“Las respuestas de los Estados
a la amenaza del Covid 19
no deberían detener las libertades
de reunión y asociación”

Génova, Italia
14 de abril de 2020

            La pandemia de Covid-19 ha planteado desafíos sin precedentes a los derechos humanos en todo el mundo. “Saludo los esfuerzos de los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil que trabajan juntos para proteger al público de este peligro para la salud. Donde los derechos humanos sean la brújula, estaremos en mejores condiciones para superar esta pandemia y desarrollar la resiliencia necesaria para el futuro”, declaró Clément Voule, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

             “Ningún país o gobierno puede resolver la crisis solo; Las organizaciones de la sociedad civil deben ser vistas como socios estratégicos en la lucha contra la pandemia. Por ello, me preocupa la información que recibí de las consultas en línea con la sociedad civil de todo el mundo, lo que sugiere varias tendencias y limitaciones preocupantes, incluida la capacidad de la sociedad civil para apoyar una respuesta efectiva.”

            En muchos Estados se han aprobado leyes que limitan las reuniones públicas, así como la libertad de movimiento. Las restricciones basadas en problemas de salud pública están justificadas, cuando son necesarias y proporcionadas a la luz de las circunstancias. Lamentablemente, las organizaciones de la sociedad civil rara vez han sido consultadas en el proceso de diseño o revisión de las medidas de respuesta apropiadas, y en varios casos los procesos a través de los cuales se han aprobado tales leyes y regulaciones han sido cuestionables. Además, esas leyes y reglamentos a menudo han sido amplios y vagos, y se ha hecho poco para garantizar la difusión oportuna y generalizada de información clara sobre estas nuevas leyes, así como para garantizar que las sanciones impuestas sean proporcionales o que sus implicaciones hayan sido totalmente contempladas. En muchos casos, parece que estas medidas se están aplicando de manera discriminatoria, con figuras y grupos de oposición, junto con comunidades vulnerables, que constituyen objetivos principales.

      Son particularmente preocupantes los casos en que los gobiernos han aprovechado la crisis para suspender las garantías constitucionales, aprobar leyes de emergencia y gobernar por decreto, desarrollos contra los cuales varios expertos de derechos humanos de la ONU, incluido el Relator Especial, ya lo han advertido. En muchos casos, parece que las medidas adoptadas se orientan más a consolidar el control y a tomar medidas enérgicas contra las figuras opositoras que a garantizar la salud pública. Una tendencia hacia la militarización de la gestión de crisis es igualmente preocupante. Varios estados también han retrasado las elecciones planificadas, sin realizar esfuerzos completos para explorar alternativas seguras a la votación en persona.

      Ante la actual emergencia de salud pública, el Relator Especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, desea recordar a los Estados la necesidad de responder a la crisis de forma que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos. En particular, el Relator Especial quisiera hacer hincapié en diez principios clave:

  1. Las medidas legales de emergencia deben respetar los derechos humanos. Las limitaciones no pueden ser generales y deben seguir los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
  2. La emergencia sanitaria no puede ser pretexto para infracciones de derechos.
  3. La democracia no puede posponerse indefinidamente.
  4. Asegurar la participación inclusiva, con especial atención al rol de la sociedad civil.
  5. Garantizar los derechos de reunión y asociación pacífica en línea, lo que requiere a su vez respetar y proteger el derecho a la privacidad
  6. Proteger especialmente la libertad de asociación y de reunión en el ámbito laboral
  7. Garantizar la libertad de expresión.
  8. Garantizar la participación de la sociedad civil en las instituciones multilaterales
  9. Asegurar la solidaridad internacional y eliminar las limitaciones financieras de las organizaciones de la sociedad civil.
  10. Las respuestas de los Estados a la crisis deben considerar plenamente las demandas ciudadanas.

Para leer la declaración completa, en idioma inglés:
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25788&LangID=S