Patricia Vaca Narvaja[1]
Periódico Excélsior, 21 de marzo de 2013
Reino Unido hace un uso antojadizo del principio de la libre determinación: sólo apela a él cuando conviene a sus intereses.
Imaginemos por un momento la siguiente situación: un grupo de extraños ingresa en una casa, ocupa las habitaciones y echa a sus propietarios. Luego, llaman a sus familiares y amigos para instalarse con ellos en la casa usurpada. Frente a la indignación de los dueños y los vecinos del barrio, y para darle un cariz de legitimidad a su accionar, los usurpadores realizan una votación entre ellos mismos para decidir si desean continuar o no en la casa.
El resultado de la votación no sorprende a nadie: 99% de los votantes opta por permanecer en la casa. Los dueños reclaman su legítimo derecho de propiedad, pero los usurpadores se niegan a devolverles la casa alegando que ellos se manifestaron libremente en un acto electoral democrático en el cual la mayoría decidió por la opción de permanecer en la casa. Esta situación, que se presenta descabellada para cualquiera que se precie de contar con sentido común, es precisamente lo que ocurrió el pasado 10 y 11 de marzo en Islas Malvinas.
El 3 de enero de 1833, Reino Unido tomó por la fuerza Islas Malvinas, expulsando de ellas a la población y autoridades argentinas que se encontraban ejerciendo soberanía. Procedió luego a llevar a sus propios colonos y a controlar férreamente la política migratoria de las islas, al tiempo que se negaba a resolver la disputa con la Argentina. Alegando el derecho a la libre determinación de los isleños, Reino Unido organizó un referéndum el pasado 10 y 11 de marzo para que expresaran su deseo de permanecer o no bajo la tutela británica.
El resultado del referéndum, al igual que en el de la situación imaginaria de la casa usurpada, no sorprendió a nadie: más de 99% de los isleños optó por seguir siendo territorio británico de ultramar. No podía esperarse otra cosa al tratarse de una votación organizada por británicos, para británicos y con el fin de que dijesen que el territorio en disputa tiene que seguir siendo británico.
Como país comprometido con la vigencia de los derechos humanos, la Argentina respeta el derecho a la libre expresión. Sin embargo, la solución de la disputa de soberanía por Islas Malvinas no depende del resultado del referéndum que, vale aclarar, no tiene ningún efecto legal desde el punto de vista del derecho internacional. Los isleños no pueden constituirse en un tercer actor en la disputa por la simple razón de que se trata de súbditos de una de las partes en la disputa. La Organización de las Naciones Unidas ha sido muy clara a este respecto: la cuestión Malvinas debe resolverse de manera bilateral entre la Argentina y Reino Unido.
Lo grave del referéndum es que Reino Unido lo ha utilizado como una herramienta político-mediática para confundir a la opinión pública mundial. Bajo la apariencia de un ejercicio de libre expresión de los habitantes británicos de las islas, Reino Unido ha pretendido cambiar el eje del debate en la cuestión Malvinas. Apelando (engañosamente) a un principio altamente valorado por la comunidad internacional —la libre determinación de los pueblos— intentó poner a la Argentina en el papel de negador de la voluntad de un supuesto “pueblo”.
Es preciso comprender que el derecho a la libre determinación no es un derecho reconocido a cualquier comunidad humana establecida sobre un territorio, sino únicamente a los “pueblos dependientes”, es decir, a los pueblos que están sujetos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras.
¿Cómo puede, entonces, Reino Unido hablar de libre determinación cuando los isleños no son un pueblo sometido a la dominación de una potencia extranjera, sino que se trata de sus propios ciudadanos? Cabe preguntarse también por qué las Naciones Unidas no respaldaron el referéndum, cuando sí lo ha hecho en otros casos de autodeterminación.
La falaz invocación que hace Reino Unido del principio de la libre determinación en la cuestión Malvinas contrasta con su posición en otros casos de descolonización. En el archipiélago de Chagos, por ejemplo, no sólo Reino Unido no convocó a un referéndum sino que desarraigó forzosamente a sus habitantes nativos, privándolos de poder retornar a sus tierras. Ni pareció tampoco tomar en cuenta la voluntad de las autoridades democráticamente elegidas en las Islas Turcas y Caicos en 2009, cuando haciendo uso de los poderes que le confiere la administración moderna colonial, suspendió la administración local del gobierno para transferirla al gobernador británico residente en dicho territorio. Podemos decir, entonces, que Reino Unido hace un uso antojadizo del principio de la libre determinación: sólo apela a él cuando conviene a sus intereses.
El premier británico David Cameron ha declarado que la Argentina debería acatar el resultado del referéndum, cuando en realidad es Reino Unido quien debería acatar las 40 resoluciones de las Naciones Unidas que lo obligan a sentarse a dialogar con la Argentina.
Esta obligación de negociar bilateralmente responde a que precisamente la cuestión Malvinas no es un caso de libre determinación, como pretende maliciosamente instalarlo Reino Unido, sino un caso de disputa de soberanía. Con el referéndum, ha quedado en evidencia que Reino Unido ha utilizado este ardid para dilatar su obligación de dialogar y tergiversar los puntos de la controversia.
Aun ante las maniobras dilatorias y distractivas del Reino Unido para continuar con su persistente negativa al diálogo, la Argentina seguirá recurriendo a todos los foros internacionales idóneos para exigir que aquel país cumpla con el derecho internacional y se siente a reanudar las negaciones bilaterales, a fin de solucionar pacífica y definitivamente la disputa de soberanía. Ω