Piropos

La Corte de Apelación de La Haya, Holanda, sentenció que los piropos y los silbidos ofensivos o de tinte sexual en los espacios públicos no pueden ser prohibidos por los municipios porque son el ejercicio de una forma de libertad de expresión protegida por la Constitución. La resolución contradice las directrices dictadas en 2017 y 2018 por los consistorios de Ámsterdam y Róterdam para combatir la intimidación sexual de palabra. El año pasado, un vecino de 36 años de la ciudad portuaria fue el primer sancionado por importunar a un grupo de mujeres. La multa que le fue impuesta, de 200 euros, ha quedado sin efecto.

            La condena fue motivada en que el hombre persiguió en dos ocasiones a un grupo de muchachas con frases como: “Son muy guapas. ¿Ya te vas, preciosa? Eres muy atractiva”. Después se sentó a su lado y les lanzó besos con la mano. Denunciado por las mujeres, alegó que “sólo eran cumplidos sin mala intención” y no sabía que  eso era delito. Los propios fiscales solicitaron que conociera del caso la Corte de Apelación de La Haya para asegurarse de que la acusación se sostenía legalmente.

            Los jueces reconocen que hubo acoso verbal y lanzamiento de besos, pero sostienen que ambas conductas encuadran en la libertad de expresión y la normativa municipal no fija de manera clara el límite entre un comportamiento aceptable y otro intolerable, lo cual “es indispensable de acuerdo con la Convención Europea de Derechos Humanos”. La sentencia valora el esfuerzo de luchar contra este tipo de ofensas, pero precisa que “sólo el legislador, a escala nacional, está facultado para decidir algo así”.

            La prohibición se introdujo en Ámsterdam y Róterdam después de que un sondeo entre mil mujeres reveló que 59% de ellas había sufrido esta clase de actos. Ocho de cada diez afirmaron haber sido objeto de insinuaciones y silbidos ofensivos, o bien que habían sido insultadas al rechazar los avances de desconocidos.

            Véase que el fallo no impide que se prohíba ese tipo de expresiones, sino determina que prohibirlas sería competencia no de los municipios, sino de la legislatura nacional, la cual ha de delimitar el límite entre el comportamiento aceptable y el intolerable. Parece razonable que en la ley se haga esa delimitación porque los gobernados deben saber exactamente cuáles conductas están prohibidas por la ley. Si ésta es ambigua, vaga o imprecisa se transgreden los principios de legalidad y seguridad jurídica.

            Dicho lo anterior, preguntémonos qué procederes de esa índole son inadmisibles en el marco de la convivencia armónica. ¿Todo piropo debe quedar vetado, como pretende un segmento del feminismo arguyendo que una mujer tiene derecho a andar en la calle sin que se le digan cosas?

            Lo primero que hay que dejar claro es que un piropo es distinto a un comentario vulgar, grosero u ofensivo. El piropo, dice el Diccionario de la Lengua Española, es el “dicho breve con que se pondera alguna cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer”.

            Algunas mujeres podrán incomodarse por una expresión elogiosa de su rostro, su cabello, su cuerpo o su porte: ¡en la Ciudad de México un taxista estuvo detenido varias horas porque una mujer denunció que le dijo “guapa” y ¡el pobre no tuvo para pagar la multa! Pero para otras esa misma expresión es agradable —he sido muchas veces testigo de ese agrado— y a otras más les resulta indiferente.

            Como advierte Marta Lamas (Acoso, FCE), tal vez escuchar la palabra “guapa” se pueda vivir como un comentario desagradable o como un ejemplo del machismo que marca el espacio público como masculino y que usa los piropos para hacer valer su jerarquía patriarcal, pero esa palabra tiene un significado cultural positivo.

            Las expresiones de admiración a una mujer, realizadas por un hombre o por otra mujer, si no están acompañadas de acercamientos, reiteración o persecución –lo que podría configurar acoso u hostigamiento–, no vulneran las condiciones de convivencia civilizada en una comunidad.

            Una sociedad que prohibiera toda manifestación elogiosa a otra persona, mujer u hombre, aun si tal manifestación se realizara con delicadeza o  poéticamente, estaría suprimiendo de lo permisible no sólo conductas que no lesionan bien jurídico alguno, sino que en ocasiones son el preludio de verdaderas historias de amor.

La fe en la causa

Los creyentes no necesitan pruebas ni argumentos para sustentar sus creencias porque éstas no son fruto del raciocinio ni de la constatación, sino de la fe. No importa que la realidad desmienta su credo. Los datos duros, constatados, no los hacen poner en duda sus certidumbres. Son creyentes, pues.

            Son muchos los mexicanos que aún mantienen su fe en Andrés Manuel López Obrador, quizá sin preguntarse si entre el discurso y las acciones, entre las promesas y los logros del Presidente hay coincidencia, si sus medidas son las adecuadas para conseguir lo que, como candidato, ofreció: el progreso del país, el bienestar de sus habitantes, el abatimiento de la criminalidad y de la corrupción, y el respeto al régimen democrático y a los derechos humanos.

            Examinemos la actuación del gobierno en algunos temas capitales: salud, economía, combate a la corrupción, respeto a las instituciones democráticas, seguridad pública y derechos humanos. No son, desde luego, los únicos temas relevantes, pero nadie podría dudar de la alta relevancia de todos ellos.

            Familiares de pacientes del Hospital General de México revelaron a Ciro Gómez Leyva, en Imagen Noticias, que las cuotas se incrementaron, el costo de hospitalización en el nivel más económico aumentó en más de 400%, al pasar de 88 a 477 pesos al día —¡casi cuatro salarios mínimos!—, y ellos mismos deben comprar medicamentos, insumos e incluso material médico que antes se les proporcionaba gratuitamente (Excélsior, 7 de enero). Por otra parte, familiares de niños con cáncer se manifestaron en Palacio Nacional, en Veracruz y en Tlaxcala por la falta de los medicamentos para sus hijos. La eliminación del Seguro Popular fue una decisión rencorosa —¡borrar todo lo anterior al actual gobierno!— cuyas consecuencias están resultando funestas.

            El fracaso en materia económica es monumental. Se vislumbraba desde que se canceló el nuevo aeropuerto internacional, el cual llevaba dos terceras partes de avance y generaría un gran progreso para el país. El asombroso capricho costó cientos de miles de millones y la pérdida de una obra necesaria y urgente que generaría, asimismo, cientos de miles de empleos. Digámoslo claramente: eso es corrupción —¿alguien podría refutarlo?—, y de altísimo costo.

            Y ya que hablamos de corrupción, es tan escandalosa la absolución de Manuel Bartlett que la Secretaría de la Función Pública anunció, que de aquí en adelante los servidores públicos estarán obligados a declarar todos los bienes de las personas con las que tengan un vínculo sentimental, bienes que, en el caso de Bartlett, tienen un valor de más de 800 millones de pesos.

            El ataque a los organismos autónomos ha estado lleno de rencor y saña. No parece haber duda del propósito de inutilizarlos, destruirlos o capturarlos. Fue gravísima la captura —como la denominó Héctor Aguilar Camín— de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La del Instituto Nacional Electoral sería el jaque mate a nuestra democracia.

            En seguridad pública tampoco puede el gobierno ofrecer buenas cuentas. La incidencia criminal en el país es la más alta desde que se llevan registros oficiales. El Presidente seguirá culpando a los gobiernos anteriores hasta el último día de su mandato, pero desde hace 13 meses la responsabilidad es suya y él prometió que, con su llegada al poder, el problema se resolvería en breve. Se desmanteló la Policía Federal y en su lugar se creó una Guardia Nacional militarizada y sin la debida capacitación.

            En violación de derechos humanos la lista es larga. Recordemos solamente la cancelación de las estancias infantiles, el despido injustificado y sin indemnización de miles de servidores públicos, el trato humillante a policías y la aniquilación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante el fraude indisimulado y sin precedente en la designación de la titular.

            Los feligreses de López Obrador parecen no haber notado nada de lo anterior. O lo han notado y están de acuerdo, en cuyo caso tendríamos que concluir que no les importa que al país le vaya bien ni que nuestro régimen democrático se preserve. La feligresía anhela ardientemente el triunfo de su causa —una causa cuyos objetivos son confusos, excepto el de la conquista de un poder sin contrapesos—, aunque la consecuencia sea la derrota del país.

¿El abuelo?

Es una tendencia humana que en México se agudiza al extremo. Cuando ocurre una desgracia de proporciones mayúsculas se quiere encontrar a fortiori a un culpable a quien castigar con la mayor severidad, como si el castigo riguroso cumpliera la función de enmendar retrospectivamente el mal ocasionado.

            Nos sacudió el terrible episodio de Torreón, en el que un chico de primaria, tras ponerse un disfraz en el baño de su escuela, disparó contra su profesora y los compañeros que tuvo a su alcance, dándole muerte a ella, además de lesionar a varios otros, para después quitarse la vida.

            Como el niño se suicidó, no es posible someterlo a la rehabilitación que prevé la ley para los menores que realicen una conducta que la legislación penal considere delictiva. Entonces, ¿a quién castigar? La Fiscalía de Coahuila no tardó demasiado en resolverlo: ¡el abuelo es responsable de homicidio por omisión porque no evitó que su nieto tomara de su casa el par de pistolas con las que disparó y, por tanto, se le podría imponer una pena de prisión de hasta 18 años!

            Un juez estuvo de acuerdo con ese criterio y dictó de inmediato la correspondiente orden de aprehensión. El abuelo fue detenido sin dilación. Como si con esas veloces acciones de las autoridades las víctimas hubieran sido vengadas.

            Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, proporcionó información en la reunión de la Conago que indica que ese inculpado no es precisamente un San Francisco de Asís, por lo que anunció que se le congelarán sus cuentas bancarias. La medida le imposibilitaría contratar a un abogado que lo defienda. Pero la imputación de homicidio por omisión no resiste el menor análisis jurídico.

            Sólo se puede ser autor de un delito por omisión cuando se tiene la calidad de garante respecto de determinado bien jurídico. El sujeto garante tiene el deber de salvaguardarlo en razón de su relación especial, estrecha y directa con el bien. Las fuentes de la calidad de garante son la ley extrapenal, incluyendo resoluciones judiciales; una especial comunidad de vida o de peligro; una aceptación efectiva, y una conducta anterior peligrosa.

            La madre es culpable de la muerte por inanición de su bebé por no alimentarlo; un alpinista es autor de la muerte de su compañero escalador al que no auxilia cuando se encuentra en el riesgo del que se derivó su fallecimiento; el salvavidas responde de la muerte del bañista si no se arroja al agua a salvarlo al notar que se está ahogando; el trabajador municipal que deja destapada una coladera es autor de la muerte del peatón que se mata al caer en ella.

            El común denominador en todos esos casos es que el sujeto garante tiene un deber de salvaguarda respecto de la vida de las víctimas: le corresponde evitar, siempre y cuando le sea realmente posible hacerlo, que ellas mueran.

            En los dramáticos hechos de Torreón el abuelo no tenía la calidad de garante respecto de la vida de las personas que fueron baleadas. Imputar al ascendiente el delito cometido por su descendiente por no haberlo impedido “desvirtúa la posición de garante y la reconduce hacia bienes de terceros con los que no existe vínculo previo”, advierte el penalista Carlos María Romeo Casabona (Límites de los delitos de comisión por omisión, Universidad Complutense de Madrid).

            Como observa Sergio Sarmiento: “Para los políticos siempre es importante culpar a alguien, a quien sea, en los casos con gran repercusión en medios… El abuelo es detenido y sus cuentas son congeladas porque hay que castigar a alguien. Así es la justicia mexicana” (Reforma, 15 de enero).

            Si un menor asesina a un vecino con el cuchillo que ha tomado de la cocina, ¿podría sostenerse que la culpable de esa muerte es la madre que adquirió ese instrumento? ¿Es autor de un incendio y de los daños que éste provoque el hombre que había dejado en su buró los cerillos con los que su menor hijo causa el fuego?

            En materia penal nadie responde por la conducta de otro. Para delimitar quién es el autor de un delito de omisión la doctrina penal construyó la figura del garante, y sólo a éste puede imputarse penalmente la no evitación del daño sufrido por el bien que tenía el deber de salvaguardar.

            Al horroroso suceso de Torreón no debe agregarse una injusticia indefendible jurídicamente.

Terrorismo penal

Ha sido uno de los sueños del fascismo, del comunismo y, en general, de todo régimen autoritario: contar con leyes penales que le permitan disponer a su antojo de la libertad y los bienes de los gobernados. Nada intimida tanto como la amenaza constante de prisión y pérdida del patrimonio. Como advierte Pablo Hiriart, el miedo es la clave del control (El Financiero, 16 de enero). Ese sueño autocrático se haría realidad en nuestro país si se aprobara la anunciada reforma en materia de justicia penal, la cual transformaría preceptos constitucionales, crearía nuevos ordenamientos y modificaría varios de los vigentes.

            El arraigo —medida cautelar que permite mantener privada de su libertad a una persona durante un tiempo excesivo sin que existan en su contra pruebas que justifiquen someterla a proceso—, que se aplica ahora a algunos delitos, principalmente los de delincuencia organizada, se podría aplicar a cualquier delito hasta por 40 días. Además, tratándose de delincuencia organizada, de hechos de corrupción o de casos que requieran “una cantidad significativa de actos de investigación”, se suprimiría de la Constitución el plazo concedido al Ministerio Público para poner al detenido a disposición del juez: un arraigo paralelo.

            Se agravaría la pena al acusado que al declarar faltara a la verdad. Aquel que se dijera inocente, pero al final del proceso fuera considerado culpable por el juez, habría faltado a la verdad jurídica, que es solamente la que el juez establece. Así se estaría coaccionando al acusado a guardar silencio o confesar su culpabilidad, pues, de no hacerlo y ser condenado, su punición sería mayor. La magnitud de la pena ya no dependería tan sólo del grado de reproche que amerite la conducta delictiva, sino, asimismo, de un factor —la declaración del acusado— totalmente ajeno a esa conducta.

            Se podría condenar al acusado con base en pruebas obtenidas ilícitamente, lo cual es una invitación a los agentes ministeriales y policiales a infringir la legalidad y echar mano de medios reprobables en su labor persecutoria. Se consideraría presuntamente culpable al acusado que no colabore en ciertos peritajes que lo involucren. Se desaparecería a los jueces de control, cuya función ha sido, justamente, la de controlar las actuaciones del Ministerio Público y de la policía, que nuevamente tendrían patente para los atropellos.

            Se instauraría un tribunal especializado, conformado por magistrados nombrados por el Senado —es decir, por el partido con mayoría en la Cámara alta, que es también el partido en el gobierno—, para juzgar a los jueces. ¡Un tribunal especial, hoy prohibido por nuestra Constitución, que se formaría con criterio político y cuya sola existencia violaría la autonomía del Poder Judicial!

