Se necesita con urgencia una respuesta regional

 (Washington, DC) – La crisis humanitaria en Venezuela está traspasando las fronteras del país, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos latinoamericanos deben ejercer una firme presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que adopte medidas que solucionen la grave escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela, que está provocando que muchos venezolanos huyan del país.

            Decenas de miles de venezolanos han escapado de una crisis humanitaria que su gobierno niega que exista, y a la cual no está dando una respuesta adecuada. Miles se han ido a Brasil, en muchos casos entrando a través de la frontera de Venezuela con el estado brasileño de Roraima. Algunos buscan ser acogidos allí como refugiados, otros intentan encontrar trabajo temporario y algunos viajan para obtener asistencia médica que necesitan con urgencia. La migración sin precedentes de venezolanos está poniendo al límite de su capacidad al sistema público de salud de Roraima, que ya estaba saturado, y está colapsando el sistema brasileño de procesamiento de solicitudes de asilo.

            “Brasil está intentando atender las necesidades urgentes de los venezolanos que son víctimas de una crisis humanitaria de la cual el gobierno de Maduro es el principal responsable”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Tarde o temprano, Brasil y otros gobiernos de la región tendrán que presionar al gobierno de Venezuela para que deje de negar la crisis y adopte medidas adecuadas para solucionarla”.

            Según fuentes oficiales, más de 12.000 venezolanos han entrado y permanecido en Brasil desde 2014. El número de venezolanos que se trasladan a Brasil para vivir allí se ha quintuplicado desde 2014, llegando a 7.150 durante los primeros once meses de 2016. Muchos venezolanos viven en condiciones precarias en las calles y en un centro de acogida en Boa Vista, la capital de Roraima. Cada uno de los más de 60 venezolanos entrevistados por Human Rights Watch en febrero dijo que, a pesar de las duras condiciones en las cuales vivían, estaban mejor en Brasil que en Venezuela.

            La demanda de atención médica por parte de venezolanos hace que sea cada vez más difícil para el sistema público de salud del estado atender las necesidades de todos sus pacientes, tanto brasileños como venezolanos.

            El Hospital General de Roraima, que atiende al 80 por ciento de los adultos en el estado, brindó tratamiento a 1.815 venezolanos en 2016, una cifra que más que triplica la de 2015. En febrero de 2017, la directora del hospital dijo a Human Rights Watch que el establecimiento estaba atendiendo a un promedio de 300 pacientes venezolanos por mes. El número de mujeres venezolanas que solicitan atención en el hospital de maternidad de Roraima casi se duplicó en 2016, llegando a 807 pacientes. En el hospital en la localidad fronteriza de Pacaraima, aproximadamente el 80 por ciento de los pacientes son venezolanos y más de la mitad de las consultas para atención prenatal que tuvieron lugar entre enero y agosto de 2016 fueron de venezolanas.

            Incluso en hospitales donde los venezolanos representan a una pequeña proporción de la totalidad de los pacientes, varios médicos y enfermeras dijeron que el aumento del número de pacientes está agravando las dificultades que ya enfrentaba el sistema público de salud del estado a la hora de atender a todos los pacientes.

            Diversos profesionales de la salud brasileños dijeron que, en general, los venezolanos llegan al hospital más grave que los pacientes de Brasil, por no haber recibido tratamiento adecuado en su propio país. Muchos son tratados por complicaciones de enfermedades como VIH/SIDA, neumonía, tuberculosis y malaria que no habían sido tratadas en Venezuela por la escasez de medicamentos. Los médicos dijeron que, por ello, es más frecuente que los pacientes venezolanos necesiten ser hospitalizados, en comparación con los pacientes locales. Distintos profesionales de salud dijeron que incluso antes de la llegada de pacientes venezolanos, la capacidad de los hospitales era insuficiente para responder a la demanda.

            Uno de los ejemplos documentados por Human Rights Watch es el de Bárbara Rosales, de 21 años, quien en enero acudió al hospital en la ciudad venezolana de Santa Elena de Uairén con complicaciones en su embarazo de seis meses. El hospital no contaba con los medicamentos que necesitaba, y terminaron enviándola a Brasil en un automóvil, acompañada por un enfermero, pero sin medicamentos. En Brasil, Rosales fue internada inmediatamente. Su bebé nació cinco días después, pesando un kilo. Cuando Human Rights Watch visitó el hospital un mes después, su hija seguía en la unidad de cuidados intensivos.

            Las autoridades de Roraima han proporcionado recursos adicionales a los hospitales del estado para que puedan hacer frente al aumento en la demanda de servicios. En diciembre, la gobernadora declaró un estado de emergencia de salud para obtener ayuda federal. Sin embargo, en febrero las autoridades del estado dijeron que no había llegado ninguna ayuda federal.

