que la muerte: el sufrimiento atroz, sin esperanza alguna de volver a gozar de los dones que ofrece la vida. No sólo el dolor físico puede alcanzar límites insufribles: también el sicológico, por las condiciones en que se vive y el saber que se seguirá viviendo así por un lapso indeterminado que quizá se alargue por años.

            La vida es un tesoro invaluable si y sólo si podemos disfrutarla. Cuando se vuelve un tormento constante no sólo deja de ser un bien, sino se convierte en un castigo inaguantable. Tenemos derecho a la vida, pero no debiera ser una obligación soportarla a cualquier precio. De ahí que razonablemente la eutanasia no deba considerarse delito. Más aún: habría que considerar el acceso a la muerte con asistencia médica como un derecho, una ampliación del catálogo de los derechos humanos.

            En derecho comparado se prevén dos opciones: la eutanasia directa, que consiste en provocar la muerte del paciente generalmente con una inyección, y la ayuda al suicidio, facilitándole los medios para que él mismo acabe con su vida. En ambos casos se utilizan fármacos de acción rápida e indolora.

            La eutanasia es distinta del derecho del paciente a rechazar los tratamientos y soportes vitales que lo mantienen con vida, rechazo que se puede manifestar ejerciendo la denominada voluntad anticipada —regulada en cerca de la mitad de las entidades del país—, mediante la cual una persona mayor de edad expresa su decisión de ser sometida o no a medios o tratamientos que pretendan prolongar su vida si se encontrara en estado terminal y fuera imposible mantenerla viva de manera natural.

            Quien quiere morir porque su existencia se ha vuelto un infierno y está imposibilitado de quitarse la vida sin ayuda, queda atrapado en una jaula que es su propio cuerpo, el cual no responde a su voluntad. Imponerle la continuación del suplicio a quien se halla en tal situación no es una actitud humanitaria, sino una crueldad sin sentido. Ángel no sólo libró a su mujer de un padecimiento inclemente. Al grabar los diálogos y entregarse a la policía, su conducta trascendió su acto de amor y compasión: mostró ante el mundo lo absurdo y desalmado que es criminalizar la eutanasia en vez de consagrar como un derecho humano el acceso a una muerte médicamente asistida.

No es una comisión de la verdad

La credibilidad de una Comisión de la Verdad depende principalmente de que sus miembros gocen de excelente reputación moral y profesional y de que se garantice su independencia total de cualquier interferencia política.

            La Comisión creada por decreto presidencial “con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad” (Diario Oficial de la Federación, 4 de diciembre de 2018) ha sido llamada por los medios de comunicación, sin que se les haya corregido desde la Oficina de la Presidencia ni desde otra oficina gubernamental, Comisión de la Verdad, pero en ninguna parte del decreto se le denomina de esa manera, y sus características no son las de las comisiones de la verdad que se han integrado y han trabajado en varios países del mundo.

            Esas comisiones —explica la ONU— se constituyen, después de una dictadura o un conflicto armado, para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a violaciones de los derechos humanos. Aunque no establecen responsabilidades individuales, sus investigaciones pueden reunir “evidencia útil para una investigación penal”. No se enfocan en asuntos particulares o en las circunstancias de un suceso específico, sino “cubren periodos más largos de abuso, que a veces duran hasta décadas”. La credibilidad de una Comisión de la Verdad depende principalmente de que sus miembros gocen de excelente reputación moral y profesional y de que se garantice su independencia total de cualquier interferencia política.

            La Comisión instituida en nuestro país para el caso Ayotzinapa no es una Comisión de la Verdad en virtud de que:

a) No se ha constituido después de una dictadura o un conflicto armado;

b) No se ha formado para investigar hechos ocurridos durante un lapso de varios años sino, como el decreto lo indica, para fortalecer el derecho de los familiares de las víctimas de conocer la verdad en un único caso: el de Ayotzinapa, que tuvo lugar durante unas cuantas horas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014;

c) No tiene siquiera la facultad de realizar indagaciones conducentes a aportar “evidencia útil para una investigación penal”. El propósito de su conformación es otorgar la asistencia que los familiares de las víctimas requieran ante la autoridad competente a fin de hacer valer con efectividad el derecho humano a “un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad”;

d) Es dudoso que sus integrantes gocen de excelente reputación profesional. Se indica en el decreto que la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá celebrar convenios que permitan la asistencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero ya tuvimos la amarga experiencia de la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que no aportó nada relevante a la investigación y, por el contrario, se empecinó, contra las evidencias científicas, en negar el incendio en el basurero de Cocula. Cosas veredes: el gobierno federal ha despedido y está despidiendo injustificadamente a decenas de miles de empleados públicos mientras se dispone a erogar millones de pesos para pagar a un grupo que no ha buscado la verdad sino el rédito político, y

e) No está garantizada su independencia total de cualquier interferencia política. Está presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y tendrá representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda. También la integrarán “los familiares de los estudiantes desaparecidos (¿todos los familiares, pues el artículo los así lo indica?) o quien ellos designen que los represente”.

            Para que los familiares estén debidamente informados, ¿hacía falta crear esa Comisión? Para atar los cabos sueltos de la indagatoria, basta cumplir con la recomendación de la CNDH, la cual, como ha reconocido el doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, es producto de un trabajo escrupuloso. Lo más importante de la recomendación es la advertencia de que no se han analizado todos los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula y el río San Juan, ni se ha solicitado el análisis correspondiente, que permitiría la identificación genética de personas cuyos restos fueron calcinados allí. Sería una prueba crucial. No se sabe que el fiscal general haya hecho la solicitud al prestigiado laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria. ¿Por qué?

En nombre del pueblo

Lo que ha tardado años o décadas en construirse se puede destruir en unos cuantos días, por absurda que sea la decisión de aniquilarlo: la reforma educativa, el nuevo aeropuerto internacional, las reglas de transparencia, las medidas para desplegar energías limpias…

            El espléndido artículo de Raúl Trejo Delarbre “Un guión para narrar esta catástrofe” (La Crónica de Hoy, 13 de mayo), da cuenta de los graves retrocesos que está experimentando el país en menos de medio año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

            Sí, tal como lo dice el título del artículo, estamos viviendo una catástrofe que solamente puede negarse desde el fanatismo, el sectarismo más extremo, la servidumbre ideológica o el afán de no caer de la gracia del Presidente para no perder un cargo o determinados privilegios, pues, para él, toda crítica, por bien argumentada que esté, forma parte de la conspiración conservadora contra su gobierno.

            Lo que ha tardado años o décadas en construirse se puede destruir en unos cuantos días, por absurda que sea la decisión de aniquilarlo. La reforma educativa, el nuevo aeropuerto internacional, las reglas de transparencia, las medidas para desplegar energías limpias, el apego a la ley de todo acto de autoridad, las estancias infantiles, los refugios para mujeres víctimas de violencia, el abasto oportuno de medicamentos a enfermos crónicos, los recursos suficientes a institutos médicos que han sido orgullo del país, el respaldo a los discapacitados, el respeto a los derechos de los trabajadores del Estado… son sólo algunos ejemplos de todo aquello que el gobierno ha destruido, eliminado, menguado o vulnerado.