            Sería delito la declaración cuyo propósito sea desprestigiar o ridiculizar personas o instituciones, o que cause deshonra, descrédito, perjuicio o desprecio. Esas mismas conductas están penalizadas en Cuba y Venezuela, con cuyos gobiernos el nuestro se siente tan identificado.

            A las medidas esbozadas —no son todas, pero se me acaba el espacio— añádanse las ya existentes de extinción de dominio y congelación de cuentas, las que también se ejecutan sin que aún haya condena de un juez y suelen imposibilitar la contratación de un abogado defensor. Se cierra el círculo perverso.

            Las características del derecho penal de un país son un elemento esencial para distinguir un régimen democrático de uno autoritario. Los derechos humanos surgen históricamente en el siglo XVIII como reacción ilustrada a los desmanes criminales de la Santa Inquisición. La reforma anunciada es inequívocamente inquisitorial.

            Todos sabemos del daño que en este gobierno se ha infligido a la economía, la salud, la educación pública, los programas sociales, el progreso del país. Ahora se prepara una embestida a algunos de los derechos humanos más importantes porque conciernen a ese bien invaluable que es la libertad.

            El quebranto sufrido por las instituciones democráticas y el Estado de derecho ya ha sido descomunal. Parece que no es bastante. La reforma anunciada, como sostiene la Academia Mexicana de Ciencias Penales, implica retrocesos notorios. Si no logramos detenerla, será un golpe devastador contra los valores y principios de una sociedad democrática.

El huevo de la serpiente

El Presidente estaba obligado a condenar con toda energía la agresión infligida a los integrantes de la Caravana por la Verdad, Justicia y Paz, encabezada por Javier Sicilia y Adrián LeBarón, y a los padres de niños con cáncer que se quejan por la falta de medicamentos para sus hijos. ¿Por qué se les agredió? Simplemente porque se encontraban ejerciendo un derecho elemental, consagrado en nuestra Constitución, las constituciones de todos los países democráticos y los tratados de derechos humanos. Estaban expresando su descontento ante las políticas de seguridad y atención a la salud.

            Lo menos que podía esperarse del Presidente era la reprobación categórica del ataque no sólo porque atentó contra un derecho imprescindible en todo régimen democrático, lo cual resultaba más que suficiente para la condena, sino porque los agresores lo vitoreaban mientras ofendían a los manifestantes. El Presidente sólo dijo que había sido un encuentro entre grupos con posiciones diversas que, por fortuna, no pasó a mayores.

            Los ofensores hicieron gala de bajeza. Los ofendidos son personas que han perdido a sus seres queridos a consecuencia de algún delito o que viven la angustia extrema de que sus hijos, en riesgo de muerte por una de las enfermedades más devastadoras y letales, no estén recibiendo la debida atención médica.

            No importó a sus atracadores, quienes aullaban enfebrecidos: “¡Antimexicanos! ¡Traidores a la patria! ¡Lárguense a su país (seguramente en referencia a la doble nacionalidad de los LeBarón)! ¡Obrador, presidente, aquí está tu gente! ¡Es un honor estar con Obrador!”

            ¿No sintió vergüenza el Presidente de que esa turba voceara su nombre en justificación de su vesania? ¿No sintió la necesidad de deslindarse con toda firmeza de esos partidarios suyos? ¿No le pareció que era necesario decir que su gobierno no consentiría tales agravios, sino que, por el contrario, garantizaría el ejercicio del derecho a manifestarse?

            El Presidente no sólo omitió el más mínimo reproche a los atacantes, sino que aseveró que quienes ahora protestan contra el desmesurado aumento de la delincuencia actúan con hipocresía porque guardaron silencio ante la misma situación durante las administraciones anteriores.

            El Presidente falta a la verdad: no ha habido un solo mes, desde que se desató la espiral de violencia en el país, en el que allegados de las víctimas, activistas, columnistas y académicos no hayan señalado que el Estado está fallando en su deber principal, que es el de preservar la seguridad ciudadana.

            La actitud del Presidente es inadmisible: los que intentan intimidar a manifestantes para que no se atrevan a ejercer su derecho seguramente la perciben como un apoyo tácito a su matonismo, como una invitación a reincidir en sus atracos.

            Ya el Presidente había avisado que no recibiría a los integrantes de la Caravana por la Verdad, Justicia y Paz porque no tenía tiempo para ese encuentro. Como observa Raúl Trejo Delarbre: “Sólo tiene tiempo para escuchar aclamaciones y beneplácitos… destina varias horas diarias a perorar, la mayor parte de las ocasiones sin hacer anuncios ni ofrecer explicaciones que no se hubieran conocido antes, pero no dispone de unos minutos para recibir a los familiares de las víctimas de la violencia” (La Crónica de hoy, 27 de enero).

            En efecto, es indefendible ese desdén, fruto de la soberbia y el narcisismo. Pero aún más injustificable es que el Presidente no haya repudiado la agresión a los manifestantes y que, además, haya sostenido falazmente, para descalificar sus reclamos, que éstos se quejan hoy de aquello frente a lo que antes callaron.

            En Venezuela, los colectivos chavistas —supuestamente promotores de la democracia y las actividades culturales— han atacado en numerosas oportunidades, con la anuencia de las fuerzas de seguridad o incluso en coordinación con ellas, a manifestantes, periodistas, estudiantes y diversos críticos del gobierno. Grupos de esa índole o similares, dondequiera que surjan, y sobre todo si son alentados o permitidos, constituyen el huevo de la serpiente.

            Era previsible que la CNDH, desvirtuada ya en su originaria tarea de defender los derechos humanos, no dijera una sola palabra sobre la agresión. Pero el Presidente, sabiendo que los facinerosos atacaron en su nombre, ¿cómo es que pudo optar por el mutismo?

La manifestación

En cuanto le pido que me lleve al monumento del Ángel de la Independencia, el taxista entiende que voy a la manifestación contra la política del Presidente y me dice: “Yo voté por López Obrador y estoy muy arrepentido”.

            Me cuenta que su mujer, enferma de cáncer, recibía quimioterapia brindada por el Seguro Popular hasta que un día fueron recibidos con la amarga noticia de que ya no era posible seguir proporcionándosela sin costo y que ellos mismos tendrían que adquirir los medicamentos.

            Como el precio era altísimo, tuvo que vender sus dos automóviles, pero ningún dinero alcanzaba para continuar el tratamiento. Su esposa murió hace seis meses.

            Hacía varios años que no acudía a una marcha. El ambiente es festivo. Decenas de miles de mujeres y hombres de todas las edades, notoriamente de diversas clases sociales, caminamos sobre Paseo de la Reforma. A diferencia de las marchas organizadas por algún partido o alguna ONG, en las cuales los gritos y las pancartas de los manifestantes son ideados por los organizadores, ahora los lemas coreados, las mantas y las cartulinas son producto de la propia creatividad de los participantes.

            Por tanto, lo que se vocea no son los eternos lugares comunes de esta clase de actos.

            Eso le da una fresca originalidad a éste.

            El Presidente hizo una interesante declaración: dijo que esa manifestación estuvo integrada por conservadores disfrazados de ciudadanos, y que esos conservadores se están quitando las máscaras. Así pues, de acuerdo con el juicio presidencial, decenas de miles se pusieron disfraz de ciudadanía. Demasiados disfraces, ¿no?

            Sólo son ciudadanos, según López Obrador, los que lo apoyan incondicionalmente. Sólo esos incondicionales conforman el pueblo bueno. Los demás no merecen consideración alguna: sólo ameritan denuestos.

            Es notable cómo se mezclan la molestia y la alegría de los manifestantes. La indignación por el daño que se le está haciendo al país no excluye el entusiasmo de estar aquí, de levantar la voz, de atreverse. Casi ninguno de los presentes milita en algún partido o alguna organización.

            Como la inmensa mayoría de la población, son ciudadanos no habituados a las marchas ni a los mítines.

            Aprovechan los domingos para levantarse más tarde, desayunar con más calma, descansar, leer, andar en bici, salir a pasear, convivir con la familia.

            Hoy están en la calle manifestando su inconformidad, su oposición a que el país se siga destruyendo, al capricho de Santa Lucía, a los abrazos para los delincuentes, a la pérdida de empleos, al hundimiento de la economía, al grave deterioro de los servicios públicos de salud, a que la educación de los niños menos favorecidos se deje en manos de la mafia sindical, a que se capturen las instituciones esenciales en la construcción de la democracia mexicana.

            Una mujer de edad avanzada me dice: “Ojalá logremos algo”. Le respondo que ya es un logro estar dando la lucha, que lo peor sería darnos por vencidos sin pelear, que en decenas de ciudades del país también están protestando, que esta concentración no fue por la convocatoria de un partido, sino a través de las redes o de oído en oído, y que, en cambio, en varias entidades se obligó a los burócratas a asistir al Zócalo, se les dio una torta y vinieron en autobuses provistos por las autoridades.

            A la primera marcha convocada como la de ahora asistió apenas un reducido puñado de personas. A la de ahora, como ya apunté, han acudido decenas de miles. Nadie viene acarreado. Quienes hemos venido estamos aquí por convicción. Es importante que seamos muchos y que eso se sepa por el efecto que seguramente tendrá la numerosa participación.

            El entusiasmo, el empuje y la determinación suelen ser contagiosos.

            Una gran manta exhibe las siglas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros organismos autónomos sobre sendos féretros y bajo un inmenso moño negro. Una exigencia reiterada a lo largo de la marcha: “¡No toquen al INE!”. La manifestación no es sólo para protestar por lo que está sucediendo, sino para oponerse firmemente a las amenazas al régimen democrático.

            Extrañamente, el estupendo discurso de Beatriz Pagés en el mitin no ha sido mencionado en los medios. Lo concluyó advirtiendo que el país es de todos los mexicanos, no de un solo hombre.

Austeridad fementida

¿De verdad se trata de evitar gastos superfluos para ahorrar todo lo posible y de esa manera, con lo ahorrado, atender las ingentes necesidades de los mexicanos desfavorecidos económicamente? ¿Es cierto el lema adoptado por el presidente de la República de por el bien de todos, primero los pobres, con el que se da a entender que al combatirse la pobreza se lucha contra injusticias que dan lugar a tensiones sociales que pueden generar discordia? ¿Es auténtica y tiene ese fin la política de austeridad que proclama el gobierno?

            Pues lean esto, amables lectoras y lectores: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) gastó más de 10 millones de pesos —sí, leyeron bien: más de 10 millones de pesos—, solamente entre julio y septiembre de este año para financiar las visitas que hizo durante ese lapso el Presidente de la República a los hospitales rurales del país (Reforma, 9 de diciembre). La información abarca únicamente hasta el 26 de septiembre y el recorrido presidencial tuvo lugar del 5 de julio al 18 de octubre, de donde se advierte que lo erogado por el IMSS durante la totalidad de la gira es mayor aun que la cantidad señalada.

            La multimillonaria erogación se empleó en gastos de transportación de funcionarios públicos a los sitios visitados por el Presidente: boletos de avión, gasolina de vehículos y pago de peaje, así como en viáticos, templetes, carpas, vallas, sillas, lonas, equipo de audio y video. La Unidad del Programa IMSS Bienestar, encargada de atender a los habitantes de bajos recursos, hizo la mayor aportación: 9 millones 674 mil 966 pesos. El resto fue pagado por la Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones Estatales del IMSS.

            En sus visitas, los directores de los hospitales rurales del programa IMSS Bienestar informaron al Presidente de las graves carencias que sufren sus centros de salud, las cuales incluyen obsolescencia del equipo médico, escasez de medicamentos y de personal, falta de médicos especialistas y deficiencias de la infraestructura física hospitalaria. Esa penuria, por supuesto, impide o por lo menos obstaculiza un servicio de calidad.

            Claro que, para subsanarlas, es importante que el Presidente, el secretario de Salud, el director del IMSS y el secretario de Hacienda estén al tanto de las insuficiencias de los hospitales. Pero, miren ustedes, para enterarse de esa precariedad el Presidente realizó una onerosísima gira no obstante que podía haberse enterado de ella sin siquiera levantarse de su escritorio en Palacio Nacional: le bastaba —prodigio de la revolución informática que estamos viviendo— con solicitar a los directores de los nosocomios un informe en el que se detallaran los requerimientos de cada uno de éstos.

            En esta época de internet, por vía de correo electrónico es posible informarse de lo que sucede en los sitios más remotos sin necesidad de viajar a ellos. Basta con escribir unos cuantos caracteres para obtener la información correspondiente. Si el Presidente hubiese optado por esta vía, se habría ahorrado una buena suma de millones de pesos, con los cuales seguramente se podrían remediar o paliar algunas de las carencias, insuficiencias o deficiencias de los centros hospitalarios.

            ¿Es admisible éticamente que al tiempo que los servicios públicos de salud se deterioran dramáticamente en perjuicio de millones de mexicanos —sobre todo de los más pobres, quienes no tienen la posibilidad de acudir a médicos o sanatorios privados— se malgasten más de 10 millones de pesos en un tour innecesario salvo para que el Presidente se tome la foto en cada uno de los hospitales rurales visitados?

            El IMSS presta servicios de la mayor relevancia. Su misión es proteger la salud, el bien más importante, previniendo y curando enfermedades, además de brindar protección social a los trabajadores y sus familias. Es mucho y muy meritorio lo que hace, pero también es mucho lo que deja de hacer o hace deficientemente por la exigüidad en que se desenvuelven sus tareas. No es aceptable que dedique parte de sus recursos a actos de propaganda política y culto a la personalidad.

            Pero la supuesta austeridad quedó desmentida desde el principio del actual gobierno, pues al cancelarse la obra del nuevo aeropuerto se tiraron a la basura cientos de miles de millones de pesos.

Premios

La decisión de la Academia Sueca de entregar el Premio Nobel de Literatura al escritor austriaco Peter Handke ocasionó la indignación de importantes autores, entre ellos Salman Rushdie, y la reprobación del PEN-Internacional y de víctimas del genocidio en Bosnia-Herzegovina. El motivo son los escritos y declaraciones de Handke sobre las guerras balcánicas de los años noventa y sus gestos hacia Slobodan Milošević, quien fuera presidente de Serbia y falleciera en una celda de La Haya mientras se le juzgaba por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

            “Me chocó que se premiase a alguien que fue amigo de Slobodan Milošević y ha dedicado su carrera a defender a un enemigo de masas”, ha declarado Emir Suljagić, director del Memorial de Srebrenica, donde en julio de 1995 las tropas del general serbobosnio Ratko Mladić asesinaron a 8,372 varones musulmanes. Por su parte, Gun-Britt Sundström renunció al Comité del Nobel, encargado de seleccionar a los candidatos, y el escritor e historiador sueco Peter Englund, integrante de la Academia, anunció que no asistiría a la ceremonia de premiación.

