El pueblo, feliz, feliz, feliz ––¡triplemente feliz!––; los reaccionarios, moralmente derrotados. Esa fue la parte del mensaje leído por el presidente de la República en Palacio Nacional que evidenció más claramente, por una parte, su talante triunfalista, y, por otra, su inagotable ánimo pendenciero.

            Se solazó repitiendo una y otra vez “moralmente derrotados”. Aseguró que el país, a sólo nueve meses de que se inició su gobierno, disfruta de desarrollo y bienestar, lo cual tiene a los conservadores “nerviosos o incluso fuera de quicio”. La realidad, sin embargo, también es, por lo visto, reaccionaria y conservadora, pues presenta otros datos que no son indicadores de progreso, de justicia ni de respeto al Estado de derecho.

            La cancelación del nuevo aeropuerto internacional le está costando al país una suma estratosférica: decenas de miles de millones de dólares. Es falso que con esa medida pierdan los grandes empresarios que tenían contratos adjudicados. A ellos el Estado les está restituyendo sus inversiones, lo que implica una erogación multimillonaria con la que pudieron financiarse programas y obras que hubiesen beneficiado a millones de habitantes. Los que perdimos con la cancelación somos 129 millones de mexicanos que nos quedamos sin un aeropuerto necesario y urgente que, además, generaría cientos de miles de empleos.

            El presidente aseguró que tendríamos un crecimiento económico de 4%. Cuando los expertos estimaron que sería de 2%, los descalificó. Pero al bajarse de nuevo el pronóstico de crecimiento, auguró ya únicamente ese 2%. Al anunciarse que había sido de 0.1% echó las campanas a vuelo, pero el INEGI rectificó la cifra revelando que el crecimiento fue en realidad de 0%. Entonces el presidente dijo que lo importante no es el crecimiento económico, al que ahora considera una  “obsesión tecnocrática”.

            No ha faltado el dinero para ninis, pero sí para medicamentos, vacunas, quimioterapias y diversos tratamientos médicos. 300 niños con cáncer se quedaron varios días sin el abasto de la medicina que urge a su salud. No hay vacunas contra el sarampión. Lo construido y que funcionaba, como el Seguro Popular, está siendo destruido, y lo que no funcionaba sigue sin funcionar. Es difícil creer que los enfermos que han sufrido esas carencias estén felices, felices, felices.

            Hablando de ninis, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentó un estudio del programa “Jóvenes construyendo el futuro”. Un dato sospechoso: el mismo número de personas, con las mismas edades y los mismos estudios, se inscriben cada semana. Además, de los 6,469 centros de trabajo registrados que supuestamente reciben becarios, se revisaron 5,439. Sólo 763 ––14%–– existen y son identificables. Pero de ellos 214 dicen que nunca han recibido becarios y 136 ya no los tienen. Quedan 413 identificables y con becarios, el 7.6%. Y en esos centros hay ausentismo y asignación a becarios de actividades no registradas. El programa cuesta más de cien mil millones de pesos.

            Tampoco son para presumir la cancelación de recursos a estancias infantiles y a refugios para mujeres maltratadas, la reducción presupuestal a centros de enseñanza superior, la contrarreforma educativa, los recortes a la ciencia y la investigación científica, la cancelación de becas a estudiantes en el extranjero, la caída de 88% en la creación de empleos, el despido de decenas de miles de burócratas sin indemnización, el ataque a los organismos autónomos, la impunidad del exsuperdelegado Carlos Lomelí, el imperio inmobiliario de Manuel Bartlett y un largo etcétera.

            Y lo más grave: la criminalidad que, desmesurada ya al inicio del sexenio, ha alcanzado una incidencia récord durante la actual administración. No hay  estrategia para combatirla: el presidente aconseja a los criminales que se porten bien. No se están formando las policías y los ministerios públicos que el país tanto necesita. Se ha dejado a los soldados expuestos a humillaciones y agresiones en virtud de que los agresores también forman parte del pueblo.

            Todos los anteriores son datos de realidad. Ésta, como la verdad, no puede ser derrotada moralmente ni sobornada ni fanatizada. Carece de ideología y de banderías. Se le puede tildar de reaccionaria y conservadora, pero los calificativos no bastan para transformarla.