            Como explica Trejo Delarbre, ya que “el presidente se considera a sí mismo vocero, intérprete, representante y protector del pueblo, construye un discurso autojustificatorio y, desde esa perspectiva, irrebatible”. Se pueden causar graves perjuicios a los gobernados invocando como justificación que se está actuando en nombre de esa entidad abstracta que es el pueblo, el pueblo sabio y bueno, como le gusta calificarlo a López Obrador.

            Decenas de miles de trabajadores despedidos, mujeres y niños afectados, discapacitados o pacientes perjudicados, un país que pierde la oportunidad de contar con un aeropuerto de clase mundial y, en cambio, tiene que erogar cantidades estratosféricas por la cancelación de la obra, una población completa a la que se niega un medio ambiente limpio, cientos de miles de niños cuyos padres no pueden pagar colegios particulares condenados a una educación deficiente… todo eso en nombre del pueblo.

            El concepto pueblo ha sido sacralizado, mistificado, elevado a la categoría de divinidad, cuyas decisiones son inapelables. Norberto Bobbio alerta: “… es un concepto ambiguo, que utilizan también todas las dictaduras modernas. Es una abstracción a veces falsa: no está claro a cuántos individuos de los que viven en un territorio abarca el término ‘pueblo’. Las decisiones colectivas no las toma el pueblo, sino los individuos, muchos o pocos, que lo componen”.

            El imprescindible Fernando Savater advierte que el término pueblo “también lo utilizan a veces nacionalistas y colectivistas de todo pelaje para nombrar a una entidad superior y eterna que se opone a cada uno de los ciudadanos de carne y hueso, una especie de diosecillo político que siempre tiene razón por encima de ellos y contra ellos: lo importante es lo que quiera el Pueblo (es decir, lo que dicen que quiere los que hablan en su nombre), más allá de lo que efectivamente quiere cada cual”.

            Nuestro Octavio Paz observa que la verdadera democracia “no consiste sólo en acatar la voluntad de la mayoría sino en el respeto a las leyes constitucionales y a los derechos de los individuos y de las minorías. Ni los reyes ni los pueblos pueden violar la ley ni oprimir a los otros”.

            El terror en que degeneró la Revolución Francesa; los postulados aberrantes y el genocidio del nazismo; las copiosas ejecuciones, las deportaciones masivas, los juicios grotescos, las muertes por inanición y los crímenes contra la cultura del stalinismo y del maoísmo; la gigantesca carnicería de Pol Pot; el encarcelamiento y los fusilamientos de disidentes no violentos y las persecuciones contra homosexuales en la Cuba castrista; el sojuzgamiento de las instituciones públicas, el encarcelamiento de opositores y la cancelación de libertades en la Venezuela chavista… todo eso —y tantas otras tropelías infames— se ha hecho invocando la voluntad del pueblo, que en realidad es la voluntad de quienes en un momento determinado detentan el poder.

Amado Nervo

El poeta expresó, con emotividad y magnifica calidad literaria, muchos de los anhelos, ansiedades, angustias, dudas, deseos, ensueños, inquietudes, temores, tristezas y tormentos que han desvelado y sacudido a mujeres y hombres de todos los tiempos.

            En mi hogar infantil, la casa donde vivía con mis padres y mis hermanos, no había libros. Sin embargo, desde primero de secundaria me aficioné a visitar las librerías de viejo del centro, en las que abundaban títulos que me parecían muy atractivos a un precio accesible para un adolescente que recibía de domingo una muy módica cantidad.

            El primer libro que leí fue Plenitud, de Amado Nervo, que me dejó cautivado. Supe que la lectura sería uno de mis grandes placeres y que quedaba emplazado a leer el resto de la obra del autor de ese mi primer libro. En Plenitud, Nervo comparte su comprensión del arte de la buena vida en una época en la que no proliferaban los libros de autoayuda. Muestra en esas páginas su cabal entendimiento de que la vida es un tesoro no renovable y de brevísima duración, por lo que es indispensable saber paladearla plenamente. Cada una de sus consideraciones me hizo reflexionar en mí mismo a una edad en la que se iniciaba mi adolescencia y todo me parecía confuso y extraño.

            En ese libro y en el resto de los del poeta nayarita encontré una sensibilidad exquisita e intensa, un espíritu elegante e inquieto, un misticismo sublime que convivía con una sensualidad desbordante, una imaginación sin fronteras, una intuición aguda para vislumbrar aquello que no percibimos con los sentidos. Todo eso, que lo caracterizaba como un hombre extraordinario, quedó magistralmente manifestado en la poesía y la prosa de Amado Nervo.

            Décadas después de su muerte se puso de moda, en los círculos académicos e intelectuales, tildarlo de cursi. Siempre olfateé en esos juicios cierto tufillo de envidia. La poesía casi nunca ha sido demasiado popular, y no ha habido un poeta más popular ni más querido que Amado Nervo. Escribió el bardo argentino Baldomero Fernández Moreno: Cierra un poco la puerta de la calle. Amado Nervo ha muerto. Estáis de luto todas las mujeres.

            Por supuesto, que un escritor sea popular no significa que sea un buen escritor. Pero Amado Nervo expresó, con emotividad y magnifica calidad literaria, muchos de los anhelos, ansiedades, angustias, dudas, deseos, ensueños, inquietudes, temores, tristezas y tormentos que han desvelado y sacudido a mujeres y hombres de todos los tiempos.

            De ahí el gigantesco homenaje —el más grande jamás brindado a un escritor— que se le tributó al morir, hace 100 años, en todos los países de habla hispana. En todas las ciudades por donde pasaba el féretro, traído a nuestro país desde Montevideo en barco, multitudes salían a darle el último adiós con admiración y pesar. Esa veneración no fue producto de la publicidad. No había entonces televisión. Un escritor no era admirado por salir en pantalla o dar entrevistas sino porque sus admiradores habían leído su obra.

            Me conmueve en Amado Nervo la ardiente tensión entre su inclinación al ascetismo, los sobresaltos eróticos que lo asaltaron siempre, su pasión amatoria y su aspiración de encontrarse con Dios. Al leer al teólogo Thomas de Kempis parece dispuesto a renunciar a los labios que al beso invitan, pero no deja de estremecerse al contemplar la rara belleza, el ritmo en el paso, la innata realeza de porte o las formas bajo el fino tul de las mujeres tentadoras.

            Se atormenta entre la obsesión de castidad y las tentaciones de Eros. ¡Retírate! He bebido de tu cáliz, y por eso / mis labios ya no saben dónde poner su beso… Se dice dispuesto a acudir al llamado de Dios sin volver siquiera la mirada para mirar a la mujer amada, pero al morir Ana Cecilia Dailliez, su más grande amor, sopesa la posibilidad de suicidarse para reunirse con ella en el más allá y sólo desecha esa idea ante el miedo de perderla para siempre por el pecado de quitarse la vida.

