Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de Los Pinos
Londres, 19 de agosto de 2013
Señor Presidente: Le escribo para solicitar su urgente intervención con el objetivo de asegurar la integridad física y los derechos humanos de por lo menos cuatro personas víctimas de desaparición forzada a manos de miembros de la Marina mexicana en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, y el vecino poblado de Colombia, estado de Nuevo León, ocurridas desde el 29 de julio de 2013. Como comandante en jefe de las fuerzas armadas, usted tiene la responsabilidad última de asegurar que las fuerzas bajo su mando no cometan violaciones de derechos humanos, como las desapariciones forzadas, y para garantizar que haya una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva para localizar a las víctimas con vida, esclarecer los hechos y llevar los responsables ante la justicia. Desde su toma de posesión en diciembre de 2012, usted ha reiterado varias veces su compromiso de no tolerar las violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad, lo cual contrasta con la actuación de la administración pasada. Considero que estos nuevos casos en Nuevo Laredo ponen en duda la seriedad de ese compromiso. Sin embargo, también presentan una oportunidad de demostrar en la práctica que las autoridades que usted lidera son capaces de hacer rendir cuentas a las autoridades castrenses que cometen abusos o encubren a sus elementos que los cometen. Según la información recibida por Amnistía Internacional y constatada en entrevistas con familiares de las víctimas y testigos, cuatro personas han sido víctimas de desaparición forzada por miembros de la Marina en Nuevo Laredo y en sus alrededores en las últimas semanas:
• Armando Humberto del Bosque Villarreal fue sacado de su automóvil por miembros de la Marina en Colombia, Nuevo León, el 3 de agosto y subido a un vehículo militar ante varios testigos y en presencia de dos policías municipales. Minutos después, su padre acudió a la base de los marinos en las afueras de Colombia y fue informado por un oficial naval que lo tenían detenido y que más tarde le darían más información. Una hora después, el padre de Armando del Bosque fue informado de que no lo tenían detenido y que los marinos no lo habían arrestado. El padre presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) con cuatro testigos oculares. Los policías municipales han constatado en un oficio que a Armando del Bosque lo detuvieron los marinos. Sin embargo, no hay evidencia de una investigación efectiva de los hechos y el paradero de Armando del Bosque sigue sin conocerse.
• Raúl David Álvarez Gutiérrez, de 17 años, fue detenido al parecer por marinos en un retén en la zona sur de Nuevo Laredo el 30 de julio. Testigos oculares, incluida una persona que lo conoce, informaron a la familia de la víctima que los marinos subieron a Raúl Álvarez a un vehículo de la Marina. Las autoridades navales luego negaron su detención ante los reclamos de la familia, quien no lo ha vuelto a ver. La PGR inicialmente se negó recibir una denuncia penal al exigir a la familia que presentara los testigos, pero éstos no desean declarar por temor a represalias.
• José de Jesús Martínez Chigo y Diana Laura Hernández Acosta, de 17 años, fueron detenidos en un retén de la Marina en Nuevo Laredo a las 2.30 am del 29 de julio mientras regresaban a sus hogares. Un familiar de las víctimas que pudo observar las detenciones siguió al vehículo naval que los trasportaba, y lo vio entrar en la Ciudad Deportiva que funciona como campamento de los marinos en Nuevo Laredo. Los familiares de ambas víctimas solicitaron información sobre su paradero el mismo día, pero las autoridades navales han negado las detenciones y la provisión de cualquier otra información. Una denuncia presentada ante la PGR y apoyada con el testimonio de varios testigos que confirmaron la participación de marinos en la detención no ha resultado en una investigación significativa.
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En junio de 2011, Amnistía Internacional escribió al Presidente Calderón solicitando acción sobre la desaparición forzada de José Fortino Martínez Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Martín Rico García, Usiel Gómez Rivera, Diego Omar Guillen Martínez y Joel Díaz Espinoza por la Marina en Nuevo Laredo. A pesar de la recomendación 39/2012 de la Comisión Nacional de Derechos que confirmó la desaparición forzada de las víctimas, el gobierno nunca tomó las medidas necesarias para localizar a las personas desaparecidas o llevar ante la justicia a los responsables. Las víctimas, que incluyen a los familiares, siguen sin justicia, verdad o reparaciones. La falta de respuesta adecuada ante los reclamos de las familias y de Amnistía Internacional en este caso es emblemática de un gobierno que pasó por alto sus obligaciones en materia de derechos humanos. En junio de 2013, Amnistía Internacional publicó el informe “Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México”, el cual constata el patrón de desapariciones, incluyendo desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad, y resalta las acciones que el gobierno debe tomar para encontrar a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia. Hasta el momento, la respuesta de su gobierno no ha estado a la altura de esta crisis de derechos humanos. Amnistía Internacional está consciente de la compleja situación de seguridad en México, y en particular en el estado de Tamaulipas, con las acciones violentas de grupos del crimen organizado. Sin embargo, los tres casos que le menciono señalan un comportamiento de las fuerzas militares del Estado que atenta contra los derechos humanos consagrados en la Constitución mexicana y el derecho internacional. Es de recordar que la desaparición forzada puede constituir un crimen de lesa humanidad y México es estado parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. La Convención interamericana obliga a los estados a “no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas”. La Convención Internacional ordena que “cada Estado Parte velará por que toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial”.
En varios momentos durante el primer año de su administración usted ha asumido públicamente compromisos ante familiares de personas desaparecidas de que su administración no tolera las desapariciones forzadas, que se reforzará el marco legal para combatir este delito, que garantizará la búsqueda efectiva y rápida de las personas reportadas como desaparecidas (sea por delincuentes o funcionarios del estado) y que los militares acusados de cometer violaciones de derechos humanos rendirán cuentas ante la justicia civil por medio de investigación efectivas. Una acción decisiva en estos casos demostraría que esas palabras no son vanas promesas. Los familiares que reclaman noticias sobre el paradero de sus seres queridos en Nuevo Laredo y sus alrededores están esperando acciones de su parte, porque parece que las fuerzas de seguridad y la procuración y administración de justicia no son capaces o no tienen voluntad para esclarecer los hechos y encontrar a las víctimas. La capacidad del Ejecutivo para ejercer su autoridad sobre las fuerzas armadas está a prueba en estos momentos. La experiencia muestra que la falta de acción perpetúa la impunidad y la persistencia de estas graves violaciones de los derechos humanos. Dada la urgencia de estos casos, Amnistía Internacional hará pública esta comunicación. En espera de su respuesta y de las acciones de su gobierno para localizar a las cuatro personas desaparecidas y llevar los responsables ante la justicia, saludo a usted muy atentamente.
Salil Shetty
Secretario General
CC: Lic. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República; Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina; Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación; Lic. Ricardo García Cervantes, Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR; Lia Limón, Subsecretaria de Gobernación de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.