La Academia Mexicana de Ciencias Penales ––integrada por expertos del mayor prestigio en esas disciplinas–– ha manifestado su inquietud por medidas y reformas recientes que se apartan de los principios del sistema penal democrático y vulneran derechos humanos. En el breve espacio de esta nota intentaré resumir los motivos de esa inquietud.

            La seguridad pública se ha militarizado, contrariamente a los ofrecimientos  que como candidato hizo el hoy presidente de la República, y continúa sin atenderse la tan urgente profesionalización de las policías del país. Los integrantes de la Guardia Nacional no recibieron la capacitación necesaria: son marinos, soldados o policías federales sencillamente con distinto uniforme. No se cuenta con una estrategia para enfrentar la criminalidad, que hoy alcanza la más alta incidencia desde que se lleva registro oficial.

            La prisión preventiva oficiosa (de aplicación obligatoria), razonable sólo para los delitos más graves, se ha extendido de manera exagerada abarcando delitos que no tienen esa característica de gravedad mayúscula, lo que resulta inaceptable porque se trata de una pena, nada menos que la de privación de la libertad, que se impone a un inculpado sin que haya sido declarado culpable por la autoridad judicial.

            La extinción de dominio ha tomado también una extensión inadmisible. Se aplicará a cientos de casos a partir de meras sospechas y pruebas insuficientes. Su aplicación no requiere una sentencia judicial condenatoria. Se supone que no constituye una medida penal, pero se funda en la probable comisión de un delito. En su origen quedaba reservada a la delincuencia organizada. Hoy pone en grave riesgo los derechos de centenares de personas inocentes.

            Mediante decreto del Congreso de la Unión, publicado el 30 de diciembre de 1939, se resolvió que el archipiélago de las Islas Marías continuara como colonia penal. A despecho del sistema de separación de poderes y de la observancia de las facultades propias de éstos, el presidente de la República cambió ese destino sin intervención del Poder Legislativo. Esa colonia penal era el reclusorio mejor evaluado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

            En Tabasco se realizaron reformas penales en virtud de las cuales se han establecido penas extremadamente desproporcionadas para conductas que ya estaban prohibidas en el Código Penal. Así, por ejemplo, la oposición a que se ejecute una obra pública ordenada o autorizada legalmente por la autoridad, a la que anteriormente se asignaba una punibilidad de hasta seis meses de semilibertad (libertad de noche y reclusión de día, o viceversa; o libertad de fin de semana y reclusión el resto de días, o viceversa), hoy se castiga hasta con 13 años de prisión. Esa conducta puede ser castigada con una pena mayor que un homicidio doloso.

            El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal que incrementan desmesuradamente diversas penas.

            Las normas jurídico penales son las más severas de todo el ordenamiento jurídico porque tutelan los bienes más importantes de los individuos contra las conductas más dañinas para la convivencia civilizada. De ahí que las sanciones que establecen sean las más duras, sobre todo las que prevén la pena de prisión, que no sólo priva de la libertad al reo sino que frecuentemente le deja secuelas indelebles.

            El ius puniendi ––la potestad punitiva–– es la expresión más agresiva del poder del Estado. Por eso mismo sólo deben prohibirse penalmente los comportamientos más perniciosos y conminarse con penas de magnitud proporcional a su gravedad.

            Todo individuo debe ser considerado inocente mientras no sea declarado culpable por una autoridad judicial, y, por ende, el Estado no puede privarlo de sus bienes sin que se haya dictado una sentencia condenatoria en su contra.

            Además, la preservación de la seguridad pública debe estar a cargo de policías civiles suficientemente capacitadas, y el Poder Ejecutivo no está facultado para desconocer las decisiones tomadas legal y legítimamente por el Poder Legislativo.

            Por lo aquí expuesto, la Academia Mexicana de Ciencias Penales deplora y rechaza la adopción de las reformas y medidas aquí señaladas, las cuales, por autoritarias e irrazonables, carecen de legitimidad y no son propias de una sociedad democrática.