            Alfred Nobel dejó dicho en su testamento que el premio debía recaer en “quien haya producido en el terreno literario la obra más destacada de una tendencia idealista”. Desde hace 118 años, cuando el Nobel de Literatura se concedió por primera vez, los académicos se han preguntado por el significado del término “idealista”. ¿La tendencia idealista hace referencia a una literatura no ideologizada o, por el contrario, quiere decir comprometida con una causa que se considera plausible? ¿La obra idealista es la que revela los ideales del autor? ¿Pero todos los ideales son admirables? ¿No queda claro, siniestramente claro, que ciertos ideales han ocasionado muchas muertes y enorme sufrimiento?

            Lo primero que hay que precisar es que Handke no justificó el genocidio. Se reunió con el criminal de guerra Radovan Karadžić, negó legitimidad al Tribunal Penal Internacional para los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia y pronunció un discurso en el entierro de Milošević, pero su postura sobre la masacre de Srebrenica no deja lugar a dudas. Hanke aseveró que el de Srebrenica es “de lejos el peor crimen contra la humanidad cometido en Europa desde la guerra”, una “venganza abominable de las fuerzas serbias”, aunque señala que estuvo precedido por otro “crimen al que conviene el término de genocidio” de las fuerzas musulmanas.

            Más allá de la discutible interpretación del escritor austriaco —crimen terrible en venganza de otro crimen terrible—, es de advertirse que en otras ocasiones se han otorgado distinciones, incluso el Nobel, a autores que han manifestado abiertamente su simpatía por dictaduras cuyos dirigentes han perseguido, encarcelado y asesinado a muchos seres humanos. Recibieron importantes galardones el francés Louis-Ferdinand Céline, admirado autor de Viaje al fin de la noche, quien escribió panfletos antisemitas y filonazis durante la ocupación de su país por las fuerzas de Hitler, y el estadunidense Ezra Pound, quien, simpatizante de Mussolini, arengó desde la radio italiana a los soldados de su país a desertar y a difundir la propaganda nazi contra los judíos, por lo cual fue recluido en un manicomio.

            La Academia Sueca decidió otorgar el Nobel al poeta chileno Pablo Neruda, apologista de Stalin y aplaudidor de la represión a escritores rusos disidentes, y a Jean Paul Sartre —quien lo rechazó—, partidario de la revolución cultural china. Como es sabido, el estalinismo y el maoísmo nada tienen que envidiar a Hitler en su furor persecutorio y asesino. Uno y otro encarcelaron o asesinaron a millones de inocentes. Otro Premio Nobel, Gabriel García Márquez, nunca dejó de manifestar su admiración a Fidel Castro, responsable de múltiples ejecuciones tras juicios sumarísimos, encarcelamiento de disidentes y una obsesiva persecución contra los homosexuales, a quienes se les confiscaron propiedades y se internó en campos de reeducación.

            Grandes novelistas, poetas, filósofos, pintores y cineastas, entre otros creadores, han asumido posturas políticas indefendibles, las cuales no restan calidad a su obra. Una pregunta difícil: ¿esas posturas —sin duda abominables— debían inhabilitarlos para ser objeto de reconocimiento público? ¡Gulp!

Curas pederastas

Durante mi infancia y mi adolescencia jamás supe de un solo caso de abuso sexual de algún sacerdote contra niñas o niños. Era inimaginable que un dignatario eclesiástico, nada menos que el portavoz de la palabra de Cristo, quien predicaba el amor y la compasión hacia los semejantes, pudiera cometer semejante bajeza, crimen tan atroz.

            Un cura, representante de Dios en la Tierra, era lo más confiable, lo más puro, lo más bueno. No había padres de familia de la fe católica que dudaran de la absoluta limpieza moral de quienes, desde el púlpito, la cátedra y el confesionario instaban a los miembros de la grey a intentar ser perfectos como el Padre celestial lo es.

            No fue sino muchos años después que se empezó a descubrir que numerosas de esas almas de Dios, esos seres iluminados indudablemente confiables, sin mácula alguna, habían perpetrado, y seguían haciéndolo, uno de los actos más abominables, un delito que ha resultado devastador para los ofendidos.

            Todo abuso contra una niña o un niño —físico o sicológico, de cualquier índole— es repugnante. El progreso del proceso civilizatorio se mide en buena medida por el trato que se da a los niños. Un infante es un ser absolutamente indefenso. Sus padres tienen la misión de protegerlo contra los innumerables males del mundo, pero los de las víctimas no podían sospechar que entre las fuentes de dichos males estuvieran los proclamados representantes de Cristo.

            Y hay de abusos a abusos. Y de entre ellos, la depredación sexual contra un pequeño es el peor abuso imaginable. Solamente un ser desprovisto de los más elementales escrúpulos humanitarios, un miserable, es capaz de perpetrar un acto de esa índole.

            “Dejad que los niños se acerquen a mí”, dijo Cristo en alusión a que los chicos representan la parte menos contaminada, la más límpida, de la humanidad, y la que requiere mayores cuidados. Los curas abusadores han aprovechado esa cercanía para inferirles un daño que, en muchas de las víctimas, ha dejado secuelas imborrables. Cómo alguien que se dice portavoz de Cristo podía haber dañado de esa forma a seres tan vulnerables, tan frágiles.

            No reprocho a ningún sacerdote que incumpla el voto de castidad, el cual impone un deber verdaderamente contra natura, un deber contra uno de los impulsos más febriles y urgentes de los humanos, propio de su condición biológica y síquica. No haría reclamo alguno al cura seductor de mujeres o de hombres siempre y cuando los seducidos sean adultos.

            Ni siquiera creo que quienes trasgreden el voto de castidad hayan sido hipócritas o falsarios al jurarlo. Me parece que muchos lo asumieron con sinceridad, pero luego fueron vencidos por la poderosa tentación erótica.

            Las flechas de Eros, ese diosecillo travieso que se divierte disparándolas, no respetan oficios, edades, estados civiles ni juramentos, y suelen ser extremadamente punzantes no solamente en el cuerpo, sino también en el alma de aquellos en los que hacen blanco.

            Esos curas incapaces de resistir el canto de sirenas tan tentadoras tienen un amplio abanico de opciones para elegir pareja permanente o fugaz. No son pocos los que han dejado el sacerdocio por tener una pareja sentimental o que continúan ejerciéndolo a pesar de que la tienen.

            Pero elegir para satisfacer su pulsión a una niña o un niño es una decisión que ameritaría que, si existiera un lugar de castigo tal, se les condenara a pasar una larga temporada en un infierno no menos terrible que el que describió Dante en su Divina Comedia.

            El informe sobre sacerdotes pederastas de los Legionarios de Cristo señala que, en sus 78 años de historia, 175 menores fueron víctimas de abuso sexual por parte de 33 de sus curas. 60 de esos abusos los cometió Marcial Maciel, fundador de la congregación.

            Como ha advertido el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el arzobispo Rogelio Cabrera López, dicho informe omite referirse a los cómplices y encubridores de los abusos. En efecto, las autoridades eclesiásticas guardaron silencio y dejaron de sancionar y de denunciar esas conductas ignominiosas.

            Muchos de los delitos ya han prescrito y, por tanto, quedarán impunes. Pero la Iglesia católica tiene la obligación de tomar medidas para que tales abusos se prevengan y, en su caso, se castiguen como los graves delitos que son.

Embuste y charlatanería

Aun cuando son frecuentes, por lo que supuestamente deberíamos estar acostumbrados a ellas y aun tomarlas como algo natural, consustancial a su oficio, las engañifas de los políticos me molestan como si fueran agravios personales. Me irrita especialmente que las profieran como si fueran verdades indudables, sin traslucir vacilaciones o dudas.

            Es verdad que, como advierte Michael P. Lynch, los seres humanos mentimos con la misma naturalidad con que respiramos. “Mentimos para ocultar nuestras inseguridades, para hacer que otros se sientan mejor, para sentirnos mejor nosotros mismos, para que nos quiera la gente, para proteger a los niños, para librarnos del peligro, para encubrir nuestras fechorías o por pura diversión” (La importancia de la verdad, Paidós, 2005).

            Pero no todas las mentiras son de la misma calaña. No creo reprochable mentir por cortesía, como cuando nos disculpamos por no aceptar una invitación a una reunión que no nos resulta atractiva diciendo que ya tenemos un compromiso en la misma fecha, o por compasión, como cuando le decimos a un enfermo que luce muy mal que su aspecto no es tan malo.

            “Según creo sólo mentimos de verdad –si se me disculpa el oxímoron– cuando negamos voluntariamente la verdad a quien tiene derecho a esperarla de nosotros en un terreno determinado”, dice Fernando Savater (La vida eterna, Ariel, 2007).

            Hay que distinguir al simple mentiroso del charlatán. El mentiroso conoce o cree conocer la verdad y a partir de ese conocimiento o esa creencia falsea lo que considera verdadero. Al charlatán, en cambio, no le interesa cuál es la verdad: sólo le interesa el efecto que causen sus palabras en los oyentes.

            Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio varias versiones distintas del insólito episodio en Culiacán en el que el gobierno federal accedió a liberar a Ovidio Guzmán como consecuencia de la improvisación y la torpeza con que se llevó a cabo el operativo para aprehenderlo. La ineptitud quiso disfrazarla el secretario con narrativas falaces.

            Ahora, ante un crimen que ha horrorizado al mundo, el asesinato de tres mujeres y seis niños de la comunidad mormona que habita desde hace casi un siglo en Galeana, Chihuahua, el mismo funcionario se ha apresurado a decir que el convoy de tres camionetas del que formaban parte las víctimas “pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control de la región”.

            Como observa Gil Gamés (Milenio diario, 6 de noviembre), probablemente nadie le ha informado al secretario Durazo que la familia LeBarón, a la que pertenecen una de las mujeres y varios de los niños asesinados, es un motor de la economía del noroeste del país, sus miembros son activistas contra el crimen organizado y la inseguridad los ha golpeado una y otra vez.

            En efecto, un joven de la familia fue secuestrado en 2009 y meses más tarde Benjamín y Luis Widmar LeBarón fueron secuestrados y asesinados.

            En las camionetas del convoy no viajaba una sola persona armada, ni siquiera un solo varón adulto. Todos eran mujeres y niños, y una de ellas, que antes de ser asesinada pudo encarar a los pistoleros, así se los advirtió a los asesinos al suplicarles que no les dispararan, según el testimonio de un niño sobreviviente de la salvaje agresión.

            ¿En qué indicios se basa la suposición según la cual la masacre pudo deberse a que fueron confundidos?

            Sólo ejerciendo el embuste o la charlatanería puede sostenerse, por ejemplo, que el parche al aeropuerto de Santa Lucía es más conveniente que el cancelado nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos guardó silencio ante los abusos de poder de los gobiernos neoliberales, que la economía del país va requetebién, que la incidencia delictiva ha entrado en un punto de inflexión, que el gobierno federal cuenta con una estrategia para enfrentar la criminalidad (nunca ha explicado cuál es más allá del slogan abrazos en lugar de balazos).

            La masacre de las tres mujeres y los seis niños de la comunidad mormona de Galeana es un caso límite de horror. Y es tan sólo un episodio más de la espiral de violencia que azota a buena parte del país y que el gobierno no enfrenta sino con una pobre retórica que cada vez convence a menos.

Adiós al ombudsman

El título de estas líneas no hace referencia al fin de la gestión de Luis Raúl González al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sino al aniquilamiento de la institución del ombudsman (me resisto a llamarle ombudsperson) en nuestro país, por lo menos en el ámbito federal.

            La actitud de los senadores de Morena, sumisos a los deseos de su gran timonel, no tiene precedente en el Senado de la República. No obstante que la candidata designada no alcanzó el porcentaje de votos que inequívocamente exige nuestra Constitución —las dos terceras partes de los senadores presentes en el momento de la votación—, fue impuesta como presidenta de la CNDH.

            Los senadores del PAN, en un proceder que los honra, protestaron enérgicamente por el atropello e incluso trataron de impedir la toma de protesta. Además, han anunciado acciones legales para enmendar el desaguisado.

            El Partido Verde asumió su acostumbrado oportunismo: carente de escrúpulos y convicciones, se alió con la mayoría atropelladora. El PRI mostró que, desalojado del poder, ya no es verdaderamente un partido de oposición, sino que está dispuesto a actuar el deshonroso papel de comparsa del partido en el poder. Una vergüenza. Qué bien hicieron José Narro y Beatriz Pagés en renunciar al partido.

            La transgresión a la ley suprema del país en un asunto tan importante y tan delicado es tan evidente y tan grave que los propios compañeros de militancia de la designada la instaron en una carta, para no prestarse a la inaudita maniobra, a no presentarse a la toma de protesta.

            La carta, signada por más de veinte colectivos de familiares de desaparecidos, dice que les alegra a los signatarios que una persona que ha sufrido como ellos llegue a ocupar tan importante puesto, pero, añaden, “nos preocupa que sea en medio de dudas y señalamientos que desprestigian nuestro movimiento”.

            En consecuencia, rematan: “Te queremos pedir que, como hizo tu madre empeñando la medalla Belisario Domínguez a cambio de la verdad, tú empeñes tu nombramiento y no tomes protesta hasta que haya un proceso transparente y sin sombra de dudas”.

            La petición, sustentada en el ánimo de que prevaleciera la limpieza en el procedimiento, también fue firmada por decenas de familiares de desaparecidos de Baja California, la Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, entre otras entidades.

            Los perpetradores del atraco acataron la línea que les trazó el Presidente de la República, quien había dicho que admira a la candidata favorecida y que no quería al frente de la CNDH a un académico que fuera experto en la materia y actuara con profesionalismo, como los anteriores ombudsman.

            Con esas infaustas palabras el Presidente mostró una vez más, por una parte, su talante autoritario y, por otra, su aversión a la academia. Ya antes nos había dejado estupefactos al señalar que quienes estudian posgrados en el extranjero lo hacen con el afán de robar más en la administración pública (esa antipatía por los estudios explica expresiones igualmente asombrosas, como la de que el hombre en América existe desde hace entre 5,000 y 10,000 millones de años —¡entonces no existía ni el Sol!— o medidas tan indefendibles como los castigos presupuestales a la investigación científica y tecnológica, a la cultura y a los investigadores).

