Las circunstancias en que fue asesinado el vicealmirante de la Marina-Armada Carlos Miguel Salazar Ramonet, comandante de la octava zona naval en Puerto Vallarta, Jalisco, mueve a reflexionar acerca de los límites legítimos de la protesta social.
El vicealmirante Salazar se dirigía a su base naval en una camioneta, acompañado de su chofer, dos escoltas y su esposa, por la autopista Morelia-Guadalajara.
En la caseta de cobro de Ecuandureo, que se ubica entre los poblados de la Noria y Las Cruces, Michoacán, el vehículo tuvo que desviar su trayecto porque unas cuantas personas habían cortado la circulación —como ocurrió en otros tramos–– en protesta por la presencia de la Policía Federal en la entidad.
Obligado por el bloqueo de los manifestantes, el conductor tomó una carretera local, “de segundo orden” se le denomina. Allí lo esperaba un grupo de hombres con armas largas, que atacaron a la camioneta por todos los flancos.
Además del vicealmirante Salazar, murió su escolta, el segundo maestre Ricardo Francisco Hernández Delgado. Resultaron heridos el escolta tercer maestre Teonurfo Marcial Colón y la esposa del vicealmirante, Rosa María Rodríguez.
El asesinato de un alto mando de la Marina es un hecho sin precedentes. La acción criminal se facilitó desde el momento en que el vehículo empezó a circular por un camino de baja velocidad, en una zona de terracería, entre parcelas. El atentado no hubiera sucedido, o por lo menos no hubiese tenido tantas posibilidades de éxito. si la camioneta en que circulaba el vicealmirante hubiera podido seguir por la autopista.
La versión oficial descarta que entre quienes impedían el paso por lo menos algunos hayan actuado en concierto con quienes dispararon contra el vicealmirante; pero aun si aceptamos que nadie preveía la emboscada, es claro que los obstructores contribuyeron decisivamente —aunque fuera de manera involuntaria— al letal desenlace.
Hace apenas mes y medio, en la misma entidad, el chofer de una pipa que se quedó sin frenos en la autopista Siglo XXI se vio imposibilitado de salir a una rampa de emergencia de frenado porque tanto las salidas de las rampas como el carril libre para vehículos que sufren averías estaban bloqueados por profesores de la CNTE. Ocho maestros murieron arrollados por la pipa, que se volcó.
¿Es razonable que un puñado de manifestantes, o incluso una multitud de miles, cierre vías de circulación atropellando el derecho al libre tránsito del resto de los ciudadanos?
No sólo por los dos hechos gravísimos a que hace referencia esta nota, sino porque la protesta deja de ser legítima cuando se lesionan los derechos de tercero, las autoridades deben cumplir con su deber de impedir tales abusos.
En el caso del vicealmirante asesinado, provoca escalofrío saber que el motivo de la obstrucción de la autopista haya sido la exigencia de que se retire la Policía Federal, cuya presencia en Michoacán obedece a que ese estado está a merced de la delincuencia.