Otros 24 inculpados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han sido recientemente eximidos por el Juez Primero de Distrito en Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos. Se trata de doce policías municipales de Cocula, nueve de Iguala, dos miembros de Guerreros unidos y un exfuncionario de Protección Civil del estado de Guerrero. Así, suman ya 77 los procesados, de un total de 142, que han obtenido su libertad. Quedan en la cárcel únicamente 65.

            El argumento que ha servido de base a las absoluciones es que las pruebas contra los inculpados fueron obtenidas ilegalmente, ya que las confesiones les fueron arrancadas mediante tortura. Como van las cosas, no es improbable que a la larga todos los inculpados sean absueltos, con lo cual el crimen masivo de hace cinco años, uno de los más espantosos de que se tenga noticia, quedaría totalmente impune: ni un solo individuo sería condenado.

            Es paradójica la reacción de los padres de los normalistas y los activistas que los apoyan: siempre negaron la veracidad de la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), y ahora que están viendo que los fallos judiciales también la refutan, protestan contra estos fallos. Entonces, ¿admiten que aquella versión es cierta?

            La cantaleta de que fue el Estado ––es decir, los más altos mandos del gobierno federal, incluso el mismísimo presidente de la República, Enrique Peña Nieto––, voceada reiteradamente con vehemencia por padres y activistas, jamás ha tenido sustento en algún indicio mínimamente razonable, pero contribuyó decisivamente a generar una atmósfera propicia a que se descalificara en bloque toda la investigación llevada a cabo por el órgano federal persecutor de los delitos.

            “Los promotores de que toda la acusación fue una patraña producto de torturas de la PGR fueron el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), los asesores legales de los padres de los 43 normalistas y las organizaciones políticas que hoy están en el poder. Ellos tenían la obsesión política de construir una historia para enlodar al Ejército mexicano, aun a costa de liberar a los culpables de la masacre”, advierte Pablo Hiriart (“¿Contento, profesor Ackerman?”, El Financiero, 6 de septiembre).

            El Estado tenía que ser el culpable. Por eso se exigió que se permitiera buscar en los cuarteles del ejército a los desaparecidos. Por eso se negó la posibilidad de que los cuerpos, o algunos de ellos, hubieran sido quemados en el basurero de Cocula, a pesar de que el prestigiado laboratorio de Innsbruck identificó los restos calcinados de dos de los desaparecidos.

            “No le pidas a la realidad que te cumpla lo que te prometió el sueño”, dice el memorable aforismo de Mariana Frenk. Padres y activistas se afanaron en echar abajo la versión de la PGR, y ahora exigen que sea destituido el juez que la está aniquilando jurídicamente.

            Desde luego que si hay elementos probatorios de que los inculpados confesaron bajo tortura, sus confesiones deben ser descartadas. Pero descartar las confesiones que se hubieran obtenido de esa manera no supone que deban desecharse todas las demás pruebas desahogadas durante la indagatoria o el proceso.

            En el juicio llevado a cabo en Chicago contra ocho integrantes de Guerreros unidos se presentaron como evidencias varios mensajes de Blackberry que ratificaban que los dirigentes de esa banda ordenaron la detención y entrega de los normalistas porque suponían o tenían información de que estaban infiltrados por la banda rival de Los Rojos.

            El sentido de los mensajes es inequívoco: “Algunos (estudiantes) ya están con San Pedro”, “Ya les dimos trámite”, “No estuvieron los verdes (los soldados) ni los del estado (la policía estatal)” y “Nunca los van a encontrar; los hicimos polvo y los tiramos al agua”, son algunos de los que se exhibieron en ese juicio.

            Alejando Encinas, subsecretario de Gobernación y quien preside la Comisión de la Verdad creada para el caso por el presidente de la República, ha condenado con expresiones muy duras el fallo y deplorado “la podredumbre” del sistema de justicia (así, en su conjunto, como si la resolución hubiera sido dictada por todos los juzgadores). Pero él mismo y el gobierno al que sirve descreyeron la versión de la PGR. Justamente por eso se creó la Comisión de la Verdad.