            Dos características indispensables de un auténtico ombudsman son la alta calidad profesional y la plena autonomía. Sin ellas, el titular de un organismo público de derechos humanos no es verdaderamente un ombudsman. La tarea del defensor de los derechos humanos requiere una actuación, caso por caso, rigurosamente profesional y escrupulosamente autónoma. La nueva titular de la CNDH ha declarado que la confrontación entre el Presidente y la CNDH debe terminar.

            Como advirtió el primer presidente de la CNDH, Jorge Carpizo: “Es claro que el ombudsman sólo puede existir en donde hay democracia. En los sistemas totalitarios o autoritarios está de más o se convierte en una figura sin ninguna importancia o sin resultados prácticos” (Derechos humanos y Ombudsman, UNAM y CNDH, 1993).

            Hay un proyecto legislativo que propone eliminar a los organismos públicos de derechos humanos. No le hizo falta al gobierno desaparecer a la CNDH: bastó con quitarle su esencia, su alma.

Lecciones

Desde la designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha habido un solo día en que no se publiquen en la prensa comentarios en los que se descalifica el procedimiento y se cuestiona la idoneidad para tan importante cargo de la designada.

            Es que el episodio es infausto no sólo porque significa el jaque mate a una institución que se ha distinguido por su profesionalismo y su compromiso con la causa de los derechos humanos, sino por la estela de lecciones que deja.

a) En la terna había quedado un magnífico candidato, el jurista José de Jesús Orozco, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los senadores morenistas desecharon esa opción porque el candidato avaló, hace 13 años, como magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la elección de Felipe Calderón como Presidente de la República. Es decir, el motivo del rechazo fue que Orozco convalidó un supuesto fraude en esa elección, el cual nunca ha sido comprobado.

b) El Presidente de la República tiró línea: no un académico experto en derechos humanos, como los anteriores titulares de la CNDH, sino una activista que hubiera sufrido la violación de derechos. Éste es un punto particularmente interesante: el Presidente ha mostrado una extraña fobia a la academia, lo que le llevó a la asombrosa declaración de que quienes siguen preparándose en el extranjero tras obtener su título profesional lo hacen porque esos estudios les facilitan robar más en la administración pública. Creo que esa animadversión no puede sino provenir de inseguridad y envidia indisimulada a quienes se han superado profesionalmente.

c) El Presidente de la República reaccionó con furia a la recomendación de la CNDH sobre las estancias infantiles. No sólo resolvió no aceptarla, sino que la respondió calumniando a la institución al asegurar que había guardado silencio ante los abusos de poder de los gobiernos neoliberales. La CNDH no le gustaba al Presidente porque ha sido un organismo autónomo, porque fue creada por Carlos Salinas de Gortari, su bestia negra, y porque se atrevía a pronunciarse contra medidas de su gobierno, y ya se sabe que en el discurso oficial cualquiera que tenga esa osadía es un conservador que no merece respuesta argumentada sino tan sólo denuestos.

d) Si anteriormente desde el poder se transgredía la ley, se procuraba hacerlo sin que se notara, guardando la apariencia de legalidad. Cuando no era posible guardar esa apariencia, a regañadientes se acataba la ley. En cambio, esta vez la arbitrariedad fue flagrante, a plena luz del día, sin importar que todo el país notara la trampa. La designada no reúne los requisitos ni obtuvo el porcentaje de votos que exige la Constitución. No importó: se pasó por encima de la Ley Suprema, como suele ocurrir en las dictaduras.

e) Héctor Aguilar Camín calificó la tropelía como la captura de la CNDH (Milenio diario, 11 de noviembre). Ni el Presidente ni sus legisladores se van a conformar con esa aprehensión. “El siguiente golpe a las instituciones que impiden el absolutismo presidencial en México está anunciado y será contra el INE”, advierte Pablo Hiriart (El Financiero, 19 de noviembre).

     Si en la designación de la titular de la CNDH actuaron sin pudor y contraviniendo abiertamente la legalidad, ¿qué pasará en los comicios de elección popular si el INE también es capturado? “Si se van a reír de sus embustes, si se burlan de la razón y de la ley, ¿a dónde podrían llegar? Preocupa el destino del árbitro electoral”, escribió Jesús Silva-Herzog Márquez (Reforma, 18 de noviembre).

f) Quienes se quejaron de fraude las dos veces que su candidato perdió la elección presidencial, sin pruebas que dieran verosimilitud a su queja, han cometido un innegable fraude, sin precedente en el Senado. Carlos Elizondo ha escrito: “No son iguales a sus antecesores, como le encanta decir a AMLO. Son peores. Un robo de votos en el Senado es inédito” (Reforma, 17 de noviembre).

            Son peores: “… asaltar todas las instancias del Estado, no importa el costo, incluido mofarse de la legalidad”, acusa Federico Reyes Heroles (Excélsior, 18 de noviembre). Ningún legislador de Morena votó contra el atropello. Ningún funcionario, ningún dirigente, ningún militante de ese partido ha pronunciado una sola palabra condenándolo.

El juicio de Miss México

Hoy exactamente hace 90 años —también era jueves—, a las nueve de la mañana, dio comienzo el juicio que más pasión despertó en el siglo XX en México. Una multitud de todas las clases sociales, mujeres y hombres, acudió desde muy temprano al portón del Palacio Penal de Belén con la ilusión de entrar al salón de audiencias. Invadió toda la calle frontal del viejo inmueble y, dando vuelta, hasta el frente de las oficinas del Ministerio Público. El tránsito de vehículos quedó interrumpido. Todos trataban de entrar al patio en el que se ubicaba la sala donde se desarrollaría el juicio.

            Al abrirse las puertas del edificio, una avalancha humana se precipitó al patio. Muchos, empujados por esa marea, se vieron obligados a subir a los corredores. La planta baja era insuficiente para dar cabida a los asistentes. Alrededor de 6 mil personas querían presenciar el juicio; solamente lograron ingresar a la sala unas 100. Otros afortunados, con la complicidad de los ujieres, habían ocupado desde la madrugada el resto de las 400 butacas.

            Ante el interés que despertó, el juicio fue transmitido por radio en vivo y en directo. Se colocaron transmisores en Humboldt y avenida Juárez para los transeúntes. Cientos de miles de mexicanos escucharon las audiencias. Los juicios de aquellos años se prestaban al más intenso dramatismo y a la dramatización más espectacular porque eran dilucidados ante un jurado popular cuyos integrantes, todos varones, no siempre escuchaban fría y serenamente planteamientos lógicos y razones jurídicas, sino que eran susceptibles a gesticulaciones, dotes oratorias, golpes sentimentales y la simpatía o la antipatía del fiscal, los testigos, el defensor y los acusados.

            El enjuiciamiento de una mujer bellísima, conocida por todos, que había sido elegida el año anterior como Señorita México y ahora era acusada de haber dado muerte a su marido vaciándole la carga completa de la pistola, era un espectáculo que nadie quería perderse. María Teresa Landa, con apenas 18 años, había ganado el concurso de belleza organizado por Excélsior, en el que participaron 25 concursantes. Los votos de los lectores decidieron a las cinco finalistas —María Teresa obtuvo 9 mil 473 de los 50 mil emitidos, más que ninguna otra—, entre las cuales un jurado calificador eligió a la Señorita México.

            Poco tiempo antes, en el velorio de su abuela, le había sido presentado el general Moisés Vidal, un hombre que le doblaba la edad. María Teresa nunca se había sentido atraída por sus compañeros de la Escuela Normal ni de la Escuela de Odontología. Muchacha culta y sensible, los chicos de su edad le parecían bobos. En cambio, Vidal la impresionó desde el primer momento. Al regresar de Galveston, Texas, donde participó en el concurso Miss Universo, se casó con él. La pareja disfrutó once meses de su matrimonio. Pero el 25 de agosto de 1929 ella leyó en un diario un titular que decía Miss México, a las puertas de la cárcel.

            La nota informaba que un día antes una mujer había acudido ante un juez a demostrar que era la legítima esposa de Moisés Vidal, con quien había procreado dos hijas, y a acusar a su marido de adulterio y bigamia. María Teresa sintió que se asfixiaba; la cabeza le ardía y todo daba vueltas a su alrededor. Se dirigió a la salita donde su esposo leía, le reclamó, tomó la pistola que estaba en la mesa de centro, amagó con dispararse y, cuando Moisés intentó incorporarse del sofá, le apuntó y disparó. El gatillo era muy sensible. Disparó otra vez, y otra… hasta vaciar la carga.

            Al entrar a la sala de jurados, un largo murmullo la siguió. Enlutada lucía más bella que nunca. El alegato final de su defensor José María Lozano, abogado de gran cultura conocido como el príncipe de la palabra, tocó el corazón de los oyentes. Al cabo de cinco horas de discurso preguntó: “¿Qué podía hacer Miss México al saber de su deshonor?” Todos quedaron cautivados. La acusada fue absuelta. El público estalló en una larga ovación.

            Le llovieron ofertas para dedicarse al cine o al modelaje. Eligió la academia. Muchos años después fue mi maestra de historia universal en la Prepa Uno. Sus clases nos fascinaban. Desconocíamos su pasado. Su vehemencia narrativa se agigantaba cuando las protagonistas —Ana Bolena o María Antonieta, por ejemplo— eran mujeres de sino trágico.

¿El fin del celibato?

Es probable que el celibato que la Iglesia católica ha impuesto a sus sacerdotes se esté acercando a su fin. El sínodo sobre la Amazonia celebrado durante este mes en el Vaticano recomendó que pueda estudiarse la posibilidad de ordenar a hombres casados en zonas de esa región donde los fieles no pueden recibir la eucaristía.

            La decisión tendría que ser aprobada por el Papa, pero sin duda la propuesta de la asamblea de obispos, en la que participaron 185 padres con derecho a voto ––y una cantidad considerable de expertos y relatores––, abre una puerta a esa opción.

            El punto fue votado a favor por 128 miembros y en contra por 41. Su motivación radica en la escasez o la ausencia de curas en la Amazonia. Por eso también se recomendó analizar la pertinencia de la ordenación de mujeres diaconisas, no obstante que el documento aprobado hace referencia sólo al asunto de la eucaristía.

            El sector eclesiástico ultraconservador ha manifestado su absoluto rechazo a la propuesta por considerar que iría contra la doctrina de la Iglesia. Pero el dilema es: la gracia del celibato o el acceso a los sacramentos.

            El texto hace constar que algunos se pronunciaron por un abordaje universal ––no constreñido únicamente a la Amazonia–– del tema. Y es que parece congruente que si se permitiera la ordenación sacerdotal de hombres casados en cierto lugar por determinado motivo, la misma permisión sería procedente en otros sitios y por otras razones.

            Al fin y al cabo, el celibato no es un dogma de fe ––algo que la Iglesia considere verdad absoluta, fundamental e indiscutible de la fe, que por lo tanto no puede ser modificado––, sino una norma reglamentaria que durante muchos siglos no existió.

            El celibato quedó instituido en los dos concilios de Letrán, 1123 y 1139, en los cuales quedó establecido que los clérigos no podrían casarse, relacionarse con concubinas ni tener contacto erótico alguno. El sacerdote tendría que renunciar a toda actividad sexual a fin de canalizar toda su energía a su relación con Dios.

            El celibato no fue una invención del cristianismo. Los monjes budistas lo mantienen como condición de una entrega total al Ser Supremo. Las vírgenes vestales –-sacerdotisas de Vesta, la diosa del hogar de la Roma antigua–– eran célibes.

            Tocado por el fuego del deseo, Santo Tomás de Aquino, el más célebre teólogo cristiano, rogó, de rodillas, el don de la continencia. Su ruego fue escuchado: se le aparecieron dos ángeles enviados por Dios, quienes le ciñeron el cinturón de la castidad, el cual no podría ser desatado por ninguna tentación. Pero las tentaciones le acosaban: nunca pudo hablar con una mujer sin tener que hacerse violencia a sí mismo (¡vade retro, Satanás!).

            A los sacerdotes, desde antes de serlo, se les pretende privar de una de las vivencias más intensas y sublimes, acaso la única capaz de elevar a un ser humano a las estrellas. Desde que son seminaristas los aspirantes a curas tienen que encadenar sus impulsos sexuales dentro de una comunidad hipócrita y opresora, lo que sin duda les origina una intensa, por momentos insoportable, tensión psicológica.

            En la mañana de su vida se les marchita la primavera. Se pretende que rechacen, de una vez y para siempre, “esa materia impura que constituye la vida”, por decirlo con palabras de Stefan Zweig. Pero el eros sólo puede reprimirse, no cancelarse. “Las neurosis –-advierte Freud–– se producen cuando obstáculos interiores o exteriores impiden la satisfacción de las necesidades eróticas”.

            Miles de curas han roto su voto de castidad. No todos procedieron con  fingimiento al formularlo. Seguramente muchos creyeron que podrían cumplir con semejante reto. No resultaba fácil. Ulises no se arrojó al mar al escuchar el canto de las sirenas porque estaba amarrado al mástil y sus compañeros desatendieron su exigencia de que lo desamarrasen.

            Quizá muchos de los transgresores resistieron heroicamente durante un tiempo que debió parecerles eterno, pero no contaban, para doblegar la perturbadora pulsión, con el cinturón de la castidad con que los ángeles ciñeron la cintura de Santo Tomás. El invencible deseo puede alcanzar la fuerza de un huracán. Como dice el bolero Pecado (Pontier, Francini, Bahr):

Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino,

es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios.

Una verdad para servir a ustedes

Si Alejandro Encinas se quejó en términos muy duros de la resolución —que a su juicio muestra la podredumbre de nuestro sistema de justicia—, es claro que, diga lo que diga, no considera falsa la narrativa de la PGR.

            Si, como reiteradamente ha asegurado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa —la celebérrima verdad histórica— es, en realidad, una mentira histórica, ¿por qué su indignación por el reciente fallo que ha dejado en libertad a 24 inculpados más?

            Todos los consignados por esos delitos lo fueron precisamente porque, de acuerdo con aquella versión, participaron, de un modo u otro, en los hechos en los que resultaron desaparecidos, seguramente asesinados, los 43 estudiantes. Si el relato de la PGR fue una invención, las consignaciones habrían respondido a la infame práctica de nuestras procuradurías de justicia de fabricar culpables. Si en este caso se hubiese recurrido a tan condenable vileza, sería plausible la liberación de los falsamente imputados.

            Pero si Encinas se quejó en términos muy duros de la resolución —que a su juicio muestra la podredumbre de nuestro sistema de justicia—, es claro que, diga lo que diga, no considera falsa la narrativa de la PGR. Los alumnos fueron detenidos por policías municipales y entregados, algunos ya sin vida, pues se asfixiaron en el trayecto, a la banda criminal de Guerreros Unidos. Hasta ahora, transcurridos cinco años de aquel suceso, no se ha elaborado otra explicación creíble. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha negado veracidad a la versión de la PGR, pero no ha ofrecido otra.

