Por Luis de la Barreda Solórzano
28 de septiembre de 2023
Hace 30 años nacía la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el último de los organismos públicos creados en el país para proteger los derechos fundamentales.
Dos años antes se había instaurado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Jorge Carpizo, su primer presidente, advirtió al tomar posesión del cargo que la institución sólo conquistaría la confianza de la ciudadanía con resultados y más resultados. Y la CNDH los consiguió.
Hubo quienes pronosticaron el fracaso de los organismos públicos de derechos humanos, ya que carecían de fuerza coactiva para imponer sus resoluciones. No contábamos con más arma que la palabra. Pero demostramos que ésta, apoyada en pruebas y argumentos, y sustentada en la ley, posee una capacidad formidable como antídoto contra el abuso de poder. Si una recomendación no tiene fisuras lógicas ni jurídicas, al destinatario no le queda sino acatarla o ubicarse públicamente contra la causa de los derechos humanos.
El defensor público de los derechos humanos debe reunir ciertos requisitos indispensables: plena autonomía no sólo de las autoridades, sino de todo grupo y persona, alta calidad profesional, independencia de criterio, y compromiso absoluto con la causa. Su actuación debe ser ágil —los asuntos ha de resolverlos en breve lapso—, pues no tiene que cumplir con las formalidades que tienen que seguir los jueces.
Ni en mis sueños más alucinantes había imaginado que sería el presidente fundador de la CDHDF. Otros hicieron campaña por lograr el puesto, yo no. Llegué al cargo sin compromiso alguno con nadie. Formé un equipo de primera y el Consejo de la Comisión fue un lujo —nunca un organismo público de derechos humanos ha tenido consejeros de la calidad del que tuvo la primera CDHDF—. El equipo y el Consejo se entregaron en cada batalla con el mayor coraje, palabra que proviene de un vocablo latino que significa corazón. Para difundir nuestra tarea contamos con el talento y la popularidad de actrices y un actor magníficos: Diana Bracho, Dolores Heredia, Lilia Aragón, Alma Muriel y Héctor Bonilla.
Aquella CDHDF finalizó 91% de sus expedientes en menos de un mes. No dejó rezago alguno: concluyó 99.88% de esos expedientes. En 58% de los casos se logró que a los quejosos se les reconocieran o resarcieran sus derechos. 78% de las recomendaciones se cumplieron totalmente. Por recomendaciones o sugerencias de la Comisión se llevó a cabo el primer proceso por tortura en el país, que culminó en sentencia condenatoria, y al cual seguirían varios más por ese delito; se instauró el primer albergue para mujeres víctimas de violencia familiar; el Nacional Monte de Piedad redujo sustancialmente las tasas de interés que cobraba a sus deudores, se dejó de exigir el certificado de no gravidez a las mujeres para permitirles trabajar en una dependencia pública, se obtuvo que se brindara atención médica de urgencia en la vía pública a cualesquiera personas (se les negaba a indigentes), se ejerció acción penal contra 30 agentes policiacos involucrados en ejecuciones, inculpados presos por falsas acusaciones recobraron su libertad, se indemnizó a una mujer por la expropiación de terrenos de su propiedad ejecutada 30 años antes, entre otros muchos resultados.
El caso más difícil fue el relacionado con el homicidio del conductor de TV Azteca Paco Stanley. La Procuraduría de Justicia acusó, inventando pruebas, a una muchacha, Paola Durante, y varios hombres. La CDHDF demostró que se trataba de una falsa acusación y recomendó a la Procuraduría que se desistiera de la acción penal. El procurador no aceptó la recomendación. El diario afín al gobierno perredista, que hasta entonces nos había apoyado entusiastamente, fue el único que respaldó al procurador. Pero nuestros argumentos habían evidenciado que los acusados eran inocentes.
A punto de dictarse la sentencia, el Consejo de la Judicatura, convocado por su presidente Juan Luis González Alcántara, cambió al juez de consigna ante el que se seguía el proceso —Rafael Guerra, hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México— a otro juzgado, y en su lugar designó a Rafael Santana, juez conocedor e independiente, quien absolvió a los acusados.
Por fortuna, la nostalgia no es letal. Si lo fuese, yo no habría sobrevivido. Mi corazón quedó anclado en mis días en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Fuente:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/la-cdhdf-hace-30-anos/1611165
(28/9/23)