No quedan claros los motivos por los cuales no se reeligió a Luis González Placencia como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), organismo que ha cumplido una tarea de enorme importancia en la lid contra los abusos de poder.

González Placencia contaba con el apoyo del Consejo de la CDHDF y de numerosas ONG, y todo hacía pensar que no encontraría mayores obstáculos para ser ratificado por la Asamblea Legislativa.

Desde luego, no estuve de acuerdo con él en todo. En mi opinión debió condenar enfáticamente las agresiones de que han sido víctimas los policías en las manifestaciones, durante las cuales se les coloca en una circunstancia de alta vulnerabilidad claramente violatoria de sus derechos humanos, y debió también reprobar el procedimiento por el cual el ex ministro Genaro Góngora metió a la cárcel a la madre de dos de sus hijos.

Pero eso no borra la labor que desarrolló en los últimos cuatro años, en los cuales siguió manteniendo la eficacia, el profesionalismo y la confiabilidad de la institución.

El ex presidente de la CDHDF asumió una postura digna al renunciar a seguir participando en el proceso que podría haber culminado en su reelección, al ver que de entrada no alcanzaba la mayoría calificada exigida por la ley.

Los diputados que no lo apoyaron no estaban optando por un candidato que les pareciera mejor opción (hasta el momento ese candidato no existe). Simplemente orillaron a González Placencia a retirarse, con lo que habrá de iniciarse el trámite para su relevo.

El asunto de la designación de los titulares de las comisiones públicas de derechos humanos es de la mayor importancia. Sin un ombudsman idóneo, el organismo no puede tener un funcionamiento óptimo.

El defensor público de los derechos humanos debe ser un profesional de prestigio, de sólida formación, con conocimientos profundos en la materia, de trayectoria intachable, equilibrado emocionalmente, con amor a la causa, y con una mente objetiva y abierta que le permita actuar en todos los casos de que conozca con plena autonomía.

La autonomía, característica sine qua non del ombudsman, se defiende no sólo frente a las autoridades gubernamentales, sino también ante los partidos políticos, los grupos de presión y ante cualquier organización o persona que pretenda influir en las decisiones del defensor de los derechos humanos. Para ser de veras autónomo, el ombudsman debe alejarse de toda bandería partidaria y de las servidumbres mentales que suelen imponer las ideologías. Su deber es combatir el abuso de poder sin importar el signo político de los servidores públicos que lo cometan. Su enemigo, su único enemigo, es el abuso de poder.

Por eso la elección del ombudsman resulta de tanta relevancia. Lamentablemente, en diversas ocasiones los procesos de designación o ratificación no han respondido a un compromiso de los legisladores con la institución, sino a alianzas o pugnas entre partidos en las que lo último que importa es la causa de los derechos humanos.