            Su devoción por Ana Cecilia fue absoluta: Todo en ella encantaba, todo en ella atraía: / su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar. / El ingenio de Francia de su boca fluía. / Era llena de gracia como el Avemaría. / ¡Quien la vio no la pudo ya jamás olvidar! Dice Francesco Alberoni que no es que el enamorado imagine fantasiosamente cualidades en el ser amado sino que el enamoramiento hace que descubra en ese ser virtudes reales que los demás no distinguen. Amado Nervo tenía amor y gusto ingentes para el hallazgo de los atributos de su amada.

            Alzo mi copa por ese enorme, irrepetible poeta.

Ombudsman a modo

Luis de la Barreda Solórzano

Sólo desde la mezquindad más detestable puede decirse que la CNDH es un instrumento de falacia y simulación: lo que han logrado esa Comisión y sus homólogas locales en la lucha contra las arbitrariedades perpetradas desde el poder es ampliamente conocido.

            Las comisiones públicas de derechos humanos han jugado un papel relevante en la promoción y la defensa de esos derechos, los cuales constituyen uno de los productos más valiosos de nuestro proceso civilizatorio. Centenas de miles de víctimas de abusos de poder, con el apoyo de tales organismos, han transitado de una actitud de resignación resentida a otra de coraje activo ante esos abusos, pues han constatado que pueden ser combatidos exitosamente. Sigue leyendo

La pasión sectaria

Sólo su verdad es válida. No necesita defenderla con razonamientos: es axiomática. La apoya el pueblo sabio y bueno, y eso la hace invulnerable a cualquier cuestionamiento, a cualquier refutación.

            Es un ejemplo acabado de sectarismo autoritario. Lo anima el afán de destruir todo lo anterior a su gobierno, por valioso o benéfico que haya sido y siga siendo. No le importan los dictámenes de los expertos ni la voz de analistas cuyo prestigio se sustenta en la sensatez y la honradez intelectual de sus reflexiones.

            Guiado por esa pasión sectaria, echó a la basura, sin contemplaciones, la gran obra del nuevo aeropuerto internacional, que llevaba un tercio de avance, su conclusión era autofinanciable, resolvería el grave problema de insuficiencia de la terminal aérea actual, generaría cientos de miles de empleos y significaría un colosal progreso para el país.

            Pero la obra había sido concebida e iniciada por un gobierno anterior. Era razón suficiente para desecharla. No lo disuadió que los especialistas más autorizados, con base en estudios rigurosos, manifestaran categóricamente que esa era la mejor opción para el país en cuanto a capacidad de vuelos y condiciones de comodidad y seguridad para tripulaciones y pasajeros.

            Inducido por esa obsesión, recortó el presupuesto de los institutos médicos que son un orgullo de México y que tanto han hecho por la salud de los mexicanos; canceló el apoyo a los refugios de mujeres víctimas de violencia, que han salvado a tantas del infierno cotidiano e incluso de la muerte, y el financiamiento a las estancias infantiles, gracias a las cuales decenas de miles de mujeres han podido trabajar o estudiar con la tranquilidad de que sus hijos pequeños estaban bien cuidados, bien alimentados y recibían educación impartida por profesionales; eliminó comedores populares que daban alimentación nutritiva a medio millón de los más pobres entre los pobres, y renunció a las fuentes de energía limpia.

            Carece del brillo y la cultura de otros líderes que han cautivado a las multitudes. Su discurso es cansino, gris, infestado de muletillas y lugares comunes. No ha defendido sus ideas, sus programas y sus acciones con argumentos, sino con el fácil recurso de descalificar a todos sus críticos: conservadores, prensa fifí… y nada más, porque tampoco en las adjetivaciones ha sido ingenioso.

            Su visión del país, del mundo y de la historia es esquemáticamente estrecha. Sus certezas son las que pregonaban los libros de texto de educación básica de mediados del siglo pasado. Sus héroes son de bronce, exentos de los claroscuros que caracterizan a los seres humanos.

            Sólo su verdad es válida. No necesita defenderla con razonamientos: es axiomática. La apoya el pueblo sabio y bueno, y eso la hace invulnerable a cualquier cuestionamiento, a cualquier refutación. Él escucha la voz del pueblo y eso lo hace transitar por el camino correcto.

            Sólo él, quienes están en su equipo y quienes lo apoyan son honestos. Su honestidad no puede ponerse en duda. En consecuencia, se puede asignar obra pública sin licitación, pues sus acciones no tienen por qué sujetarse a las normas de transparencia y rectitud que suelen regir en el Estado de derecho. Lo que en otros gobiernos le parecía escandaloso, en el suyo es aceptable porque su honestidad es indiscutible.

            Está poseído por la oscura soberbia del fariseo, del poseído por el delirio de estar cumpliendo una tarea mesiánica. Arde en su mente y en su corazón el regocijo por la propia intolerancia, alimentada por la certeza de su infalibilidad. No se deleita en la polémica, pues no polemiza, para lo cual se requiere argumentar, sino en el anatema contra quienes fulmina cada mañana, ante las cámaras de todo el país, con sus juicios inapelables. El anatema es el mayor placer de todo sectario.

            En su perspectiva de “conmigo incondicionalmente o contra mí”, aborrece no sólo a todos los gobiernos que desde su punto de vista adoptaron en su gestión el modelo neoliberal, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, a las que acusa indiscriminadamente de corruptas y al servicio de los poderosos. El Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social —¡agggh!— le inspiran un aprecio que no les tiene a aquellas organizaciones, sin las que, por decirlo con las palabras de Ángeles Mastretta, “México sería mucho menos habitable de lo que es”, pues las integra “gente que corrige con sus acciones el día a día, que salva a otros de la desgracia, que libera, que construye…” (Nexos, abril de 2019).

Ciudadanía

El Presidente cancela la obra del nuevo aeropuerto internacional y la sustituye por parches a dos aeropuertos… Tan injustificable proceder hubiera lanzado a la calle, en otras latitudes, a ciudadanos indignados, quienes exigirían que se continuara la gran obra.

            En Sobre la tiranía (Galaxia Gutenberg, 2018), el historiador estadunidense Timothy Snyder advierte que la mayor parte del poder del autoritarismo le es otorgado libremente: los individuos se anticipan a lo que querría un gobierno represivo y se ofrecen sin que nadie se los pida. Adaptados de esa manera, están mostrándole al poder lo que es capaz de hacer.

            He recordado esas líneas estremecedoras al observar, con creciente inquietud, la resignación con que en México la ciudadanía, con pocas excepciones, soporta decisiones y acciones del gobierno que, a todas luces, son absurdas, injustas y/o contrarias a los derechos humanos. En otros países con mayor cultura cívica esas medidas hubieran provocado escándalos mayúsculos.

