La libertad de expresión es una condición imprescindible para la democracia. Ahí donde esa libertad no es respetada y garantizada por las autoridades no puede considerarse que se viva en un régimen democrático. Tanto el fascismo como el comunismo han acariciado la utopía de la unanimidad de todas las voces. Uno y otro sistemas concibieron una sociedad en la que surgiera el hombre nuevo, plenamente adherido a los ideales y los valores de una única ideología, la establecida obligatoriamente por el dictador. Todos aquellos que se apartaran de la línea ideológica trazada por los gobernantes no respondían a las pautas marcadas para el hombre nuevo. Lo malo es que los hombres viejos, es decir, los disidentes de ese modelo, han sido perseguidos, encarcelados o asesinados, pues en la sociedad de hombres nuevos los hombres antiguos no tienen cabida.
La libertad de expresión para esa clase de regímenes es una libertad burguesa que no merece el menor respeto. La obsesión persecutoria contra los discordes tiene el mismo sustento que la persecución contra los herejes por parte de la Santa Inquisición medieval y contra los infieles ahora mismo en las sociedades cuyas leyes se inspiran en la sharia. Pero no sólo esos regímenes han tenido fobia por la libertad de expresión. Todos los gobiernos autoritarios la aborrecen.
En nuestro continente, Cuba es el anacrónico ejemplo de la denegación de la libertad de expresión. Los medios de comunicación están absolutamente controlados por el gobierno y no se pueden difundir noticias ni expresar comentarios o análisis fuera de esos medios ni sin la aquiescencia gubernamental. La única excepción es el periódico en línea de la admirable bloguera Yoani Sánchez, al que sólo unos cuantos lectores pueden tener acceso y que en todo momento está expuesto al bloqueo gubernamental.
En Venezuela, a partir del gobierno de Hugo Chávez, se ha ejercido una violencia sistemática contra comunicadores de todas las tendencias, se cerró un canal de televisión sin previo procedimiento, se niega papel a los diarios, se han abierto expedientes administrativos o penales contra periodistas incómodos para el régimen y se ha estigmatizado permanentemente la disidencia. A fin de eliminar todo obstáculo para éstos y otros gravísimos atropellos, el gobierno venezolano decidió abandonar el sistema interamericano de derechos humanos.
En Ecuador también se ha perseguido a periodistas molestos para las autoridades, y todos los medios de comunicación —escritos, electrónicos, digitales— están obligados a publicar toda la información que el gobierno considere de interés público y pueden ser sancionados por publicar la que el propio gobierno considere irrelevante.
Sobre estas tropelías ha informado con rigor la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, que en breve concluirá el encargo que con tanto compromiso y pasión ha desempeñado, en la convicción de que la democracia no es simplemente ir a votar: para poder tomar una decisión es indispensable la información y la deliberación, la elección informada de preferencias, la posibilidad de vigilar y controlar a los poderes públicos y privados, de discutir abiertamente las acciones y omisiones de esos poderes.