Ciudad de México, 30 de noviembre de 2018
Manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la visita de Nicolás Maduro a nuestro país con motivo de la toma de posesión del futuro presidente de México.
El modelo impuesto por Maduro ––cuya reelección como presidente venezolano ha sido declarada ilegítima por la OEA porque el proceso electoral no contó con las mínimas garantías de imparcialidad, limpieza y transparencia–– ha sido exitoso en hundir a su país, que padece una crisis humanitaria sin precedente. El porcentaje de pobres se ha duplicado desde el inicio del chavismo y ahora es superior al 80%. La tasa de homicidios dolosos es de las mayores del mundo. La escasez de artículos de primera necesidad es crítica. En 2017 la mortalidad materna aumentó 65%, la mortalidad infantil 30% y los casos de malaria 76%. Cáritas Venezuela señala que la desnutrición severa de niños menores de cinco años aumentó a 14.5%, lo que traspasa el umbral de crisis establecido por la Organización Mundial de la Salud.
No hay ya instituciones públicas independientes que puedan frenar los abusos gubernamentales. El poder judicial está totalmente sometido. El máximo tribunal jamás ha dictado una sentencia contra el gobierno. El ombudsman es una marioneta. Cientos de alcaldes, líderes y militantes de oposición sufren o han sufrido prisión tras una farsa de juicio y fueron inhabilitados para postularse a cargos públicos. Un concejal detenido murió al caer del décimo piso de la sede de la oficina de inteligencia política. Los medios de comunicación independientes han sido clausurados u hostigados permanentemente.
La policía y los colectivos ––grupos paramilitares armados–– han atacado brutalmente las manifestaciones contra el gobierno, ocasionando más de 100 muertes y miles de personas heridas. Se ha detenido a más de 5,000 manifestantes, de los cuales 750 fueron procesados por la justicia militar y muchos sometidos a tortura. Entre 2015 y 2017 más de 500 personas murieron durante las redadas llevadas a cabo en la Operación Liberación del Pueblo. Hay alrededor de 400 presos sin haber cometido delito, sólo por ser opositores.
Un decreto presidencial dio origen a la Asamblea Constituyente, convocada sin cumplirse el requisito constitucional de la consulta popular. Todos sus miembros son gobiernistas. Smartmatic, la empresa contratada por el gobierno para verificar los resultados, denunció que la elección fue fraudulenta. La Constituyente usurpó las funciones de la Asamblea Nacional, elegida por una amplia mayoría de la población.
El Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por traición a la patria. Cientos de servidores públicos han sido despedidos por apoyar el referéndum revocatorio del presidente Maduro. El gobierno abandonó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con lo que Venezuela queda fuera de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Dos y medio millones de personas han salido de Venezuela.
La presencia de Nicolás Maduro en un acto democrático como la trasferencia del poder ejecutivo es inaceptable. Nuestro país no debe legitimar una dictadura.