            El Presidente cancela la obra del nuevo aeropuerto internacional y la sustituye por parches a dos aeropuertos, a pesar de las opiniones adversas de expertos en la materia y no obstante que para hacerlo ha tenido que pagar cientos de miles de millones de pesos y que aquella obra satisfaría las necesidades de los pasajeros, propiciaría progreso y generaría cientos de miles de empleos. Tan injustificable proceder hubiera lanzado a la calle, en otras latitudes, a ciudadanos indignados, quienes exigirían que se continuara la gran obra cancelada por capricho o motivos desconocidos.

            El Presidente corta el apoyo a los refugios para mujeres maltratadas y a las estancias infantiles, con lo que lesiona gravemente los derechos humanos de cientos de miles de mujeres, de unas porque les quita la posibilidad de huir del infierno del maltrato doméstico y, de otras, porque las priva de la opción de trabajar o estudiar con la certeza de que sus hijos quedaban en un ambiente seguro y atendidos por personal profesional. En otros países, todo el movimiento feminista hubiera protagonizado una gigantesca y enérgica protesta contra una medida que perjudica a muchas mujeres de una manera tan severa que puede decirse que probablemente les arruine la vida.

            El partido del Presidente avisa que presentará una iniciativa para aumentar una tercera sala a la Suprema Corte de Justicia, la que se ocuparía de asuntos de corrupción, con lo cual el número de ministros llegaría a 16. Como sabe cualquier estudiante de derecho, la Suprema Corte es un tribunal de control constitucional y no de legalidad, como son la inmensa mayoría de los asuntos relacionados con corrupción. En realidad, con la designación de cinco nuevos ministros mediante los turbios procedimientos que hemos ya presenciado en las designaciones de otros organismos, se abre la oportunidad de contar con ministros afines y obedientes en número suficiente para rechazar acciones de inconstitucionalidad. ¿Ese aviso no debió provocar la protesta del presidente de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal e incluso el conjunto de jueces federales y locales, pues implicaba el jaque a la independencia judicial?

            El partido del Presidente anuncia una iniciativa que desaparecería a la CNDH y al resto de los organismos públicos de derechos humanos, los que serían sustituidos por una denominada Defensoría del Pueblo, iniciativa que desconoce la tarea tan importante de esos organismos han llevado a cabo en el combate a los abusos de poder y parece orientada a cancelar la autonomía del ombudsman. ¿No deberían todos los ombudsman del país, los organismos no gubernamentales de derechos humanos y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México alzar la voz con el mayor vigor rechazando con toda contundencia tal iniciativa?

            El Presidente, tras haber sido evidenciado en cuanto a su manejo de las cifras de incidencia de homicidios por el periodista Jorge Ramos                  —¡negaba las propias cifras oficiales!—, señaló en una conferencia mañanera que si los periodistas no son prudentes y “se pasan” ya saben lo que sucede, lo cual no se debe a él, sino a “la gente”. ¿No era de esperarse que todos los reporteros allí presentes y todos los medios de comunicación unieran su reclamo indignado ante una advertencia de intolerancia autoritaria que no sólo justifica las agresiones contra los críticos del gobierno, sino que parece incitar a los agresores?

            Consciente de esa pasividad, el Presidente no reconoce límites de legalidad: ahora pretende derogar la Reforma Educativa ¡con un memorándum!

¿Justicia ilegal?

La orden del Presidente de la República a varios de sus colaboradores de no cumplir disposiciones constitucionales socava gravemente el Estado de derecho y el régimen democrático.

            El Presidente alega que entre la legalidad y la justicia no hay que dudar: debe sacrificarse la primera para que prevalezca la segunda. El alegato suscita preguntas acuciantes: si no es la ley o la resolución judicial la que determina lo que es justo, ¿quién lo va a dictaminar?, ¿cómo puede el ciudadano oponerse a un acto de autoridad que vulnera sus derechos?

            El gobernado interpelaría al gobernante: sus actos son contrarios a derecho y me resultan perjudiciales; si no rectifica, voy a acudir a un juez o a un organismo público de derechos humanos para defenderme de su arbitrariedad. El gobernante respondería: sí, mis actos transgreden normas jurídicas, pero son justos. Esto significa solamente que a él le parecen justos o que así lo indica para justificar sus atropellos.

            Durante la gestión de López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal proliferaron los linchamientos (como proliferan ahora mismo). La Procuraduría General de Justicia capitalina no hizo nada porque fueran castigados a pesar de que la ley le impone el deber de perseguir esos gravísimos delitos. Interrogado al respecto por reporteros, el Jefe de Gobierno sentenció que con los usos y costumbres del pueblo, del México, profundo, era mejor no meterse.

            Tres policías federales que cumplían con su deber fueron quemados vivos en Tláhuac después de ser apaleados con saña por varias horas por una turba. El linchamiento era presenciado en todo el país pues lo transmitían en vivo las dos televisoras más importantes, Televisa y TV Azteca. La muchedumbre sólo interrumpía la paliza para que los policías fueran entrevistados por los reporteros. Ellos suplicaban a sus jefes que los libraran de ese infierno, como era su deber. No se hizo nada por salvarlos: los usos y costumbres por encima de la ley; la barbarie derogatoria del derecho, de los derechos.

            Por supuesto, una ley puede ser injusta, y en ese caso es necesario reformarla o derogarla. Pero esa reforma o derogación debe ser fruto primero de un cuidadoso análisis de los especialistas en la materia y después del proceso legislativo en el que se escuchen y se ponderen las diferentes opiniones de los legisladores.

            Lo que es inaceptable es que el Presidente ordene la desobediencia a normas jurídicas vigentes arguyendo que tales normas son injustas. Se está arrogando una facultad que no le corresponde. Una sola voluntad impera sobre la de decenas de millones de ciudadanos de un país.

            El autoritarismo —el ejercicio del poder sin limitaciones— es enemigo mortal de la democracia, la cual no se limita a la elección de las autoridades mediante el sufragio sino que supone una serie de principios básicos entre los cuales destaca el de la legalidad: todo acto de autoridad debe estar fundado en la ley.

            En el Estado democrático de derecho toda autoridad está obligada a ceñirse a lo que señalan las leyes, y la ley de mayor jerarquía es la Constitución. Por eso los servidores públicos se comprometen cumplir y a hacer cumplir suprema y las leyes que de ella emanen.

            Cuando el titular del Poder Ejecutivo ordena que deje de cumplirse con disposiciones constitucionales está golpeando el corazón del Estado democrático de derecho y está incumpliendo la protesta que hizo al tomar posesión del cargo.

            Los partidos de oposición que creen en la democracia, los organismos defensores de los derechos humanos, quienes gozamos del privilegio de disponer de un espacio en algún medio de comunicación y todos los demócratas debemos alzar la voz: “¡no aceptamos el autoritarismo: las autoridades deben acatar invariablemente la Constitución, las leyes y los reglamentos!”

