12 agosto 2020

En El Salvador, las mujeres trans tienen una esperanza de vida 41 años menor que la media de la población en general. La violencia policial, las extorsiones de las maras y la discriminación figuran entre las principales amenazas a las que se enfrentan. Desde el estallido de la pandemia de COVID-19 en marzo, las cosas han empeorado mucho, pero el activismo no se detiene.

Bianka Rodríguez no se amedrenta fácilmente.

Cuando se es mujer trans y activista en un país con uno de los índices de homicidio más altos del mundo, se sufre violencia a manos de la policía y se es víctima de extorsiones astronómicas de las maras locales a diario, el peligro adquiere un significado totalmente nuevo.

Pero cuando la COVID-19 golpeó El Salvador en marzo, Bianka supo en seguida que las cosas empeorarían, en particular para muchas de las mujeres trans con que las que trabaja diariamente.

Ha habido problemas de salud, en particular para muchas mujeres trans que se automedican con hormonas y otras personas que llevan muchos años sin acceso a la debida atención médica. Y también preocupaciones económicas, en particular para las numerosas trabajadoras sexuales que no han podido ganarse la vida debido al confinamiento.

Al cabo de cuatro meses, el presidente Nayib Bukele levantó algunas de las medidas de cuarentena y confinamiento más estrictas, que según Bianka habían puesto a muchas mujeres trans en unas condiciones de vulnerabilidad extrema. No obstante, la situación sigue siendo desesperada.

Le preocupa en particular qué deparará el futuro a algunas de las personas más marginadas del país centroamericano, y cómo podrán seguir llevando a cabo su trabajo las personas —como ella— que se dedican al activismo.

Una estrategia caótica

Los memes sobre la COVID-19 que aparecían a finales de febrero en los muchos grupos de WhatsApp de los que forma parte no la alertaron de la magnitud de lo que se avecinaba.

“Al principio creíamos que [el coronavirus] no iba a venir aquí pero cuando desde el gobierno dijeron que iban a tomar medidas, nos llenó de terror porque nos dimos cuenta que la población trans está mucho más expuesta [a las enfermedades]”, explicó Bianka por videollamada desde su casa, en San Salvador.

Las medidas a que se refiere son un conjunto de sucesivos decretos que el presidente Nayib Bukele firmó rápidamente tan pronto como la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia el virus de la COVID-19.

Primero, el 11 de marzo, llegó un decreto en el que se anunciaba el cierre de las fronteras y de los colegios, así como una cuarentena selectiva para los grupos considerados entonces de especial riesgo en caso de enfermedad, como las mujeres embarazadas y las personas mayores de 60 años. Una semana más tarde, Hacienda anunció una norma que permitía a la ciudadanía dejar de pagar las facturas de energía eléctrica, agua, televisión por cable e Internet y las cantidades debidas por préstamos durante un periodo de tres meses.

Al final de marzo, el gobierno había impuesto una cuarentena obligatoria de ámbito nacional, que impedía a la población salir de casa para cualquier actividad que no fuera esencial, como ir a comprar alimentos o medicinas. Cuando las autoridades abrieron centros de cuarentena, aparecieron en seguida decenas de denuncias de abusos. Como en el resto del mundo, la gente intentaba saber qué podía y qué no podía hacer.

Bianka, que dirige Comcavis Trans, organización dedicada a ayudar a las mujeres trans que sufren violencia y desplazamiento forzado en El Salvador, trazó rápidamente un plan de emergencia para apoyar a las personas más vulnerables. Sabía que el impacto de las medidas duraría mucho tiempo. Su equipo y otras organizaciones locales evaluaron las probabilidades de que la pandemia y la respuesta del gobierno a ella afectaran a las personas LGBTI en toda la nación.

“Las medidas del gobierno, incluyendo de apoyo económico para mitigar el impacto de la crisis, no tuvieron un enfoque diferenciado a personas que tienen situaciones particulares de vulnerabilidad, como por ejemplo las mujeres, poblaciones LGBTI, personas con discapacidad, pueblos originarios”, afirma Bianka. “Quedaron fuera.”

El personal de Comcavis asegura que ninguna de las 138 personas trans y activistas con las que trabaja en todo El Salvador ha tenido acceso al subsidio de 300 dólares estadounidenses que el gobierno ofrecía a quienes se habían quedado sin trabajo.

Mónica Linares, directora de ASPIDH Arcoíris Trans, organización que lucha por los derechos de las personas trans en El Salvador, afirma que muchas encontraron obstáculos para acceder a servicios médicos esenciales, pues todos los recursos se destinaron a la pandemia. Asegura que uno de los obstáculos era la discriminación en los centros de salud.”

Para leer el comunicado comunicado:
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/08/trans-women-el-salvador-death-sentence-coronavirus/
(26/08/2020)