            Otros venezolanos señalaron que se habían trasladado a Brasil porque no podían comprar en su país los medicamentos que necesitaban. Geraldine Dhil, de 32 años, contó que cruzó la frontera intentando encontrar un empleo que le permitiera comprar medicamentos en Brasil para tratar a su hija de 13 años, que tiene cáncer. Human Rights Watch la entrevistó mientras recorría a pie los 200 kilómetros que hay entre la frontera y Boa Vista, bajo un sol y una temperatura agobiantes.

            Según información recabada durante los últimos cinco meses en Roraima por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Brasil, la inmigración desde Venezuela es mixta, es decir, algunas personas reúnen los requisitos para obtener protección internacional como refugiados, mientras que otras no. Exfuncionarios del organismo federal brasileño para los refugiados dijeron a Human Rights Watch que compartían esas conclusiones.

            Casi la totalidad de los venezolanos entrevistados dijeron que se habían ido de Venezuela principalmente porque no podían comprar suficientes alimentos o medicamentos para sus familias, o debido a los altos índices de criminalidad. La mayoría había solicitado asilo. El gobierno brasileño informó que la cantidad de venezolanos que solicitan asilo aumentó drásticamente, de 54 en 2013 a 2.595 en los primeros 11 meses de 2016. Al 31 de diciembre, el Ministerio de Justicia solamente había resuelto 89 de los 4.670 casos de venezolanos que habían pedido asilo desde 2012, y había concedido asilo en 34 de esos casos. El gran volumen de solicitudes de venezolanos sin resolver está demorando el procesamiento de todas las solicitudes de asilo en Brasil.

            En Roraima, más de 4.000 venezolanos han estado varados durante meses en una lista de espera para poder solicitar asilo. El derecho brasileño permite que las personas que han solicitado asilo permanezcan en Brasil, obtengan permisos de trabajo e inscriban a sus hijos en la escuela. Pero no resulta claro si las constancias que muestran una cita futura para pedir asilo —algunas de esas citas fijadas para el 2018— que ha estado entregando la Policía Federal son válidas para certificar que la persona tiene una autorización de permanencia temporal en Brasil. Incluso si los venezolanos no son deportados mientras esperan su cita, no tienen autorización legal para trabajar, y esto los expone a ser explotados laboralmente.

            En 2016, las autoridades deportaron a 514 venezolanos de Roraima, mientras que apenas 20 fueron deportados en 2015. En diciembre de 2016, la Policía Federal intentó deportar a 450 miembros de la comunidad indígena venezolana Warao, pero la Defensoría Pública federal presentó un recurso de hábeas corpus ante un tribunal local alegando que se trataba de una medida arbitraria, y un juez frenó la deportación en el último momento.

            En marzo, el Consejo Nacional de Migraciones de Brasil, que forma parte del Ministerio del Trabajo, aprobó una resolución para conceder a los venezolanos permisos de residencia por dos años. Si esta medida se implementa adecuadamente, podría disminuir la presión sobre el sobrecargado sistema de asilo brasileño.

            Luego de que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, presentara un informe sobre derechos humanos y la crisis humanitaria en Venezuela en mayo de 2016, el Consejo Permanente de la OEA aceptó avanzar con una evaluación del cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana por parte de Venezuela, a pesar del argumento del gobierno venezolano de que esto violaba su soberanía. A mediados de marzo de 2017, Almagro reabrió el debate y señaló que Venezuela estaba incumpliendo las disposiciones de la carta.

            El 28 de marzo, 20 estados miembros de la OEA votaron a favor de debatir la crisis de Venezuela en una sesión del Consejo Permanente, aun después de que el gobierno venezolano argumentara que esto implicaría una injerencia en sus asuntos internos. Durante el debate, algunos miembros de la OEA expresaron de forma contundente que la crisis de Venezuela está socavando los derechos humanos y la democracia. Varios gobiernos regionales emitieron mensajes igualmente enérgicos algunos días después, después de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano clausuró la Asamblea Nacional el 29 de marzo. Si bien el tribunal se retractó parcialmente tres días después, luego de que Maduro le pidiera que revisara el pronunciamiento, no ha revertido otras decisiones anteriores que ya han limitado gravemente los poderes de la Asamblea Nacional.

            El 18 de abril de 2017, Human Rights Watch presentó a Almagro sus conclusiones sobre el impacto de la inmigración venezolana a Brasil.

            “Que los gobiernos de América Latina coloquen la crisis en Venezuela como asunto prioritario de política exterior es indispensable para abordar un problema que ya está teniendo consecuencias fuera de sus fronteras”, dijo Vivanco.

Nota:

Para mayor información sobre nuestra investigación, testimonios de personas entrevistadas y medidas adoptadas por el gobierno brasileño para abordar el impacto de la inmigración venezolana: https://www.hrw.org/es/news/2017/04/18/venezuela-la-crisis-humanitaria-se-extiende-brasil