            La apertura de cauces democráticos en nuestro país ha sido resultado de la convicción y el trabajo paciente de mexicanos decididos a jugar su papel de ciudadanos. No ha sido nada fácil. Nuestra democracia padece deficiencias e insuficiencias inocultables, pero es una democracia —el menos malo de los sistemas de gobierno, entre otras cosas porque ofrece opciones para combatir las arbitrariedades— y puede ir mejorando gradualmente. Es preciso defenderla. Ω

Ahora contra los refugios

Una mujer maltratada no se separará de su verdugo si no dispone de un sitio en el que ella y sus hijos, si los tiene, encuentren hospitalidad, seguridad y apoyo. Seguirá soportando golpes, humillaciones y vejaciones sencillamente porque no dispone de un lugar que le brinde asilo. No todas cuentan con padres o amigos solidarios que les abran las puertas de su casa.

            Permanecer al lado de quien la agrede cotidianamente, dormir con el enemigo, es un infierno. Quien lo ha sufrido o lo ha presenciado lo sabe. En el espacio en el que debería encontrarse cariño y aliento, el hogar, la mujer convive, en vez de con un compañero que la trate bien, con un bárbaro que pisotea cotidianamente su dignidad.

            Muchas mujeres no denuncian el maltrato por temor a las represalias. En efecto, si la mujer denunciante permanece al lado del maltratador corre el riesgo de que éste, lejos de sentirse inhibido por la denuncia, multiplique los actos de sevicia en venganza por haber sido denunciado.

            La constante situación de angustia y temor en que viven las mujeres maltratadas, así como sus hijos, afecta perniciosamente su desarrollo humano, así como la integración del núcleo familiar. La zozobra constante se vuelve una prisión insufrible.

            Encerrada en su casa, en muchos casos la mujer maltratada es la única persona que conoce lo que está pasando. Sus días están poblados de sentimientos tales como la impotencia, porque se siente sobrepasada por los hechos y no ve la solución; la vergüenza, pues se juzga severamente a sí misma, y eso la aísla y la lleva a disimular su estado de ánimo; el miedo por lo que les pueda suceder a ella y a sus hijos, y un profundo malestar, ocasionado por la cólera prohibida y reprimida que la destruye por dentro.

            En virtud de que en México la violencia intrafamiliar ha sido desde siempre un problema de gran magnitud que vulnera severamente los derechos humanos de las víctimas —que en casos extremos llegan a ser asesinadas—, específicamente el derecho a una vida libre de violencia, en sus primeros años de funcionamiento, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal propuso la creación de un albergue para ellas. El 15 de julio de 1997 se inauguró el primer albergue para mujeres maltratadas de la Ciudad de México.

            Desde entonces han proliferado en el país, por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil y manejados por éstas, recintos de esa índole, en los que se brinda a las víctimas atención integral: alimentación, artículos de aseo, servicios médicos, sicológicos, sociales y sicopedagógicos, asesoramiento jurídico, capacitación laboral.

            La Red Nacional de Refugios coordina, organiza y representa a esos refugios, los cuales han permitido a decenas de miles de mujeres transitar de un desesperanzado valle de lágrimas a “otro modo de ser, humano y libre”, por decirlo con las palabras de Rosario Castellanos.

            La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, que aprobó la Plataforma de Pekín, planteó como objetivo estratégico establecer centros de refugio y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios para auxiliar a las mujeres víctimas de violencia y prestarles servicios médicos, sicológicos y de asesoramiento.

            La decisión del gobierno federal de sustituir el financiamiento de esos refugios por la entrega de dinero en efectivo muestra, por una parte, una absoluta ignorancia respecto de la complejidad del problema, y, por otra, una insensibilidad verdaderamente asombrosa.

            A una mujer maltratada de nada le servirá que se le dé una módica cantidad por la violencia de que es objeto. Como ha señalado la Red de Refugios, “esa ayuda económica no sólo no restaura derechos ni salva vidas sino que destruye toda la política pública en materia de violencia sexista”.

            Como el golpe a las estancias infantiles, el que ahora se inflige a los refugios para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar perjudica gravemente la vida de decenas de miles de mexicanas, muchas de las cuales seguramente votaron por Andrés Manuel López Obrador creyendo que con él sus derechos estarían mejor protegidos. Sin embargo, al parecer, al Presidente no le importa demasiado la suerte de esas mujeres.

El Bebe Righi

Nadie en el campus de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales-Acatlán suscitaba esa admiración. Me gustaba verlo pasar rumbo a su salón de clases. La figura enorme, con camisa a cuadros arremangada, pantalón fajado muy abajo, impecable peinado a la Carlos Gardel, amable con todos, caminaba a pasos lentos y rítmicos, con rostro de niño que va ilusionado a cumplir una tarea muy grata.

            Me emocionaba ser compañero de ese hombre que había salido de su país, Argentina, porque un fanatismo criminal no le perdonaba que, en el brevísimo lapso que fue ministro del Interior en el gobierno democrático de Héctor Cámpora, marcara las pautas para construir un Estado de derecho en el que se respetaran los derechos humanos y se atenuaran las injusticias sociales.

            Casi todos los profesores mexicanos de derecho penal desconocían las teorías contemporáneas; ni siquiera sabían de la obra innovadora de Welzel, publicada cuatro décadas atrás. El nuevo profesor fue crucial en el aggiornamento de la enseñanza de esa disciplina. Sus clases y conferencias conjugaban conocimiento profundo y actualizado, ingenio, sentido del humor y algo difícil de definir: encanto. Paralelamente, como asesor del procurador de Justicia capitalino impulsó reformas ilustradas a procedimientos penales inquisitoriales. Fue el inicio de la batalla en México contra la tortura, la incomunicación y otros atropellos contra los detenidos.

            El profesor Esteban Righi había tenido que exiliarse como opción única para salvar la vida pero, lejos de ser un hombre amargo o melancólico, su gusto por la vida se evidenciaba con sólo mirarlo. Yo aprendí mucho en sus conferencias y sus artículos de su sapiencia y su maestría argumentativa, pero no me le acercaba porque la admiración me paralizaba. Hombre generoso, fue él quien se acercó a mí al acudir a una charla que impartí, a pesar de que yo era un profesor de 25 años absolutamente desconocido.

            De ahí nació una amistad que he de agradecer siempre a los dioses o al azar. El Bebe Righi —como se le decía por su cara aniñada— fue un ser humano extraordinario. Siendo un héroe vivo, jamás perdió la afabilidad, la antisolemnidad ni el don de saber reírse incluso de sí mismo. Nunca lo escuché predicar, pero de su inteligencia siempre se aprendían cosas buenas sin que eso lo hiciera engreído. Me recordaba los versos de Borges:

No lo turba la fama, ese reflejo

de sueños en el sueño de otro espejo,

ni el temeroso amor de las doncellas.

            En una ocasión, abrumado por ciertas adversidades y con el ánimo sombrío, le confié mi propósito de renunciar al cargo académico que ejercía. Para hacerme desistir, Righi no precisó una larga perorata. Con nueve palabras me dio una lección indeleble:

            –Mirá, querido: nunca tomés decisiones en estado de shock.

