En días pasados los medios de comunicación dieron noticia de la desaparición, el 22 de mayo del presente año, de siete empleados de dos call centers que operaban sin permiso en el Estado de Jalisco; una persona más había desparecido dos días antes. Las investigaciones condujeron al paraje denominado “El Mirador Escondido” en el municipio de Zapopan, lugar en donde se encontraron 45 bolsas conteniendo en su interior restos óseos, algunos de los cuales coincidieron, según las notas periodísticas, con las características de los jóvenes desaparecidos en la zona metropolitana de Guadalajara, lo que deberá ser confirmado mediante los dictámenes periciales de ADN correspondientes. Tal descubrimiento demuestra, por otra parte, el problema de las fosas clandestinas que quedan inmersas en investigaciones ministeriales poco eficaces para lograr una correcta exhumación y pronta identificación de los restos óseos.
El dolor y sufrimiento de los familiares y allegados a las y los jóvenes desaparecidos es el mismo que experimentan miles de familias mexicanas, lo que las ha llevado a la incansable lucha por la localización de sus seres queridos que se han enfrentado al infortunio de un hecho victimizante que ha trastocado sus vidas profundamente.
Lo anterior da cuenta de dos temáticas prioritarios pendientes en los tres niveles de gobierno: la inseguridad y la desaparición de personas. En efecto, los altos niveles de violencia e inseguridad han lacerado a los diversos sectores poblaciones y su solución no se encuentra en un pacto con organizaciones criminales para no ejercer violencia, sino en asumir la responsabilidad institucional ante la descomposición social que priva en diversas regiones del país. Por su parte, las desapariciones de personas -bien se trate de desaparición forzada o aquella la cometida por particulares- constituyen ilícitos de naturaleza continua o permanente, ya que no se agotan con el acto privativo de libertad, por el contrario, su consumación se prolonga en el tiempo hasta en tanto la víctima aparezca o se determine su destino; constituyen una violación pluriofensiva que atenta no sólo en contra de la persona desaparecida, de sus allegados y familiares, sino que agravia a la sociedad en su conjunto y cuya comisión demanda la localización de las víctimas y la identificación de los probables responsables.
A lo anterior se suma el complicado proceso de acceso a la justica impregnado, en la mayoría de los casos, por la indiferencia, insensibilidad e ineficiencia de diversas autoridades de los distintos órdenes de gobiernos. Muchas y diversas son las causas que han dado pauta a la compleja y dolorosa problemática que nuestro país enfrenta en materia de desaparición de personas, entre otras, las siguientes: i) la violencia, corrupción, inseguridad e impunidad que se presenta en diversas regiones del país; ii) la falta de investigaciones ministeriales homogéneas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, lo que da cuenta de un problema estructural en materia de procuración de justicia; iii) la falta de equipos profesionales en la búsqueda y localización de personas desaparecidas,;iv) la falta de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, perseguir y sancionar la desaparición de personas; v) el contexto económico, social y cultural que ha sido determinante para la proliferación de la delincuencia y los delitos de alto impacto, y vi) la escasa capacitación de servidores públicos encargados de la búsqueda, localización, investigación y sanción de los responsables de la desaparición de personas.
La atención integral de esta problemática requiere de la implementación de diversas acciones, entre ellas, las siguientes: i) la manifestación palpable de la voluntad política de las instancias de gobierno, particularmente de las entidades federativas del país; ii) la profesionalización de las personas servidoras públicas encargadas de la investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas; iii) la existencia de recursos suficientes para instrumentar las acciones de búsqueda y localización; iv) el esfuerzo articulado con los familiares de las víctimas y las organizaciones civiles, y iv) el análisis de contexto o situacional de los aspectos relevantes que permitan identificar, relacionar y sistematizar los obstáculos estructurales que generan condiciones para la comisión de delitos, entre ellos la desaparición de personas en el país.
El problema de las desapariciones en México no se ha podido detener y el número de víctimas continúa en aumento. Muchos de los avances que se registran en la búsqueda y localización de personas sigue siendo producto del trabajo incesante e incansable que diariamente realizan miles de familias que se han enfrentado a la desventura de la desaparición de alguno de sus seres queridos, a sus aportaciones y la de colectivos de la sociedad civil. Hoy en día se sigue teniendo una asignatura pendiente con las víctimas de desapariciones y sus familiares. La seguridad que se requiere es la que se construye a partir de la cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad, en donde impere una cultura de paz.
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