            La negación del GIEI de que se prendió fuego en el basurero de Cocula para quemar los cadáveres, o varios de ellos, no solamente es contraria al dictamen de expertos nacionales e internacionales en materia de incendios, sino que soslaya que está comprobado que restos calcinados que allí se encontraron fueron identificados como pertenecientes a dos de las víctimas por el prestigiado laboratorio de Innsbruck. El equipo de forenses argentinos señaló el hallazgo de restos humanos quemados y dictaminó que la mayoría de esos restos presenta uno o varios tipos de fracturas asociados a alteración térmica.

            Además, el destino de los cuerpos ya sin vida no es el asunto relevante jurídicamente. Lo importante es quiénes y por qué detuvieron a los estudiantes, quiénes y por qué los asesinaron, quiénes y por qué dieron las órdenes. Hayan quedado los restos en el muladar de Cocula o en cualquier otro sitio, eso no cambia en lo mínimo la sustancia de los hechos desde la perspectiva legal.

            En su extensísima y detallada recomendación sobre el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicita que otros muchos restos también encontrados en dicho vertedero se envíen al laboratorio de Innsbruck para que se determine si corresponden a las víctimas. Extraña, inexplicadamente, la Fiscalía General de la República (FGR), no obstante que el fiscal general elogió la recomendación, no ha satisfecho esa solicitud. Asombrosamente, ni la Comisión de la Verdad ni el GIEI le han exigido que lo haga.

            Se anuncia que se llamará a comparecer al entonces procurador Jesús Murillo Karam y al entonces jefe de la policía investigadora, Tomás Zerón, por las anomalías en las indagatorias. Con eso quedaría cerrado un círculo perverso: los culpables están abandonando la prisión y quienes los atraparon quedarían sometidos a procedimiento. Murillo Karam ha aclarado que en cuanto alguno de los detenidos acusó que había sido torturado, él ordenó que se iniciara la investigación correspondiente a esa queja.

            Por otra parte, es claro que no pueden considerarse pruebas válidas las declaraciones obtenidas bajo tortura, pero eso no invalida todos los demás elementos probatorios. Hay evidencias sólidas que fortalecen la versión oficial, como los registros de los teléfonos celulares que se hallaron en poder de sicarios de Guerreros Unidos y los mensajes de Blackberry que confirman que los estudiantes fueron confundidos con integrantes del grupo rival Los Rojos.

            ¿Se quiere llegar a conocer toda la verdad a través de las probanzas o se pretende construir una verdad estratégica acomodada a una visión prejuiciada de los hechos y/o a intereses políticos? La verdad se modifica con el hallazgo de nuevas pruebas; el acomodo de “la verdad” se adapta a los intereses estratégicos.

Celebrar la caída

Siempre que un personaje público se ve en desgracia, un considerable segmento del respetable público se frota las manos de gusto. Hay un placer perverso en ser testigo de que tal personaje es atacado por la desgracia, que, por lo visto, no respeta su renombre.

            Mientras más encumbrado haya estado el desgraciado, mayor refocilación causarán sus cuitas. Para muchos, el espectáculo más apetecible sería ver a un expresidente de la República tras las rejas. La acusación, y las pruebas en que ésta se sustentase, serían lo de menos.

            Esa porción de los espectadores se encuentra ampliamente representada en los medios de comunicación por reporteros, columnistas y caricaturistas que celebran en sus textos y en sus dibujos la caída de la celebridad —mientras más estrepitosa, mejor—, el descenso al abismo de quien otrora estuvo rodeado de consideraciones y fue bendecido por la buena fortuna. Es una venganza contra la notoriedad del notable.

            No se confunda la celebración de esa desventura con el aplauso por el castigo a un individuo que merece ser sancionado por haber cometido alguna conducta ilícita. El aplauso por ese castigo está motivado por la convicción cívica de que es imperativo combatir la impunidad y de que quien la hace debe pagarla. Pero una actitud muy distinta es la de quienes se regocijan ante la ruina de una personalidad célebre sin más razón que la adversidad que la ha atrapado.

            Tan extraña disposición de ánimo parece tener su motivación en el inconsciente, esa zona de nuestra mente a la que muchas veces no quisiéramos asomarnos. La sicóloga clínica Mónica Sieber explica que el mal ajeno nos confirma que nosotros no hemos sido afectados por él, que quien lo padece es el de al lado. Si la sicóloga tiene razón, se trata de un mecanismo de proyección que nos permite depositar en el otro nuestro miedo al mal o al fracaso.

            No es necesariamente envidia por lo que muchos se alegran del mal ajeno. La envidia es un sentimiento vergonzante que hace sufrir a quien lo abriga. El envidioso padece por lo que el otro tiene y él no. En cambio, el regusto por el perjuicio ajeno parece sustentarse en la creencia de que el perjudicado se lo merece porque es peor que yo.

            Si el infortunado es alguien renombrado, el placer se magnifica, pues —se dicen los que se regocijan de su mal fario— cayó de su pedestal quien no tenía méritos para estar allí. Son varones, sobre todo, quienes principalmente se entusiasman con la desdicha del caído si éste gozaba de éxito con las mujeres, o bien, tenía dinero, reconocimiento o estatus privilegiado. ¿Qué se creía  —se preguntan, exultantes— ese cabrón?

            Creo que esa reacción la estamos presenciando tras la renuncia de Eduardo Medina Mora a su sitial de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Medina Mora no sólo era un personaje de altos vuelos —juzgador del máximo tribunal del país—, sino que tanto su llegada a la Suprema Corte como varios de sus posicionamientos como ministro fueron cuestionados por organizaciones civiles. Entonces —exclama la tribuna exaltada—, merece con creces lo que le está pasando.

            Sin conocer los motivos de la dimisión, abundan las notas de prensa y los comentarios que lo ligan a delitos de los que, hasta el momento, no conocemos una sola prueba. Según una acusación periodística, realizó transferencias internacionales por montos estratosféricos: más de 103 millones de pesos. Medina Mora aclaró que esas operaciones fueron expresadas, dolosamente, en dólares o en libras esterlinas, cuando lo cierto es que todas se efectuaron en pesos mexicanos, con lo cual el monto se reduce a 11 millones, cifra congruente con los ingresos que ha obtenido como servidor público.

            Pero el horno está puesto. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, se apresuró a informar que, semanas atrás, había presentado una denuncia contra el ministro dimitente por lavado de dinero y le reprochó que haya cercenado atribuciones a dicha Unidad. Pero ni se han exhibido las pruebas del delito ni resulta punible un criterio judicial que, por cierto, compartió la mayoría de los ministros.

            Si Medina Mora realizó alguna conducta ilícita, desde luego, debe responder por ella. Pero eso es lo que menos importa a quienes desde ahora, sin conocer las pruebas, festejan su infortunio.

Un ombudsman auténtico

El ombudsman debe señalar los abusos de poder de las autoridades, los cuales pueden consistir en actos o en omisiones, para que cesen, se enmienden y/o, en su caso, se castiguen. Incluso la actuación negligente de quien desempeña un cargo público es un abuso de poder, pues, con su descuido o falta de aplicación, el funcionario incumple su deber de realizar óptimamente su trabajo en beneficio de los gobernados.

            El ombudsman no es enemigo de los servidores públicos, sino de los atropellos que éstos perpetren. Por eso, a partir de su instauración en Suecia a principios del siglo XIX, su presencia en muchos países ha sido sumamente provechosa. Los titulares de las entidades estatales que comprenden la esencia de su función lo ven como un aliado en el cumplimiento de sus obligaciones, pues allí donde el ombudsman advierte una iniquidad se las hace ver para que corrijan el desaguisado.

            El ombudsman tiene la misión de demostrar al destinatario de sus señalamientos la faz retorcida del abuso para que éste se detenga, tal como Perseo paralizó a la gorgona al mostrarle la imagen de su rostro contorsionado, cuyo reflejo ella vio en el escudo del héroe.

            Para cumplir adecuadamente su tarea, el ombudsman requiere actuar con acendrado profesionalismo, objetividad sin concesiones y autonomía sin fisuras. El primer ombudsman que tuvo el país, el inolvidable doctor Jorge Carpizo, expresó con contundencia: “Un ombudsman es autónomo o no es un ombudsman”.

            En efecto, el ombudsman no debe permitir indicaciones ni ceder a presiones. Su autonomía ha de defenderla no sólo frente a las autoridades estatales, sino ante todo grupo de poder o de presión. Sus resoluciones deben tener como sustento exclusivamente las pruebas existentes, jamás los dictados, los intereses o los prejuicios de grupo o persona alguna.

            El ombudsman, en cada caso, debe ir al encuentro de la verdad y de la justicia, y en defensa de los principios democráticos, y debe combatir las tropelías de toda autoridad, sea ésta del signo ideológico o del partido que fuere. Sólo de esa manera le será posible cumplir con la altísima misión que tiene encomendada.

            En las dictaduras y en los regímenes autoritarios no tiene cabida el ombudsman. Los dictadores y los autócratas no admiten que sus decisiones y sus procederes sean cuestionados. Para ellos, un funcionario o cualquier otro ciudadano que expresa libremente su parecer disidente es un enemigo al que hay que vilipendiar, calumniar, humillar o aun perseguir.

            Los regímenes autoritarios que presumen de tener ombudsman, lo que tienen en realidad es un simulador que se hace pasar por tal, un cómplice pasivo de sus arbitrariedades, como ocurre en Venezuela con el denominado defensor del pueblo, que a quienes en realidad defiende es a los tiranos de su país.

            El maestro Luis Raúl González Pérez ha sido un ombudsman auténtico. Ha actuado con profesionalismo, objetividad, autonomía y algo más: coraje y temple para enfrentar las acciones violatorias de derechos humanos. Su desempeño ha sido tan plausible que, para denostarlo y estigmatizar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que él ha presidido en el último lustro, tanto el Presidente de la República como miembros de su séquito han tenido que recurrir a la calumnia.

            Como cualquier persona mínimamente enterada sabe, es falso que la CNDH haya callado ante graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el hoy satanizado periodo llamado neoliberal. Por el contrario, ha realizado investigaciones minuciosas y recomendaciones rigurosas sobre esos casos.

            Luis Raúl González Pérez ha decidido no buscar ser reelegido porque al principio de su gestión anunció que no buscaría un segundo periodo como ombudsman y con la esperanza de que su ausencia del proceso de elección “abra la puerta al diálogo y a la reflexión que permitan preservar y garantizar la autonomía e independencia de la CNDH para que pueda seguir ejerciendo a cabalidad sus funciones”.

            Algunas veces, realizando las actividades académicas que, por cierto, nunca ha abandonado, Luis Raúl tendrá en mente episodios turbulentos que le tocó enfrentar en la CNDH, y seguramente pensará con íntima satisfacción, como rememorando un sueño que ya se estará esfumando: “Yo fui un ombudsman auténtico”.

Infalibilidad

Nadie pidió disculpas a los ciudadanos por el fracaso ni por las mentiras que se multiplicaron al tratar de explicarlo. Lo que fue una derrota del gobierno ante el poder del narco en Culiacán –la liberación de Ovidio Guzmán una vez capturado– se intentó presentar como una decisión “humanista” (seguramente se quiso hacer referencia a una decisión humanitaria) porque al dejarlo escapar se salvaron vidas.

            No se ha explicado siquiera por qué se afirma que se evitaron muertes con esa medida. Se ha filtrado que los sicarios tenían en su poder a soldados a quienes asesinarían si no se ponía en libertad al hijo de El Chapo o que habían entrado a la unidad habitacional donde viven las cónyuges y los hijos de los militares, a los que también privarían de la vida si no se cumplía su exigencia.

            Pero esa información no la ha dado ni el Presidente ni el secretario de Seguridad ni el de Defensa. Lo cierto es que se perdieron varias vidas, muchas más estuvieron en riesgo, Culiacán vivió horas de pánico, se permitió la evasión de un detenido y el gobierno –empequeñecido, atemorizado– se mostró incapaz de cumplir y hacer cumplir la ley, y todo eso fue debido a la improvisación y la torpeza con que se llevó a cabo el operativo.

            Lo asombroso no es que el Presidente construya con sus palabras –sólo con sus palabras, sin otro sustento que éstas– una realidad alternativa, pues los gobernantes suelen maquillar discursivamente las zonas sombrías de su actuación, sino que, por lo menos hasta ahora, un segmento de la población le haya creído sin chistar.

            Creo que el primero en advertirlo fue Héctor Aguilar Camín: “.. en realidad tenemos dos gobiernos: el que sucede en el ámbito simbólico, en el espacio del discurso del Presidente, y el que sucede en la realidad, en el ámbito del rendimiento de sus políticas públicas. Hay el gobierno de las palabras y hay el de las cifras y de los hechos. El primero es potente y en muchos sentidos hace olvidar al segundo” (Milenio diario, 23 de septiembre).

            Si nos atenemos a las declaraciones del Presidente, vamos requetebién en todo, pero los sucesos y los indicadores muestran que hemos empeorado en materias tan delicadas e importantes como el Estado de derecho, la salud, el empleo, los derechos humanos, los programas sociales, la economía y la seguridad pública.

            Los hechos son los hechos independientemente de qué personas o medios de comunicación se refieran a ellos. Para cambiar un estado de cosas indeseable, lo primero es conocer qué está sucediendo en el mundo fáctico. Pero el Presidente descalifica a quienes aluden a resultados desfavorables de su mandato, aunque los mismos sean evidentes o consten en cifras oficiales.

            En la visión maniquea y burdamente esquemática del discurso presidencial, todo señalamiento de disparates o injusticias de la política oficial proviene de los conservadores, quienes desean ardientemente que el gobierno fracase pues no quieren que las cosas cambien en beneficio del pueblo.

            Ante las advertencias de que al país le está yendo mal, el Presidente siempre tiene otros datos –curiosamente no dice cuáles ni cuál es su fuente– o bien dictamina que el asunto de que se trata –por ejemplo, la falta de crecimiento  económico– no es lo verdaderamente importante: sólo lo era para los gobiernos neoliberales.

            Si se niega lo evidente, no hay manera de corregir acciones y estrategias equivocadas. Es cierto que los sucesivos presidentes mexicanos han rehuido la saludable autocrítica, ese ejercicio que permite enmendar errores y fallas, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo se ha exhibido como incapaz de admitir un solo desatino sino que su narcisismo lo hace asegurar que toda crítica a actos u omisiones de su gobierno es de mala fe. Uno de los ejemplos más claros de esa desconexión del mundo fáctico es su reacción ante el frustrado operativo en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán.