            Righi asombraba a sus compañeros profesores mexicanos, abogados solemnes y acartonados, acostumbrados a los eufemismos y circunloquios de un trato que no dice las cosas por su nombre. Una vez el profesor Fernando Labardini le pidió su opinión sobre un colega gris y petulante. Labardini esperaba una respuesta que apenas insinuara el juicio sin decirlo con todas sus letras, al estilo México. Nunca olvidó la contestación de Righi, que lo hizo estallar en carcajadas:

            –Y… ¡es una bestia!

            A Righi le divertía esa característica mexicana que llega a convertir la cortesía en incapacidad para dar una opinión franca e incluso para decir que no:

            –Invitás a un mexicano a comer. Él sabe que no va a ir, pero no te dice que no cuando lo invitás. Un chico declara su amor a una muchacha. A ella no le atrae, pero contesta que lo va a pensar o cualquier otra pavada. No se anima a decirle que no. Es notable.

            Righi salió de su país, pero su país nunca salió de su corazón ni de sus sueños. Volvió al caer la dictadura militar de Videla, reencontró el amor en una mujer excepcional y montó un exitoso despacho de penalistas. Elegido procurador general de la Nación, desempeñó su tarea ejemplarmente y bajo su dirección se llevó a juicio a los criminales de la dictadura. Después renunció al cargo por no ser cómplice de la corrupción del gobierno de Cristina Fernández.

            Righi fue valiente, de buen corazón, escrupulosamente honorable.

Inquisición

Dar los nombres de las personas a quienes se atribuye el financiamiento que arbitrariamente se califica como ilícito, como lo hizo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es un linchamiento mediático que viola el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, y expone al descrédito a los señalados.

            La denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, contra quienes financiaron la serie Populismo en América Latina, es una actitud inquisitorial, un acto autoritario, intolerante, propio de un gobierno autoritario, no de un sistema democrático.

            La denuncia, si no fue ordenada por el Presidente de la República, al menos cuenta con su anuencia, pues la noticia de que se presentaría fue dada durante una de sus conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional, en la cual cedió el micrófono a Nieto para que la anunciara.

            Cuando se publicitaba la serie, el entonces aspirante a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador atribuyó el financiamiento a la mafia en el poder y a un grupo de empresarios ligados a Carlos Salinas de Gortari, y retó a los productores a revelar los nombres de los financiadores. Aseguró que los productores intentaron que distintas cadenas de televisión transmitieran el material, incluidas Fox, Univision, Televisa y TV Azteca, y celebró que no lo hubieran logrado.

            La serie no fue transmitida en televisión sino en internet por Amazon Prime. Se trata de un conjunto de cinco documentales conducidos por la periodista y política guatemalteca Gloria Álvarez, uno de los cuales está dedicado a la trayectoria y la postura políticas de López Obrador. Muy pocos mexicanos la han visto.

            No hay en ese documental calumnia alguna contra el hoy Presidente de México ni la más mínima intromisión en su vida privada. Lo que hay son opiniones, reflexiones y análisis sobre el personaje público. Esos juicios se basan en las declaraciones y las acciones de Andrés Manuel López Obrador, todas las cuales son del conocimiento de todo el mundo.

            Quienes financiaron esa serie no han incurrido al hacerlo en delito alguno. Examinar las ideas, los proyectos y el historial de un candidato o de un servidor público es un ejercicio consustancial a la democracia. Solamente en las dictaduras está prohibido y penalizado realizar, financiar o exhibir trabajos de esa índole.

            Santiago Nieto ha dicho que el financiamiento podría constituir lavado de dinero. La imputación es sumamente grave y gravemente irresponsable. El lavado de dinero consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de conductas delictivas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen normalmente en el sistema financiero. No puede haber lavado de dinero sin la previa comisión de un delito, del cual, hasta ahora, no se conoce prueba alguna.

            Dar los nombres de las personas a quienes se atribuye el financiamiento que arbitrariamente se califica como ilícito, como lo hizo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es un linchamiento mediático que viola el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, y expone al descrédito a los señalados cuando ni siquiera existe una resolución judicial que declare que ha lugar a que se les enjuicie.

            Se trata de una acusación sin fundamento, un juicio sumarísimo en el tribunal inquisitorial en que se han convertido las conferencias mañaneras del Presidente. Ese abuso de poder lesiona nuestra democracia. Un régimen en el que se intimida desde el gobierno el análisis crítico de candidatos o servidores públicos, amagando con sanciones penales a los insumisos, no es un régimen democrático.

            La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la libertad de expresión se puede ver ilegítimamente restringida por condiciones de facto que coloquen directa o indirectamente en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejercen. El amago de una sanción penal contra quienes financiaron unos documentales en los que se ejerce la libertad de expresión los coloca en situación de riesgo —nada menos que el de ser encarcelados––, por lo que constituye un atentado inadmisible contra esa libertad.

            El artículo 7 de nuestra Constitución ordena que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. El artículo 6 señala como únicos límites el ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, la provocación de algún delito o la perturbación del orden público.

Perdón por los tacos

En virtud de que los conquistadores trajeron a nuestra tierra el cerdo y los mexicas o aztecas pusieron la tortilla —interpreta la senadora Jesusa Rodríguez—, cada que alguien saborea unos tacos de carnitas está celebrando la caída de la gran Tenochtitlan. Supongo que el rey de España tendría que pedir perdón a los pueblos indígenas por el goce de ese antojito.

            Creo que nadie en la actualidad cena pozole con carne humana en lugar de carne de cerdo, pero si alguno así lo acostumbrara seguramente la senadora quedaría convencida de que el cenador estaría festejando el auge de aquella ciudad prehispánica.

            Siguiendo la misma línea de razonamiento, cada que Jesusa Rodríguez se identifica con su credencial de electora, su licencia de manejo o su pasaporte, documentos en los que, obviamente, consta su nombre (de otro modo no serían aptos para identificarse), o cada que pronuncia un discurso en el Senado, puesto que, invariablemente, los pronuncia en español, está enalteciendo la conquista española.

            Para no incurrir en tan vergonzoso pecado tendría que cambiar su nombre y adoptar uno náhuatl, lo cual no sólo es jurídicamente viable sino relativamente sencillo acudiendo al Registro Civil, y hablar asimismo en náhuatl, la lengua de nuestros antepasados mexicas, lo cual también es posible, aunque, eso sí, tendría que contar con un traductor, pues, de otro modo, no se haría entender por la inmensa mayoría de los mexicanos.

            Continuando con su interpretación gastronómica, la senadora de Morena, para no encomiar la caída de la metrópoli azteca, tendría que abstenerse del pan, el trigo, el arroz, la cebada, la avena, las naranjas, los limones, las zanahorias, las sandías, los mangos, los duraznos, los melones, las cebollas, los ajos, el aceite de oliva, los vinos y un largo etcétera: todo eso se lo debemos a los conquistadores (también la leche, los quesos, las vacas, las cabras y los borregos, pero se sabe que la legisladora es vegana).