Pedro Salmerón tuvo que renunciar a la dirección del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por el escándalo suscitado a consecuencia de que llamó “comando de valientes jóvenes” a quienes asesinaron al empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, tras fallar su intento de secuestrarlo, en 1973.

            Su calificativo de “valientes” a los jóvenes de ese comando provocó una enérgica reacción adversa no solamente de parte de empresarios y columnistas, sino que incluso legisladores de Morena, el partido en el gobierno, manifestaron su rechazo a esa caracterización.

            Salmerón se va tan dolido del cargo que ha expresado que presenta su renuncia al presidente de la República, “no a la derecha de talante fascista”. En su misiva de dimisión llama comité de linchamiento a los políticos, usuarios de redes y medios de comunicación que reprobaron sus palabras.

            Intituló su carta, melodramáticamente, “Dictar, censurar, penalizar la investigación histórica”. En ella asevera, entre otras cosas no más sensatas, que estaba siendo usado por la derecha para atacar al gobierno y que intentaba romper con una historia promovida durante 30 años.

            La bajeza de ensalzar acciones como aquel crimen no es exclusiva de nuestro país. En España, en las comunidades vascas, los etarras culpables de asesinatos y secuestros, al salir de prisión tras compurgar sus penas, son recibidos por familiares y vecinos con aplausos y ofreciéndoles un aurresku, danza que se baila a modo de reverencia.

            Como apunta Julio Llamazares, ese espectáculo “desborda toda categoría moral para adentrarse en el territorio de lo perverso”, pues se trata de “comportamientos más propios de sociedades prehumanizadas que de una del siglo XXI” (El País, 3 de agosto de 2019).

            El secuestro y el asesinato jamás pueden ser acciones loables, sea cual fuere su motivación. Sólo descendiendo al peldaño más bajo de la deshumanización y retrocediendo a etapas previas al proceso civilizatorio que ha dado lugar a nuestros más altos valores pueden glorificarse tales crímenes.

            Se sabe que Garza Sada fue no sólo un empresario exitoso sino un hombre humanitario, fundador del Tec de Monterrey, lo que hace más aborrecible su asesinato. Pero aun si la víctima hubiera sido una persona sin esas virtudes, el crimen sería igualmente reprochable.

            ¿Jóvenes valientes porque arriesgaban su integridad personal o su libertad al cometer sus delitos? Las arriesgan incluso los sicarios al llevar a cabo una acción delictiva. Al realizarla corren el riesgo de ser repelidos y malheridos o muertos, o de ser detenidos y pasar una larga temporada presos. Secuestrar y matar serían, por tanto, actos de valentía. ¡Vaya pedagogía!

            La vida y la libertad de todo ser humano son sagradas. Matar a alguien es destruir un universo irrepetible y precioso,  condenar a un semejante a no volver a disfrutar otro amanecer. Secuestrar a una persona es someterla, a ella y a quienes la quieren, a un sufrimiento atroz, a una tortura de las más crueles imaginables.

            El escándalo provocado por el calificativo de Salmerón nada tiene que ver con un linchamiento ni con dictar, censurar o penalizar la investigación histórica. Nadie de los que han protestado contra el hoy exdirector se ha pronunciado contra la investigación, nadie ha pretendido dictarla, censurarla o penalizarla. Lo que se condena no es que se investiguen los hechos históricos, sino la apología de crímenes tan graves como el secuestro y el asesinato. Y esa condena es muestra de salud moral.

            No podemos olvidar que el inolvidable Luis González de Alba renunció al Comité de apoyo a la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado cuando el fiscal Ignacio Carrillo Prieto ––condenado por corrupción al concluir su encargo–– asistió a un homenaje a la Liga 23 de Septiembre, a la que pertenecía ese comando de “valientes jóvenes”.

            ¿Pero es que las conductas delictivas no se justifican si están motivadas por ideales? Con ese criterio tendríamos que justificar, entre muchas otras, las de Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, Pol Pot, Franco, Castro, Sendero Luminoso, ETA, el ISIS…

Toda bandería o causa ha hallado fanáticos frenéticos dispuestos a matar por ella. Ellos y sus apologistas no sólo justifican esos crímenes: los celebran como si fuesen hazañas admirables.