            Con la aquiescencia del Presidente, un delincuente es puesto en libertad, vándalos destrozan y saquean negocios y dañan la puerta Mariana del Palacio Nacional, facinerosos golpean y humillan a militares y policías, la CNTE impone mediante la coacción una contrarreforma educativa a su gusto. Y, en contraste, alcaldes que sin ejercer violencia alguna piden audiencia son repelidos con gas lacrimógeno.

La realidad reaccionaria

El pueblo, feliz, feliz, feliz ––¡triplemente feliz!––; los reaccionarios, moralmente derrotados. Esa fue la parte del mensaje leído por el presidente de la República en Palacio Nacional que evidenció más claramente, por una parte, su talante triunfalista, y, por otra, su inagotable ánimo pendenciero.

            Se solazó repitiendo una y otra vez “moralmente derrotados”. Aseguró que el país, a sólo nueve meses de que se inició su gobierno, disfruta de desarrollo y bienestar, lo cual tiene a los conservadores “nerviosos o incluso fuera de quicio”. La realidad, sin embargo, también es, por lo visto, reaccionaria y conservadora, pues presenta otros datos que no son indicadores de progreso, de justicia ni de respeto al Estado de derecho.

            La cancelación del nuevo aeropuerto internacional le está costando al país una suma estratosférica: decenas de miles de millones de dólares. Es falso que con esa medida pierdan los grandes empresarios que tenían contratos adjudicados. A ellos el Estado les está restituyendo sus inversiones, lo que implica una erogación multimillonaria con la que pudieron financiarse programas y obras que hubiesen beneficiado a millones de habitantes. Los que perdimos con la cancelación somos 129 millones de mexicanos que nos quedamos sin un aeropuerto necesario y urgente que, además, generaría cientos de miles de empleos.

            El presidente aseguró que tendríamos un crecimiento económico de 4%. Cuando los expertos estimaron que sería de 2%, los descalificó. Pero al bajarse de nuevo el pronóstico de crecimiento, auguró ya únicamente ese 2%. Al anunciarse que había sido de 0.1% echó las campanas a vuelo, pero el INEGI rectificó la cifra revelando que el crecimiento fue en realidad de 0%. Entonces el presidente dijo que lo importante no es el crecimiento económico, al que ahora considera una  “obsesión tecnocrática”.

            No ha faltado el dinero para ninis, pero sí para medicamentos, vacunas, quimioterapias y diversos tratamientos médicos. 300 niños con cáncer se quedaron varios días sin el abasto de la medicina que urge a su salud. No hay vacunas contra el sarampión. Lo construido y que funcionaba, como el Seguro Popular, está siendo destruido, y lo que no funcionaba sigue sin funcionar. Es difícil creer que los enfermos que han sufrido esas carencias estén felices, felices, felices.

            Hablando de ninis, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó un estudio del programa “Jóvenes construyendo el futuro”. Un dato sospechoso: el mismo número de personas, con las mismas edades y los mismos estudios, se inscriben cada semana. Además, de los 6,469 centros de trabajo registrados que supuestamente reciben becarios, se revisaron 5,439. Sólo 763 ––14%–– existen y son identificables. Pero de ellos 214 dicen que nunca han recibido becarios y 136 ya no los tienen. Quedan 413 identificables y con becarios, el 7.6%. Y en esos centros hay ausentismo y asignación a becarios de actividades no registradas. El programa cuesta más de cien mil millones de pesos.

            Tampoco son para presumir la cancelación de recursos a estancias infantiles y a refugios para mujeres maltratadas, la reducción presupuestal a centros de enseñanza superior, la contrarreforma educativa, los recortes a la ciencia y la investigación científica, la cancelación de becas a estudiantes en el extranjero, la caída de 88% en la creación de empleos, el despido de decenas de miles de burócratas sin indemnización, el ataque a los organismos autónomos, la impunidad del exsuperdelegado Carlos Lomelí, el imperio inmobiliario de Manuel Bartlett y un largo etcétera.

            Y lo más grave: la criminalidad que, desmesurada ya al inicio del sexenio, ha alcanzado una incidencia récord durante la actual administración. No hay  estrategia para combatirla: el presidente aconseja a los criminales que se porten bien. No se están formando las policías y los ministerios públicos que el país tanto necesita. Se ha dejado a los soldados expuestos a humillaciones y agresiones en virtud de que los agresores también forman parte del pueblo.

            Todos los anteriores son datos de realidad. Ésta, como la verdad, no puede ser derrotada moralmente ni sobornada ni fanatizada. Carece de ideología y de banderías. Se le puede tildar de reaccionaria y conservadora, pero los calificativos no bastan para transformarla.

Autoritarismo punitivo

La Academia Mexicana de Ciencias Penales ––integrada por expertos del mayor prestigio en esas disciplinas–– ha manifestado su inquietud por medidas y reformas recientes que se apartan de los principios del sistema penal democrático y vulneran derechos humanos. En el breve espacio de esta nota intentaré resumir los motivos de esa inquietud.

            La seguridad pública se ha militarizado, contrariamente a los ofrecimientos  que como candidato hizo el hoy presidente de la República, y continúa sin atenderse la tan urgente profesionalización de las policías del país. Los integrantes de la Guardia Nacional no recibieron la capacitación necesaria: son marinos, soldados o policías federales sencillamente con distinto uniforme. No se cuenta con una estrategia para enfrentar la criminalidad, que hoy alcanza la más alta incidencia desde que se lleva registro oficial.

            La prisión preventiva oficiosa (de aplicación obligatoria), razonable sólo para los delitos más graves, se ha extendido de manera exagerada abarcando delitos que no tienen esa característica de gravedad mayúscula, lo que resulta inaceptable porque se trata de una pena, nada menos que la de privación de la libertad, que se impone a un inculpado sin que haya sido declarado culpable por la autoridad judicial.

            La extinción de dominio ha tomado también una extensión inadmisible. Se aplicará a cientos de casos a partir de meras sospechas y pruebas insuficientes. Su aplicación no requiere una sentencia judicial condenatoria. Se supone que no constituye una medida penal, pero se funda en la probable comisión de un delito. En su origen quedaba reservada a la delincuencia organizada. Hoy pone en grave riesgo los derechos de centenares de personas inocentes.

            Mediante decreto del Congreso de la Unión, publicado el 30 de diciembre de 1939, se resolvió que el archipiélago de las Islas Marías continuara como colonia penal. A despecho del sistema de separación de poderes y de la observancia de las facultades propias de éstos, el presidente de la República cambió ese destino sin intervención del Poder Legislativo. Esa colonia penal era el reclusorio mejor evaluado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

            En Tabasco se realizaron reformas penales en virtud de las cuales se han establecido penas extremadamente desproporcionadas para conductas que ya estaban prohibidas en el Código Penal. Así, por ejemplo, la oposición a que se ejecute una obra pública ordenada o autorizada legalmente por la autoridad, a la que anteriormente se asignaba una punibilidad de hasta seis meses de semilibertad (libertad de noche y reclusión de día, o viceversa; o libertad de fin de semana y reclusión el resto de días, o viceversa), hoy se castiga hasta con 13 años de prisión. Esa conducta puede ser castigada con una pena mayor que un homicidio doloso.

            El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal que incrementan desmesuradamente diversas penas.

            Las normas jurídico penales son las más severas de todo el ordenamiento jurídico porque tutelan los bienes más importantes de los individuos contra las conductas más dañinas para la convivencia civilizada. De ahí que las sanciones que establecen sean las más duras, sobre todo las que prevén la pena de prisión, que no sólo priva de la libertad al reo sino que frecuentemente le deja secuelas indelebles.

            El ius puniendi ––la potestad punitiva–– es la expresión más agresiva del poder del Estado. Por eso mismo sólo deben prohibirse penalmente los comportamientos más perniciosos y conminarse con penas de magnitud proporcional a su gravedad.

            Todo individuo debe ser considerado inocente mientras no sea declarado culpable por una autoridad judicial, y, por ende, el Estado no puede privarlo de sus bienes sin que se haya dictado una sentencia condenatoria en su contra.

            Además, la preservación de la seguridad pública debe estar a cargo de policías civiles suficientemente capacitadas, y el Poder Ejecutivo no está facultado para desconocer las decisiones tomadas legal y legítimamente por el Poder Legislativo.

            Por lo aquí expuesto, la Academia Mexicana de Ciencias Penales deplora y rechaza la adopción de las reformas y medidas aquí señaladas, las cuales, por autoritarias e irrazonables, carecen de legitimidad y no son propias de una sociedad democrática.

No le pidas a la realidad

Otros 24 inculpados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han sido recientemente eximidos por el Juez Primero de Distrito en Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos. Se trata de doce policías municipales de Cocula, nueve de Iguala, dos miembros de Guerreros unidos y un exfuncionario de Protección Civil del estado de Guerrero. Así, suman ya 77 los procesados, de un total de 142, que han obtenido su libertad. Quedan en la cárcel únicamente 65.

            El argumento que ha servido de base a las absoluciones es que las pruebas contra los inculpados fueron obtenidas ilegalmente, ya que las confesiones les fueron arrancadas mediante tortura. Como van las cosas, no es improbable que a la larga todos los inculpados sean absueltos, con lo cual el crimen masivo de hace cinco años, uno de los más espantosos de que se tenga noticia, quedaría totalmente impune: ni un solo individuo sería condenado.

            Es paradójica la reacción de los padres de los normalistas y los activistas que los apoyan: siempre negaron la veracidad de la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), y ahora que están viendo que los fallos judiciales también la refutan, protestan contra estos fallos. Entonces, ¿admiten que aquella versión es cierta?

            La cantaleta de que fue el Estado ––es decir, los más altos mandos del gobierno federal, incluso el mismísimo presidente de la República, Enrique Peña Nieto––, voceada reiteradamente con vehemencia por padres y activistas, jamás ha tenido sustento en algún indicio mínimamente razonable, pero contribuyó decisivamente a generar una atmósfera propicia a que se descalificara en bloque toda la investigación llevada a cabo por el órgano federal persecutor de los delitos.

            “Los promotores de que toda la acusación fue una patraña producto de torturas de la PGR fueron el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), los asesores legales de los padres de los 43 normalistas y las organizaciones políticas que hoy están en el poder. Ellos tenían la obsesión política de construir una historia para enlodar al Ejército mexicano, aun a costa de liberar a los culpables de la masacre”, advierte Pablo Hiriart (“¿Contento, profesor Ackerman?”, El Financiero, 6 de septiembre).

            El Estado tenía que ser el culpable. Por eso se exigió que se permitiera buscar en los cuarteles del ejército a los desaparecidos. Por eso se negó la posibilidad de que los cuerpos, o algunos de ellos, hubieran sido quemados en el basurero de Cocula, a pesar de que el prestigiado laboratorio de Innsbruck identificó los restos calcinados de dos de los desaparecidos.

            “No le pidas a la realidad que te cumpla lo que te prometió el sueño”, dice el memorable aforismo de Mariana Frenk. Padres y activistas se afanaron en echar abajo la versión de la PGR, y ahora exigen que sea destituido el juez que la está aniquilando jurídicamente.

            Desde luego que si hay elementos probatorios de que los inculpados confesaron bajo tortura, sus confesiones deben ser descartadas. Pero descartar las confesiones que se hubieran obtenido de esa manera no supone que deban desecharse todas las demás pruebas desahogadas durante la indagatoria o el proceso.

            En el juicio llevado a cabo en Chicago contra ocho integrantes de Guerreros unidos se presentaron como evidencias varios mensajes de Blackberry que ratificaban que los dirigentes de esa banda ordenaron la detención y entrega de los normalistas porque suponían o tenían información de que estaban infiltrados por la banda rival de Los Rojos.

            El sentido de los mensajes es inequívoco: “Algunos (estudiantes) ya están con San Pedro”, “Ya les dimos trámite”, “No estuvieron los verdes (los soldados) ni los del estado (la policía estatal)” y “Nunca los van a encontrar; los hicimos polvo y los tiramos al agua”, son algunos de los que se exhibieron en ese juicio.

            Alejando Encinas, subsecretario de Gobernación y quien preside la Comisión de la Verdad creada para el caso por el presidente de la República, ha condenado con expresiones muy duras el fallo y deplorado “la podredumbre” del sistema de justicia (así, en su conjunto, como si la resolución hubiera sido dictada por todos los juzgadores). Pero él mismo y el gobierno al que sirve descreyeron la versión de la PGR. Justamente por eso se creó la Comisión de la Verdad.

Valientes jóvenes

Pedro Salmerón tuvo que renunciar a la dirección del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por el escándalo suscitado a consecuencia de que llamó “comando de valientes jóvenes” a quienes asesinaron al empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, tras fallar su intento de secuestrarlo, en 1973.

            Su calificativo de “valientes” a los jóvenes de ese comando provocó una enérgica reacción adversa no solamente de parte de empresarios y columnistas, sino que incluso legisladores de Morena, el partido en el gobierno, manifestaron su rechazo a esa caracterización.

            Salmerón se va tan dolido del cargo que ha expresado que presenta su renuncia al presidente de la República, “no a la derecha de talante fascista”. En su misiva de dimisión llama comité de linchamiento a los políticos, usuarios de redes y medios de comunicación que reprobaron sus palabras.

            Intituló su carta, melodramáticamente, “Dictar, censurar, penalizar la investigación histórica”. En ella asevera, entre otras cosas no más sensatas, que estaba siendo usado por la derecha para atacar al gobierno y que intentaba romper con una historia promovida durante 30 años.

            La bajeza de ensalzar acciones como aquel crimen no es exclusiva de nuestro país. En España, en las comunidades vascas, los etarras culpables de asesinatos y secuestros, al salir de prisión tras compurgar sus penas, son recibidos por familiares y vecinos con aplausos y ofreciéndoles un aurresku, danza que se baila a modo de reverencia.

            Como apunta Julio Llamazares, ese espectáculo “desborda toda categoría moral para adentrarse en el territorio de lo perverso”, pues se trata de “comportamientos más propios de sociedades prehumanizadas que de una del siglo XXI” (El País, 3 de agosto de 2019).

            El secuestro y el asesinato jamás pueden ser acciones loables, sea cual fuere su motivación. Sólo descendiendo al peldaño más bajo de la deshumanización y retrocediendo a etapas previas al proceso civilizatorio que ha dado lugar a nuestros más altos valores pueden glorificarse tales crímenes.

            Se sabe que Garza Sada fue no sólo un empresario exitoso sino un hombre humanitario, fundador del Tec de Monterrey, lo que hace más aborrecible su asesinato. Pero aun si la víctima hubiera sido una persona sin esas virtudes, el crimen sería igualmente reprochable.