            Por otra parte, si Jesusa estudiara algo más la historia de nuestro país podría aprender que la caída de la gran Tenochtitlan no se debió sólo, ni principalmente, a los españoles. La gran ciudad tenía entonces alrededor de medio millón de habitantes. Era, probablemente, la urbe más grande del mundo en el siglo XVI. En contraste, los españoles llegados con Hernán Cortés eran menos de 400 (Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España).

            Pero los aztecas eran aborrecidos por los pueblos subyugados, por lo que no fue muy difícil juntar a decenas de miles contra el odiado y temido imperio. La caída y destrucción de Tenochtitlan fue el resultado de la animadversión indígena contra la crueldad y la saña de los aztecas, el resultado de un levantamiento multitudinario, el de todos los pueblos entre Veracruz y esa ciudad, contra la opresión del imperio. Un numeroso ejército formado por indígenas comandados por españoles venció a un numeroso ejército de indígenas aztecas.

            A partir de entonces empezó a integrarse un país con un idioma común, el español, una religión común, la católica, un gobierno central, una grandiosa literatura de la que Sor Juana es el más portentoso ejemplo; se inició la investigación científica, la producción de metales; el uso del arado, la carretilla, el pico y la pala; la utilización de la rueda; la imprenta; se erigió una arquitectura de considerable valor estético que mejoró la calidad de vida de los habitantes; se desarrolló la medicina científica; se disfrutó de los beneficios del drenaje y el agua entubada. “En 300 años se formó un país que no existía antes, unificado por idioma, religión y costumbres” (Luis González de Alba, Las mentiras de mis maestros, Cal y Arena).

            Jesusa Rodríguez no existiría —ni ustedes, lectores, ¡gulp!, ni yo— si hace 500 años no se hubiera producido el encuentro entre españoles e indígenas, del que surge un país, México, en un territorio donde no había país alguno, sino un conjunto de pueblos, uno de los cuales, el azteca, avasallaba a los demás.

            Yo sólo aconsejo que los tacos de carnitas se consuman con moderación, pero no por creer que si se devoran desmesuradamente se estaría aplaudiendo la derrota azteca, sino por el saludable propósito de mantener en niveles adecuados el peso y el colesterol.

Conservadores

Por supuesto, él se considera del lado correcto del devenir histórico y, por tanto, se asume liberal, a pesar de lo cual considera que el neoliberalismo ha sido desastroso para el país. En su visión, nuestros males sociales tienen su origen precisamente en el sexenio de Miguel de la Madrid, en el cual se empieza a poner en práctica ese modelo de política económica.

            Pero dejemos de lado esa postura notablemente contradictoria. En estas líneas me interesa dejar en claro que no toda posición conservadora es necesariamente satanizable. Estoy convencido de que todo aquello que posibilita una mejor calidad de vida a los habitantes de una comunidad es plausible, independientemente de que esos beneficios daten de tiempo atrás, en cuyo caso hay que conservarlos, o sean novedosos.

            Los conservadores mexicanos de la segunda mitad del siglo XIX eran contrarios a la reforma del presidente Benito Juárez, la cual logró la muy saludable separación entre Estado e Iglesia y la laicidad del país. Su postura era reaccionaria, pues se oponía a una serie de medidas que significaban un avance social en virtud del cual las instituciones y las leyes civiles quedaban resguardadas de la influencia religiosa. Con el triunfo de los liberales se inicia la construcción del México moderno, laico y republicano.

            Es claro que en ese episodio histórico el conservadurismo de quienes combatían la Constitución liberal y las Leyes de Reforma no resultaba conveniente para el país. Su triunfo hubiera causado un retroceso social. Pero, como apunté, en otras ocasiones lo que se quiere conservar es algo valioso para una sociedad y sus integrantes.

            Ahora mismo, ante el frenesí destructor del flamante gobierno federal, hay normas jurídicas, instituciones, espacios sociales y prácticas que conviene conservar en su integridad, es decir, evitar que sean aniquiladas o debilitadas. El ejemplo reciente más claro es el de las estancias infantiles, cuyo funcionamiento ha permitido a cientos de miles de mujeres y hombres trabajar o estudiar con la tranquilidad de que, mientras lo hacen, sus hijos pequeños quedan en lugares seguros donde reciben buen trato y educación, además de que pueden convivir con otros niños. ¡Por supuesto, eso habría que conservarlo!

            Un ejemplo menos reciente es el de la Reforma Educativa, que, entre otros logros, había conseguido que la asignación de plazas y la promoción de los profesores dependiera de méritos y no estuvieran sujetas a las decisiones de las mafias sindicales. La derogación de esa reforma es un retroceso perjudicial para niños y adolescentes, que ensancha todavía más el inmenso abismo entre la calidad de las escuelas públicas y la de las privadas. La conservación de esa reforma, mejorando o corrigiendo los aspectos que así lo ameritaran, hubiera tenido un carácter evidentemente progresista.

            Vayamos ahora a los avances democráticos que ha tenido el país. Una posición progresista es la que propugna conservarlos y profundizarlos y, por tanto, defiende la división de poderes, el apego estricto de todos los actos de las autoridades a la legalidad, el respeto a las instituciones autónomas, el otorgamiento de obra pública previa la licitación correspondiente, la tolerancia ante la crítica.

            No es un contrasentido la afirmación de que estar por la conservación y la profundización de esos avances es una postura no sólo democrática sino políticamente liberal, tanto como lo es estar a favor de la conservación del Estado laico que instauraron los liberales mexicanos del siglo XIX.

            La verdadera pugna —en la cancha social, política, cívica y económica—, la única relevante, es la que se da entre posiciones progresistas y posturas retrógradas. Las primeras exigen romper con lo que impida u obstaculice los avances sociales y los derechos individuales, y conservar, mejorándolo continuamente, todo aquello que los favorezca. Ω

Mentir

En la decadencia del arte de mentir, Mark Twain advierte: “Nadie podría vivir con alguien que dijera la verdad de forma habitual; por suerte, ninguno de nosotros ha tenido nunca que hacerlo”. Por su parte, Jacques, personaje de El primer hombre, de Albert Camus, cree que la mentira es necesaria para vivir con quienes uno quiere.

            La mentira con frecuencia es un deber de cortesía. Cuando se nos presenta a una persona que no nos suscita en ese primer momento interés ni simpatía, lo cortés es que mintamos: “Mucho gusto”. En ocasiones incluso la mentira puede ser meritoria. Supongan la lectora y el lector que la vecina está siendo golpeada por su esposo (no de usted, de la vecina) y, aprovechando un descuido de éste, logra salir de su departamento, llegar al de usted y pedirle asilo. Usted se lo concede. Un minuto después el cónyuge llega y le pregunta si ha visto a su mujer. ¿Usted la delataría?