            ¿Jóvenes valientes porque arriesgaban su integridad personal o su libertad al cometer sus delitos? Las arriesgan incluso los sicarios al llevar a cabo una acción delictiva. Al realizarla corren el riesgo de ser repelidos y malheridos o muertos, o de ser detenidos y pasar una larga temporada presos. Secuestrar y matar serían, por tanto, actos de valentía. ¡Vaya pedagogía!

            La vida y la libertad de todo ser humano son sagradas. Matar a alguien es destruir un universo irrepetible y precioso,  condenar a un semejante a no volver a disfrutar otro amanecer. Secuestrar a una persona es someterla, a ella y a quienes la quieren, a un sufrimiento atroz, a una tortura de las más crueles imaginables.

            El escándalo provocado por el calificativo de Salmerón nada tiene que ver con un linchamiento ni con dictar, censurar o penalizar la investigación histórica. Nadie de los que han protestado contra el hoy exdirector se ha pronunciado contra la investigación, nadie ha pretendido dictarla, censurarla o penalizarla. Lo que se condena no es que se investiguen los hechos históricos, sino la apología de crímenes tan graves como el secuestro y el asesinato. Y esa condena es muestra de salud moral.

            No podemos olvidar que el inolvidable Luis González de Alba renunció al Comité de apoyo a la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado cuando el fiscal Ignacio Carrillo Prieto ––condenado por corrupción al concluir su encargo–– asistió a un homenaje a la Liga 23 de Septiembre, a la que pertenecía ese comando de “valientes jóvenes”.

            ¿Pero es que las conductas delictivas no se justifican si están motivadas por ideales? Con ese criterio tendríamos que justificar, entre muchas otras, las de Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, Pol Pot, Franco, Castro, Sendero Luminoso, ETA, el ISIS…

Toda bandería o causa ha hallado fanáticos frenéticos dispuestos a matar por ella. Ellos y sus apologistas no sólo justifican esos crímenes: los celebran como si fuesen hazañas admirables.

Un pasaje muy oscuro

Uno de los pasajes más oscuros de este año en la vida pública mexicana ha sido el ataque del gobierno federal a los organismos autónomos, en especial a los protectores de derechos humanos, señaló Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, al rendir su primer informe de labores.

            La legisladora lamentó que el Presidente de la República haya rechazado la recomendación 29/2019 relativa a la cancelación del apoyo a las estancias infantiles, a pesar de que, en diciembre pasado, se comprometió a cumplir todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que los senadores del partido oficial desecharan la solicitud de Luis Raúl González, presidente de la CNDH, de llamar a comparecer a los servidores públicos que no la aceptaron.

            “Cada golpe a la CNDH —advirtió Kenia López— es un golpe a la democracia y cada golpe a la democracia nos acerca más al autoritarismo”. La senadora fue contundente: un Poder Legislativo sin autonomía o independencia de gobiernos o autoridades, del corte ideológico que sean, no conviene a nadie, debilita la institucionalidad democrática y abre la puerta a decisiones autoritarias en las que aun los propios derechos humanos pueden desconocerse, relativizarse o dejarse de lado.

            Por su parte, en el mismo acto, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, citó a Montesquieu —todo estaría perdido si el mismo hombre, ya sea de nobles o de pueblo, ejerciera los tres poderes— y subrayó que, además de la división de poderes, es de gran importancia un sistema de instituciones y organismos autónomos para el funcionamiento del Estado y para la protección de derechos de sus ciudadanos.

            A los gobiernos autoritarios se les indigesta que los defensores de los derechos les señalen sus arbitrariedades y los urjan a enmendarlas. Prefieren que todos sus actos sean objeto de aplausos incondicionales. Las críticas no les hacen la menor gracia, y quien no está dispuesto a escuchar las críticas es incapaz de ejercer la autocrítica. Entonces, los gobernantes autoritarios son como diosecillos seguros de que no tienen que rendir cuentas de sus actos ni rectificarlos por indefendibles que sean.

            El ombudsman no es enemigo de las autoridades, sino de los atropellos perpetrados por las autoridades. Sus recomendaciones son una luz de bengala, una llamada de atención a los servidores públicos a fin de que corrijan sus actos u omisiones violatorias de derechos. Por tanto, un gobernante que simpatice con la causa de los derechos humanos tendría que ver al ombudsman como un aliado, pues le señala aquello que debe enmendarse.

            Irritados porque la CNDH, actuando con profesionalismo y autonomía, señala las tropelías del gobierno actual —como lo hizo con los gobiernos anteriores—, los legisladores del oficialismo preparan el mazazo para terminar con una institución que presta un servicio invaluable a los gobernados, pero que a ellos, como al Presidente de la República y a sus colaboradores, les incomoda.

            Existe una malhadada iniciativa conforme a la cual la CNDH y los organismos públicos locales de derechos humanos desaparecerían y en su lugar se crearía una Defensoría del Pueblo, de la que seguramente se esperaría una absoluta obsecuencia, tal como la institución del mismo nombre del régimen venezolano, esa abyecta tiranía reconocida por nuestro gobierno (¡agggh!). Pero un ombudsman es plenamente autónomo o no es un auténtico ombudsman.

            Ninguna dictadura tolera a un ombudsman auténtico. Esta institución les resulta totalmente insoportable a dictadores de todo signo ideológico porque refleja —en sus recomendaciones— el rostro distorsionado de los abusos de poder para así paralizarlos, como hizo el escudo de Perseo con la Gorgona.

            Son de enorme valor las palabras de la senadora Kenia López, pero hace falta más, mucho más en defensa de la CNDH y los organismos públicos defensores de derechos humanos de las entidades federativas. Los partidos de oposición —¡vive Dios, todavía existen! (o al menos eso creo)— y las ONG debieran convocar a una gran manifestación de apoyo a esas instituciones que promueven y defienden uno de los productos más valiosos del proceso civilizatorio, y de repudio a la iniciativa que busca aniquilarlos.

También contra la ciencia

El Conacyt ha anunciado que, salvo para proyectos específicos, dejará de transferir recursos económicos —para nóminas, viáticos, etcétera— al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. La doctora Julia Tagüeña, coordinadora del Foro, advirtió que éste desaparecería si se le priva de recursos, con lo cual se suprimiría la voz de la comunidad científica.

            Previamente, una carta suscrita por investigadores y profesores de universidades, centros públicos de investigación, institutos nacionales de salud y de educación superior —que ha sido entregada al Presidente de la República, los legisladores, la Secretaría de Educación Pública y el Conacyt— señala que en el actual gobierno se ha visto en forma creciente la falta de confianza en la ciencia mexicana como factor de progreso para el desarrollo nacional y una reducción de los recursos públicos destinados a su apoyo y promoción.

            Muchos investigadores votaron por Andrés Manuel López Obrador seguramente atraídos por la promesa de campaña de promover la ciencia y la educación. Los dejó estupefactos el memorándum en el que el Presidente ordenó una drástica reducción de los fondos para todos los centros de investigación apoyados por el Conacyt: entre 30 y 50 por ciento. El presupuesto del Conacyt se redujo en 12 por ciento.

            El efecto de esta medida, advierte Antonio Lazcano, distinguido científico mexicano especializado en biología evolutiva, será devastador: “… la investigación básica y aplicada en todas las disciplinas, desde física, electrónica y energía hasta ecología, geología y enfermedades, se deteriorará rápidamente”. Los recortes afectarán asuntos tan importantes como la seguridad alimentaria, el monitoreo de la actividad sísmica, la vigilancia de epidemias y la investigación de la biodiversidad, entre otros (Science, 26 de julio de 2019).

            Desde el gobierno se ha difundido una imagen de los investigadores y los docentes como élite privilegiada, partícipe y beneficiaria de excesos, corrupción y despilfarro de recursos públicos. De conformidad con esa visión distorsionada, los salarios de los investigadores se han reducido y su seguro médico ha sido cancelado. Los que no contaban con plaza definitiva han sido despedidos. A algunos centros de investigación no les alcanza para pagar el agua y la electricidad.

            Los investigadores mexicanos, desde siempre, han trabajado con presupuestos restringidos, los cuales se asignan y se auditan por los órganos académicos y administrativos de sus instituciones y del Conacyt, y los productos de sus investigaciones son evaluados por instancias de estricto control académico tanto interno como externo. De estas evaluaciones dependen en buena medida sus ingresos, que en ningún caso son excesivos.

            La carta asevera que los fuertes recortes presupuestales al sistema de ciencia, tecnología, salud y educación superior atentan contra el país, contra los objetivos proclamados por el gobierno de un desarrollo con igualdad, equidad, justicia y abatimiento de la corrupción. Los firmantes hacen 10 peticiones, todas ellas razonables.

            Solicitan que gradualmente se alcance la inversión del uno por ciento del PIB en ciencia y tecnología, tal como se ordena en la ley, y que se fomente la inversión privada para que sea parte importante en los recursos invertidos en este rubro; que se hagan transparentes los criterios de asignación y flujo de esos recursos, incluyendo los que maneja el Conacyt; que se modifique el “discurso denostador” acerca de los científicos y académicos; que se reviertan los recortes y los despidos en los centros públicos de investigación y docencia.

            Solicitan asimismo que se aseguren los recursos para el sector salud, incluyendo los de los institutos nacionales especializados, que permitan atender las apremiantes necesidades en la materia; que se respete la autonomía de las universidades públicas; que se asegure la correspondencia entre presupuesto y crecimiento de la matrícula en las instituciones públicas de investigación y educación superior; que no se afecten los derechos e ingresos de los académicos, y que se aumente el presupuesto de las universidades públicas a fin de que se remunere dignamente a los profesores de asignatura.

            La carta cuenta hasta el momento con 13,000 adhesiones. Nadie podría negar honestamente la justa pertinencia del reclamo.

Estalinismo punitivo

Las normas penales han de ser elaboradas con escrupuloso cuidado, pues las sanciones que establecen son las más severas de todo el ordenamiento jurídico. Su contenido ha de ser respetuoso de todos los principios del derecho penal ilustrado, el que empezó a surgir en el siglo XVIII en oposición a la bárbara justicia inquisitorial.

            Sólo deben castigarse las conductas antisociales más nocivas, siempre y cuando estén previstas con precisión en la ley —legalidad—, con sanciones que correspondan a su gravedad —proporcionalidad— y sólo una vez que la autoridad judicial haya condenado al acusado —presunción de inocencia.

            Si esos principios no se observan rigurosamente por parte de los legisladores o de los jueces, el derecho penal pasa de ser la rama del derecho que protege razonable y justamente los bienes jurídicos más importantes contra las agresiones más intolerables a un instrumento de represión antidemocrática.

            La deriva autoritaria del partido en el gobierno está desconociendo en varios casos la vigencia de esos principios —todos ellos consagrados en nuestra Constitución— al impulsar reformas inquisitoriales a la legislación penal.

            En Tabasco se ha reformado el Código Penal aumentando desmesuradamente las punibilidades asignadas a quienes impidan o traten de impedir, sin facultad legal, la ejecución de trabajos u obras públicos ordenados o autorizados por la autoridad competente, y a quienes obstaculicen alguna vía de comunicación.

            Lo primero que llama la atención, inevitablemente, es que algunas de esas conductas son las que realizaba impunemente el ahora Presidente de la República como formas de hacer política. ¿Quién no recuerda la “toma” del Paseo de la Reforma, que hizo quebrar a tantos comerciantes y restauranteros, y les volvió la vida imposible a un sinnúmero de automovilistas?

            Claro que esas conductas deben ser castigadas, pero mientras la oposición a que se ejecute cierta obra o trabajo público se sancionaba sólo con semilibertad hasta de seis meses, salvo si participaban varias personas o se empleaba violencia, en cuyo caso la máxima punición podía ser de tres años de prisión, con la reforma la pena alcanza hasta ¡13 años de cárcel! Por lo que hace a la obstaculización de una vía de comunicación, anteriormente la punibilidad máxima privativa de libertad era de 4 años, y ahora es de ¡8 años!

            La reforma viola el principio de proporcionalidad entre la gravedad del delito y la magnitud de la pena, pues las conductas a que me he referido podrían ser ahora objeto de condenas similares o aun superiores a las del homicidio doloso, que, por razones obvias —la vida es el bien de mayor valor—, es el delito más dañino de todos.

            Por otra parte, el Congreso de la Unión ha aprobado la Ley Nacional de Extinción de Dominio, figura en virtud de la cual un individuo, sin que un juez lo haya condenado como culpable de un delito, puede ser privado de bienes que, se sospeche, sean producto o instrumento de un hecho ilícito o estén destinados a cometerlo. ¡Incluso el propietario de un inmueble podría perderlo si en éste el arrendatario hubiese realizado alguna actividad delictiva!

            La ley aumenta el catálogo de supuestos en los cuales es aplicable esa arbitraria medida, entre los cuales se encuentran los “hechos de corrupción” y los delitos cometidos por servidores públicos. Ni unos ni otros son delitos específicos sino categorías de delitos, por lo que se viola el principio de legalidad. En efecto, no existe el tipo legal de corrupción, la cual se tipifica en múltiples figuras delictivas, ya que puede adoptar infinidad de manifestaciones. Y los delitos cometidos por servidores públicos abarcan supuestos de muy diversa gravedad, desde conductas que no son extremadamente perniciosas (por ejemplo, solicitud de una dádiva no cuantiosa) hasta otras que causan un perjuicio considerable (por ejemplo, el secuestro).

            Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa claramente inconstitucional conforme a la cual quitar sellos de clausura de un inmueble daría lugar ¡a que el propietario lo perdiera!, con lo cual se violaría, asimismo, el principio de proporcionalidad: una conducta que amerita una sanción administrativa, no penal, se castigaría con esa desmesurada pena.

            Parece que Stalin inspiró a los legisladores.

El Seguro Popular

Destruir todo lo anterior por la única razón de que no es obra propia es una actitud en la que se mezclan el prejuicio, la soberbia, el narcisismo y la necedad obstinada.

            Es una forma de sentirse Dios. Dice el Génesis: “Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra… Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá”.

            Es también un proceder cuyos motivos son semejantes a los del amante presa de celos retrospectivos. Dice el popular bolero de Vicente Garrido: No me platiques más. / Déjame imaginar / que no existe el pasado / y que nacimos / el mismo instante / en que nos conocimos.

            Seis exsecretarios de Salud —los doctores Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdova, Mercedes Juan y José Narro, y el maestro Salomón Chertorivski— hicieron pública una carta en la que se manifiestan contra la desaparición del Seguro Popular. ¡Seis exsecretarios de Salud! ¡Quién mejor que ellos podría conocer el funcionamiento de ese seguro, sus logros, sus limitaciones!

            Era de esperarse que, por lo menos, el Presidente los escuchara, que dialogara con ellos, que sopesara sus razones, que se diera a sí mismo una oportunidad de recapacitar y, si los argumentos de los firmantes de la carta resultaban convincentes, rectificara.

            Pero la carta, lejos de obtener la atención deferente que ameritaba, recibió respuestas insolentes, insidiosas y mendaces de parte de diversos funcionarios del gobierno.

            Se aseveró que quienes suscriben la misiva no cuentan con la información pertinente. Pero todos ellos ocuparon el cargo de mayor responsabilidad en materia de salud y por lo menos uno de los firmantes, el doctor Julio Frenk, ha dedicado muchos años a estudiar los sistemas de salud de México y el resto del mundo.

            Se descalificó a los autores de la carta con el señalamiento de que han militado o militan en partidos políticos distintos del que ahora gobierna. Pero, por una parte, la militancia no desmiente los argumentos. Además, dos de los exsecretarios jamás han sido miembros de algún partido político. Por increíble que parezca, tal descalificación proviene del doctor Juan Ramón de la Fuente. Advierte Raúl Trejo Delarbre: “De la Fuente… tiene una trayectoria política en donde ha asumido compromisos con tanta o más disciplina (por lo visto, ahora más allá de razones y hechos) que la que exige la militancia partidaria” (La Crónica de hoy, 12 de agosto).

            Se ha dicho que hubo una alianza entre el Seguro Popular y el capital privado, pero no hay un solo indicio de que así sea. Por el contrario, la Organización Mundial de la Salud observa que el gasto privado como porcentaje del gasto total en salud ha disminuido desde que se instauró el Seguro Popular.

            En una de sus conferencias “mañaneras”, el Presidente, quien se ha solazado en la cantinela de que el Seguro Popular ni es seguro ni es popular, afirmó que este programa es lo más ineficiente que ha existido. Sin embargo, el más reciente informe del Coneval ofrece una evidencia irrefutable: la carencia por acceso a servicios de salud en México se redujo de 42.8 millones de personas en 2008 a 19.1 en 2016. Un logro espectacular: en ocho años esa carencia disminuyó en más de 50 por ciento.

            El Seguro Popular beneficia a 53 millones y medio de afiliados, de los cuales casi 30 millones se encuentran entre los mexicanos más pobres. Quienes viven en los hogares de ingresos más bajos, menos de ocho mil 900 pesos por familia, no pagan cuotas.

            Entre las enfermedades y trastornos graves y costosos que cubre el Seguro Popular se encuentran el cáncer, la hepatitis C, el VIH/sida, las malformaciones congénitas y el infarto agudo al miocardio en menores de 65 años. El fondo de protección contra gastos catastróficos otorga servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular que padecen enfermedades que, de no contarse con el seguro, acabarían con el patrimonio familiar, el cual incluso resultaría insuficiente.

            Pero ni los hechos constatables ni los conocimientos y las advertencias de los expertos importan al Presidente, quien siempre tiene otros datos y está dominado por la obsesión de destruir todo lo anterior a su gobierno.

Rosario de anomalías

El proceso a Rosario Robles presenta anomalías no sólo desde su inicio, sino antes aun de iniciarse. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, debió excusarse de conocer del caso por su parentesco con una persona respecto de quien existen evidencias de todos conocidas de su animadversión por la inculpada.

            Es verdad, como lo ha señalado el Consejo de la Judicatura Federal, que Delgadillo Padierna fungió como juez de control y no podrá conocer del asunto en la etapa del juicio. Pero tuvo y ejerció una facultad que causó grave perjuicio a Robles: le impuso prisión preventiva, cuya vigencia “será por todo el tiempo que dure el proceso”.

            La razón para imponer esa medida cautelar fue que la inculpada “carece de arraigo” en la Ciudad de México, pues existe un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) donde consta que recientemente tramitó una licencia de conducir “en (sic) un domicilio diferente. Lo que implica —colige el juez— mentir sobre su residencia y equivale a presunción de riesgo. Hay probabilidad de que pueda darse a la fuga, tiene los medios y los contactos”.

            La resolución es indefendible. Rosario Robles vive y ha vivido durante los últimos 24 años en esta ciudad. En su descuidada redacción, el juez no precisa a qué se refiere cuando dice que la licencia se tramitó “en” un domicilio diferente: ¿diferente a qué?

            El Consejo de la Judicatura Federal justifica al juez: la prisión preventiva procede, aduce, con fundamento en el artículo 168 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, “con motivo de haberse presentado dos domicilios distintos entre el declarado por la imputada y el que obra en poder de las autoridades”. Pero una persona puede residir alternadamente en dos o más domicilios.

            El código permite la imposición de la prisión preventiva en delitos para los cuales no es oficiosa (obligatoria) por “la falsedad sobre el domicilio”. No está acreditado que el domicilio del que la inculpada informó al juez sea falso. En todo caso, correspondía al juez acreditar la falsedad acudiendo al domicilio supuestamente falso a constatar, por ejemplo, que se trata de un lote baldío o que allí no se conoce a Rosario Robles.

            Además, el juez, al imponer la prisión preventiva, no invocó la disposición legal que le sirve de fundamento (el artículo 168 fracción I del código a que alude el Consejo de la Judicatura Federal), con lo cual incumplió con el deber de fundamentar un acto de autoridad como lo ordena el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el juez dictó la más extrema de las medidas cautelares, la que consiste en privar de la libertad a la inculpada, sin fundamentar la resolución.

            Un punto de crucial importancia: Rosario Robles no fue aprehendida en un lugar en el que se encontrara oculta sino que compareció voluntariamente ante el juez, regresando del extranjero, lo que muestra su propósito de no darse a la fuga. La prisión preventiva, por tanto, resultaba inaplicable.

            Otro aspecto inadmisible: durante la audiencia, tanto los fiscales como el juez se dirigieron a la inculpada en términos humillantes, lo que es absolutamente inadmisible. ¿Un juez imparcial humilla al inculpado?

            Todas las anomalías aquí expuestas han vulnerado el principio de imparcialidad en el proceso a Rosario Robles. La resolución del juez debe revocarse a fin de que sea procesada en libertad.

            Hace dos décadas, cuando Rosario Robles era jefa de Gobierno y yo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ambos del Distrito Federal, le demostré en su propia oficina que la acusación contra los inculpados por el homicidio de Paco Stanley, animador de Televisión Azteca, era falsa. Punto por punto le expliqué las incongruencias de esa acusación. Me respondió que ella no permitiría que una muchacha inocente —Paola Durante— estuviera presa.

            Pero nuestra recomendación a la Procuraduría de Justicia de que desistiese de la acción penal molestó al procurador Samuel del Villar y, por no contrariarlo, la jefa de Gobierno dejó en prisión a esa muchacha inocente y a sus coinculpados. En aquel caso no eran sólo irregularidades de procedimiento sino una infamia que ella permitió. Quizá lo haya recordado en estos días en el reclusorio.

Defender al ombudsman

Es constatable que tanto la CNDH como los organismos defensores de derechos humanos de las entidades federativas han jugado un papel central en la lucha contra las arbitrariedades del poder público.

            En México, nunca un gobierno se había atrevido a atacar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como lo está haciendo el actual gobierno federal.

            Como es sabido, la CNDH emitió una recomendación solicitando que se les reintegre el apoyo financiero a las estancias infantiles, gracias a las cuales decenas de miles de mujeres y hombres pobres han podido trabajar o estudiar dejando a sus hijos pequeños en lugares seguros en los que, además de ser cuidados, se les educa y se les da ocasión de jugar con niños de su edad.

            En el documento de respuesta, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, rechaza la recomendación, a la que tilda de aberrante porque —afirma— la CNDH, “durante el periodo autoritario neoliberal, en lugar de ser la institución que defendiera al pueblo de las atrocidades cometidas por las autoridades y sus protegidos, se convirtió en un instrumento de simulación para mantener la impunidad del régimen de injusticias, corrupción y privilegios”. La CNDH nunca exigió justicia —asevera— respecto de los crímenes de Tlatlaya y Tanhuato, “se esmeró en ocultar la desaparición” de los normalistas de Ayotzinapa y nunca hizo nada sobre los acontecimientos de la guardería ABC.

            Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, sostuvo, asombrosamente, que la recomendación es una vergüenza y que su gobierno no la acepta porque es violatoria de los derechos humanos… sin decir en qué consiste esa supuesta violación de derechos.

            Cualquier persona mínimamente informada sabe que la CNDH emitió las recomendaciones correspondientes en los casos señalados por la subsecretaria tras investigaciones profesionales y objetivas. Si en esos asuntos no se ha hecho justicia se debe precisamente a que tales recomendaciones no han sido debidamente atendidas. Asimismo, es constatable que tanto la CNDH como los organismos defensores de derechos humanos de las entidades federativas han jugado un papel central en la lucha contra las arbitrariedades del poder público, y en centenares de miles de casos han logrado evitarlas o detenerlas, resarcir en sus derechos a las víctimas y propiciar que se castigue a los culpables.

            Específicamente en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, la CNDH, lejos de esmerarse en ocultar su desaparición según la calumnia de la subsecretaria, realizó un trabajo escrupulosamente profesional, lo que no hizo el GIEI. El cumplimiento de su recomendación acerca de ese crimen —sobre todo el envío al laboratorio de Innsbruck de los restos que no han sido analizados— haría que se ataran los cabos sueltos de la investigación.

            El acatamiento de la recomendación sobre las estancias infantiles permitiría, sobre todo a las mujeres sin posibilidades económicas de pagar una guardería privada, ejercer el derecho a trabajar o estudiar con la tranquilidad de que los hijos de corta edad tendrían, mientras tanto, cuidado y educación temprana.

            Los señalamientos calumniosos de la subsecretaria de Bienestar y la descalificación inaudita y sin argumento alguno del Presidente no están motivadas en su desconocimiento acerca del desempeño de la CNDH. Les molesta que un organismo autónomo, que se distingue por su profesionalismo, solicite públicamente que se enmienden los estragos que causan sus atropellos.

            Existe una iniciativa de reforma constitucional de Morena y el Partido del Trabajo que propone desaparecer la CNDH y a los organismos homólogos locales para sustituirlos por una denominada Defensoría del Pueblo, que tendría delegaciones en todo el país. Los organismos públicos de derechos humanos son un contrapeso muy importante a las autoridades en una materia altamente relevante. Al Presidente le incomodan. Preferiría una Defensoría que sólo lo fuese de nombre, totalmente obsecuente. Pero un ombudsman es plenamente autónomo o no es un auténtico ombudsman.

            La hora que vive el país es muy delicada. La destrucción del sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos sería un gravísimo retroceso en el país y abriría una puerta muy ancha a las pretensiones autocráticas cada vez más evidentes. Es indispensable que todas las personas y organizaciones de los sectores académico, cultural, social y político comprometidas con la causa de los derechos humanos defendamos la institución del ombudsman.

La falacia de la austeridad

La supuesta austeridad nos ha llevado una situación sin precedente. Los perjuicios más graves se están dando en la atención a la salud, que es, junto con la seguridad, el bien que prioritariamente debe atender el gobierno.

            Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República, los recortes presupuestales han estado a la orden del día. El discurso presidencial los justifica con el señalamiento de que se trata de una política de austeridad que pondrá fin a los privilegios de unos cuantos.

            Lo primero que se advierte claramente en esa justificación es una inconsistencia: esa política no ha afectado a los privilegiados, sino a millones de mexicanos en situación de pobreza y a los que, sin ser pobres, viven de su trabajo con ingresos que no les permiten lujos ni derroches.

            La supuesta austeridad nos ha llevado una situación sin precedente. Los perjuicios más graves se están dando en la atención a la salud, que es, junto con la seguridad, el bien que prioritariamente debe atender el gobierno. Los afectados no son, desde luego, quienes pueden costear médicos, clínicas, laboratorios y hospitales privados, sino quienes, por su condición económica, se ven constreñidos a acudir a los servicios públicos.

            La condición de pobreza se ve agravada dramáticamente si, además de que no se perciben los ingresos suficientes para una existencia decorosa, los servicios públicos de salud a que se tiene derecho se han deteriorado por falta de insumos, materiales, equipo y personal.

            No es que esos servicios en la etapa neoliberal, tan satanizada por el actual gobierno, hayan sido los óptimos. Pero, a pesar de sus deficiencias e insuficiencias, cumplían mucho mejor que ahora con su insustituible e indispensable función.

            No pensemos siquiera en los chequeos médicos periódicos aconsejables para preservar la salud. Pensemos en algo más grave. Un pobre enfermo. De nada le servirá la dádiva en efectivo del gobierno, si es que es un beneficiario de ésta, si el centro de salud no está en posibilidades de atenderlo como es debido, de practicarle el estudio que requiere, de proporcionarle los medicamentos que su padecimiento amerita.

            La violación al derecho a la salud que causa tal estado de cosas es de extrema gravedad. Por eso la Comisión de los Derechos Humanos ha instado al gobierno a garantizar el acceso a servicios de atención médica, la continuidad del suministro de medicamentos y la disponibilidad de personal suficiente en todas las unidades médicas.

            Otras afectaciones también son importantes. Se cancelaron recursos a estancias infantiles, a refugios para mujeres maltratadas y al programa de cáncer cervicouterino. Se disminuyó considerablemente el presupuesto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a las universidades y a los centros públicos de investigación, a la promoción de la cultura y las artes, a la supervisión de la calidad del agua, a la prevención y combate de incendios. Se canceló el proyecto de Metrobús de La Laguna.

            ¿Todo eso no significa austeridad? Veamos. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, austero significa sobrio, morigerado, sin excesos. ¿El gobierno ha sido austero?

            No. Sí ha habido dinero, y muy abundante, miles y miles y miles de millones, para destruir un aeropuerto de clase mundial que suponía un progreso enorme para el país y generaría cientos de miles de empleos y, en su lugar, erigir otro en el peor lugar posible.

            También hay dinero para una refinería y un tren desaconsejados por los expertos, para entregar efectivo a manos llenas con fines clientelares, para atajar el paso de los migrantes centroamericanos.

            Asimismo, hay dinero para otorgarle al Presidente una partida secreta con los ahorros del presupuesto a los que puede dar el destino que por decreto determine. Tan sólo en este año los fondos por ahorros en compras de insumos y medicinas y por la eliminación de seguros médicos y de separación ascienden a 125 mil 700 millones de pesos. ¡Para lo que el Presidente determine!

            La supuesta política de austeridad es una falacia. Lo que se está haciendo es reencauzar el dinero para atender no a las necesidades prioritarias de los habitantes y al progreso científico y tecnológico del país, sino para fortalecer un proyecto que responde a las fantasías ideologizadas y al afán de acrecentar el poder del Presidente de la República.

            Una política de austeridad, es decir, de sobriedad, morigerada, sin excesos, sería plausible. No lo es, en cambio, la que está vulnerando derechos fundamentales de los mexicanos.