            La mentira también puede estar motivada por piadosa condescendencia. Usted se encuentra con una amiga a la que tenía tiempo sin ver. Ella, que es coqueta y fue muy guapa, pero ahora está deteriorada físicamente, le dice que usted luce muy bien y le pregunta, buscando, obviamente, una contestación favorable, que cómo la ve a ella. Si usted no es sádico o fanático de la verdad, le dará una respuesta edulcorada.

            Un dilema dramático es el del médico que descubre que su paciente no tiene remedio y se encuentra en fase terminal, y no se atreve a decírselo crudamente. ¿Podríamos reprobar que le diera una leve esperanza si considerase que con ella podría pasar mejor sus últimos días o abrigara la ilusión de un milagro?

            Pero hay de mentiras a mentiras. Muy interesante es la psique del impostor que se inventa una identidad y una trayectoria vital. Miente para ocupar el centro de la atención y vivir fantasiosamente una vida que reemplace la grisura de la propia. No quiere pasar desapercibido sino ser una figura admirada. El breve espacio de esta columna sólo me permite referirme a dos casos célebres.

            En sus libros, de los cuales el más famoso es El tercer ojo, Lobsang Rampa aseguró que él era la reencarnación de un lama tibetano fallecido, describió sus experiencias en un monasterio del Tíbet y reveló que el tercer ojo fue abierto en su frente dándole el poder de la visión del aura. Cuando se descubrió que el autor nunca había estado en el Tíbet y que en realidad se trataba del inglés Cyril Hoskin, éste ingenió que su cuerpo se hallaba poseído por el espíritu de Lobsang Rampa.

            El francés Jean-Claude Romand hizo creer durante 18 años que era médico e investigador eminente de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al despedirse por las mañanas de su esposa en su casa de Prévessin, supuestamente para ir a trabajar, vagaba por autopistas en su automóvil, paseaba por el bosque o disfrutaba de una siesta en el estacionamiento de la OMS. Su alto nivel de vida era sostenido con los ahorros de sus suegros y el dinero que le entregaban amigos creyendo que lo invertía en Suiza. Cuando la simulación estaba a punto de ser descubierta, lo que le resultaba insoportable, mató a tiros a sus hijos y a sus padres y de un golpe a su consorte. El caso dio lugar a películas, documentales y a la crónica El adversario, de Emmanuel Carrère.

            Distinta es la motivación de quienes mienten por ejercer sus obsesiones, salirse con la suya a pesar de las consecuencias desastrosas que originen o vengarse oscuramente quién sabe de qué. Hágase mi voluntad y venga un nuevo diluvio universal.

            El ejemplo más cercano es el del presidente Andrés Manuel López Obrador al “justificar” la cancelación, absurda y sumamente costosa, de la obra del nuevo aeropuerto internacional. Desoyó a los expertos y permitió que Javier Jiménez Espriú mintiera respecto del dictamen de MITRE. Sostuvo que en los contratos de la obra había turbios manejos y que allí se ocultaba huachicol, sin exhibir pruebas ni promover acción alguna para castigar tales actos ilícitos. Y aseguró que en los terrenos de la actual terminal algunos empresarios harían grandes negocios, aseveración inverosímil porque la utilización de esos terrenos, en virtud de que son de propiedad federal, tendría que ser aprobada por su propio gobierno.

Contra mujeres y niños pobres

Por lo que estamos viendo, se trata de aniquilar todo lo que no sea obra de la Cuarta Transformación, sea cual fuere el costo humano, cultural y económico que eso implique. Se trata de un afán delirante de mostrar que nada de lo que se logró antes es valioso.

            Esa actitud es semejante a la del Estado Islámico. En cada territorio tomado, además de llevar a cabo ejecuciones masivas y someter a esclavitud, incluida la sexual, a las mujeres, ha destruido templos, monumentos, bibliotecas, piezas artísticas, museos, tumbas, toda clase de legados culturales e históricos invaluables. La razón: no dejar vestigios de cualquier símbolo que no pertenezca al islam. El gobierno de AMLO parece pretender que no quede en pie nada anterior a su gestión.

            Ahora le ha tocado turno a las estancias infantiles, que tan importantes servicios han prestado a cientos de miles de mujeres y niños pobres. Se les quita presupuesto, salvo a las 75 del presidente del PT, aliado del gobierno, a las que se aumentan 200 millones de pesos, a pesar de que han sido señaladas como un modo de lavado de dinero y algunas de ellas son inexistentes.

            Una gran conquista de las mujeres ha sido la de contar con espacios en los cuales, mientras ellas trabajan o estudian, sus hijos pequeños estén seguros, juegan con otros de la misma edad, aprenden buenos hábitos de higiene, alimentación y convivencia. Esos espacios, nueve mil 500 en el país, han posibilitado que cientos de miles de mujeres (y miles de hombres solos) trabajen o estudien sin dejar a sus hijos abandonados. Muchas de esas mujeres son el único sostén de su hogar. Privarlas de las estancias arruina su vida.

            Es una burla apuntar como solución que a los afectados se les daría dinero en efectivo con el cual podrían pagar a los abuelos por cuidar a los niños. No todos los abuelos están en disposición de cuidar a sus nietos todos los días como una obligación ineludible. Algunos ya murieron. No son pocos los que tienen actividades laborales o de otra índole que no podrían o no querrían dejar. Otros no son aptos para ese cuidado por su salud o su temperamento. Además, no se trata sólo de resguardar a los niños, sino de educarlos desde la primera infancia, crucial en el desarrollo humano. Dando el dinero directamente a los padres, advierte Federico Reyes Heroles, se pierde el control para que los niños sean los beneficiados. Ese dinero podría gastarse, por ejemplo, en bebidas alcohólicas (Excélsior, 11 de enero).

            El argumento de que la medida obedece a los casos de corrupción detectados no resiste el análisis. Si los hay, es deber de las autoridades investigarlos y sancionarlos, pero es insensato tirar el agua sucia de la tina con todo y niño. “Con una lógica similar, para combatir el robo de gasolina (el gobierno) clausuró y emprendió el oneroso y riesgoso programa de transportación en pipas. Esas medidas transfieren a la sociedad el costo de la corrupción”, observa Raúl Trejo Delarbre (La Crónica de Hoy, 11 de enero).

            No sólo los derechos de las mujeres: con la medida se lesionan también severamente los derechos de los niños más pequeños. Nuestra Constitución señala en su artículo 4º: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.

            Al mismo tiempo que infligía un golpe brutal a mujeres, hombres y niños pobres, el Presidente eludía su deber de aplicar la ley desbloqueando las vías férreas obstruidas por la CNTE. En un desplante inaudito, presentó queja por ese bloqueo ante la CNDH para que ésta le indicara qué hacer. ¿No le dijeron sus asesores jurídicos que el ombudsman se ocupa de los actos abusivos de las autoridades y no de instruirlas acerca de sus obligaciones? En todo caso, la queja hubiese procedido contra su gobierno por no cumplir y hacer cumplir la ley como es su deber. Pero propongo que le pregunte a la misma CNDH si no es violatorio de los derechos humanos que cause tan grave daño a cientos de miles de mujeres y niños pobres del país.